Ley de víctimas sin las voces de las víctimas: cuarto debate en plenaria de Cámara

Bárbara González Medina
Asesora jurídico político, Corporación Viva la Ciudadanía

El martes 2 de junio, en Plenaria de Cámara de Representantes, se discutió el cuarto y último debate el proyecto de ley 044/08 cámara- 157/07 –Senado- “por la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia”, hallándose dos ponencias, la del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Guillermo Rivera, y la de representante Conservador Humberto Mantilla.

En el debate estuvo presente el senador Juan Fernando Cristo, quien presentó el proyecto inicial, que responde en mayor medida el querer de las víctimas, y el ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio. Pero más importante aún, fue la participación de víctimas y organizaciones sociales de víctimas, que estuvieron atentas en las barras de Cámara, manifestando a través de pancartas, exposición fotográfica, mensajes y flores, su rechazo al proyecto de ley defendido por el Gobierno y su coalición. Llevándose a cabo en ese mismo momento, en la Plaza de Bolívar, un Plantón de mujeres reunidas a partir de las cinco de la tarde, dejando claro su rechazo al proyecto de la coalición uribista, que ad portas de ser aprobado, desconoce los derechos a la verdad, justicia y reparación, sobre todo de  mujeres y de población vulnerable como niños y niñas.

La sesión finalizó aproximadamente después de las diez de la noche, sin dejar establecido la ponencia base a votar, sin embargo, el debate estuvo nutrido con la presentación de las diferentes posiciones de los  representantes Rivera y Mantilla, y con la intervención de otros congresistas.

En el desarrollo de la discusión, se pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Germán Varón Cotrino, dos minutos para leer una de las cartas suscritas por seis mil trescientas víctimas que declaran su rechazo al proyecto aprobado por la coalición uribista.
 
Principalmente congresistas del Partido liberal, Polo Democrático Alternativo y representantes de minorías étnicas, apoyaron la ponencia del representante Guillermo Rivera. En este sentido el representante Germán Reyes del Polo Democrático Alternativo, leyó el comunicado de prensa de  la Mesa del Encuentro Nacional de Victimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, en que se manifiesta el rechazo al proyecto del Gobierno.
Básicamente representantes como Franklin Legro y Pedro Obando del Polo Democrático Alternativo; Gema López y Oscar Marín del Partido Liberal; David Luna del Movimiento Por el País que Soñamos; y  la Representante indígena Orsinia Polanco, señalaron en sus intervenciones la existencia de diferencias fundamentales entre los dos textos a discutir, siendo el proyecto del Gobierno el que no recoge  lo expresado por las cuatro mil víctimas que participaron en las nueve audiencias congresionales realizadas en varias regiones del país.

Advirtieron que dicho proyecto desconoce  la realidad de la problemática de las víctimas, al tratar de excusar la responsabilidad del Estado con la afirmación de la falta de recursos, alegando frente a esa argumentación, que la cifra invertida en las víctimas es mínima comparada con el rubro destinado a la guerra.

Igualmente anotaron que el Gobierno y el Ministro del Interior y Justicia deberían tener un alto grado de preocupación  con los pronunciamientos de las víctimas y con lo dictado por la Corte Constitucional, sobre todo en los casos de las víctimas de Estado; manifestando con ahínco su desasosiego por el futuro de éstas mismas. En este sentido, denunciaron la discriminación que genera el proyecto del Gobierno al establecer dos categorías de víctimas, “unas de clase A y otras de clase B”.

También declararon indignación por la presencia del Ministro en el recinto, concluyendo que se debería aprobar el proyecto que demandan las víctimas, porque no pueden ser inferiores al querer de quienes los eligen.

Específicamente la representante indígena Orsinia Polanco, destacó la falencia del proyecto en el proceso consultivo a las comunidades indígenas y afrodescendientes, violando la ley 21 de 1991 y el tratado internacional 169 de la OIT1.

El Convenio 169 de la OIT  sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado por la ley 21 de 1991, hace parte de Bloque de Constitucionalidad, que en armonía con los artículos 93 y 94 de la Carta Magna, protege y garantiza los derechos de los grupos indígenas a su territorio y a sus valores, para proteger su subsistencia como grupo humano. En sentencias como SU 039 de 1997, T 652 de 1998, C 418 de 2002, C – 891 de 2002, C 418 de 2002, C 891 de 2002 y C 620 de 2003, la Corte señala la necesidad de consultar a las comunidades indígenas, de acuerdo al artículo 330 de la Constitución. Tomado de  ALZATE, Vargas. Beatriz.  Sentencia C – 401 de 2005. Corte Constitucional. Convenios de la OIT como fuente principal en el orden interno. Medellín. 2005. Ps. 60 – 63.

El proyecto defendido por el representante Humberto Mantilla, fue respaldado por representantes como Carlos Enrique Soto del Partido de la U, Orlando Guerra del Partido Conservador y representantes de Convergencia Ciudadana. En sus intervenciones  argumentaron que nada era suficiente para reparar a las víctimas, avalando el análisis con perspectiva realista y no idealista, con el fin de considerar la viabilidad fiscal de la ley de víctimas.
También indicaron que a pesar del conflicto armado, Colombia es un país democrático y que el Gobierno tiene voluntad de reparar a las víctimas, afirmando que un ejemplo de ello, es el decreto 1290 de 2005,  apreciado por ellos como el primer instrumento jurídico que contiene un programa y un fondo de reparación a las víctimas.

El ministro Fabio Valencia Cossio, expresó que el Estado ha permitido a las víctimas de más de cuarenta años de violencia, la posibilidad de reclamar reparación por vía administrativa, un ejemplo de ello, es que la CNRR  ha trabajado con 228.000 víctimas, quedando demostrado que el actual Gobierno ha empezado a cumplir una deuda como ningún otro, siendo las víctimas prioridad desde el punto de vista de la solidaridad.

Afirmó que el Gobierno no ha trasgredido ningún acuerdo efectuado con las víctimas, organizaciones sociales de víctimas y congresistas, y en ese orden de ideas,  defendió la responsabilidad del Gobierno y de la coalición  en otorgar  reparación integral.

Frente a las divergencias existentes, señaló que éstas son de de tipo conceptual y de realismo, aseverando finalmente que el Gobierno seguirá trabajando en pro de las víctimas, pero que ojalá contando con la ley de víctimas del proyecto por ellos defendido.

En su intervención el representante Guillermo Rivera  solicitó a la Honorable Cámara de Representantes,  hacer una reflexión sobre el proyecto de ley de víctimas, considerado por él, el  más importante que ha llegado al Congreso, manifestando que el proyecto indicado es el que busca construir  cimientos verdaderos para la negociación y la paz.

Frente al tema de la reparación del Decreto 1290 de 2005 (1), el Representante Guillermo Rivera  indicó que este decreto  es insuficiente en materia de verdad, justicia y reparación, porque tiene presupuestos económicos limitados y no es incluyente con las víctimas de Estado, recordando, primero, que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al omitir el deber de garantías, y segundo, los millones de campesinos que han sido desplazados. Bajo ese contexto cuestiona el interés del Estado de reparar al soslayar los principios de reparación (2).

Con base en lo anterior, señaló que  el proyecto por él defendido, contempla un capitulo de restitución de bienes bajo la perspectiva de Patrimonio, obedeciendo a la Sentencia T – 085 de 2009, que postula la indemnización conforme al nivel de daño (3), aclarando que restitución es poner a las víctimas en el Estado en que se encontraban  antes de sufrir los atropellos y violaciones a los DDHH y DIH.

Señaló como cierto que el proyecto inicial, el discutido con las víctimas, hubiese recogido el decreto 1290 de 2005, pero aclara que dicha inclusión se hizo en un escenario de acuerdos, tomándose en cuenta la petición de insertarlo por el entonces ministro Holguín Sardi. Seguidamente aseveró que esos acuerdos logrados se rompieron en Casa de Nariño.

En ese sentido,  explicó que entre lo acordado con el Gobierno estaba un artículo sobre la gradualidad en la aplicación de la ley (4), y por esa razón, no es dable que ahora se argumente  la preocupación fiscal para la reparación de las víctimas.

El representante Humberto Mantilla expresó su beneplácito para que la situación de las víctimas se fijará en un contexto en que pudieran tener cada una un guardaespaldas, pero advierte que la realidad es otra, y es así que en todas sus intervenciones reflexiona sobre la necesidad de tomar en cuenta la realidad y el impacto profundo que en las finanzas del Estado, tendría una ley de víctimas basada en ideales, sobre todo porque implicaría una mayor carga contributiva a los ciudadanos. Por estas razones no convalida la edificación y defensa de proyectos idealizados.

Frente al patrimonio señaló el Representante conservador, la dificultad de ofrecerles a todas las víctimas lucro cesante y daño emergente, altercando que ningún país ha reparado  ciento por ciento a las víctimas.

Y aclaró que el proyecto inicial, el del senador liberal Juan Fernando Cristo, recoge en el articulo 135, el decreto 1290 de 2005, razón por la que no entiende el reproche de tenerlo hoy en cuenta para la reparación.

Frente al universo de las víctimas, las dos posiciones divergentes son, por un lado, los postulados defendidos por las víctimas y las organizaciones de víctimas, en la perspectiva de ampliación del universo  de víctimas, incluyendo a las de violaciones de DDHH y DIH por grupos ilegales y por agentes de Estado. Por otro lado, está la postura recogida en el proyecto del gobierno, que diferencia las victimas de grupos ilegales con las victimas de agentes de Estado, teniendo  éstas últimas que aportar una sentencia ejecutoriada para acceder a la reparación por vía administrativa (5).

En este sentido, el representante Guillermo Rivera manifestó su desconcierto en la acción del Estado de discriminar a las víctimas en razón de su victimario, afirmando no existir argumentos jurídicos para ello, generándose por el contrario, violaciones a disposiciones nacionales contenidas en el Código Penal e internacionales como la Resolución de las Naciones Unidas (6).

Contra argumentando al representante Mantilla, explicó que las resoluciones de la ONU son practica internacional, fuente de derecho y además hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y frente a la diferencia planteada por el representante Mantilla, en torno al grado de obligatoriedad entre las Sentencias de constitucionalidad y las sentencias de tutela, explicó que pronunciamientos reiterados por la Corte sobre un mismo tema tiene efectos vinculantes a los funcionarios públicos.

Igualmente manifestó indignación por la afirmación del representante Mantilla, de que el concepto de victima de DDHH y DIH es inconveniente, al contener en su definición una perspectiva de guerra.

El representante Humberto Mantilla, indicó que la Resolución de las Naciones Unidas  60/147, citada por el representante Rivera como instrumento jurídico para censurar el proyecto de ley del Gobierno, no es vinculante y no constituye Bloque de Constitucionalidad (7). Asimismo deslegitimó las sentencias citadas por Rivera, señalando que son Sentencias de tutela, explicando la diferenciación entre las Sentencias de constitucionalidad y las sentencias de tutela, siendo éstas últimas, no vinculantes para todos. (8)

Igualmente dispuso el comentario de no cargar el proyecto “como un árbol de navidad”, ya que según él se debe compaginar realidad del país con los contenidos de los estándares internacionales.

En el tema de la diferenciación de las víctimas, el Representante conservador, alterco que en un Estado Social de Derecho, la igualdad estriba en tratar a los diferentes de forma desigual, y que de esta forma, no es comparable la cifra entre “los diez mil o quince mil” que son las víctimas de agentes de Estado y “los cientos de miles” de los grupos ilegales. Por esta razón y  por el hecho de que el Estado no está para producir víctimas, defiende el requerimiento a las víctimas de Estado de contar  con una sentencia judicial.

Sobre la distinción de las medidas y ayuda humanitaria de las medidas de reparación, el representante Rivera indicó que el Estado no puede contabilizar lo otorgado en programas de atención humanitaria como reparación (9). En este sentido, fue interesante la intervención del Representante David Luna quien explicó que la Reparación se basa en el principio de responsabilidad, mientras la asistencia  se erige en el principio de solidaridad, indicando que confundirlos conllevaría a la ineficacia del proyecto.

Con respecto al tema de la memoria histórica, el representante Rivera afirmó que este Gobierno y la sociedad colombiana no pueden desconocer su historia, que por el contrario se debe reconocer la verdad y valorar la memoria con hechos simbólicos de remembranza. Considerando importante que el presidente Álvaro Uribe Vélez, pida perdón a las víctimas, sobre todo ahora que se cuenta con suficiente evidencia pública sobre los falsos positivos.

Finalmente el representante liberal Guillermo Rivera hace un llamado a las  conciencias de los congresistas, a las conciencias no sólo jurídicas sino a la de los seres humanos,  para que piensen en los millones de víctimas, y sobre todo para que las víctimas no pierdan la esperanza de que este Congreso no legisla a su favor.

Y el representante conservador Humberto Mantilla, finalmente señaló que su ponencia es  apoyada por unanimidad y salva al Estado de tener alguna respuesta frente a la reparación de las víctimas, respuesta que se basa en la realidad, es decir,  la viabilidad fiscal.

El próximo martes 9 de Junio, continuará el debate, antes de ser votado, el presidente de la Cámara, Varón Cotrino, debe decidir cual será la ponencia base.

Es de esperar que la numerosa presencia de las víctimas, sus movilizaciones, comunicados y actos simbólicos, en los que reiteradamente manifiestan no querer el proyecto de ley aprobado (el proyecto  de la coalición uribista) sean tenidos en cuenta por los congresistas y el Gobierno, porque pareciera que poco les importa las voces de las víctimas, al no considerar sus diversas manifestaciones y procesos, trasgrediendo sus intenciones y propuestas.

Esta situación  es cuestionable, sobre todo si se piensa en la democracia de este país, menoscabada no sólo con el desprecio a los procesos participativos de las víctimas y organizaciones sociales de víctimas,  también porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo desconocen principios y doctrina internacional de DDHH y DIH, como el principio de igualdad, el deber de garantías del Estado y el concepto de víctima.

Sin duda una ley de víctimas como la que propone el proyecto del Gobierno, re victimizaría a las víctimas de la violencia en Colombia, constituiría un proyecto que no gozaría de legitimidad ante la comunidad internacional, la comunidad nacional, las autoridad judiciales, etc., sería una ley inconstitucional; y aunque el Gobierno se esfuerce en justificar sus avances frente a la problemática social de las víctimas, frente a la tragedia humanitaria que constituyen, la realidad es que dejan a un lado lo más importante, su responsabilidad, la verdad , la justicia, la reparación y el derecho de no repetición.

Notas al pie

(1) Con el Decreto 1290 se crea el Programa de Reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la Ley. Estipula indemnizaciones a las victimas de grupos armados al margen de la Ley, en delitos de desaparición forzada, homicidio, secuestro, tortura, lesiones personales, delitos sexuales, reclutamiento de menores de 18 años; en el caso de desplazamiento la indemnización solo se puede invertir en vivienda. Tomado de la Cartilla Deliberación del estatuto de las victimas que se tramita en el Congreso. Herramientas para participar en el debate. Viva la Ciudadanía. Bogotá. 2008.
(2) En Sentencia T – 085 de 2007 la Corte Constitucional establece que desde la perspectiva constitucional, el contenido de los derechos a la verdad, justicia y a la reparación implican un conjunto de derechos fundamentales de las victimas. Derechos reconocidos y garantizados en Tratados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto.
(3) En Sentencia T – 085 de 2009, se estipula que “De este modo las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral del daño causado. Esta reparación debe ser plena y efectiva y comprender acciones (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) que distan de la asistencia social que el Estado tiene la obligación de brindar  de forma prioritaria por el hecho de ser los desplazados personas en estado de desigualdad y vulnerabilidad”. La reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional al daño sufrido y comprende la restitución de la persona afectada al estado en que se encontraba antes de la violación; la indemnización de los perjuicios ocasionados, de los daños físicos y morales, la rehabilitación de la víctima y la adopción de medidas de no repetición”
(4) El Representante Rivera aseveró que además se incumplió con los principios de buena fe, pro homine y con la creación de la comisión de la verdad en el tema de tierras, destruidos en reuniones organizados en la Casa de Nariño, reuniones que se hicieron sin ser informado.
(5) Reparación del decreto 1290 de 2005.
(6) Resolución de la ONU  60/147 del 21 de marzo de 2006, en ella dispone que no se puede discriminar a la victima conforme el victimario.
(7) La Corte Constitucional mediante el fallo de la sentencia C - 225 de 1995, empezó a hablar de Bloque de constitucionalidad. Tomado de: LOPEZ, Germán Alfonso. La justicia constitucional colombiana, ¿un gobierno de los jueces?. Editorial universidad Surcolombiana. Neiva 2005. P 143.
“El Bloque de Constitucionalidad se refiere  a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución”  Tomado de: ARANGO, Mónica. El Bloque de Constitucionalidad en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. En Revista Precedente. Anuario Jurídico. Universidad ICESI, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 2004. Cali. P. 79.
Existen declaraciones y principios desarrollados por importantes doctrinantes , cuerpos especializados, adoptados por organismos internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas,  que son normas del derecho internacional consuetudinario o doctrina autorizada, importantes para interpretar el alcance de las normas constitutivas del Bloque de Constitucionalidad y en ese sentido hacen parte del bloque mismo.
(8) “La Corte Constitucional goza, de autonomía para determinar los efectos de sus providencias”…”la orden impartida por el Tribunal Constitucional significa una ampliación, a todos los casos similares, de la decisión que ya había adoptado en el sentido de inaplicar un determinado precepto incompatible con los mandatos y postulados básicos del ordenamiento jurídico” Tomado de: Hernández, José Gregorio. Poder y Constitución. Legis. 2001, Bogotá. P. 77
Y en Sentencia T 292 de 2006 la Corte Constitucional señala que “Puede concluirse que la ratio decidendi de los fallos de tutela resulta vinculante para los jueces. La razón del valor vinculante de la ratio decidendi en materia de tutela, es asegurar la unidad en la interpretación constitucional en el ordenamiento y un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la ley, por parte de las autoridades judiciales, que asegure la seguridad jurídica”
(9) En Sentencia T – 085 de 2009 la Corte Constitucional estableció que “Esta Corporación “no puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado debe brindar de manera permanente a todos los ciudadanos, sin atender a su condición y la atención humanitaria que se presta de forma temporal a las víctimas en situaciones calamitosas, con la reparación debida a las víctimas de tales delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación brindada por estos”…
“…Y partiendo de la noción de reparación expuesta en el artículo 8 de la Ley 975 de 20053 expresó esta Corporación que “es evidente que los servicios sociales que se prestan a las víctimas, no corresponden a ninguna de estas acciones que buscan reparar las consecuencias nocivas del delito, por lo que no se puede entrar a establecer que hacen parte de la reparación y rehabilitación debidas a los afectados por la comisión de los delitos cometidos por los destinatarios de esta ley, ni recortar o excluir ninguno de sus componente, pues se desconocería su derecho a la reparación integral a la que aluden los numerales 6 y 7 del artículo 250 de la Constitución”.

 

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