Uribe: un candidato sin reelección

Gabriel Bustamante Peña
Corporación Viva la Ciudadanía

El pasado dieciséis de diciembre, en medio del comienzo de las novenas navideñas y bajo el amparo de la media noche, el Presidente convocó irregularmente al Congreso a sesiones extraordinarias para la aprobación del referendo reeleccionista. Con esto, más la desautorización a la versión de su ausencia en las próximas elecciones al diario “El Colombiano”, Uribe dejó clara su intención de continuar en campaña como presidente-candidato, aun a sabiendas que ni jurídica ni políticamente su reelección en el 2010 es posible.

Jurídicamente la reelección no tiene salida, ya que su actual segundo mandato se legitimó con la sentencia de la Corte Constitucional, que de paso colocó un cerrojo para futuras reelecciones. La Corte en su sentencia fue enfática en manifestar que la reelección “por una sola vez” no generaría un cambio de tal magnitud que, en vez de modificar la Constitución del 91, la remplazara por otra distinta creando una sustitución de la Carta, caso en el cual se habría quedado sin piso el acto legislativo 02 de 2004.

Pero, la misma sentencia indica clara y expresamente que una próxima reelección si afecta la esencia de la Constitución, y por lo tanto el Congreso no es competente para adelantar otra reforma reeleccionista, ni aún por referendo popular. Como aclaró la Corte en su fallo, una nueva reelección sería cambiar la Carta del 91 y no reformarla y el único camino institucional es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Propuesta que ingenua y paradójicamente promovía el presidente del Polo Carlos Gaviria ante la crisis de la parapolítica, sin prever que con su incauta constituyente le entregaba a Uribe la posibilidad de reelegirse y de paso le ofrecía también a la derecha uribista la cabeza de la Constitución y del Estado social de derecho en bandeja de plata.

Para fortuna del país, ni el Polo, ni Uribe le hicieron caso a la propuesta de Gaviria, y el presidente se embarcó en un referendo inaplicable cuyos tramites entran en franco desacato con la sentencia de la Corte. No se explica como en un Estado de derecho, un fallo del máximo tribunal judicial es desconocido por entes como la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, quienes autorizaron la recolección y conteo de firmas para desacatar una sentencia y están causando un detrimento patrimonial a la Nación al permitir llevar a cabo los preparativos de un referendo a todas luces inconstitucional y sobre el cual ya existe cosa juzgada. Referendo indefendible, que coloca a sus promotores en una contradicción insalvable, ya que al desconocer el fallo de la Corte que sentencia que una nueva reelección sustituye la Constitución, desconocen a la vez la decisión judicial  que permitió la reelección de Uribe, tumbando la fuente de legitimidad de su actual mandato.

Pero, como si no fuera poco que se estuviera gestionando en Colombia un desacato a la Corte Constitucional por la vía del referendo, el mismo trámite de las firmas, su texto, su financiación y hasta su promotor principal, hacen que la iniciativa parezca más que un mecanismo de participación popular, un concierto para delinquir. Luis Guillermo Giraldo, gerente y promotor del referendo, conocido de autos por el “robo a Caldas” ya ha sido llamado por la Fiscalía por fraude procesal, tiene líos por la intervención de DMG en las diligencias del referendo y la financiación de la recolección de firmas está envuelta en el más oscuro contubernio.

Para completar el cuadro, en el afán propio de quienes reptan tras el poder, el texto del referendo golpista terminó dejando por fuera de las elecciones de 2010 al presidente Uribe; texto que fue el aprobado por la Cámara y que amenazan modificar en el Senado, que de hacerlo, contrariaría no sólo las normas del parlamento sino que acabaría con la iniciativa popular al permitir que un proyecto ciudadano sea manoseada por el Congreso a su antojo.

Como vemos, el cuadro de inconstitucionalidad e ilegalidad del referendo no puede ser peor. Pero, si se llega al caso tal de ejercicio arbitrario del poder, y dicha iniciativa llega a prosperar, sería imposible que aguantara un examen en la Corte, más cuando, para entonces y fruto de la primera reelección, Uribe tendrá 3 magistrados que deberán declararse impedidos para el estudio de la reelección de quien los postuló al Tribunal Constitucional.

Pero, supongamos que se da una situación extrema y que la Corte sucumbe ante el Poder Ejecutivo, y acaba de facto el estado de derecho, dando paso al referendo reelecionista. Entonces, Uribe deberá sacar a votar, en época no electoral y sin autorización para hacer política, a más de siete millones de colombianos corriendo el riesgo de volver a repetir la derrota del referendo de 2003, cuando contaba con un mayor grado de aceptación popular y cohesión de los partidos uribistas.

Pero, si jurídica y políticamente la reelección en 2010 es imposible, ¿Por qué el Presidente insiste en impulsar el referendo?

La explicación está en que Uribe enfrenta en el 2009 al peor año de sus dos mandatos. Por un lado, se acabó el padrinazgo y la patente de corzo que el Gobierno de George Bush le concedió a su lucha “narcoterrorista”. Con la administración demócrata de Obama hechos como la muerte de sindicalistas, de indígenas y afro-colombianos, los falsos positivos, las capturas masivas y demás violaciones de derechos humanos serán revisados con lupa en el Congreso y Gobierno norteamericano. Y sumado a lo anterior, la crisis mundial ocasionará un recorte sustantivo de la cooperación militar estadounidense. Y por otro lado, internamente la crisis económica comienza a hacer estragos, los alimentos suben de precio, la gasolina no baja, la cifras de desempleo son alarmantes, el proceso de paz con los paramilitares es un fracaso, los desplazados se cuentan por millones, los desaparecidos por miles y los asesinatos de Estado se han vuelto pan de cada día.

Uribe sabe que no puede seguir en el 2010, pero talvez si en el 2014. Por esto necesita seguir con su imagen de candidato-presidente ya que, de lo contrario, encontrará en sus antiguos aliados a sus más acérrimos perseguidores. Vargas Lleras, Juan Manuel Santos, Holguín Sardi, Marta Lucía Ramírez, Noemí Sanín, entre otros, estarán prestos a cortarle la cabeza una vez esté claro que no irá como candidato presidencial y que deja como heredero en su trono a alguien ajeno a sus intereses.

Ya en campaña por la Presidencia, Vargas Lleras afirmará que el modelo de seguridad uribista no derrotó a las guerrillas e incubó un peor paramilitarismo; Santos reclamará por las humillaciones de la fuerza pública y las relaciones estrechas de Uribe con el dictador venezolano; Holguín increpará que no es suficiente la seguridad cuando económicamente el país es un desastre; Marta Lucía acusará al Gobierno de encubridor de la parapolítica y cómplice de la infiltración del Estado por el narcotráfico y Noemí, desempolvará su discurso radical y volverá a denunciar a Uribe como el promotor del paramilitarismo en Colombia.

Uribe corre el riesgo de salir por la puerta de atrás, si de las entrañas del uribismo se gestan sus mayores críticos. Además, con la posibilidad de la reelección, si es presidente un Vargas Lleras o un Santos no dudarán en judicializarlo para sacarlo del camino en el 2014. Por eso su candidatura es una forma de ganar tiempo, callar a los críticos internos e imponer soslayadamente al único que le garantiza un Gobierno en cuerpo ajeno y el camino despejado para volver en el 2014: Uribito.

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