Fiscalía de infiltraciones y preclusiones

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

La Fiscalía de Mario Iguarán Arana, se ha caracterizado más por los escándalos que por sus realizaciones. Hay que recordar al “brujo” Armando Martí, también las filtraciones en proceso que se siguen contra narcotraficantes, etc. Recibió, esto es verdad, una fiscalía completamente desdibujada y profundamente infiltrada por el narcotráfico y el paramilitarismo, de esto, no cabe duda. Quizás los únicos que dudan son los miembros de la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representante en donde se investiga a Luís Camilo Osorio, quien fue su antecesor en el cargo. Pero los hechos están ahí y son bastante contundentes. Infiltración en Norte de Santander donde la fiscal regional, Ana María Flórez, prófuga de la Justicia, puso la fiscalía al servicio del paramilitarismo. Lo demuestra también, la grave infiltración de la Fiscalía en Cali y en el Valle del Cauca donde también el jefe de Fiscales de Luís Camilo Osorio en ésta región del país estaba al servicio del narcotráfico. En Antioquia fueron asesinados varios fiscales y siempre se sospecho de la grave infiltración de las bandas de narcotraficantes y paramilitares en su estructura y funcionamiento. También, las investigaciones judiciales han demostrado la profunda penetración de este organismo en Cesar, en Córdoba y en la Costa Norte del país, por parte de las bandas armadas del narcotráfico y por los grupos paramilitares, así lo ha denunciado Rafael García quien ha señalado que los paramilitares tenían profundamente penetrada la institución. El Fiscal General tan diligente en las investigaciones sobre Farcpolítica y tan blando en el tema de la parapolítica, tampoco se mostró diligente en la investigación acerca del jefe de fiscalías en Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, hermano del ministro del interior, Fabio Valencia Cossio.

Todo indica que Iguarán estaba al tanto de las grabaciones entre Valencia Cossio y Felipe Sierra aliado de los grupos paramilitares, a quienes pomposamente, este Gobierno ha rebautizado como bandas emergentes que en el caso de Antioquia están bajo las órdenes de Daniel Rendón, alias “Don Mario”. Lo que informa la Revista Cambio, es que el Fiscal General, tenía conocimiento de las grabaciones por lo menos desde hace quince días y que en vez de retirarlo del cargo lo traslado a Tunja. Solo cuando la Revista Cambio dio a conocer parte de las grabaciones en que Valencia Cossio, habla con Felipe Sierra, hombre cercano a los llamados grupos emergentes y socio mayoritario de Control Total Ltda.., una empresa de vigilancia y seguridad que funciona en Envigado con una nómina de más de 1.000 personas, Iguarán procedió a declararlo insubsistente.
Las conversaciones reveladas por la Revista Cambio incluyen tres asuntos muy complicados por los cuales deberá responder Valencia Cossio. La primera para desaparecer del organigrama del grupo paramilitar que comanda Daniel Rendón, a John Manco Torres, alias “el  indio” uno de los reinsertados y que ocupa el segundo lugar en la jerarquía de este grupo de criminales. El trabajo les quedó tan bien hecho que el propio presidente Uribe al dar a conocer la estructura de este grupo armado y ordenar su persecución no dio a conocer a alias “el indio” precisamente porque Valencia Cossio ya había hecho el trabajo de sacarlo del organigrama.

El segundo asunto tiene que ver con el traslado de documentos que Valencia llevaría a Pereira y en tercer lugar el hecho de recibir una moto que tiene un valor de 40 millones de pesos que se presume, son parte del pago de los paramilitares por las tareas que realiza para ellos, Valencia Cossio.

Estas investigaciones en el Departamento de Antioquia muestran nuevamente el tema de la infiltración del máximo ente del Estado en la lucha contra el crimen sin que el fiscal general, Mario Iguarán Arana, haya siquiera insinuado la necesidad de un profundo proceso de revisión de sus estructuras para ver hasta dónde ha llegado esa infiltración y proceder a la depuración y en segundo lugar muestra que la forma como se elige este cargo que lo nombra la Corte Suprema de Justicia de terna que le envía el Presidente, no es conveniente. Por supuesto de esto no habla el flamante proyecto de reforma a la Justicia que tiene como su principal impulsor al ministro Fabio Valencia Cossio. Quizás lo más conveniente sería que quien postule la terna sea la Corte Suprema de Justicia y quien nombre sea el Presidente de la República.

Precisamente en donde se ven las consecuencias nefastas de la forma como se elige el Fiscal General de la Nación que en el caso de Iguarán, salió del vice ministerio de la Justicia, para  la Fiscalía General, es en la malsana dependencia del Ejecutivo. Ahora Iguarán paga por los favores recibidos.  Como lo señaló la senadora Gina Parody en los niveles territoriales las investigaciones sobre la parapolítica no se mueven o simplemente no existen. Pactos como el de Chivolo y Pivijay  que comprometían a más de 400 políticos y funcionarios públicos y que se suscribieron con los paramilitares no han dado pie a ninguna investigación. Las investigaciones en contra de los militares cómplices de los paramilitares no se mueven. Quizás el más aberrante sea el del general Rito Alejo del Río a quien la Fiscalía General de la Nación le precluyó una investigación por sus alianzas con los grupos paramilitares. Los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Fredy Rendón, alias “El Alemán” y Ever Veloza, alias “HH” señalan que el general del Río los protegía y se asociaba con ellos para acciones criminales. Pero el Fiscal no reabre la investigación.

Ahora el asunto se ha trasladado a los parlamentarios investigados y que han renunciado al fuero. El caso más notable lo constituye el del primo del Presidente de la República, el senador Mario Uribe Escobar. Según el Vicefiscal Guillermo Mendoza Diago y contrariando los fallos de la Corte Suprema de Justicia que le dieron plena validez a los testimonios de Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y a Jairo Peralta Castillo, Pitirri, Mendoza no sólo no les da plena validez sino que tampoco constituyen indicios graves el hecho de que por ejemplo, Mario Uribe haya obtenido votaciones atípicas pues según el Vice Fiscal “Los resultados atípicos en las elecciones por si mismos no constituyen un grave indicio de que se haya aliado con los grupos paramilitares”. Así pues los testigos a quienes la Corte ha dado credibilidad ni las investigaciones académicas que muestran las votaciones atípicas son confiables ni representan indicios graves. Por ello ordena la libertad de Mario Uribe a quien por lo demás Alias Tasmania menciona como la persona que al lado de Santiago Uribe, hermano del Presidente de la República, estarían tras el montaje contra el magistrado de la Corte, Iván Velásquez que coordina la unidad de investigación en el caso de la parapolítica. Allí lo que dijo Iguarán fue simplemente que el Presidente había sido engañado, cabe preguntar, ¿por quiénes? y  ¿para qué?

También, el juez séptimo especializado de Bogotá al ordenar la libertad del parlamentario William Montes señaló en su sentencia “La asistencia a la reunión de Ralito es una circunstancia que por si solo no constituye el delito de concierto parea delinquir”, cabe preguntar y entonces a qué se reunieron los políticos con los jefes paramilitares en armas en ese momento. Pero se sabe que la preclusión contra el senador conservador, Luís Humberto Gómez Gallo, la profirió la Fiscalía para no tener que reconocer que el argumento de fondo de la defensa fue el del vencimiento de los términos. Otra más para que se sospeche que hay en marcha desde la fiscalía, un proceso que busca beneficiar a los aliados políticos del Presidente quien precisamente fue el que postuló a Mario Iguarán para este cargo.

La Fiscalía además, cerró la investigación contra el Vicepresidente Francisco Santos mencionado por Salvatore Mancuso como instigador de la formación del “bloque capital” de las autodefensas.

Bueno, parece que el plan de desprestigio de la Corte tan bien alimentado desde medios de prensa y desde el Gobierno con el propio presidente Uribe a la cabeza comienza a dar sus resultados. Al cuestionamiento ético de la Corte señalada de desvíos ideológicos y de nostálgicos del terrorismo, ahora se suma el cuestionamiento de los testigos y de la carga de la prueba que ha servido para condenar a Mauricio Pimiento y a Eric Morris, entre otros. ¿Qué hará la Corte Suprema?

No cabe duda que se ha puesto en marcha un proceso para debilitar las investigaciones sobre los nexos de los políticos con los paramilitares y que la Fiscalía pareciera inclinada a tomar parte en este proceso. Y a todas éstas ¿qué pensará el Fiscal General de le Corte Penal Internacional, Luís Moreno Ocampo? Habrá que preguntarle la próxima semana que esta de visita en el país.

Bogotá agosto 22 de 2008

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