“Población desplazada: la más vulnerable entre las vulnerables”

Carolina Dueñas
Comunicadora Social
Brújula Comunicaciones

Es la conclusión de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública* sobre desplazamiento forzado, organismo que hoy presentó algunos avances del “Proceso Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada”, investigación que adelanta por encargo de la Corte Constitucional y que dirige el economista Luis Jorge Garay.

Desde mayo de 2007, la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, ha realizado – a solicitud de la Corte Constitucional- un proceso nacional de verificación del goce efectivo de los derechos tutelados por la sentencia T-025 de 2004, expedida por el máximo tribunal constitucional a favor de la población desplazada del país.

Próxima a entregar el segundo informe de verificación a la Corte Constitucional, la Comisión de Seguimiento presentó esta mañana un avance de los principales hallazgos -en materia de trabajo y generación de ingresos, vivienda, alimentación, educación, salud y atención humanitaria- de la investigación.

El economista, Luis Jorge Garay, miembro de la Comisión y director del proceso nacional de verificación, fue el encargado de presentar las siguientes cifras y conclusiones:

Trabajo - generación de ingresos

Junto a la variable vivienda, el análisis del trabajo y la generación de ingresos permiten determinar el nivel de auto-sostenibilidad que promueve la política pública para que una vez garantizados los derechos fundamentales, los desplazados puedan mantener ingresos regulares y sostenidos.

Las cifras que arrojó la segunda encuesta de verificación indican que la realización efectiva del derecho a la estabilización socioeconómica de la población desplazada es prácticamente nula:

46,5% de las personas en edad de trabajar se encuentra ocupada y un 5% desocupada. El restante 48,5% corresponde a “inactivos” que en su mayoría son mujeres cabeza de familia que deben atender su hogar.

El 32,4% de la población ocupada labora en jornadas parciales (menos de 40 horas a la semana), un 26,4% en jornadas legales (40- 48 horas a la semana) y un 41% excede el máximo legal, con un 19,7% que trabaja jornadas superiores a 60 horas semanales.

Tan solo el 11,2% de los ocupados percibe ingresos iguales o superiores al salario mínimo legal, y el 54,5% recibe ingresos incluso inferiores a medio salario mínimo

El 98% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza y, de ellos, el 81%, por debajo de la línea de indigencia.

Con respecto a la primera encuesta de verificación, realizada en noviembre de 2007, es evidente el empeoramiento de los ingresos de la población desplazada. Aunque el nivel de pobreza, de por sí alto en la primera encuesta, no aumentó, el índice de indigencia subió en 3 puntos.

Vivienda

Con respecto a la vivienda, la segunda variable que permite evaluar la realización efectiva del derecho a la estabilización socioeconómica, la investigación arroja que sólo el 5.8% de los hogares de población desplazada habita viviendas que cumplen con todas las condiciones para considerarse dignas.

Con respecto a la política pública implementada por el Estado -que gira en torno al aumento de la oferta de subsidios de vivienda- el economista Luis Jorge Garay y la Comisión de Seguimiento, llaman la atención sobre la ineficacia de la misma pues la población desplazada no cuenta con recursos económicos que le permitan destinar dinero para cubrir la cuota de vivienda no incluida en el subsidio.

Alimentación

Según los datos arrojados en la segunda encuesta de verificación, la población desplazada no goza efectivamente del derecho a la alimentación. Con respecto a la primera encuesta, los índices han empeorado:

Durante la semana anterior a la realización de la encuesta, el 63,6% de las personas que conforman la población desplazada consumió menos de los alimentos que deseaba por falta de los mismos o de dinero para comprarlos.

El 46% de dicha población se quejó de hambre y el 50% de la misma dejó de consumir alguna de las comidas principales por falta de alimento o dinero para comprarlo.

Educación y salud

Aunque se presenta un ligero mejoramiento en términos de cobertura en educación y salud, no hay mejoras ni en calidad ni en acceso.

En educación, se registran elevadas tasas de extra edad (niños con edades avanzadas para el curso), bajos niveles de gratuidad y muy reducidos índices de acompañamientos para la permanencia (gastos complementarios como útiles y transportes).

En términos de salud, de la población desplazada afiliada al SGSSS, el 91% lo está en régimen subsidiado frente al 54.5% de la población colombiana.

Atención inmediata y Atención Humanitaria de Emergencia (AHE)

El 69.2% de los desplazados no recibió atención inmediata de ninguna clase.

El 0,2 de los grupos familiares recibió todos los componentes de la atención humanitaria de emergencia (AHE); el 83,2% recibió alguno de los componentes y el 16,8% no recibió AHE de ninguna clase.

Según la Comisión, en el destierro el Estado no tiene ni la capacidad institucional ni las herramientas de políticas públicas para atender a la población desplazada en el momento más crítico y por tanto, no puede responder a los que ordena en Derecho Internacional Humanitario en este sentido.

Para Luis Jorge Garay y la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, la encuesta de verificación indica con toda certeza que la población desplazada es la más vulnerable entre las vulnerables y por eso asegura que resulta imperioso concentrar los esfuerzos públicos y privados en la búsqueda de asegurar el restablecimiento efectivo de los derechos de esta población y garantizar condiciones propicias para su estabilización socioeconómica.

Así mismo, es necesario seguir profundizando en la adecuación de políticas públicas de mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos para la atención de la población desplazada, y en el proceso de veeduría ciudadana sobre la evolución de la observancia de los derechos de esta población, paso abierto por la Corte Constitucional en 2007, cuando le encargó a un grupo de ciudadanos hacer seguimiento al cumplimiento de su sentencia T-025 de 2004.

Sobre la encuesta

La encuesta de verificación es un instrumento de veeduría ciudadana que permite hacerle seguimiento a la implementación, por parte del Estado, de las políticas públicas que la Corte Constitucional ordenó al ejecutivo a través de la sentencia T-025 de 2004 para favorecer el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.

Para este segundo informe se realizaron, entre julio y agosto del presente año, 8400 encuestas entre población desplazada, 5.600 de ellas (67%) entre población inscrita en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y 2.800 (33%) entre población  no inscrita en el registro. En términos geográficos la encuesta abarcó 69 municipios del país que concentran el 92% de la población desplazada registrada en el RUPD.

* La Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, es una organización de la sociedad civil integrada por: Eduardo Cifuentes Muñoz, ex magistrado de la Corte Constitucional; Monseñor Héctor Fabio Henao, Director Nacional de la Pastoral Social; Luis Jorge Garay, economista; José Fernando Isaza, Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; Patricia Lara, periodista y escritora; Rosalba Castillo, miembro de organizaciones afro; Pedro Santana, presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía; Marco Romero Silva, presidente de CODHES; Jorge Rojas, Director de CODHES; Fanny Uribe, gerente de niñez y desplazamiento forzado de Plan Internacional y Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.

Acompañan el trabajo de la Comisión la premio Nobel de paz, Rigoberta Menchú, y la organización Plan Internacional.

Bogotá D.C., septiembre 25 de 2008.

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