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Comunicado a la opinión pública - Confluencia

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La Confluencia suspende su participación en el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los DERECHOS HUMANOS

Ante la persistencia del gobierno Nacional en un enfoque de defensa y seguridad basado exclusivamente en la militarización de los territorios, su incapacidad para poner en práctica los mecanismos acordados en el Acuerdo de paz, sus mensajes negativos en torno al respeto y garantías a la protesta social, la falta de voluntad para frenar la violencia en contra de líderes sociales, defensoras de derechos humanos, especialmente indígenas y personas en proceso de reincorporación

Desde el mes de mayo de este año la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, reunidas en la Confluencia, hemos atendido la convocatoria del actual gobierno para formular de manera concertada y con el acompañamiento de la comunidad internacional, una Política Pública Integral de Respeto y Garantía para la Labor de Defensa de Derechos Humanos. Esta decisión la asumimos, además, con la esperanza de que el Gobierno Nacional adoptara medidas eficaces y suficientes para frenar la violencia en contra del liderazgo social y de las personas defensoras de DDHH.

De igual manera, convinimos con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, en avanzar simultáneamente en la implementación de los mecanismos ya existentes, entre estos los establecidos en el Acuerdo General de Paz: los puntos 2.1. (derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y de los nuevos movimientos) y 3.4. (garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluido el desmonte del paramilitarismo), el cumplimiento de los acuerdos firmados con las comunidades en el marco de los PNIS y los PDETs creados para frenar la violencia sistemática que arrecia en varias regiones.

A PROPÓSITO DEL LLAMADO A INDAGATORIA DEL EXPRESIDENTE URIBE VÉLEZ…

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EXIGIMOS RESPETO A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá, octubre 7 de 2019

Las organizaciones y redes firmantes manifestamos nuestro total rechazo a los ataques y campaña de desprestigio adelantada a través de las redes sociales y distribución de volantes con información engañosa contra la Corte Suprema de Justicia, el senador Iván Cepeda Castro y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” en la víspera de la indagatoria que debe rendir el senador ÁLVARO URIBE VÉLEZ ante el máximo tribunal penal en Colombia, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Dicha campaña tergiversa la actuación procesal, recurre a la difusión de mentiras y calumnias con la clara intención de afectar la independencia e imparcialidad judicial y menoscabar el debido proceso.

Comunicado de prensa Sept. 25 - 2019

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Alerta por regresión del país en materia de derechos humanos y pérdida de la paz

Gobierno Duque finge la paz, reinventa la guerra y retrocede en derechos humanos: Plataformas de DDHH

Recursos para periodistas:

Datos clave balance:

  • De los 37 billones previstos para la paz, más de una tercera parte son inciertos y los que están son para programas sociales generales del Estado.
  • Sin redefinir planes y recursos para la restitución de cultivos en las zonas cocaleras, la carrera contra el narcotráfico la va a perder el Estado Colombiano. La meta del gobierno es solo de 17 mil hectáreas a 2022.
  • En el primer trimestre de 2019 se duplicó el porcentaje de mujeres defensoras asesinadas de 6 en 2018 a 12 en 2019. Por su parte tres personas defensoras LBGTI fueron asesinadas durante el año 2018, mientras que en el primer semestre de 2019 ya han ocurrido seis asesinatos. 226 líderes sociales han sido asesinados en el primer año de gobierno.
  • Los decretos 1438 y 1426 expedidos por la Presidencia de la República en agosto, permiten la utilización de recursos de Fondo Paz y de Regalías para la construcción de paz, en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, con lo cual se abre la posibilidad de reducir aún más la financiación para la implementación del Acuerdo de Paz.

Bogotá 25 de septiembre de 2019. Más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales, agrupadas en tres plataformas de derechos humanos, presentan ante al Parlamento Europeo y en seis departamentos del país, el balance en términos de derechos humanos del primer año de gestión del presidente Iván Duque Márquez, en donde aseguran que hasta el momento este gobierno finge la paz, reinventa la guerra y es en general regresivo en términos de derechos sociales, económicos y de garantías para líderes, defensores y defensoras.

Defender la paz es defender la democracia

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Declaración del Primer Encuentro Nacional del movimiento Defendamos la Paz

Quienes conformamos el movimiento Defendamos la Paz nos reunimos hoy, para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de la paz como política de Estado, nuestra defensa del Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y nuestro respaldo a los líderes sociales en el territorio.

El Acuerdo Final permite hacer realidad los principios democráticos de la Constitución de 1991. El pleno ejercicio de los derechos; la construcción de la equidad social en los territorios; el surgimiento de una institucionalidad descentralizada y participativa; la reconciliación que se elabora sobre la justicia restaurativa y la verdad con protagonismo de las víctimas; la perspectiva de la equidad de género y la participación de los pueblos y comunidades étnicas; la conservación de los ecosistemas y el freno a la deforestación, son la base de la terminación del conflicto armado, que permite abrir las puertas a la convivencia pacífica y a la construcción de territorios verdaderamente sostenibles.

Constatamos los avances en la construcción de la paz, muchos de los cuales se han dado gracias a la valerosa acción de las lideresas y los líderes sociales que realizan inmensos esfuerzos diarios por avanzar en la consolidación de la reconciliación en los territorios. De igual modo, reconocemos la entrega de quienes dejaron las armas que, con hechos, demuestran su decisión de no volver a la guerra, y que defienden ese compromiso, en ocasiones al precio de su vida.

La construcción de la paz y la consolidación de la democracia son procesos inseparables. La animadversión al Acuerdo Final puede expresar contenidos de carácter autoritario que si son difundidos con métodos antidemocráticos como el uso sistemático de la mentira, incitan al odio. Se hace cada vez más evidente que el ataque al proceso de paz constituye una estrategia para la destrucción de la Constitución de 1991, las instituciones de la justicia, el principio de la separación e independencia de los poderes públicos y los derechos y libertades fundamentales.

Es el momento de reiterar el llamado al Presidente de la República, a que no se deje tentar por las corrientes del autoritarismo: a que cumpla su promesa de implementar en forma integral el Acuerdo de Paz; a que abandone el intento de cambio de reglas del juego para la justicia transicional; a que se emplee a fondo en acabar con los asesinatos de las personas que, en los territorios, lideran la defensa de la vida digna de las comunidades; a que no desconozca la generosa ayuda de la comunidad internacional para la salida del conflicto armado en Colombia; a que construya un verdadero diálogo con todos los sectores políticos y sociales en búsqueda de consensos en torno a la paz y al fortalecimiento de la democracia.

Respaldamos la verificación imparcial de la Misión de la ONU, cuyo mandato originado en el Consejo de Seguridad le otorga amplia legitimidad, y agradecemos el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de los demás programas y agencias del sistema de Naciones Unidas .

Recordamos y hacemos nuestras las palabras que nos dejó, en su visita de septiembre de 2017, Su Santidad el Papa Francisco: “Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente”.

Ningún acuerdo de paz en Colombia ha sido sometido a una implementación normativa, a una revisión constitucional y a una deliberación pública tan intensas como las que han acontecido en torno al Acuerdo Final. Por eso, consideramos que es plenamente legítimo, tiene rango estatal, sólidos fundamentos legales y constitucionales, y cuenta con el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional. Hoy, al concluir nuestro primer encuentro nacional, renovamos la invitación a todos nuestros compatriotas a defenderlo y a defender los procedimientos e instituciones nacidos de la Constitución de 1991 que son su garantía democrática.

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