Escándalos y reelección presidencial

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Como hemos afirmado en éstas mismas páginas esconder un elefante en la sala de la casa es muy difícil, pero, lo que resulta imposible es tratar de esconder una manada de elefantes en esa misma sala. No hay semana que no estallen nuevos escándalos que rodean al Gobierno del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Los escándalos de esta semana están relacionados con la detención del hermano del ministro del interior y de la justicia, Fabio Valencia Cossio, en el momento en que ejercía  como ministro delegatario en  funciones presidenciales. Guillermo Valencia Cossio, director de la Fiscalía en la ciudad de Medellín,  ha sido acusado de cinco delitos por parte de la Fiscalía General de la Nación, tales cargos, son por ejemplo, el de colaboración con el jefe paramilitar y narcotraficante, Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario” a quien suministraría información privilegiada como aquella relacionada con hacer desaparecer al segundo al mando de alias “don Mario” el paramilitar y narcotraficante Freddy Manco, alias “El Indio”. Nuevas grabaciones comprometen a Valencia Cossio destruyendo pruebas y obstruyendo a la justicia, lo cual también, es delito grave para un funcionario que hasta hace muy poco tiempo era el máximo jefe de la Fiscalía en la  segunda ciudad del país.

A ello hay que agregar que el jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, ahora desde una prisión en Washington a dónde lo envió Uribe, señala que efectivamente tuvieron una ingerencia en una campaña presidencial que todos sabemos fue la campaña de 2002 que llevó a la presidencia al entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, aunque los magistrados de la Sala Penal no hubiesen preguntado y hayan mirado para otro lado. Las evidencias de una penetración y fuerte apoyo del paramilitarismo en dicha campaña política saltan a  la vista. Esta comprobado el financiamiento a dicha campaña de Enilce López, alias “La Gata” que esta presa bajo órdenes de la  Fiscalía General de la Nación, se ha comprobado que por lo menos 7 parlamentarios ya condenados recibieron apoyo activo de los grupos paramilitares en diversas regiones del país así como se sabe practicaron el fraude electoral y la amenaza a los electores al tiempo que los grupos paramilitares asesinaban a decenas de miles de personas en éstas regiones. Los 7 parlamentarios condenados apoyaron la campaña del entonces  candidato Uribe.  Mancuso ha dicho que lo que ellos hicieron en el departamento de Córdoba lo hicieron los otros jefes paramilitares en otras regiones y departamentos del país. Obviamente después de las investigaciones de Claudia López y de la Corporación Nuevo Arco Iris, sabemos que esta situación se presentó en departamentos como Antioquia, Sucre, Magdalena, Cesar, Meta, Cauca, Guaviare, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y un largo etcétera.

Por su parte el jefe paramilitar, Hébert Veloza García, alias “HH”, ha señalado presiones desde el Gobierno para que se retracte de los señalamientos y acusaciones que ha formulado contra el General en retiro Rito Alejo del Río y contra Juan José Chaux, ex gobernador del Departamento del Cauca y ex embajador en República Dominicana emparentado además, con la familia Zuñiga que es una de las familias propietarias de compañías de palma aceitera en tierras usurpadas a las comunidades afrocolombianas, en el Urabá Chocoano, en donde los paramilitares actuaban de la mano con los empresarios palmicultores, según lo ha relatado el propio alias “HH”. Sobra señalar que esto conduce a otro escándalo, esta vez protagonizado por María Fernanda Zuñiga, hasta hace apenas unas semanas presidenta de FINAGRO, entidad salpicada a cada rato por tener nexos con narcotraficantes como, Micky Ramírez a quien prestaron unos cuantos miles de millones de pesos y que es un reconocido narcotraficante del departamento del Caquetá.  La señora Zuñiga se vio obligada a renunciar cuando el diario El Tiempo publico que su padre seguía perteneciendo a la junta directiva de una de estas empresas que habían sido organizadas por el propio Vicente Castaño si damos crédito a la declaración de HH.

Pero además de las declaraciones de Mancuso, de los enredos de la familia Zuñiga, de las presiones en contra de HH para que no declare en contra de los personajes mencionados que comprometen al secretario de prensa y vocero del Presidente de la República, César Mauricio Velásquez, cada vez caen más aliados del Gobierno. Además del prestante empresario, Juan Felipe Sierra, detenido por sus nexos con el narcotráfico y con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” y también, con Guillermo Valencia Cossio, ahora igualmente ha sido detenido otro empresario afecto a las causas uribistas y principal patrocinador del senador Oscar Suárez Mira, nos referimos al propietario de la empresa de transporte Bellanita, Hugo Albeiro Quintero. De este flamante empresario ha dicho HH que daba una cuota mensual de cinco millones de pesos y que era aliado firme de los paramilitares.

Los enredos de los Ministros del presidente Uribe por sus nexos familiares con sindicados o sospechosos de ser beneficiarios de los paramilitares no paran ahí. Un último caso es el que enreda a la ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra de la Espriella, su hermano el senador Antonio Guerra de la Espriella ha sido señalado por Alí Teherán Ricardo, alias “Osorio” de haber sido aliado incondicional de Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena” uno de los mayores y más sanguinarios jefes paramilitares que actúo en Sucre y en la región de los Montes de María. Según Osorio, el senador Antonio Guerra “se beneficio en todos los aspectos de su aparato militar (el de Cadena). Por ejemplo, recibió $ 90 millones del acueducto de Coveñas en tres partidas…dinero que fue entregado por Whiler Cobo, quien era el jefe político de Cadena y se encargaba de recaudar  los recursos que por cualquier concepto se entregaban  a los municipios…en la finca de Guerra siempre permanecía una escuadra de las autodefensas bajo el mando de alias El Paisita que operaba en Palmitos, Varsovia, La Arena, Puerto Viejo y Momil” (El Espectador, 25 09 08).

Pero al mismo tiempo que la Fiscalía General bajo las orientaciones de Guillermo Mendoza Diago y organismos de la justicia no dan crédito a los testigos de la Corte Suprema que han sido base para la condena a los parlamentarios uribistas,  el propio Mancuso con sus testimonios vuelve a poner sobre la mesa el tema de la reunión de 2001 que se llamó el pacto para refundar la patria. En su más reciente testimonio Mancuso señala que no hubo amenazas para quienes participaron de esta reunión con lo cual esta en contra del juez especializado y de los fiscales que han dejado en libertad al ex congresista, Luís Carlos Ordosgoitia y al parlamentario William Montes, simplemente porque la reunión de los criminales con parlamentarios, a su juicio, no constituyó delito ninguno.

Al tiempo que se van develando los hilos de la madeja y que se va viendo la manada de elefantes en la sala de la casa, los clientelistas de todo tipo, los usufructuarios del régimen en todas las esferas, en las esferas económicas, políticas, se aferran a la segunda reelección de Uribe. Es obvio. Para ellos Uribe es la garantía de que seguirán con sus cuotas burocráticas en todas las oficinas públicas del país comenzando por los ministerios hasta cubrir toda la nómina del Gobierno nacional en las distintas regiones del país, pero también, para los empresarios que reciben concesiones, exenciones de impuestos, etc. Para ellos el manto protector de Uribe es fundamental, pues, se trata de mantener su régimen de privilegios. Solo que mantener ocultas sus relaciones con la mafia resultan ya demasiado difíciles. Aún con una Fiscalía profundamente penetrada por el crimen como por la mafia, con un Fiscal General que actúa sin independencia del Ejecutivo, aún en éstas circunstancias la verdad se viene abriendo camino en medio de asesinatos, amenazas, etc.

Para muchos de los usufructuarios del Gobierno de Uribe su permanencia en el régimen es fundamental y para ello inventan todo tipo de argumentos y propuestas. En este momento en un Congreso deslegitimado por la investigación contra 76 parlamentarios señalados de nexos con los grupos paramilitares, se encuentran dos proyectos que buscan la reelección de Uribe. Esta radicado el proyecto de referendo constitucional para volver a cambiar el articulito que permita la permanencia de Uribe en el poder, pero, este referendo tiene serios riesgos no solo por la ilegitimidad del Congreso sino porque requiere que pase el examen de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Su texto viola flagrantemente la sentencia que permitió la primera reelección de Uribe. Pero también, tiene que pasar la prueba de fuego de los votos, pues, requeriría cerca de 7.5 millones de votos en el referendo. Las últimas encuestas muestran que el 60% de los encuestados estaría  en contra de una nueva reelección de Uribe. Por ello, todos los usufructuarios del régimen ahora han acudido a presentar un nuevo proyecto de reelección, pero, para el 2014. Este proyecto tendría que ser tramitado como reforma constitucional durante ésta y la próxima legislatura. Lo único claro es que los clientelistas, los amigos de los paramilitares, empresarios que se han beneficiado  de este éste Gobierno, todos a una, están con la reelección no solo dos veces sino con una reelección indefinida, el problema es simple: realmente ¿qué piensan y cómo actuarán los ciudadanos?

Bogotá, septiembre 26 de 2008.

Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.