A pesar del aval condicionado a Piedad Córdoba se puede abrir la opción a un nuevo acuerdo humanitario

Álvaro Villarraga Sarmiento
Presidente Fundación Cultura Democrática e integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Asamblea por la Paz y del Consejo Nacional de Paz.

El anuncio presidencial sobre la autorización condicionada para que Piedad Córdoba participe en la liberación de los miembros de la fuerza pública retenidos por las FARC, tiene de positivo que puede desentrabar las gestiones para viabilizar las liberaciones ofrecidas por las FARC y eventualmente de otras; podría dar lugar a la revisión de los términos por las partes en función del propósito humanitario ojala de forma discreta y con apoyo en facilitadores, pero a la vez, si se opta por posiciones y condicionamientos rígidos, o por realizar ultimátum con ánimo ante todo de la deslegitimación de la parte contraria, podríamos estar ante el fracaso de un posible nuevo acuerdo humanitario para conseguir pronto las liberaciones.

En consecuencia, vale recomendar al Gobierno Nacional, a las FARC y a todas las partes interesadas que en todo caso se trata con realismo es de reconocer la aproximación inmediata a unos términos de acuerdo satisfactorios para las partes. Por consiguiente, de fortalecer un espacio de búsqueda de consensos en torno a las salidas viables tanto de manera inmediata como con perspectiva a conseguir la liberación de todos los rehenes y secuestrados como la finalización de ésta práctica contraria al derecho humanitario por parte de las guerrillas.

Si bien el presidente Uribe autorizó a la senadora Piedad Córdoba a “participar en el acto de liberación” de los militares retenidos por las FARC, junto con delegados de la Iglesia Católica y del CICR, lo cual es un hecho positivo a abonarle, la condición de la liberación de los 24 militares aún en poder de ésta guerrilla y la entrega de los restos mortales de otros tres puede entenderse como una justa exigencia que merece respuesta inmediata, pero no debería ser motivo de obstaculización de la posibilidad de que se produzcan las liberaciones unilaterales ofrecidas por las FARC. Podría entrarse al terreno favorable de habilitar de inmediato las dos liberaciones anunciadas, pero a la vez de adoptar por parte de la guerrilla una decisión inmediata de disposición para facilitar la liberación colectiva de los demás afectados. Y en el mejor de los casos ampliar el número de liberados en este primer evento.

Ahora bien, el papel de los facilitadores internos e internacionales así como de la intermediación neutral humanitaria del CICR resultan de nuevo indispensables. Por consiguiente aunque el Gobierno ha sido explícito en señalar que el papel de la Senadora será limitado a la acción de la entrega, ello no debería entenderse como limitación u obstáculo para recurrir a las necesarias gestiones en búsqueda de apoyo en tal sentido, de forma que es preciso contar con acumulados importantes como los de Colombianos y Colombianas por la Paz, la Iglesia Católica y de ser el caso de otros actores, países e instituciones que brinden y sumen confianzas a las partes involucradas.

Es de resaltar como auténtica la actitud de la senadora Piedad Córdoba quien recibió positivamente la comunicación presidencial y mediante una carta le solicitó de inmediato una reunión al Presidente para “abordar las definiciones a fondo”, a nombre de Colombianos y Colombianas por la Paz. Ha sido clara en opinar que se trata de un avance no desestimable, de abogar por un tratamiento discreto del procedimiento, pero a la vez por disponerse a abrir los canales de entendimiento hacia el Gobierno dado su bien recibo en la facilitación del operativo y la exigencia de su presencia por las FARC.

Por supuesto que quedan escollos por resolver. Ha surgido la preguntan sobre si la propuesta oficial significa descartar la posibilidad del acuerdo de intercambio humanitario propuesto por las FARC, tema sobre el cual sin duda ésta guerrilla insistirá con fuerza. El buscar una aproximación al respecto en las actuales circunstancias debe partir de reconocer que es injustificable mantener indefinidamente a los cautivos y que tampoco resulta tolerable que las FARC pretendan definir a discreción e individualmente las liberaciones prolongando de manera general la situación de las víctimas y pretendiendo modular coyunturas con eventuales intereses de posicionamiento político que ya resulta injustificado a este nivel.

Las FARC deben entender que se ha resentido su posibilidad política con el generalizado repudio a las prácticas sistemáticas que mantiene contrarias a las normas humanitarias y con el rechazo creciente de la población y los sectores sociales y de opinión al uso de la violencia y a la guerra, de forma que no sería del caso pretender una negociación cerrada en aras de un acuerdo de intercambio de libertades como tradicionalmente lo ha propuesto. Podrían conseguirse ex carcelaciones, salida de los liberados al exterior sobre lo cual existen ofrecimientos de varios países y los que libremente lo deseen reintegrarse a la vida civil. Por su parte el Gobierno no debe descartar tales excarcelaciones, por supuesto por diversos factores su número será más discreto y en todo caso resultaría viable para posibilitar la liberación de todos los retenidos por las FARC si no impone unilateralmente sino que busca consensos sobre una fórmula de acuerdo con los apoyos necesarios.

En resumen, la experiencia colombiana reciente, no obstante los cambios en la relación de fuerzas en el conflicto armado que fortalece la parte estatal y ello mismo hace más difícil las posibilidades de reconocimiento e interlocuación para lograr acuerdos con las guerrillas, muestra que es posible y en determinados contextos necesario conseguir acuerdos y soluciones humanitarias en beneficio de aliviar la situación de las víctimas en medio de las hostilidades. Como aliciente a pesar del drama humanitario que persiste puede afirmarse que con todos los gobiernos recientes, durante las tres últimas décadas ha tenido que ensayarse tal camino. Así, durante los mandatos del presidente Uribe se produjo con el ELN la liberación de los extranjeros secuestrados en la Sierra Nevada de Santa Marta en el 2003 y estuvo a punto de firmarse el Acuerdo Base en el 2007 que ante todo recogía consensos humanitarios. Con las FARC ya se han producido tres acuerdos humanitarios puntuales, a partir de disposiciones de liberaciones unilaterales ofrecidas por las FARC que han propiciado fórmulas de resolución con apoyo en facilitadores internos e internacionales y la actuación humanitaria del CICR.

Por tanto, como se ha insistido en los últimos años, independientemente de las vicisitudes de la confrontación armada e incluso de las posibilidades y realizaciones o no de compromisos en términos del proceso de paz, se hace absolutamente necesario exigir el compromiso unilateral de las partes con los principios y normas humanitarias, pero también resulta del caso el recurso a los acuerdos especiales o humanitarios. No puede haber en principio razones políticas, militares o relativas al carácter del conflicto armado y de las características particulares de quienes participan en las hostilidades para dejar de hacerlo, como bien lo estipula el DIH. Asunto distinto, por supuesto, es el compromiso que nos asiste como ciudadanos para desterrar la violencia, oponernos y resistir a la guerra, rechazar sin ambages toda violación a los derechos humanos e infracción al derecho humanitario y conseguir la resolución de este conflicto armado tan deslegitimado, degradado y aislado, ojala ante todo por la vía política y la solución negociada con las dos agrupaciones insurgentes que en él persisten, precisamente para evitar los altos costos políticos, humanos, morales y materiales que la persistencia en la vía de la confrontación entraña.

Bogotá, D.C., 10 de julio de 2009.

 

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