Ataque a la Corte o defensa de los abusos del Ejecutivo

 

Carlos Rodríguez Mejía
Consultor en Derechos Humanos. Profesor Universitario e Integrante del Equipo Jurídico CUT-CTCà

Las relaciones entre el Gobierno de Uribe y la Corte Suprema de Justicia, en particular con la Sala Penal o con las decisiones que esta ha proferido, han sido tormentosas y signadas por los ataques del Gobierno, en especial del Presidente y de sus más cercanos corifeos.

En febrero de 2007 la Corte expidió órdenes de captura para escuchar en indagatoria a varios personajes de la vida política vinculados al Gobierno y algunos con vínculos personales y políticos estrechos con el presidente Uribe, y ya entonces se dejó sentir alguna inquietud por las actuaciones de la sala penal.

Pero la verdadera explosión en contra de esta sala se dio cuando en julio de 2007, profirió una decisión en la que negaba que los delitos cometidos por los paramilitares pudieran ser considerados como delitos políticos. Previamente el presidente Uribe había pedido al magistrado Valencia, quien presidía la Corte Suprema, que hubiese comprensión y argumentó razones de Estado para propugnar por la consideración de delincuentes políticos a los paramilitares y, de esa manera, poder amnistiarlos o indultarlos (Arts. 150. 7 y 201 de la Constitución).

La reacción presidencial fue virulenta y agresiva. Acusó a la Corte de fallar con un sesgo ideológico, de ser enemiga de la paz y proclamó que la independencia de la Corte era relativa. En abierto desafío a lo resuelto, el Gobierno anunció que tramitaría un proyecto de ley para que los paramilitares fueran juzgados por sedición, una modalidad del delito político.

El entonces Presidente de la Corte se defendió y enfatizó en la imparcialidad del tribunal, en las razones de la decisión y en la independencia del Tribunal, sólo limitada por la Constitución y la ley. Salió a la palestra el ministro Holguín, quien por un momento se despejó y abandonó su somnolencia pertinaz, y dijo que la decisión era una retaliación de un Magistrado contra el presidente Uribe.

Luego vino el montaje que se pretendió hacer contra el magistrado Auxiliar Iván Velásquez, encargado de coordinar las investigaciones sobre la parapolítica1, en la que inducido por un abogado cercano al narcotraficante conocido cono “Tuso Sierra”, y a Mario Uribe y a Santiago Uribe, parientes del Presidente de la República, se urdió la maniobra de que un paramilitar apodado Tasmania, dirigiera una carta para alertar de que Velásquez le ofrecía prebendas para que inculpara al presidente Uribe de la comisión de graves delitos.  Luego de investigar la Fiscalía desestimó el asunto, en vista de que Tasmania se retractó y contó la maniobra. Lastimosamente las investigaciones no prosiguieron –o no tenemos noticia de que así haya sido- para establecer quien o quienes estaban detrás de la patraña.

Pero de todos modos eso dio lugar a llamadas del Presidente quien en medio de sus reclamos también le preguntó al magistrado Valencia, todavía presidente de la Corte, sobre el senador Mario Uribe, su primo y aliado político, quien acababa de ser llamado a indagatoria por la Sala penal, después de encontrar serios motivos para vincularlo a un proceso penal por sus nexos con los grupos paramilitares2. Pese a las explicaciones, la Presidencia expidió un comunicado de 8 de octubre de 2007 denunciando que era víctima de un intento de involucrarlo en violaciones a la ley penal. No hizo lo mismo cuando la Fiscalía concluyó la investigación y descubrió la maniobra de la que Tasmania era apenas un instrumento; al contrario, el Presidente ha manifestado su inconformidad con el resultado de la investigación.

Pero la cosa no paró allí, el Presidente, aprovechándose de su investidura, utilizó a las cadenas privadas de televisión y dio declaraciones los días 9 y 11 de octubre, y acusó a la Corte de impartir una justicia “golpista contra el Estado de Derecho” e increpó de manera personal al Magistrado que presidía la Corte ( Dr. Valencia), para que dijera cuántos familiares tenía colocados en la administración de justicia, para sustentar su afirmación de que había tráfico de influencia e intercambio de favores entre los Magistrados de la Corte, la Fiscalía y la Procuraduría. En el caso de Valencia la acusación resultó falsa y pese a ello el Presidente nunca ha rectificado. El Presidente no se ha contenido y ha acusado a la Corte de ser instrumento del terrorismo.

La Corte ha vinculado más de 35 congresistas a las investigaciones sobre la parapolítica, la inmensa mayoría de los partidos que apoyan al Presidente,  y a varios altos funcionarios como el ex director del DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República.

Los senadores y representantes recurrían a una artimaña para escaparse de las investigaciones de la Corte y renunciaban a su condición de congresistas para que dejara de cobijarlos el fuero constitucional (Arts. 186 y 235), según el cual los delitos que cometan los congresistas serán conocidos por la Corte Suprema de Justicia y, de esta manera pasaban a ser investigados por la Fiscalía. Obviamente, para quienes tienen poder en las regiones y aún a nivel nacional, resulta más fácil presionar a los fiscales de sus localidades y de Bogotá y a los jueces a quienes les correspondía su juzgamiento, que a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese era la estrategia y por eso salían corriendo a las manos de la Fiscalía.

Sin embargo, la Corte que durante mucho tiempo aceptó este tejemaneje, rectificó y consideró que el fuero estaba instituido a favor del órgano legislativo y para garantizar la independencia y continuidad de sus funciones; no de la persona, y que por esa razón  y también por respeto al “principio del juez natural”, no podía aceptar el “cambio de competencia atendiendo tan sólo a la voluntad del implicado de sustraerse al juez constitucionalmente preestablecido para investigar y juzgar su conducta3”.

Pese a lo que se ha dicho, la decisión de la Corte implica que en cada caso se debe estudiar si le corresponde seguir con el conocimiento del asunto o apartarse de él, pues la Constitución prevé dos hipótesis: cuando el congresista está en ejercicio del cargo le corresponde conocer de todos los procesos penales en que resulte involucrado el miembro del Congreso como sujeto activo (Art. 186) y cuando cesa en el ejercicio del cargo “sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas” (Parágrafo del Art. 235).

El DAS, la Fiscalía y el complot contra el Gobierno o la forma de ocultar el sabotaje las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales.

En febrero de 2008, el informativo de televisión “Noticias Uno” divulgó una grabación de una conversación telefónica sostenida entre el presidente Uribe y el magistrado Valencia, entonces presidente de la Corte.  A raíz de tal hecho, se denunció la posible interferencia ilegal de las comunicaciones de la Corte y de sus integrantes. Posteriormente, algunas anomalías percibidas por varios magistrados y por algunos de los investigadores encargados de la cuestión de la parapolítica, hicieron que en los primeros días de mayo de 2008, se denunciara la posible interceptación telefónica y los seguimientos por parte del DAS, a lo cual la entonces directora del organismo reaccionó negando el hecho.

De ahí en adelante se hicieron informes en los medios de comunicación en los que se revelaba el alcance de las interceptaciones, conocidas popularmente como “chuzadas” (por ejemplo, Revista Semana del 23 de febrero de 2009).  Se llegó al DAS, la Fiscalía allanó sus instalaciones y se abrieron procesos contra varios funcionarios y ex directores de la entidad, todos ellos nombrados por el presidente Uribe.

Se puso al descubierto una amplia operación para interceptar y seguir a magistrados, opositores políticos, defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo funcionarios internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

El escándalo se sumaba a las denuncias que desde antes había hecho un ex director de informática del DAS, quien contó como el organismo hacía listas de sindicalistas y otros opositores, se las pasaba a los paramilitares para que estos los asesinaran.

La táctica gubernamental no se hizo esperar. Después de que los medios de comunicación dieron a conocer una conversación interceptada, en la que intervienen el magistrado Velásquez y un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, el Gobierno, seguramente con información previa, dice que no es el DAS, exhibe el concepto de un contratista suyo, al parecer de nacionalidad rusa, que dice que esa grabación no la pudo hacer el DAS y entonces hablan de un complot para desprestigiar al Gobierno.  Se desenrolla la madeja y se descubre que efectivamente el teléfono del Dr. Velásquez, investigador estrella de la parapolítica en la Corte, ha estado interceptado por la Fiscalía.

Punto aparente para el Gobierno, pues eso permite decir a sus voceros y áulicos que se comprueba la conspiración contra el Gobierno, pues no sólo le endilgan lo que hace sino que le atribuyen los que no hace, para ponerlo en la picota pública, sobre todo ante la comunidad internacional.

Pero al ahondar en el tema se pone al descubierto el plan para sabotear las investigaciones sobre las actuaciones ilegales e ilícitas del DAS: por un lado se descubre que detrás de uno de los denunciantes  está un oficial del Gaula4 del Ejército, que el fiscal ordena –siendo dudosa esa facultad que debe corresponder al juez-  la interceptación sin verificar a quién pertenece el teléfono, que la agente que escucha se da cuenta que nada tiene que ver alias “Iván” – en realidad el magistrado Iván Velásquez- con la supuesta extorsión y pide que se levante, que así se ordena y justo al día siguiente llega otra orden para interceptar el número del magistrado Velásquez, que si hubiere llegado el día antes hubiera sido rechazada por el sistema que no admite dos órdenes de interceptación simultaneas, esta vez con intervención de la Policía.

Está claro que no se trató de un accidente sino de una operación orquestada y preparada por conocedores de los protocolos de intervención y que al menos, uno de los propósitos era avalar la teoría del complot contra el Gobierno para encubrir los hallazgos en el DAS y, claro, poner a salvo a los autores mediatos, que seguramente anidan en la Casa de Nariño.

A eso conduce el autoritarismo, el deterioro del Estado de Derecho y el desprecio por la democracia. En esas están empeñados Uribe y sus amigos. Nos toca reaccionar y tratar de rescatar la Constitución y reconstruir la democracia en Colombia.

à Las afirmaciones hechas en este artículo no comprometen a ninguna institución. Son responsabilidad exclusiva del autor.

1 La expresión parapolítica se usa en Colombia para designar los nexos entre dirigentes políticos y grupos paramilitares, que han tenido por objeto desde la rapiña de los presupuestos públicos, hasta las actuaciones para obligar a votar por un determinado político, pasando por otros actos delictivos.

2 El Presidente Uribe ha negado que hubiese preguntado por la suerte de su primo y como Valencia no se retractó, lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, órgano político compuesto en su mayoría por congresistas que apoyan al Gobierno. En la fecha en la que se escribe esta nota el proceso penal no ha concluido.

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso de Única Instancia 31.563, aprobado por Acta No. 276, 1 de septiembre de 2009.

4 Grupo especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro.

 

 
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