Audiencia defensorial de víctimas en Urabá

Patricia Fernández Correa
Corporación Viva la Ciudadanía Regional Antioquia

Se realizó en la sede del SENA del municipio de Apartadó, Urabá Antioqueño, el jueves 28 de mayo de 2009, la primera Audiencia Defensorial de Víctimas, a solicitud expresa de la Asociación de Víctimas por la Restitución de Tierras y Bienes en Urabá. La audiencia fue convocada y presidida por la Defensoría Nacional del Pueblo en cabeza del señor defensor Vólmar Pérez, contó con la participación de más de 500 víctimas y organizaciones del conflicto armado, provenientes de Belén de Bajirá, Apartadó, Turbo, Chigorodó, Necoclí, Carepa, Mutatá, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Riosucio y Chocó, también de barrios, veredas y corregimientos como Los Córdobas, El Reposo, Currulao, Fundadores, Nueva Colonia, Primero de Mayo,  Barrio Obrero, Río Grande, Nueva Unión, Pueblo Bello, Palmitas, Nuevo Oriente, El Caimán, La reforma, Policarpa, Pabarándocito, El Tres, El Congo, Azote, la Teca, California, entre otras; igualmente, de autoridades regionales y locales como Procuraduría, Personería, Fiscalía, Policía, Ejército, Comisión Nacional de Reparación; Reconciliación,  Departamento Administrativo de Seguridad y con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones, Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, La Mesa Nacional de Victimas de Organizaciones Sociales y la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado.

El objetivo central de esta audiencia, era generar un mecanismo mediante el cual las víctimas puedan ser escuchadas por las autoridades, en particular por la Defensoría Nacional Pueblo, ya que en el ejercicio de reclamación se vienen presentando hechos de re-victimización, así mismo, buscando medidas de protección de la vida para las víctimas que reclaman sus tierras y derechos vulnerados. “Están asesinando a nuestros lideres por reclamar nuestros bienes” son las palabras de Carmen Palencia, presidenta de la Asociación al denunciar las muertes de Carmen Cecilia Santana de Apartadó, Ana Isabel Gomez del municipio de los Córdobas, David Gómez de San Pedro de Urabá y  Benigno Gil de Chigorodó.

Lucely Gutiérrez en representación y como vocera de la Mesa Departamental de Víctimas en Urabá, hizo un llamado perentorio a los entes del Estado para que protejan y restituyan los derechos de las personas, particularmente su derecho a la vida y a que se les devuelva lo que les fue arrebatado de manera fraudulenta: sus tierras y sus bienes en el marco del conflicto armado que vive Colombia. Resaltó además cómo la Corte Constitucional de manera acertada en su Sentencia T496 de 2008, obliga al Estado a garantizar la protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y paz, haciendo especial énfasis que en la evaluación de riesgo y en la decisión de las medidas aplicables a las víctimas se tenga en cuenta las obligaciones internacionales del Estado sobre la protección de la mujer contra todo tipo de violencia. Recordemos que lo que da origen a la sentencia de la Corte es una Acción de Tutela interpuesta por Iniciativa de Mujeres por la Paz de esta región, buscando garantía y protección de las víctimas en los procesos de reclamación de sus derechos.

La intervención del delegado de la Mesa Nacional de Víctimas enfatizó “La legislación e institucionalidad colombiana, no están diseñadas ni pensadas para los derechos de las víctimas; en el país se ha legislado para los victimarios” refiriéndose a ejemplos concretos como lo son: el hecho que en el país hay alrededor de 150 mil víctimas registradas ante la Ley de Justicia y Paz y sólo hay 80 Defensores Públicos encargados de representarlas jurídicamente; que la Fiscalía cuenta sólo con 9 unidades de Justicia y Paz en todo el país y una ley de víctimas en proceso de aprobación, que no fue construida desde la voz de las víctimas y que por el contrario va en contravía de los derechos de éstas.

En una treintena de intervenciones las víctimas de distintos actores armados, sectores y lugares de procedencia, exigieron al unísono en un reclamo valiente, contundente y angustioso por ser atendidos y  reparados, parten de que lo primero es ser escuchados por las instituciones del Estado, hasta ahora indolentes. Reclaman ser atendidos en condiciones de dignidad y en correspondencia a lo que son, sujetos de derecho.

El compromiso público del Defensor Nacional del Pueblo ante las víctimas reunidas en esta Audiencia Defensorial, sin precedentes en la región, fue: “Adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades pertinentes, en aras de garantizar los derechos de las víctimas, reclamados de manera justiciera”. Propuso la creación de un comité interinstitucional que permita activar un sistema de seguimiento a posibles riesgos de las víctimas, “Hacer una alianza estratégica entre las autoridades para que una ves se detecten las condiciones de inseguridad se pueda convocar rápidamente a las fuerzas de seguridad del Estado, para que se toman las medidas para salvaguardar  la vida de las víctimas. Una alerta temprana debe activar y comprometer a todas las entidades del Estado”. De otro lado, señaló que en Urabá no hay en la actualidad procesos de retorno, por problemas de seguridad y que éstos procesos sólo pueden darse en condiciones de seguridad y dignidad.

Nota: Este importante evento en Urabá se efectuó en la víspera de realizarse en Medellín el V Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, convocado por la Fundación Víctimas Visibles y la Universidad Sergio Arboleda, evento al que no fue invitada la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado que agrupa víctimas de todos los actores del conflicto y sectores de victimización y que tiene trabajo y presencia en las nueve subregiones del departamento de Antioquia. ¿Será por lo del nombre?

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