Corte Constitucional exige a las autoridades gubernamentales restablecer los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado

 

Mónica Rueda Molina
Corporación Viva la Ciudadanía

La Corte Constitucional convocará a representantes del Gobierno Nacional, gobiernos departamentales y municipales, a una audiencia para definir responsabilidades sobre la atención a población desplazada. Este llamado de la Corte pone en el centro del debate el desempeño del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis en atención a las víctimas, dado que los grandes programas que lideran acciones de este carácter se concentran en Acción Social y Familias en Acción.

La ausencia de una política claramente reglamentada y el conflicto de intereses para la asignación y ejecución de recursos de inversión estatal que enfrentan las entidades territoriales afectadas, aumenta la emergencia. Hoy los programas y proyectos implementados no garantizan el goce efectivo de derechos de este grupo de colombianos. Este vacío institucional obedece a la desarticulación entre el ente nacional y los territoriales. La Corte indica en el auto 177 de 2005 que hay "un bajo compromiso de las entidades territoriales en la de destinación de recursos" y plantea la importancia de lograr una adecuada coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales.

La severidad del problema en las regiones es producto de la respuesta inefectiva del Gobierno Nacional ante la ausencia de una claridad legal, la exclusión en las agendas de los gobiernos locales y las limitantes presupuestales de las entidades estatales, entre otras, obligan a los territorios afectados a dialogar acerca de los impactos de las políticas bajo las cuales enfrentan esta crisis. Por esta razón, departamentos y municipios del país convocados a través de la Red Nacional de Planeación Local y Presupuestos Participativos están desarrollando una agenda de trabajo para reflexionar sobre las políticas de atención a población desplazada. Las discusiones se realizan en la Secretaría de Gobierno de Bogotá con representantes de Nariño, Barrancabermeja, Ocaña, Yumbo, Bogotá, CODHES y la Comisión de seguimiento a la política pública frente al desplazamiento forzado. Así mismo, a estos talleres se continúan sumando alcaldías y gobernaciones interesadas en establecer claridades y responsabilidades, tales como Cauca, Santander, Bucaramanga y Pasto.

Las conclusiones más importantes de esta primera agenda nacional corresponden a los diagnósticos expuestos por las autoridades locales estando en el fondo de la discusión las responsabilidades fiscales y la escasa corresponsabilidad del Gobierno Nacional. Entre ellos, dos realidades distintas: Ocaña, municipio de sexta categoría y Barrancabermeja, municipio petrolero; que reflejan las disparidades en el orden fiscal de los municipios afectados para atender el desplazamiento forzado.

Para el caso de Ocaña, se cree que cuentan con alrededor de quince mil personas desplazadas. Este es un municipio receptor que diariamente registra 5 familias que se atienden bajo ayuda humanitaria de emergencia; adicionalmente tienen presencia de población indígena que se rehúsa a ser atendida por su condición transitoria. No cuentan con capacidad instalada para prevenir desplazamiento ni capacidad para garantizar el retorno. Sólo han logrado la aprobación de un cupo de endeudamiento  de 1.400 millones de pesos para construir 100 viviendas en beneficio de familias desplazadas. Están cofinanciando un proyecto de 80 viviendas nuevas con una asociación de desplazados. En conjunto con la gobernación y OIM entregarán como subsidio complementario de vivienda 500 mil pesos a un grupo de 20 familias más e incluso sin el acompañamiento de Acción Social, afirma el alcalde municipal, Yebrail Hadad Lineros.

La implementación del programa Familias en Acción le cuesta al municipio 150 millones anuales de recursos propios. Y la Red Juntos, 102 millones anuales, sin resultados tangibles. A través del Plan de intervenciones colectivas implementan actividades de salud pública con enfoque diferencial. En educación garantizan la gratuidad, transportan diariamente cuatrocientos niños y niñas desplazados hacia la escuela y tienen restaurantes escolares para todos los menores que están dentro del sistema adjunto con un programa de bilingüismo para doscientos cincuenta estudiantes y cuatrocientos niños insertos en programas culturales.

En seguridad alimentaria, los acompaña el ICBF y el Programa Mundial de Alimentos en la atención a doscientos cuarenta y cinco niños y niñas atendidos y se mantiene un rubro específico para la ejecución del PIU. Los recursos se invierten en: suministros alimenticios, esfuerzos en infraestructura, empleo, traslados, generación de convenios para facilitar microcréditos con apalancamiento. A pesar de todos los esfuerzos, el Alcalde plantea la importancia de aplicar el principio de solidaridad entre municipios receptores y expulsores. Trabajar alrededor de la sensibilización social ante las barreras entre los desplazados y la ciudadanía en general pues éstos no ejercen una participación activa en los espacios de participación. El Alcalde de Ocaña así mismo señaló que los recursos de Acción Social son insuficientes para la atención integral.

Por otra parte, Barrancabermeja, municipio mayormente receptor que invierte aproxidamente 1.130 millones de pesos anuales en proyectos de formación, fortalecimiento, funcionamiento y asistencia humanitaria a población desplazada está concentrando todos sus esfuerzos en diferenciar incluso la atención con programas más específicos dirigidos a madres cabeza de hogar y jóvenes. En el caso de este municipio, se está brindando apoyo a familias en retorno o en reubicación. Adicionalmente, apoyan procesos de formación profesional, proyectos productivos y apoyo con enfoque diferencial a población desplazada en condición de discapacidad. En esta zona, los indígenas y afrocolombianos también se benefician al igual que los adultos mayores en esta situación.

Para complementar la atención, la UAO de Barrancabermeja en el año anterior se fortaleció con la remodelación y dotación de las oficinas y también cuenta con un proyecto específico de asistencia humanitaria de urgencia para todos los pobladores y pobladoras que llegan del Magdalena Medio. El Gobierno local implementa éstas acciones en conjunto con organismos de cooperación internacional.

Cómo van las agendas

Tal como lo indica la sentencia T- 025 de 2004, la Corte Constitucional persiste y le solicita al Gobierno Nacional que corrija las omisiones de las autoridades responsables en prestar esta atención; entre estas, fijar criterios para la aplicación de normas que cobijen a los desplazados y brinden protección real a las víctimas.

El 25 de septiembre del presente año, el periódico El Tiempo publicó un artículo informando a la opinión pública sobre los resultados del balance de gestión del Gobierno Nacional. Según el diario, el resultado fue negativo. Señala la pasividad del Estado y pone sobre la discusión que "la tragedia de los desplazados había sido atendida con pañitos de agua tibia por el Gobierno: no había una política sería y coordinada para ofrecerles atención de emergencia; no existía información confiable sobre cuántos eran y cómo estaban; no había mecanismos para hacerles seguimiento a los programas sobre el tema; y el presupuesto era insuficiente."

Uno de los puntos primordiales de la agenda para reflexionar sobre la atención a población desplazada hace referencia al orden fiscal del país para hacerle frente al problema, porque a pesar de los grandes esfuerzos de las entidades territoriales para reajustar las finanzas públicas locales, el recorte de transferencias quita la oportunidad de transferir beneficios y aumentar la corresponsabilidad.

Para el secretario de Gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, el principal vacío se encuentra en las posibilidades de atención a los desplazamientos masivos y las acciones de prevención.  En su opinión, refleja el desconocimiento de esta realidad por parte del ente nacional y refleja además las dificultades administrativas que impiden la atención diferencial. Menciona también que se debería disponer de un fondo rotatorio o cajas menores para mejorar la seguridad alimentaria de la población desplazada.

Para los entes territoriales el tema no es de tiempo sino de derechos.  El tema de fondo es cómo lograr que haya una coordinación entre el Gobierno Nacional y los locales. Es decir, tener reglas claras; especialmente en el tema de la generación de ingresos para implementar las políticas. Para las autoridades locales que participan de esta agenda, necesariamente hay que entrar en un modelo de cogestión, creando un sistema de reglas para establecerlo con la creación de un estatuto que diga qué le corresponde a cada Gobierno, en donde el esfuerzo sea proporcional a la capacidad fiscal de cada territorio. De igual modo plantean la creación de un acuerdo para definir esos ámbitos y para que la descentralización no se use como pretexto para negar esos derechos.

Alternativas de solución

Las autoridades departamentales y municipales consideran que para lograr una política pública de atención a la población desplazada se deben establecer unos límites teniendo en cuenta que su implementación debe obedecer a la creación de políticas transitorias; por ello la concentración de esfuerzos para analizar los aspectos fiscales como marco para la creación de un fondo transitorio de restitución de derechos de la población desplazada. 

La creación de este fondo, surge ante la urgencia de pensar una propuesta que responda a las exigencias de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional y tiene como objetivo superar el estado de cosas inconstitucional y avanzar hacia el goce efectivo de derechos de la población desplazada; así lo indica en su documento borrador, Carlos Emilio Betancourt Galeano, haciendo énfasis en que se haga una fórmula pragmática para la reasignación de los recursos, claridades en la asignación presupuestal y en los plazos.

 
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