¿Paramilitarismo hoy en Bogotá?

Luís Eduardo Celis
Coordinador del Programa de Política Pública de Paz de la Corporación Nuevo Arco Iris.

En las últimas semanas se ha vuelto a hablar del tema de la presencia y actuación  en Bogotá de grupos armados que intimidan, agreden y criminalizan a la población en varias localidades de la ciudad y ha surgido la pertinente pregunta sobre la naturaleza, motivaciones y finalidades de estos, lo cual no es un tema exclusivamente bogotano, más aún cuando desde muchas voces se afirma que a hoy, julio de 2009, el paramilitarismo, que conocimos agrupado en las AUC, ya no existe y que lo que hoy existe en por lo menos 110 estructuras armadas que operan en 18 departamentos son bandas criminales y estructuras de narcotraficantes que disputan rentas, negocio de narcotráfico y control de poblaciones, pero que nada tienen que ver con las complejas estructuras de crimen organizado con vínculos y funcionarios estatales, ni pretenden el control político, de sus antecesores, este es un interrogante sobre el cual hay que debatir y dilucidar en los próximos meses y que tendrá su “prueba de fuego”,esperemos que sin sangre, en el debate electoral en curso.

Sobre Bogotá, que es el tema de interés de este texto, hay que decir que como epicentro del país, siempre ha sido un escenario apreciado por todos los ilegales, por que desde aquí operan, planifican acciones, gestionan logística, sanidad, comunicaciones, hacen intercambios de muchas naturalezas y por supuesto han tratado de sentar controles territoriales con resultados más bien precarios, tanto desde las guerrillas como desde el “variopinto” mundo paramilitar, al respecto para un análisis histórico del período 1996-2006, ver el buen trabajo del investigador Bernardo Pérez, “El paramilitarismo en Cundinamarca y Bogotá”, que hace parte del extenso trabajo sobre “Para-política”, publicado por la Corporación Nuevo Arco Iris - http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO24/perez.pdf-.

El debate sobre la presencia “paramilitar” en la ciudad volvió a darse en marzo de 2008, cuando aparecieron amenazas suscritas por el grupo “Águilas Negras”, lo cual fue corroborado por una alerta temprana del SAT de la Defensoría del Pueblo que informaba sobre la presencia de estructuras armadas en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, en ese momento se amenazó a personas y organizaciones que participaron y promovieron la marcha del 6 de marzo, donde se evidenció la agenda de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, es una formidable movilización ciudadana. Luego de la movilización, empezaron a circular, en apartados sectores de Ciudad Bolívar y los Altos de Cazucá, hojas amenazantes con siniestros dibujos y agresivos mensajes destinados a anunciar que varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y algunos líderes sociales habían sido declarados como objetivos militares. Los volantes aparecen avalados por dos expresiones armadas: Águilas Negras presente y Bloque Metropolitano de Bogotá, y anuncian asesinatos y el seguimiento estrecho de sus actividades.

En su momento estos hechos de amenazas fueron evaluados por instancias del Estado como acciones de “grupos armados ilegales derivados de las autodefensas”, que tenían el propósito de crear un ambiente de incertidumbre, miedo e indefensión entre algunas personas y comunidades, de manera explicita las amenazas referían sobre la movilización del 6 de marzo; "Ustedes utilizaron dicha marcha para hundirnos más y poner a la gente en contra nuestra. Comenzaremos a matarlos", esto colocaba a las amenazas en el terreno de la intimidación de quienes habían asumido de manera publica la acción de exigencia de los derechos de las víctimas, de los sobrevivientes y de la sociedad que no tolera la impunidad ni repetición de tales procesos, lo cual es una situación nacional, hay intimidación y criminalidad hacia las víctimas, por su acción de exigencia, lo cual es el principal reto a afrontar por parte de quienes creemos que esto no se debe permitir.

En el mes de Julio de 2008, el concejal del Polo Democrático Alternativo Jaime Caicedo, promovió un debate en el Concejo de la ciudad sobre el tema del paramilitarismo en Bogotá, allí argumento “Lo primero a reafirmar es que el paramilitarismo no es un fenómeno superado y que persisten aparatos y siglas recurrentes, que operan a modo de razón social para operaciones clandestinas y acciones abiertas de demostración de poder; que constituyen violaciones flagrantes de la legalidad existente y amenazas de arbitrariedad para sectores específicos de la sociedad . Las informaciones del Sistema de Alertas Tempranas, de la defensoría del pueblo, SAT; de la Fiscalía, la Procuraduría y el Gobierno Distrital, demuestran que las denuncias y quejas continúan.”

En este debate el Concejal Jaime Caicedo, afirmaba que había presencia de estructuras “Paramilitares” en; Chapinero, San Cristóbal, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba.

Igualmente señalaba el concejal Caicedo que las lógicas de actuación tenían que ver con “forma de redes con implantación local, vínculos con el campo de la terciarización económica, el monopolio del comercio informal, los servicios de diversión, eufemísticamente llamados de “alto impacto” y los sistemas de “seguridad privada” piratas o informales.”  Igualmente se hace referencia en el debate al interés y propósito que poderes mafiosos y criminales tienen “de consolidar en Bogotá el lavado de activos por ser esta la ciudad que mejores condiciones brinda para ello, hay elementos que nos pueden mostrar que hay una gran actividad en ese sentido.”  Las afirmaciones del concejal Caicedo apuntan a lo ya reiterado en estudios e investigaciones en las últimas dos décadas; Bogotá no escapa del interés de estructuras criminales de operar en dinámicas legales o ilegales en la ciudad, lo que no queda resuelto es si a esto lo podemos denominar “Paramilitarismo” o es criminalidad organizada con fines políticos, pero sin la categoría de “paramilitar” o muy por el contrario, por su naturaleza y composición si debe ser denominada como tal.

En su momento, la bancada de concejales del Polo Democrático y otros concejales de otras bancadas, llamaban a la administración del alcalde Samuel Moreno a construir una política de seguridad y convivencia para el “respeto por el derecho a la vida, respeto por el DIH, respeto por las libertades públicas y los derechos humanos, en la ciudad”.

Nuevamente en este 2009 han vuelto las amenazas por parte de “grupos paramilitares” sobre organizaciones y líderes sociales, lo cual ha vuelto a colocar el tema en el debate publico y por supuesto el tema ha vuelto, como debe ser, al Cabildo Distrital, en dónde en la primera semana de junio se analizó el tema. En el debate el concejal Carlos Vicente de Roux afirmo: “Por el tamaño de la economía y la extensión de Bogotá es difícil que estos elementos criminales tengan un peso determinante en la vida de la ciudad a diferencia de Medellín o Cali, pero esto no quiere decir que no exista”, y la secretaria de Gobierno de la ciudad Clara López, reconoció en respuesta a un cuestionario que hay un interés de lo que ella llamó el “Poder Mafioso”, por consolidar en Bogotá el lavado de dinero, y a través de ello se han incrustado en varios negocios, Entre esos, sobresalen el de la construcción, los casinos, moteles finos, venta de automóviles con facilidades de crédito inusuales, venta de minutos a celular en las centrales de abastos y frigoríficos.

“Varias de las muertes por encargo ocurridas en Bogotá desde el año 2005 y hasta el 2008 han sido por ajustes de cuentas entre los paisas y los llaneros, aunque parece que hoy han ido perdiendo su carácter de paramilitares para consolidarse más como mafiosos (narcotraficantes) con sus testaferros”, dijo la secretaria de Gobierno Clara López en respuesta a las preguntas enviadas por los concejales.

En el debate los concejales dieron como ejemplo, el caso específico de las “Águilas Negras”, un grupo emergente de paramilitares que hacen presencia en varias localidades, dónde imponen horarios para la circulación de la gente y reclutan a jóvenes para engrosar sus filas.

“Este es un nuevo paramilitarismo politizado y sin mayores vínculos con el tejido social que ataca y amenaza a quienes se animan a denunciar abusos y a exigir verdades dentro del proceso de Justicia y Paz”, dijo el concejal Carlos Vicente de Roux.

Entre los argumentos que se dieron en el debate en el Concejo, en el mes de junio, se colocó el dato sobre como Bogotá recibe el 10 por ciento de los desmovilizados de todo el país, cerca de 5.000 ex paramilitares, venidos de muchas zonas del país.

El concejal Antonio Sanguino terció en el debate afirmando; “No se puede exagerar, no hay paramilitarización de la sociedad bogotana y presentarlo así distorsiona las políticas públicas que se formulen para la ciudad”, lo cual nos coloca nuevamente en el interrogante sobre la naturaleza de este proceso, que bien puede llevar al interrogante de si son organizaciones o procesos más bien desarticulados.

Nuevamente aparecen los informes del SAT de la Defensoría del Pueblo, en los que se referencian hechos en sectores aledaños a Bogotá como: Altos de Cazucá en Soacha, y en localidades de la capital como Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme y Suba; en barrios como Luís Carlos Galán, La Isla, Oasis, Altos del Pino, Ismael Perdomo, Jerusalén, Arborizadora, Lucero, El Tesoro y San Francisco.

“Un factor que agudiza el riesgo para la población civil es la existencia de contradicciones entre las propias estructuras paramilitares y las disputas entre grupos y facciones rivales por detentar y/o ampliar el poder, el reacomodamiento de cuadros medios y bajos, la lucha por los territorios y corredores estratégicos, por las fuentes de financiación y en los ajustes de cuentas que provocan enfrentamientos entre grupos grandes y pequeños”, dice la Defensoría en una alerta temprana emitida el 31 de mayo del año pasado sobre la presencia de estos grupos en Soacha y Bogotá.

El tema está planteado y corresponde a las autoridades distritales y nacionales afrontar los hechos de intimidación y criminalización contra la ciudadanía bogotana y al mundo académico dilucidar que es lo que hoy existe en Bogotá y el país; si son bandas criminales, bandas de narcotraficantes, continuidad del paramilitarismo o un neoparamilitarismo, los dos retos están ahí, acción legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y combatir el crimen, independientemente de su naturaleza y al mundo académico dar buenas y rigurosas argumentaciones.

 

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