Municipios y departamentos sur colombianos: sin recursos para atender el desplazamiento forzado

 

Gabriel Bustamante Peña
Asesor Jurídico-Político Corporación Viva la Ciudadanía

En enero de 2004, con base en la acumulación de 108 acciones de tutela, la Corte Constitucional declaró la existencia de un “Estado de Cosas Inconstitucional” respecto de la situación de la población internamente desplazada en el país. En esta providencia, la Corte responsabilizó por la vulneración masiva de los derechos humanos de los desplazados al conjunto de las instituciones del Estado, ordenándoles corregir la situación por medio de la apropiación de recursos suficientes; la atención y la satisfacción de los niveles mínimos de protección de sus derechos fundamentales; la obligación de generar una política pública diferencial para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, grupos étnicos y discapacitados, entre otras obligaciones.

Para verificar el cumplimiento de la sentencia y sus correspondientes autos en las entidades territoriales, la Corte está citando a sesiones técnicas de coordinación y corresponsabilidad frente a la atención integral a la población desplazada a: el director de Acción Social, el director del Planeación Nacional, a los ministros del Interior, Hacienda y Agricultura; a los alcaldes, gobernadores y organismos regionales y municipales de control; a organismos internacionales, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública frente el Desplazamiento Forzado y a representantes de la población desplazada.

El pasado jueves 18 de febrero, correspondió el turno para los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo y Valle, donde acudieron ante el Tribunal Constitucional, además de los altos funcionarios nacionales, los gobernadores, contralores departamentales; procuradores; personeros, defensores del pueblo regionales, alcaldes de los departamentos requeridos y organizaciones de desplazados.

En esta sesión se evidenció la fuerte particularidad local y regional que caracteriza el desplazamiento forzado. Tanto, que el Magistrado Luis Ernesto Vargas manifestó: “los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle tienen peores problemas de los hasta ahora encontrados y requieren de la aplicación especial de políticas públicas de prevención y atención a la población desplazada”.

A su turno, el Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, expresó su preocupación por la grave situación de su departamento y de la región, llamando especialmente la atención sobre la costa pacífica y por el hecho de ser hoy el Cauca, la zona con más víctimas de minas anti-persona del país. González Mosquera, reconoció los esfuerzos del gobierno nacional pero también reclamó un trato presupuestal acorde con la situación humanitaria y económica que vive el departamento, y evidenció la imposibilidad de atender integralmente a la población desplazada con los escasos recursos disponibles. “El cauca está bajo la Ley 550, que nos limita para cumplir con la sentencia T-025 (…) Nosotros hacemos lo que podemos compensando con la participación que damos en todos los programas del Plan de Desarrollo a la población desplazada”. Declaró ante la Corte el Gobernador del Cauca.

Guillermo Alberto González también hizo un llamado sobre el efecto de las fumigaciones, a las cuales culpó de gran parte del desplazamiento y reclamó urgentemente, por un lado, un programa fuerte de sustitución de cultivos ilícitos en la zona y, por otro, un plan de titulación de predios ya que, gran parte de las tierras en el Cauca se encuentran en la informalidad y esto facilita la usurpación y el despojo, según dijo el mandatario.

Posteriormente, el alcalde de Popayán, Ramiro Navia, también fue enfático en señalar como principal obstáculo, la falta de recursos para la atención de esta tragedia humanitaria: “no se puede pretender seguir asignando responsabilidades a los municipios que no tienen con que responder”, manifestó el burgomaestre de la ciudad Blanca, una de las más golpeadas por la recepción de desplazados y que sufre uno de los mayores índices de desempleo y falta de oportunidades del país.

Por esto, Ramiro Navia, demandó: “Definir cuanto antes las fuentes de los recursos para cumplir la sentencia T-025; crear incentivos para los municipios con mayores índices de recepción de población desplazada y constituir un fondo-cuenta especial, por parte de la nación, al cual accedan los municipios más pobres y con mayores índices de población desplazada”.

La alcaldesa de Bolívar, María del Socorro Ruiz, también llamó la atención sobre las severas consecuencias que están trayendo las fumigaciones y aspersiones en esta parte del Cauca; y, además solicitó: “priorizar los programas de vivienda en los municipios expulsores para incentivar los retornos, los cuales deben realizarse con un acompañamiento real de la fuerza pública que garantice verdaderas condiciones de seguridad para los retornantes y apoyo estatal integral para continuar con sus proyectos de vida”.

El alcalde de Santander de Quilichao, Juan José Fernández, manifestó la crítica situación que está viviendo el norte del Cauca: “región víctima de la violencia del narcotráfico, la guerrillera y los grupos paramilitares; situación que causa grandes olas de desplazados, que huyen principalmente hacia Qulichao, Popayán y Cali.

El alcalde de Quilichao, también destacó las formas de resistencia pacífica de los habitantes de la región, especialmente la experiencia del municipio de Toribío, a través del “Plan de Contingencia frente al Conflicto Armado y los Desastres Naturales”. Ejercicio de prevención y protección de la población coordinado por los cabildos y la guardia indígena, el proyecto Nasa, la personería y con el acompañamiento de la comunidad internacional.

El Plan de contingencia, explicó el alcalde de Toribío, Carlos Banguero: “Básicamente consiste en que, en Toribío, a través de siete sitios estratégicos de protección comunitaria se refugia la población ante tomas guerrilleras o combates; una vez pasa un hostigamiento o un enfrentamiento, la Guardia Indígena inspecciona el lugar de los hechos a ver si terminaron las acciones bélicas e inspecciona que no haya artefactos explosivos, y luego de garantizar las condiciones de seguridad, se retorna a la población dándole a cada familia una remesa para 8 o 15 días, mientras vuelven a retomar su vida cotidiana.”

El modelo de prevención y protección frente al desplazamiento forzado adoptado por el municipio de Toribío, recibió toda clase de elogios por parte de la Corte Constitucional, fue puesto de ejemplo a seguir en todo el país y mereció un reconocimiento oficial del alto Tribunal.

En su intervención, el Gobernador de Nariño, Antonio Navarro, destacó la difícil situación de su departamento; región cruzada por narcotráfico, bandas criminales y guerrillas, todas ellas causantes de desplazamiento forzado y otras formas de violencia. Denunció el desbordamiento de desplazamientos masivos en la región, que tan sólo en el 2009 involucró a 6.600 personas en desalojos colectivos de gran magnitud. Por último, Navarro destacó también la escasez de recursos en un departamento que, según el: “Vive de los licores y los juegos de azar, por esto necesitamos urgentemente una ley que nos permita aportar más para la atención de la población desplazada dentro del Sistema General de Participaciones que hoy está limitado por las destinaciones específicas”.

Por su parte, los personeros levantaron una voz de protesta frente al escaso apoyo que el gobierno nacional les brinda, pese a ser la personería el primer punto de apoyo institucional que encuentran los desplazados. Apoyo que se necesita más, cuando son municipios de 5º y 6º categoría, entes territoriales sin condiciones presupuestales y técnicas para enfrentar desplazamientos masivos en sus cabeceras. Criticaron también la falta de operatividad de Acción Social en el tema de los registros de la población desplazada, y denunciaron que, incluso estando inscritos, muchas familias desplazadas nunca reciben una ayuda del Estado.

Notificaron los personeros, el abandono estatal en muchos municipios del sur de Colombia que, como reveló el representante de los personeros de Nariño: “En varios municipios no hay levantamientos de cadáveres, no se realizan dictámenes médico-legales, el temor cunde ante la violencia y el vacío institucional (…) los personeros somos los únicos que estamos con la comunidad en medio del conflicto y no sólo no se nos apoya, sino que tenemos la amenaza gubernamental de acabar las personerías.”

En el mismo sentido, el alcalde de Tumaco reclamó ante la desesperante situación de inseguridad en el municipio, situado a la cabeza del desplazamiento forzado en Colombia, y protestó por la falta de garantías a la población: “Como hablar de goce efectivo de derechos, como a la educación; si  Tumaco tiene 37 docentes amenazados, declarados en peligro extremo por el comité, maestros que han tenido que huir por sus vidas y a los que no se les ha establecido su reemplazo”

A su turno, Guillermo Alberto Valencia, de la mesa de desplazados del Cauca, manifestó que no existe una política clara en materia de protección y prevención del desplazamiento: “Hemos llegado al punto que los actores irregulares y la fuerza pública violan por igual los derechos de la población.”  Manifestó el líder de las víctimas del Cauca.

Valencia también sentó su voz de protesta ante los vejámenes a los que se somete a la población desplazada por parte de los organismos del Estado: “Tenemos que hacer colas infrahumanas en la UAO de Popayán, llegar desde el día anterior, pasar la noche y la madrugada entera a la intemperie, para que se nos reparta una ficha, que sólo alcanza para el 30% de los que hicieron la cola. Además, de ahí pasan 4 meses para ver si fueron aceptados en el registro, y luego 8 a 10 meses para recibir la asistencia humanitaria de emergencia.”

Ante los sentidos reclamos de los asistentes, el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, se levantó exaltado y acusó a los alcaldes, personeros y gobernadores de haber instalado un escenario político para atacar al gobierno y no reconocer nada en materia de avances institucionales: “Esta es una zona plagada de coca, bandas criminales y guerrilleros narcotraficantes, donde el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para actuar acorde a la consolidación de la seguridad democrática (…) si van a hacer ataques políticos, nosotros también podemos responder políticamente.”

Sintiéndose aludido por las palabras del Ministro, el Gobernador de Nariño tomo la palabra y le contestó a Valencia Cossio: “Usted está exagerando señor Ministro, no tome las intervenciones de los alcaldes y personeros, en su mayoría de partidos de la coalición de gobierno, como ataques políticos, sino como un reclamo regional por el sentimiento de orfandad ante la tragedia del desplazamiento. Aquí, antes que exaltarse, lo que hay que hacer es trabajar juntos para hacerle frente al problema.”

 
Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.