Aventura de una víctima del paramilitarismo en tribunales norteamericanos

Juan Diego Restrepo E.
Editor de la Agencia de Prensa IPC
New York, Estados Unidos

La aventura jurídica emprendida en las cortes federales norteamericanas por la madre de un joven desaparecido de manera forzada a finales de noviembre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín por hombres del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, viene dando resultados positivos para esclarecer la verdad sobre el paramilitarismo en el país.

Por cuenta de esa valiente decisión, el confeso narcotraficante y uno de los más poderosos jefes de las AUC se enfrenta a un gran dilema: durante los próximos 45 días debe narrar los hechos criminales en el tiempo que estuvo como inspector general de las AUC y comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con el fin de contribuir a desentrañar la verdad sobre sus  apoyos financieros, políticos y militares, y aportar bienes para la reparación de las víctimas.

Ese plazo, fijado durante una audiencia celebrada el 4 de marzo pasado por el juez Richard M. Berman en una Corte Federal del Distrito Sur de New York, es uno de los resultados concretos de la aventura emprendida por una víctima del paramilitarismo en la Comuna 13, asunto que debe leerse con total optimismo porque ejerce presión sobre alias don Berna para que por fin comparezca ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

Éste jefe paramilitar ha sido el que menos ha colaborado según lo estipulado en la Ley 975. Aún estando en el país, y durante los tres años que estuvo recluido en penales colombianos, sólo asistió a cinco de 16 citas programadas, y contrario a lo que han testimoniado sus defensores ante la Corte Federal, no ha sido significativa su participación en el proceso, más bien ha sido dilatoria. Además, no ha comparecido ni una vez desde que está recluido en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, desde que fue extraditado a ese país el 13 de mayo de 2008, junto a doce jefes paramilitares más.

Bajo la lógica del juez Berman, se busca que Murillo Bejarano participe de manera eficaz en el proceso de Justicia y Paz, con lo que acumularía argumentos suficientes para demostrar que la víctima en Colombia tiene mecanismos claros para que su caso no quede en la impunidad y sea reparada económicamente; de paso, podrá lograr que la pena propuesta por la Fiscalía norteamericana de 405 meses de prisión le sea rebajada por lo menos a 324 meses, tal como lo ha solicitado la defensa del detenido.

Vista bajo cierto punto de vista la decisión es favorable al jefe paramilitar, pero desde una perspectiva más cercana a las víctimas, abre el camino, muy estrecho por cierto, pero camino al fin y al cabo, a las verdades que tanto conoce Murillo Bejarano y sobre las cuales fue muy reacio a contar durante sus esporádicas audiencias ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.

Llegar a ese punto no fue fácil. Se necesitó del valor de una mujer que perdió a su hijo a manos de comandos paramilitares un par de semanas después de que las autoridades anunciaran con alborozo la finalización de la llamada Operación Orión, realizada entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 por fuerzas conjuntas de la Policía, el Ejército y demás organismos de seguridad del Estado, apoyados, según lo ha confesado alias don Berna en Estados Unidos, por hombres del bloque Cacique Nutibara de las AUC.

Esta nueva vía para combatir la impunidad en Colombia comenzó en firme el pasado 17 de febrero, cuando un grupo de abogados de la Corporación Jurídica Libertad, el bufete privado Wilson Sonsini Goodrich y Rosati y de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California Berkeley, en representación de la madre del joven desaparecido, presentó en New York una acción legal ante el juez Berman solicitándole que escuchara su testimonio con el fin de que considerara la posibilidad de otorgarle el status de víctima bajo un ley proferida el 2004 en Estados Unidos, conocida como Crime Victims Rights Act (CVRA, por sus siglas en inglés), lo que le daría el derecho a consultar con los fiscales que llevan el caso, intervenir durante la audiencia de sentencia del jefe paramilitar y confeso narcotraficante para incidir en la pena que ha de ser impuesta y lograr una restitución económica.

Los apoderados de la víctima han venido argumentando que los delitos por los cuales alias don Berna debe responderle a la justicia norteamericana no sólo son los de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos y lavado de activos, sino que su paso por las AUC implicó lucrarse de este negocio ilícito para fortalecer las actividades criminales contra la población civil.

Los abogados de la madre del joven desaparecido alegan que ella es víctima de la conspiración de narcotráfico cometida por Murillo Bejarano contra Estados Unidos. Según estos juristas, el jefe paramilitar ordenó la desaparición y ejecución de residentes de la comuna 13, incluyendo el hijo de la peticionaria, con el fin de controlar una "corredor estratégico" para el narcotráfico. Por ello, la lucha iniciada en las cortes federales norteamericanas pretende demostrar que entre un acto ilícito como es el del narcotráfico y la desaparición del joven hay una relación directa que debe ser tenida en cuenta a la hora de sentenciar al jefe paramilitar y no pueden juzgarse por aparte.

Como prueba de ese vínculo se ha mostrado el hallazgo en un predio rural de la Comuna 13 de un laboratorio de estupefacientes que tenía la capacidad de procesar 1,000 kilogramos de cocaína por semana, el cual fue desmantelado en mayo de 2003. Tres meses más tarde, en esa propiedad, fueron halladas fosas comunes con los restos de personas desaparecidas de la Comuna 13 por los paramilitares liderados por alias don Berna. Los apoderados de la víctima han advertido Murillo Bejarano usaba medios violentos para manejar el narcotráfico y las ganancias de narcotráfico para financiar las desapariciones y matanzas.

Contrario a no pocos pronósticos negativos, el juez Berman aceptó la petición de la víctima, un avance significativo en todo este proceso, y tomó la decisión de escuchar los argumentos de los fiscales que han acusado a alias don Berna, sus abogados defensores y los apoderados de la víctima. El propósito era que las partes expusieran sus razones sobre el caso e indicaran si la madre del joven desaparecido era susceptible de recibir los beneficios de la CVRA. La sola disposición de escuchar esos argumentos fue considerada como positiva por los representantes de la víctima. El pasado miércoles 4 de marzo, durante una audiencia especial, las partes expusieron ante el juez Berman su posición al respecto de la solicitud de la víctima, y tanto la defensa del confeso narcotraficante como los fiscales coincidieron en precisar que la peticionaria no podía recibir el status de víctima bajo las leyes norteamericanas.

La Fiscalía alegó que la desaparición del joven en la Comuna 13 de Medellín no tenía nada que ver con los delitos de narcotráfico y de lavado de activos que enfrenta Murillo Bejarano. La defensa del jefe paramilitar sostuvo, por su parte, que el ex Inspector General de las AUC, no tenía responsabilidad alguna en la comisión de delitos de sus hombres y expresaron la voluntad de su cliente de seguir colaborando con el proceso de Justicia y Paz, por lo que pidieron 60 días para refinar los mecanismos de participación en el país.

Recogiendo argumentos de uno y otro, y desestimando los contenidos de la exposición de los abogados representantes de la víctima, el juez le negó la condición de víctima según lo estipulado en la CVRA y, de paso, la de restitución económica, pero conminó a alias don Berna a 45 días para que compareciera ante la Unidad de Justicia y Paz, y narrara todos los hechos que lo involucran en acciones criminales. Ese plazo se vence el 22 de abril, fecha para la cual ha sido programada la audiencia de sentencia condenatoria. Ése día se sabrá si el paramilitar cumplió con lo estipulado en la Ley de Justicia y Paz. La valoración la harán tanto el juez como los apoderados de la víctima, un logro más en este caso.

Si bien a la justicia norteamericana no le interesan los delitos cometidos por los jefes paramilitares en Colombia en el marco de su lucha contrainsurgente, el plazo dado por el juez Berman se convierte en un mecanismo de presión tanto para la Fiscalía General de la Nación en Colombia como para el propio jefe paramilitar.

Para los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz porque tendrán que demostrar eficiencia en un tiempo realmente muy corto y mostrar que los acuerdos con el Gobierno norteamericano son eficaces para brindar las condiciones necesarias que le permitan a alias don Berna participar en audiencias virtuales y realmente aporte al esclarecimiento de los hechos.

El reto es mayor si se tiene en cuenta que la defensa de Murillo Bejarano ha argumentado de manera reiterada en los tribunales federales norteamericanos que su cliente no contó con los espacios necesarios para comparecer ante el proceso de Justicia y Paz.

En conversaciones sostenidas minutos después de finalizada la audiencia con el juez Berman, Diego Álvarez, abogado coordinador de la defensa de alias don Berna, explicó que Murillo Bejarano no había comparecido a Justicia y Paz cuando estuvo recluido en Colombia por varios motivos concretos, entre ellos por la negligencia del INPEC (Instituto Penitenciario y Carcelario, que depende del Ministerio del Interior y de Justicia) que sistemáticamente lo impidió al no brindándole las condiciones médicas necesarias, sobre todo cuando estuvo en las cárceles de Cómbita y La Picota.

Ahora, el jefe paramilitar tendrá 45 días para responder por sus acciones como jefe paramilitar no sólo como comandante de tres estructuras militares con operaciones en los departamentos de Antioquia y Córdoba, sino de sus actuaciones como inspector general de las AUC e integrante del Estado mayor de esa organización, calificada como terrorista por el Gobierno de Estados Unidos desde el año 2000. Su versión es esperada por unas 13.000 personas que se registraron como víctimas de los bloques de las AUC que comandó, a quienes no sólo les deberá explicar lo que ocurrió con sus parientes, sino que tendrá que evidenciar una colaboración efectiva en el proceso de verdad que implica su sometimiento a la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, no sólo entregando sus bienes al Fondo Nacional de Reparación, sino precisando quiénes fueron esos “hombres de negocios y grandes empresas” que, tal como lo admitió en Estados Unidos, le financiaron sus actividades criminales.

Con su decisión en el marco del alegato jurídico que plantearon la acciones de los defensores de una víctima del accionar paramilitar de la Comuna 13 de Medellín, el juez Berman contribuyó de manera significativa a crear las condiciones para que por lo menos en el caso de alias don Berna se logre una colaboración efectiva ante la justicia y las víctimas en Colombia, con lo que se abre un estrecho camino para que en otras cortes, donde son juzgados otros jefes paramilitares más, se presione para que las decisiones tomen el mismo rumbo.

Esta aventura tiene un propósito central: frenar cualquier tipo de negociación o acuerdo entre los paramilitares extraditados y la justicia norteamericana que los favorezcan con rebajas de penas y acaben pagando en Estados Unidos penas irrisorias y, a futuro, pasen a ser testigos protegidos en este país. La intención con lo iniciado en el caso de alias don Berna es quitarle toda posibilidad de beneficios jurídicos, una manera, así sea en el extranjero, de evitar la impunidad y castigar de manera ejemplar a estos criminales de guerra.

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