María Isabel Rueda falta a la verdad

Carlos Rodríguez Mejía
Abogado Defensor de Derechos Humanos, Profesor Universitario

En mi calidad de abogado y de defensor de los derechos humanos soy asesor del Grupo Interdisciplinario GIDH, una de las organizaciones representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del magistrado Iván Velásquez Gómez y de otros ilustres miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, quienes se han visto obligados a solicitar medidas cautelares ante ese organismo internacional de supervisión, para proteger su vida, su integridad personal y otros derechos fundamentales que están siendo amenazados por las acciones del Gobierno de Colombia encabezado por el Dr. Álvaro Uribe Vélez.

La Sra. Rueda, en el diario El Tiempo, dijo en una columna, del 10 de mayo de 2009, que “Una Magistrada convirtió un simple daño mecánico de la barra de cambios de su carro en un atentado con segueta”. El 24 del mismo mes y año, nuevamente vierte afirmaciones que, como la anterior, no son ciertas. En efecto, en esta última, después de mencionar por su nombre al Dr. Iván Velásquez, magistrado Auxiliar de la Sala Penal y coordinador de las investigaciones sobre la parapolítica, afirma que: “Tiene mentalidad de propietario de los procesos de la 'parapolítica': los reparte entre sus colegas, se los quita a dedo para impedir que precluyan cuando no hay pruebas, impone a dedo a los investigadores y es él quien comunica a sus superiores su versión sobre las conclusiones de sus colegas. De manera poco profesional, entrevista informalmente a los testigos asumiendo funciones propias del CTI, escoge los testimonios que le parecen importantes, preferiblemente los que conducen a la culpabilidad del investigado y es él quien ofrece incluir a los testigos en los programas de protección, lo cual es un imán tanto para declaraciones verdaderas como ficticias”.

Luego de reseñar algunos casos de políticos, la mayoría de ellos investigados por sus nexos con los grupos paramilitares e integrantes de la coalición de Gobierno, espeta la siguiente conclusión: las actuaciones de la Corte se han dado “con abusos de procedimiento”, y ellos despiertan “sospechas de que ella está persiguiendo políticamente a unos congresistas afines al Gobierno”.

Sin pretender coartar la libertad de opinión de la Sra. Rueda, la cual defiendo con toda firmeza, debo rectificar, por no ajustarse a la verdad, algunas de sus afirmaciones. Desconozco los casos que ella presenta como ejemplo de abusos, pero me inquieta de dónde proviene su información. ¿Habrá tenido acceso a los expedientes? -cuestión que podría implicarla en una irregularidad a ella o a quien le facilitó el acceso- , o sólo consultó una fuente parcializada y, entonces, falta a su deber periodístico de contrastar las informaciones o al menos de advertirle al lector lo precario del respaldo de sus afirmaciones.

Pasando a las inexactitudes de la Sra. Rueda, procedo a rectificarla con la información que poseo legalmente por la calidad expresada al comienzo de esta columna. La primera falsedad, se refiere al caso de la Magistrada, que según ella convirtió un incidente menor en una amenaza de muerte. Existe un análisis del laboratorio de Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, pedido por el concesionario de la marca Toyota a cuyos talleres llevaron el vehículo para repararlo, pues ellos consideraron que debían establecer la causa de la avería, por cuanto podía tratarse de un fatiga del metal, lo que los obligaría a revisar todos los vehículos de ese modelo y año, para evitar accidentes que pusieran en riego la integridad de quienes se transportaran en ellos.

La Universidad conceptuó que la rotura de la barra estabilizadora del vehículo oficial asignado a la Magistrada sólo podía deberse a una fuerte colisión o a la utilización de un gato hidráulico operado por alguna persona o personas, con la intención de vencer la pieza. ¡De un gato hidráulico a una segueta, ciertamente hay una buena diferencia! Dado que la colisión nunca se ha dado, la conclusión no pudo ser otra que atribuir la rotura a la herramienta operada por un ser humano. Adicionalmente, por tratarse de un vehículo oficial, el cual se encontraba y se encuentra a cargo y bajo custodia de funcionarios del Estado, incluidos agentes de la Policía Nacional, el círculo de sospechosos y posibles autores incluye a tales personas.

En cuanto al caso del magistrado Velásquez, puedo decir que entrevista personas, porque esa es la función de un investigador y así deberían proceder todos y cada uno de los funcionarios que en Colombia hacen esta importante labor, lo cual pareciera molestar a la Sra. Rueda y a su fuente; reparte y supervisa el trabajo de los otros investigadores, porque en su calidad de Coordinador le asignaron esa función y de no hacerla podría incurrir en una falta profesional y disciplinaria. Ahora, que el magistrado Velásquez  ofrece incluir a los testigos en los programas de protección es otra más de las falsedades de la columnista y de su fuente, ya que sencillamente, la Corte Suprema de Justicia, no tiene programa de protección de testigos. Por último, reitero como lo han hecho ellos mismos en otros escenarios, que ninguno de los Magistrados y Magistradas que representamos ante la CIDH ha recibido regalos o aceptado invitaciones de las personas que usted, menciona.

Omite la Periodista, y eso puede hacer parte de la falta de rigor profesional, que el magistrado Velásquez fue objeto de un montaje por parte de alias Tasmania, quien inducido por personas vinculadas a un reconocido narcotraficante extraditado a los Estados Unidos, lo acusó de ofrecerle prebendas a cambio de acusar al Presidente de la República, todo lo cual fue objeto de investigación por parte de la Fiscalía, la que concluyó absolviendo al Dr. Velásquez y constatando el montaje y la integridad profesional del Magistrado Auxiliar.

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