La tragedia del desplazamiento forzado se desborda en Bogotá

Maureén Maya
Investigadora Social

Hace 78 días, un grueso grupo de personas desplazadas provenientes de distintos departamentos de Colombia, recurrieron a la toma pacífica de la Plaza de Bolívar y del Parqué Tercer Milenio en Bogotá para hacer pública su lamentable situación y ejercer presión ante la falta de atención por parte del Estado colombiano. Hoy sólo cuentan con soluciones parciales que no responden a la complejidad de su realidad y con la amenaza de ser judicializados por haberse atrevido a desafiar la inoperancia, la corrupción administrativa y el incumplimiento de un Gobierno incapaz de cumplir con sus deberes constitucionales y de realizar la dignidad humana a la que aspira todo Estado Social de Derecho.

Las políticas públicas de atención a la población desplazada son insuficientes. Es la realidad, y prueba de ello es la lamentable situación a la que se han visto reducidas decenas de familias desplazadas que desde hace más de dos meses viven a la intemperie en Bogotá. Además de su victimización inicial, de haber padecido pérdidas humanas y materiales, la gran mayoría irreparables, y serias afecciones físicas y mentales a raíz de la violencia que se ejerció contra ellas, ahora enfrentan la indolencia de la ciudadanía, la miseria, el desconocimiento de sus derechos y el completo abandono por parte del Gobierno Nacional. De acuerdo con los principios de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, sus autos de seguimiento y lo que ordena la misma Ley 387 de 1997, se hace evidente una sistemática vulneración masiva de los derechos humanos y de los derechos fundamentales contenidos en la Carta Política Colombiana de buena parte de la población desplazada, haciendo al Estado responsable tanto por acción como por omisión  de esta tragedia humanitaria.

Las sentencias de la Corte no se cumplen, las tutelas falladas a favor de las víctimas tampoco se acatan, la falta de organización y de transparencia por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, de acuerdo a los testimonios de varios desplazados que dan cuenta de la pérdida de cuantiosos recursos económicos y de un trato inhumano por parte de los funcionarios de dicha entidad, demuestran que las respuestas institucionales obtenidas hasta el momento no sólo han sido insuficientes para garantizar los derechos de este sector victimizado, sino que revela la existencia de una red delincuencial que se lucra con la tragedia de millares de compatriotas en situación de vulnerabilidad extrema.

Ante los incumplimientos gubernamentales, las dificultades para hacer valer sus derechos, el desprecio a los fallos de la justicia y las constantes improvisaciones y malos manejos por parte del programa de atención a la población desplazada, varias familias decidieron tomarse de manera pacífica varios espacios públicos en la capital colombiana, para reclamar derechos esenciales, tales como vivienda, salud, realización de proyectos productivos coherentes capaces de garantizarles autonomía e ingresos dignos, prórrogas en las ayudas humanitarias y reparación integral dada su condición de víctimas del conflicto armado colombiano.

Tras varios intentos de negociación con entidades estatales y del Distrito, de postergar soluciones y aplazar encuentros en los que representantes de los organismos competentes, solicitaban a los líderes de los desplazados que regresaran una semana después, ignorando la precariedad de su realidad y las dificultades que representaba para ellos estos traslados internos y la carrera contra la muerte que a diario debían enfrentar al vivir a la intemperie en condiciones de insalubridad extrema y padeciendo el acoso de grupos delincuenciales, se hizo evidente la poca voluntad que existía por parte de los gobiernos Distrital y Nacional de ofrecer soluciones reales y definitivas a las familias desplazadas. En 78 días no se ha logrado la visita de la Secretaría de Salud al parque Tercer Milenio, pese a los numerosos reportes que informan sobre la crisis de salud que padecen tanto adultos como menores, de las enfermedades y denuncias públicas, y pese a los esfuerzos que en este sentido realizó el concejal de Bogotá Edward Arias Rubio. En todo este tiempo ni siquiera fue posible conseguir dos baños portátiles, prometidos por el Distrito, agua potable o abastecimiento de mercados, ni siquiera una ambulancia dotada de material de emergencia y medicamentos, de no haber sido por la solidaridad ciudadana, la crisis hoy sería aún mayor. Además, tampoco se ha logrado una reforma de fondo a las políticas públicas sobre desplazamiento forzado aún cuando el parlamentario David Luna quiso llevar el tema a debate en el Congreso de la República, CODHES, la Comisión de Seguimiento a la Población Desplazada y varias organizaciones sociales se sumaron a este proceso denunciando graves violaciones a los derechos de estas familias y el grave riesgo en el que se encuentran todas estas personas.

La negociación que nunca existió

El pasado fin de semana, el Distrito logró que los lideres de los desplazados firmaran un documento según el cual se comprometían a abandonar el espacio público y aceptaban su traslado a dos sedes temporales, a cambio de 400 empleos directos en obras del IDU para la construcción del nuevos tramos de Transmilenio, 400 apalancamientos, entrega de documentación de registro como cédulas de ciudadanía, pasados judiciales, libretas militares, etc., y mantenimiento de la mesa de negociación para la formulación de nuevas políticas a mediano y largo plazo que a partir de junio lograrán soluciones integrales a este fenómeno en todo el país.  Si bien el acta firmada no tenía ningún piso jurídico, y de los 1500 desplazados que integran este grupo, sólo un promedio doscientas personas aceptaron su reubicación, se quiso presentar ante la opinión pública la negativa de las mayoría de ellos a abandonar el parque como un acto de burla a las instituciones y de poca seriedad a la hora de negociar. Voceros de los desplazados argumentaron su decisión, declarando que  las pésimas condiciones de habitabilidad en los espacios asignados no respondían a sus demandas de reconocimiento de sus derechos, no se brindaban garantías de salubridad, y que el trato que recibían por parte de los entes de Gobierno eran indignos, y no reconocía su condición de víctimas del conflicto armado.

El defensor del Pueblo Volmar Pérez, quien se hizo presente en el Parque durante el día del desalojo, ofreció su acompañamiento a las familias desplazadas y entendió que el acuerdo suscrito entre las autoridades del Distrito y los voceros de los desplazados no se constituía en un acta de compromiso sino en un documento de intención, frente al cual, las personas afectadas tenían potestad para acatarlo o no.  La posición asumida por el Defensor del Pueblo ha sido completamente consecuente con sus funciones, y en ningún momento puede ser interpretada como una indebida injerencia como se quiso presentar a través de algunos medios de comunicación. En la Legislación Nacional se reconoce que: “La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco de un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista”, mediante la promoción, divulgación defensa y protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

“Querían sacarnos a mil para que los reyes venidos de España no nos vieran, y pensaban recluirnos en la antigua sede de la UPJ y cerca al matadero distrital en condiciones de insalubridad similares a las que padecemos acá, y yo creo que nosotros no nos merecemos ese trato inhumano, somos víctimas de la guerra no delincuentes. Por eso decidimos no obedecer este acuerdo que no compartimos, no estamos pidiendo limosna, no somos terroristas, lo que exigimos es que se respeten todos nuestros derechos y que el Estado acate las sentencias de la Corte, nada más”- afirma un vocero de los desplazados  residente en el Parque del Tercer Milenio.

La población desplazada pide que lo ordenado a través de la Sentencia T- 025 de 2004, del Auto 251 de 2008 de la Corte Constitucional sobre protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado y que las demás disposiciones legales sobre protección y orientación a la población desplazada sean reconocidos. “Pedimos vivienda digna, proyectos productivos competentes, reparación integral, apoyo psicosocial y programas de atención especial a madres cabeza de hogar”.

El Estado colombiano está en la obligación de reparar integralmente a las víctimas de violencia sociopolítica, entre ellas a la población desplazada, asignando una indemnización proporcional al daño causado por los crímenes de lesa humanidad padecidos, y en lo posible devolviéndolos al mismo, o aún mejor nivel de vida al que tenían antes de ser victimizadas y obligados a abandonar sus tierras, su entorno y todos sus referentes sociales y culturales. La reparación integral tiene como objetivo lograr la verdad sobre lo ocurrido, revelar los nombres de los autores materiales e intelectuales de los crímenes para promover la aplicación de justicia, resarcir a las víctimas a través de la restitución, la indemnización y la rehabilitación, bajo garantías de no repetición.

La secretaria de Gobierno Clara López Obregón, declaró que al Distrito le está tocando cargar con un drama cuya solución integral corresponde al Gobierno Nacional. Igualmente declaró que no es posible “tratar con gente que utiliza para conseguir sus fines las vías de hecho”. Sin embargo, como bien lo enseña la historia del país, es justamente a través de las vías de hecho como la población vulnerada ha logrado que sus derechos constitucionales sean reconocidos, pues la falta de voluntad política por parte de los organismos del Estado, la debilidad de la justicia para hacer valer sus fallos en este y otros casos, los constantes incumplimientos por parte del Gobierno en los acuerdos sucritos, han cerrado las opciones del diálogo y ha obligado a la búsqueda de canales de presión.

Las múltiples tomas realizadas por la población desplazada han tenido un carácter pacífico y aún así, en la mayoría de las veces*(ver recuadro), han sido brutalmente reprimidas por la fuerza pública. “Protestar, significa declarar o proclamar un propósito, expresar la oposición a alguien o a algo” y éste derecho ha manifestarse pública y colectivamente, se encuentra consagrado en las normas internacionales. Por tanto, resulta de extrema gravedad que Colombia continúe caminando por las sendas del autoritarismo y el represivo desconocimiento de los derechos civiles, ciudadanos y humanos, y  que bajo el delirante argumento de la seguridad nacional, se pretenda criminalizar a quienes hagan uso de su legítimo derecho a disentir y a hacerlo de manera pública, pacífica y colectiva.

En otra muestra de flagrante violación a los derechos fundamentales y de cuan proclive es el sistema democrático colombiano a la aplicación de políticas de corte dictatorial, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, acaba de anunciar que se interpondrán demandas penales ante la Fiscalía General de la Nación contra quienes promuevan tomas de desplazados en diferentes sitios de Bogotá, como las ocurridas en la Plaza de Bolívar, el parque Tercer Milenio y en otros puntos de la ciudad.

Es sabido que bajo dictaduras militares como las padecidas en el cono Sur y en otros países, todo tipo de manifestación fue prohibida y reprimida. No obstante, cuando se habla de políticas represivas bajo regímenes aparentemente democráticos, si resulta preocupante no sólo que se deba recurrir a la presión social para hacer valer derechos fundamentales, por demás consagrados en la Constitución Política, sino que además, esas legítimas expresiones sean judicializadas y reprimidas.

Cuando se hace más imperioso que nunca profundizar los espacios y expresiones de la democracia en Colombia, la política nacional marcha en contravía de ello y ahora pretende, a través de reformas políticas, constitucionales, de micos, prácticas burocráticas y clientelistas y de una coyuntura permeada por el populismo y la imposición de acciones de fuerza, ahondar nuestro déficit en Estado Social de Derecho y coartar libertades fundamentales lacerando aún más, las precarias relaciones entre Estado y ciudadanos.

Acciones de hecho

En el 2005, cerca de 300 desplazados realizaron la toma pacífica de la urbanización Riveras de Occidente en Bogotá.

El 12 de julio de 2006, un promedio de 150 personas, entre adultos y niños, provenientes de diferentes partes del país, se tomaron el parque central de Bosa, al sur occidente de Bogotá. Allí, en un albergue improvisado hecho con cartones y plásticos, vivieron 48 días hasta que fueron obligados a desalojar.

En septiembre de 2006 ocuparon las instalaciones abandonadas del antiguo matadero distrital ante el incumplimiento de los acuerdos suscritos en septiembre de 2005 por la Alcaldía Distrital. Más de cien personas fueron detenidas, entre ellas cuatro observadores internacionales según informó el medio alternativo Prensa Rural, y 26 más resultaron con heridas de consideración.

El 26 de marzo de 2008, cerca de veinte desplazados se tomaron pacíficamente la sede de Acción Social de la Calle 24. De allí fueron expulsados por el ESMAD y agentes de la fuerza pública; varias personas resultaron heridas, incluyendo menores y mujeres embarazadas; una de ellas, que llevaba cinco meses de gestación, sufrió un aborto a causa de los golpes recibidos por la Policía, según relatan los desplazados. “Hasta se pararon encima de los niños, rompieron computadores, quebraron vidrios, entraron fue a hacer destrozos y a sacarnos a las malas, eso no respetaron nada”.

En septiembre de 2008, 12 familias desplazadas tomaron posesión de un edificio de Bienestar Familiar ubicado en el barrio Santa Fe. Aún permanecen allí.

El 4 de abril de 2009, más de cien desplazados de tomaron la Iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá. El ESMAD logró introducir por las ranuras de la puerta gases lacrimógenos para obligarlos a salir.  Con un acuerdo de reunión con Acción Social y representantes de la Administración Distrital, Personería y Defensoría del Pueblo programada para el lunes 6 de abril, los desplazados abandonaron la Iglesia. La reunión se llevó a cabo  en la UAO de Puente Aranda, pero no se lograron acuerdos.

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