¿Cómo se tejen los mantos de la impunidad en Colombia?

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

El fallo absolutorio proferido por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, a favor de de seis altos funcionarios del Gobierno, en el proceso por el delito de cohecho que involucró a los ministros del interior y de la protección social por la época en la cual se tramitó el acto legislativo que permitió la reelección presidencial, merece varios comentarios.

El primer comentario es que leído el texto del fallo las razones jurídicas esgrimidas por el Procurador para absolver a los funcionarios, queda la sensación de que el máximo representante del Ministerio Público, esquivó en dicho fallo todos aquellos argumentos y pruebas que tenía que rebatir que eran justamente las pruebas penales que contiene la sentencia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Yidis Medina a la cual condenó a 43 meses de cárcel, por el delito de cohecho. Lo que tenía que desvirtuar el Procurador General no sólo podía referirse a las contradicciones en que incurrió Yidis Medina en un proceso en el cual al comienzo del mismo alegó su inocencia para después ante la evidencia de los hechos y las pruebas, decidió colaborar con la justicia para esclarecer el delito de cohecho comprobado por la Corte Suprema, lo que llevó a este tribunal a condenar a Yidis Medina. Por ejemplo, la Corte comprobó que en efecto Yidis Medina recibió como prebendas ocho cargos en el aparato público y una notaria como pago por el voto que inclinó la balanza a favor de la reelección presidencial de Uribe para el período 2006-2010. Este voto era decisivo para lograr el número mínimo de votos requeridos como también lo era la ausencia de Teodolindo Avendaño. Esto es precisamente lo que no desvirtúa el fallo absolutorio del señor Procurador. Las pruebas que en la investigación criminal encontró la Corte Suprema y que condensó en el fallo que condenó a Yidis Medina era lo que tenía que desvirtuar el señor Procurador y esto es precisamente lo que no hizo.

Un segundo tema es que los que han salido a defender este cuestionable fallo del Procurador se niegan a reconocer la sentencia del máximo tribunal penal en el  país y se niegan a entrar a fondo en la consideración de las pruebas. Alegan que Yidis Medina está loca o actúa en situación de delirio, cuando una de las primeras cuestiones que enfrentó la Corte fue un examen psicológico de la cordura de la acusada. Otros hablan de una conspiración. Pero lo que no esgrimen es detrás de dicha conspiración quiénes están y cuáles son los propósitos que tienen.

La realidad es otra. El nombramiento por las mayorías uribistas en el Congreso de la República del señor procurador Alejandro Ordoñez, tenía como propósito tomar la Procuraduría General de manera más clara para el Gobierno. Así lo señaló semanas antes de la elección el señor Jaime Lombana, abogado del Presidente de la República quien señaló que de los ternados Ordoñez era el mejor. Antes de ser elegido Ordoñez manifestó que era partidario de una reforma en la cual las funciones disciplinarias en sus manos con relación los parlamentarios deberían pasar al Consejo de Estado. Como van las cosas en esto tiene razón el señor Procurador. Si lo que va hacer como todo indica en los procesos de la parapolítica y la yidispolítica es proferir fallos absolutorios es mejor obviamente que dichas funciones las ejerza un organismo distinto a la Procuraduría.

No obstante lo que se pone de manifiesto es el marchitamiento del Estado democrático de derecho como efecto inmediato de la reelección presidencial. El diseño institucional de 1991 en este aspecto no ha brindado los frutos esperados. La corrupción y la impunidad campean en todo el país porque la autoridad disciplinaria es ejercida de manera residual, calculada. Bajo los ocho años del ex procurador Edgardo Maya las procuradurías regionales, nada hicieron para oponerse a la infiltración que a sangre y fuego realizaron los paramilitares que tomaron el poder en más de 250 municipios y en 12 departamentos del país. En dónde estaban los procuradores delegados en las regiones para evitar o en todo caso combatir la infiltración de los grupos paramilitares en las Fuerzas Armadas y de Policía como ya ha venido quedando claro en las investigaciones judiciales. Así como los paramilitares habían penetrado a las Fuerzas Armadas que tiene enredados a los generales Rito Alejo del Río, Mario Montoya, y que ahora salpica al general Jorge Daniel Castro actual comandante general del Ejército Nacional, como también los generales Leonardo Gallego y Marco Antonio Pedreros de la Policía Nacional para no mencionar sino a los más visibles. También había infiltrado al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, poniendo a su servicio este organismo de inteligencia que depende directamente de la Presidencia de la República. La Procuraduría que tiene en sus manos un instrumento más expedito que es el de las sanciones disciplinarias tampoco actúo. Es inaudito que haya parlamentarios condenados en el proceso de la parapolítica que no hayan sido ni siquiera amonestados por el organismo que representa a la sociedad en el Estado.

La Fiscalía General de la Nación también fue infiltrada de manera muy significativa bajo la administración de Luís Camilo Osorio que profirió absoluciones a aliados de los paramilitares. Algunas de ellas como la del general Rito Alejo del Río tuvo que ser revocada en reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. Si los organismos de Justicia funcionaran en Colombia, el delito disminuiría y los funcionarios públicos se abstendrían de muchos actos de corrupción y de venalidad y muchos dejarían de ser cómplices de los criminales. Pero el problema es estructural. Mientras el Fiscal General de la Nación sea postulado por el Presidente así sea nombrado por la Corte Suprema de Justicia o mientras el Procurador sea nombrado de terna conformada por el Presidente, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y sea una cuota de las mayorías parlamentarias, la justicia tendrá muchos tropiezos pues precisamente la impunidad se teje desde los altos organismos públicos. Esta es la lección que deja el reciente fallo del señor Procurador General de la Nación.

Bogota 20 de marzo de 2009

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