La lucha de la Corte Suprema de Justicia en contra de la Impunidad

 

 

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Una verdadera batalla viene librando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para tratar de garantizar los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad al tiempo que busca brindar justicia doblegando la tradicional impunidad existente en Colombia y sobre todo cuando se enfrenta al Gobierno de Uribe que busca proteger a sus aliados políticos.

Para poder garantizar un mínimo de condiciones tanto para la investigación como para brindar justicia la Sala Penal ha tenido que enfrentar su propia jurisprudencia que en muchos aspectos, en vez de brindar expeditas condiciones para la investigación y para brindar justicia, se convierte en un obstáculo para el logro de la misma. Así por ejemplo, la autorización que concedió para la extradición de los 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos se ha convertido en un obstáculo para el avance de las investigaciones contra las redes de políticos, empresarios y miembros  de las fuerzas armadas que constituyeron su base de apoyo en Colombia durante los últimos 20 años. La ofrecida colaboración de las autoridades judiciales norteamericanas no sólo no se ha presentado sino que las autoridades carcelarias de ese país han entorpecido toda posibilidad eficaz de colaboración con la justicia con lo cual, los principales beneficiarios son los socios que estos criminales tuvieron en Colombia y las personas perjudicadas son las víctimas que no sólo no tendrán justicia sino mucho menos acceso a la verdad y castigo para las acciones y los crímenes de lesa humanidad cometidos en  Colombia. Por ello la Sala Penal tuvo que revisar su propia jurisprudencia que había mantenido la peregrina teoría de que solo revisaría las solicitudes de extradición en sus formas y no en sus contenidos. Hasta ahora no ha autorizado dos solicitudes de extradición contra mandos medios de los grupos paramilitares argumentando que no habrá extradiciones mientras no se castiguen los delitos de lesa humanidad en Colombia y mientras no se repare a las víctimas. Este cambio de jurisprudencia es vital puesto que hasta ahora se venía dando prelación a los delitos de narcotráfico para autorizar las extradiciones mientras que los delitos de lesa humanidad y las víctimas se subordinaban a los intereses de los Estados Unidos en su fracasada lucha contra las drogas.

Así pues que las autoridades de Colombia y sobre todo las autoridades de los Estados Unidos deben tomar nota de que la Corte Suprema de Colombia no autorizará más extradiciones mientras que los criminales no respondan por sus delitos de lesa humanidad en Colombia. En verdadera justicia los extraditados jefes paramilitares deberían ser repatriados a Colombia para que respondan por sus miles de crímenes aquí. Sabemos que esto no ocurrirá, pero, aún sea tardía la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema camina en la dirección acertada así sea un poco tarde para esclarecer tantos y tan graves crímenes.

Una segunda enmienda a la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia acaba de ocurrir en fallo del primero de septiembre del año en curso. Allí la Corte señala que la interpretación del fuero de los parlamentarios debe entenderse de manera diferente a como ella misma había interpretado la Constitución Política. En efecto la Sala Penal siempre había interpretado que un parlamentario podía renunciar al fuero para que no lo investigara la Sala Penal de la Corte sino la Fiscalía General de la Nación. Con ello permitió que durante los últimos dos años 45 parlamentarios investigados por ella renunciaran al fuero y buscaran mejores condiciones en la Fiscalía General en donde todos estos procesos corren el riesgo de precluir por falta de voluntad de los fiscales y de los jueces y además porque en la Fiscalía muchos de ellos tienen cuotas regionales o porque muchas seccionales de este organismo se han puesto al servicio del crimen como ha sucedido en Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Norte de Santander o el departamento del Cesar para sólo mencionar algunas que los propios entes de investigación y la propia Fiscalía han tenido que reconocer de su profunda cooptación por los poderes clientelistas y los poderes mafiosos. La Corte Suprema reaccionó frente al caso de José Eulises Torres, flamante investigador en la Comisión de Absoluciones de la Cámara, en algunos casos de denuncia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Torres quiso renunciar a su fuero para que lo investigara la Fiscalía General que por lo demás no muestra resultados positivos en el esclarecimiento de los casos sometidos a su consideración. Ante el riesgo altísimo de impunidad que rodea estos procesos y ante la claudicación moral y política del Gobierno de Uribe la Sala Penal reaccionó cambiando su jurisprudencia y estableciendo de manera correcta según nuestro punto de vista de que el  fuero parlamentario es irrenunciable. Con esta nueva interpretación 19 de 20 casos que tenía la Fiscalía general de la Nación regresan a sus manos. Allí estarán nuevamente los casos de Luís Humberto Gómez Gallo o el caso del primo del presidente Uribe, Mario Uribe Escobar como también el caso de Álvaro Araujo Castro. Tardíamente ha reaccionado la Corte ante la falta de eficacia de la Fiscalía General de la Nación, pero, en sus manos se retomara la unidad del expediente y además la posibilidad de seguir interrogando a los paramilitares en la investigación en curso. Es bueno que el máximo tribunal de la justicia penal en el país reaccione así incomode a los furibistas que creen y practican que el fin justifica el uso de todos los medios.

Finalmente y como lo habíamos solicitado decenas de organizaciones sociales dentro de ellas la Corporación Viva la Ciudadanía, la Corte Suprema devolvió la terna amañada que Uribe había enviado para que ella eligiera al Fiscal General de la Nación. La composición de la misma lo que buscaba era extender el principio de la impunidad para los familiares del presidente Uribe y para todos sus aliados políticos a quienes se les ha comprobado nexos con los grupos criminales del paramilitarismo. Uribe atornilla respaldos políticos  para su reelección ofreciendo extender la impunidad para sus aliados con tal de que le aprueben todos sus proyectos antes de que vayan presos según sus propias instrucciones. Lo que buscaba con esta terna de bolsillo era simplemente garantizar la impunidad para las acciones bajas que anunció Andrés Felipe Arias para lograr esta segunda reelección como lograron la primera. En buena hora la Corte Suprema desvió la terna para que esta sea confeccionada con penalistas de veras independientes. Esto en manos de Uribe es casi imposible, pero, el gesto de la Corte lo que busca es que no se entronice ni patrocine la impunidad desde el ejecutivo como se viene haciendo de manera impune desde hace ya siete años desde la Casa de Nariño.

La lucha de la Corte Suprema por doblegar la impunidad merece todo nuestro respaldo y nuestra movilización en su defensa ante el recrudecimiento de las amenazas contra sus integrantes.

Bogotá Septiembre 18 de 2009.

 

 
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