Un conflicto que desnuda la verdadera realidad de los corteros del desempleado

Agencia de Información Laboral ENS
Informe Especial para el Semanario Virtual Caja de Herramientas.

El paro de cerca de 10 mil corteros de la caña de azúcar en ocho ingenios de Valle del Cauca, no deja de sorprender.

Primero, por su larga duración: hoy cumple 19 días. Y esto porque la primera lectura que este paro suscitó, tanto por parte del Gobierno como de la opinión pública en general, era la de ser un movimiento espontáneo, hecho por unas personas débiles y desorganizadas, fácilmente controlables, llamadas a no resistir mucho en su cese de actividades.

La segunda sorpresa de este paro de corteros, es que logró hacer visible algo que desde hace rato subyace latente como el mayor flagelo del Trabajo Decente en Colombia: las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), verdaderos embelecos de intermediación laboral que se han extendido como una plaga por casi todos los sectores productivos del país, entre ellos la agroindustria de la caña que las introdujo de manera intensiva a partir del año 2000. El ingenio Cauca, por ejemplo, llegó a tener 4.500 trabajadores  con contrato directo, hoy apenas tiene en esas condiciones unos 700 trabajadores. El resto (y no sólo los corteros) está vinculado por cooperativas que en la práctica funcionan más como simples bolsas de empleo que como verdaderas empresas cooperativas, en desmedro de los salarios, la estabilidad y la calidad de vida de los corteros y sus familias. Tanto es así que la primera reivindicación que éstos ponen en su pliego de peticiones, es que los ingenios los contraten directamente, no mediante cooperativas.

Y lo tercero que sorprende, aunque no tanto, la verdad sea dicha, es el tratamiento arrogante, desconsiderado, e incluso temerario que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de la Protección Social y el mismo Presidente Álvaro Uribe, le han dado al paro, al que han tratado de desvirtuar y socavar con diversas fórmulas, y en clara alianza con una de las partes: los empresarios de los ingenios agremiados en Asocaña.

La cuestionable actitud del Gobierno y Asocaña

Una de las fórmulas con las que el Gobierno, de entrada, trató de desmontar el movimiento de los corteros, fue negarles el derecho de asociación. En un oficio dirigido a la Secretaría de Asocaña, el Ministerio de la Protección Social señala: que los trabajadores asociados en cooperativas “no pueden ejercer el derecho a la negociación colectiva ni votar la huelga, entre otras cosas por cuanto al ser asociado y a la vez dueños de empresa cooperativa, no existe posibilidad legal de presentar un pliego de peticiones por no reunirse los requisitos exigidos en el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo”.

Con tal interpretación del Ministerio en la mano, los empresarios de los ingenios azucareros se niegan a sentarse con los corteros a buscarle arreglo al conflicto. Sólo aceptan que cada ingenio negocie por separado con los representantes legales de las cooperativas, o sea con los gerentes de éstas; propuesta que no aceptan los dirigentes del paro que reclaman una mesa única de negociación para discutir un solo pliego de peticiones.

Pero, en el fondo lo que el pronunciamiento del Ministerio quiere decir, ni más ni menos, es que el Código Sustantivo del Trabajo ya de poco sirve para dirimir los conflictos laborales en Colombia, donde hoy se calcula que hay más de 10 mil Cooperativas de Trabajo Asociado, cuyos asociados están totalmente desprotegidos de sus derechos de asociación y movilización.

Otra fórmula que se inventó el Gobierno para deslegitimizar el paro de los corteros, fue tratar de relacionarlo con una presunta infiltración de las FARC. Para ello el ministro, Diego Palacio, aupado por la alharaca de los medios de comunicación, dijo haber puesto en manos de la Fiscalía un “testigo encubierto” que confirmaba tal infiltración; afirmación que el presidente Uribe no demoró en secundar: “…la guerrilla citó a unos corteros a reuniones, y los obligó a hacer el paro manipulando el movimiento”, dijo el primer mandatario, palabras que hoy se comprueba, no tenían ningún piso de veracidad. Como será que hasta el mismo periódico El Tiempo, en su editorial de hoy jueves 2 de octubre, las califica de desafortunadas. “Las acusaciones lanzadas por el Ejecutivo acerca de la infiltración de las FARC en el paro quedaron en el aire y enrarecieron el ambiente de la negociación”, señala el periódico capitalino que además, afirma que la respuesta que el Gobierno y los empresarios de los ingenios le han dado al paro “no ha sido la mejor”.

Y un tercer embate del Gobierno para desacreditar el movimiento de los corteros y enfrentarlo con los “intereses nacionales”, fue achacarle el alza del precio de la gasolina por cuenta de la escasez del etanol. A este respecto Daniel Aguirre, dirigente del sindicato de los corteros (Sinalcorteros), hizo una salvedad que a nuestro juicio, resulta argumento contundente contra la pretensión del Gobierno de culparlos por el alza de la gasolina: “Hace dos meses no estábamos en paro y el barril de petróleo en el mercado internacional estaba en 140 dólares. ¿Por qué ahora que el barril rebajó a 96 dólares, no rebaja también, el precio de la gasolina?, ¿por qué ahora la suben y le achacan la culpa al paro de corteros?”, señaló el señor Aguirre, opinión que coincide con la expresada por la Asociación Colombiana de Automovilistas, entidad que representa a los propietarios de vehículos particulares.

En este punto no hay que pasar por alto que el etanol que producen los ingenios azucareros goza de importantes gabelas. Está exento del IVA, Impuesto Global y Sobretasa, según la Ley 788 de Reforma Tributaria. También, tiene exenciones arancelarias para la importación de bienes destinados a la producción y pagan además, más barata la energía que se emplea en su producción. Por todo ello sus ganancias son hoy más jugosas que antes. En el 2007 el sector tuvo utilidades netas por $148 mil millones, según datos de la Superintendencia de Sociedades; ganancias que necesariamente contrastan con los muy precarios ingresos que reciben los corteros.

Sólo que ahora, tanto Gobierno como empresarios, sorpresivamente se han encontrado con un escenario problemático y que escapó a sus cálculos: unos ingenios bloqueados que pierden cada día $4.000 millones, y unos corteros que al no tener nada qué perder y sí mucho qué ganar, se muestran decididos a llevar el paro hasta sus últimas consecuencias, pese a la situación de hambre y angustia que afrontan cada día no laborado, porque es gente que vive al día y sin ninguna posibilidad de ahorros. Agravado este hecho por la negativa de los ingenios a pagarles la primera quincena de septiembre, ya laborada, con la clara intención de quebrarles su movimiento por hambre. Con lágrimas en los ojos, recostado en su improvisado cambuche de plástico, un cortero le contaba a la reportera de una estación de televisión de Cali que estaba dispuesto a morir en esta protesta, porque, según él, la vida que estaba llevando no la podía soportar más que no era vida para él ni para sus hijos.

Aparte de la abolición de la contratación por el sistema de las CTA, en su pliego de peticiones los corteros incluyeron puntos como: revisión y aumento de salarios; que haya un control efectivo del peso de la caña cortada; que les paguen los días que pierden por paradas de la empresa, lo mismo que los días de incapacidad por enfermedad que no les pagan las EPS; que se resuelva el problema de los 300 trabajadores que por accidente o enfermedad laboral, han quedado con incapacidad permanente y hoy no reciben ningún tipo de pensión; y que se le ponga límite a la creciente mecanización del corte de caña, asunto que está acabando con el empleo y que está llamado a tener graves repercusiones en las condiciones de vida de la región y auguran un conflicto aún más crítico en el futuro.

Diferencias abismales

Las condiciones laborales a las que están sometidos los corteros de la caña por CTA, no tienen punto de comparación con las que tienen los trabajadores de planta en los ingenios. Son, si se quiere, diferencias abismales.

Según el censo elaborado por la Escuela Nacional Sindical, en la agroindustria de la caña hay un poco más de 13 mil trabajadores con contrato directo con los ingenios que se benefician de convenciones colectivas, con ingresos entre dos y tres salarios mínimos, o sea entre $900.000 y $1´400.000; aparte de las primas legales y extralegales: de navidad y bonificaciones de vacaciones que según su antigüedad pueden sumar hasta dos meses adicionales de salario al año. Mientras los cerca de 18 mil corteros que trabajan por cooperativas en los 13 ingenios azucareros, apenas sí ganan para no morirse de hambre. Su compensación (que es el nombre del salario en lenguaje cooperativo) en promedio se acerca a los $650.000, pero, con los descuentos que les hacen las cooperativas su ingreso puede ser de apenas $450.000. Además, no gozan de ninguna prima o bonificación extralegal, tienen que asumir de su bolsillo la seguridad social, pago de parafiscales, costo de herramientas, ropa de trabajo y transporte, más los aportes sociales y costos de administración de las cooperativas de las cuales son asociados, o dueños; condición ésta que es la que les prohíbe —por la ley laboral colombiana— recurrir al expediente de la huelga.

Además, es una actividad dura y altamente riesgosa, un trabajo extenuante y repetitivo (según estudio del Sena, cada día un cortero hace 5.400 movimientos del brazo) que causa innumerables accidentes, lesiones y enfermedades profesionales: síndrome de túnel carpiano, artritis, lumbagos severos, heridas en brazo y hombros. Y tienen que aguantar las pavesas y el humo generados por la quema de la caña y la contaminación del glifosato usado en las plantaciones. Con el agravante de que lo hacen sin elementos de protección como máscaras o dotaciones inflamables. Mientras los trabajadores con contratación directa con los ingenios participan en programas de salud preventiva y de seguridad industrial, los corteros de las CTA no tienen acceso a dichos programas.

Cuando un cortero sufre un accidente o enfermedad profesional, normalmente hace todo lo posible para seguir laborando a pesar del dolor y el malestar, porque para los cooperativizados una incapacidad de menos de 3 días no es remunerada y una incapacidad de más tiempo sólo es remunerada después de que la ARP tramite el pago a la cooperativa, trámite que puede demorar varios meses, en los cuales el cortero queda desprotegido y sin ingresos. En estos casos, es común que sus compañeros corteros traten de brindar una solidaridad al enfermo con donaciones y rifas. Y lo que es peor aún: si un cortero padece una lesión o enfermedad tan grave que no le permita seguir trabajando, las empresas no hacen ningún intento para reubicarlo, argumentando que por su falta de formación profesional no es factible ofrecerle otro puesto dentro del ingenio. Y así se deshacen del trabajador enfermo como si fuera un bien desechable.

Todo esto sin contar con los horarios extendidos. Mientras los trabajadores de planta tienen jornada legal de 48 horas semanales, los corteros no tienen jornada fija, su trabajo es a destajo. Son obligados a trabajar hasta que se termine de cortar el área asignada. Y si ese tiempo excede las 48 horas semanales, no reciben una remuneración adicional por horas extras, porque esta garantía, consagrada en la legislación laboral colombiana, no aplica a los cooperativizados. Como también, es común que trabajen domingos y festivos, como una forma de aumentar sus reducidos ingresos.
Y sin contar con que el sistema del pesaje de la caña deja mucho que desear. Los corteros se sienten engañados con este sistema, y es precisamente otro reclamo que incluyen en su pliego de peticiones: que se vuelva al pesaje tradicional por uñada, sistema que pueden controlar y que no se presta a ambigüedades.

Las tribulaciones de Juan Cambindo

Juan Cambindo, un moreno de cuerpo delgado, rostro enjuto, ojos vivaces y una sonrisa a la que le falta un diente, como casi todos los corteros tiene una jornada de diez horas, o hasta más, la mayoría de las veces bajo un sol canicular que sin embargo, prefiere a los días de invierno porque cuando llueve hay que parar el corte y entonces no puede cobrar. Con el agravante de que cada vez los tajos para corte son más escasos, debido a que las máquinas están desplazando mucha mano de obra (hay 34 máquinas en la zona y cada una reemplaza el trabajo de 150 corteros). Entonces, ya no hay caña para tanta gente y muchas veces se tiene que repartir para dos corteros el tajo que antes cortaba uno solo.

Juan Cambindo, se levanta a las 4 de la mañana. Media hora después lo recoge el bus que su cooperativa contrata para trasladar sus asociados al sitio de trabajo. Al corte llega a eso de las 6 de la mañana; a las 4 o 5 de la tarde ha terminado su jornada, pero, por los gajes del transporte, a las 7 u 8 de la noche apenas está llegando a la casa, tan cansado que no tiene alientos ni disposición para conversar con su mujer ni acariciar a sus dos niños. Hoy está en una carpa frente al ingenio Providencia, donde presta servicios su cooperativa, a la espera de que el conflicto se solucione y pueda volver a llevar comida a la casa, porque, con paro o sin paro, día que no trabaje es día que no cobra. Por lo pronto, debió mandar a su mujer y sus dos hijos a la casa de su suegra, donde por lo menos tienen su comida asegurada. Pero su gran preocupación es el pago del arriendo de la pieza donde vive hacinado con su familia ($150.000 mensuales) pago que con paro o sin paro tiene que cancelar puntualmente. En diez días se le cumple.

Los ojos del mundo en este paro

Un hecho que no puede pasar de soslayo con respecto a este paro, es la expectativa que ha generado entre la comunidad sindical internacional que tiene literalmente puestos sus ojos en el mismo. Tanto la Confederación Sindical Internacional (SCI) que representa a 168 trabajadores en el mundo, como la Confederación Sindical de las Américas (CSA) que aglutina a 50 millones de trabajadores en el continente, expresaron su preocupación e instan al Gobierno colombiano a cumplir con su deber constitucional de defender, proteger y promover los derechos de los trabajadores. Guy Ryder, secretario general de la CSI, en su comunicado señala que “la situación que viven los corteros de caña es intolerable y exige una solución inmediata”.

Son tres las razones que explican el interés internacional que este paro genera. Primero por su dimensión, pues son 10 mil los corteros, con sus familias, los directamente afectados; aparte de las repercusiones colaterales que tiene en otros sectores de la agroindustria de la caña. Segundo, porque es un asunto que tiene que ver con la producción de biocombustibles (etanol) tema sobre el cual existe mucha sensibilidad en el mundo por su relación con la crisis alimenticia y los riesgos ambientales. Y tercero, porque las centrales y confederaciones sindicales colombianas cada vez están más ligadas al movimiento sindical internacional. Esto quiere decir que los problemas laborales de nuestro Estado cada vez interesan más en los demás países y viceversa; y el paro de los corteros está siendo intensamente apoyado por la CUT.

Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.