Ciudadanía y elecciones 2010: el reto de elegir un Congreso decente

 

Clara Rocío Rodríguez Pico
Foro Nacional por Colombia1

Las declaraciones de jefes desmovilizados y las investigaciones judiciales mediante las cuales se han condenado a 11 congresistas, detenido a otros 24 e investigado a 51 más, han mostrado la gravedad de la cooptación de la política por parte del paramilitarismo en Colombia. Este fenómeno que empieza a evidenciarse en las elecciones del 2002 y que se mantiene en un 90% en el Congreso elegido en el 2006, afectó por lo menos a 18 departamentos del país y a 11 partidos y movimientos políticos, la mayor parte de la coalición uribista.

Antes de reflexionar sobre la trascendencia del tema en la actual contienda política al Congreso y sobre las perspectivas para su transformación en las elecciones del próximo domingo 14 de marzo, parece importante analizar brevemente las implicaciones de esta situación en el funcionamiento del Congreso que está por terminar su periodo.

¿Qué nos costó haber tenido el Congreso que tuvimos?

Es un hecho que este tipo de vínculos entre la ilegalidad y la política tienen un alto costo para el país. Son muchos los recursos perdidos por concepto de reposición de votos entregados a parlamentarios implicados, salarios y comisiones pagadas y gastos para el funcionamiento de sus unidades legislativas. En conjunto ha sido plata que fue echada a la basura. En medio del escándalo, el funcionamiento del Congreso se dio a “trancas y a mochas”, debido a las ausencias de los parlamentarios y a su imposibilidad de cumplir con las funciones para las cuales fueron electos.

El balance de la legislatura es pobre: normas como la de tierras o bosques o el mismo referendo reeleccionista (afortunadamente) se cayeron en la Corte. Otras debieron ser hundidas por sus propios impulsores, como el proyecto de ley de víctimas o el referendo del agua. Definiciones claves para el país en términos de temas como la crisis económica, la salud o la justicia, brillaron por su ausencia.
Las mayorías uribistas en el Congreso lograron convertir la Corporación en un apéndice del Ejecutivo, con muy poca capacidad de servir como contrapoder, más allá de aquellos temas relacionados con intercambios burocráticos, clientelismo, nómina o cargos públicos. En términos de partidos y reforma de las normas para hacer política en vez de avanzar, retrocedimos. No sólo no se actualizó el anacrónico código electoral, sino que se echaron para atrás avances de la reforma política del 2003, al permitir el transfuguismo y desconocer así la ley de bancadas y la prohibición de la doble militancia. Los colombianos y colombianas elegimos en el 2006 en las urnas un Congreso y terminamos con otro por cuenta no sólo de la parapolítica, sino de los cambios que se dieron al interior de la Corporación y que ayudaron a sumar parlamentarios a los partidos uribistas.

El avance en reconfigurar el sistema de partidos también se fue al traste con la trasformación de todos aquellos partidos vinculados con la parapolítica que hoy aparecen bajo nuevo ropaje, incluyendo en sus listas políticos con investigaciones u otros que representan en “cuerpo ajeno” intereses de quienes están condenados o detenidos.

Una tibia reacción al escándalo

Claramente lo antes planteado no constituye una preocupación para el Gobierno del presidente Uribe. De otra forma no hubiese hundido la reforma política de la “silla vacía” que proponía importantes sanciones, ni hubiese mantenido a un Ministro encargado de la política que tiene un hermano encarcelado, ni se hubiera centrado en impulsar a toda costa el fracasado referendo reeleccionista, aún con congresistas enjuiciados.

Sin embargo, sí llama la atención que, con algunas excepciones aisladas, el  tema no pareció estar en el centro de las principales preocupaciones lanzadas por los partidos y movimientos políticos al debate público. Resulta altamente preocupante que se calcule que partidos reencauchados como el PIN, que recogen involucrados en procesos judiciales de diferente origen, puedan sobrepasar el millón de votos y ocupar uno de los primeros lugares en la votación partidista y que situaciones como estas no puedan ser contrarrestadas por otras iniciativas políticas, que intentan renovar la política o reorientar el rumbo.

Recuperar la limpieza en la política debería ser la acción prioritaria del conjunto de partidos que aspiren a cumplir un papel en el proceso democrático colombiano y a permanecer en el escenario político nacional, más allá de garantizar una serie de beneficios a sus líderes. Sin garantizar un Congreso decente, difícilmente podrán impulsarse las propuestas que el país necesita en diversos ámbitos.

Incluso la paz, tan anhelada por todas y todos los colombianos, no será posible si en el Congreso predominan intereses particulares ligados a las mafias y al crimen sobre el interés general o si el acceso y el mantenimiento del poder político se hace dejando una estela de muerte, desplazamientos y despojo en muchas regiones de la geografía nacional. Es totalmente inconsecuente confiar en elegir un Ejecutivo que solucione el problema de la paz, mientras no se limpie el Congreso de los actores que garantizan la guerra y que crean condiciones para que ésta se mantenga.

La acción ciudadana

Quizás ese vacío dejado por el Gobierno y los partidos en atacar un problema central en la Colombia de hoy, ha sido de alguna manera llenado por los esfuerzos de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de algunos medios de comunicación, que han tomado una vocería destacada frente a las elecciones y han resaltado la importancia de votar bien, de no botar el voto, de votar responsablemente o de hacer seguimiento y observación al proceso electoral.

Aunque importantes, esos esfuerzos pueden ser limitados si la ciudadanía no se pronuncia de manera decidida en las elecciones del próximo 14 de marzo. El poco atractivo que generan las elecciones de Congreso, la complejidad de la elección y de la mecánica electoral y la confusión reinante por dificultad de discriminar la multiplicidad de información circulante, no permiten ser optimistas. Sin embargo, la única posibilidad de contrarrestar el mantenimiento o avance de los actores ilegales está en la elección de partidos y candidatos honestos, con capacidad de entender la situación actual y de actuar en consecuencia.

Pese a que la cantidad de nuevos partidos y la multiplicidad de candidatos -y en menor medida de candidatas-, pueden despistar, es seguro que entre ellos hay a quién elegir, debido a sus calidades, su trayectoria, su actuación en la vida pública y la coherencia entre lo que prometen y el cargo para el cual están aspirando. Candidatos o candidatas vinculados a investigaciones penales, que representan a políticos enjuiciados, oportunistas o cobijados por diferentes tipos de escándalos deberían encontrar un NO rotundo entre las y los ciudadanos que podemos elegir concientemente. Las deliberaciones entre nuestros grupos de familiares, amigos y conocidos y la información que brindan diversas entidades pueden ayudarnos a clarificar la decisión de voto, en aquellos casos donde se presenten dudas.

Parece algo simple y obvio, pero para elegir un Congreso decente es necesario que muchos ciudadanos y ciudadanas participemos en las elecciones y que lo hagamos eligiendo bien. Si no decidimos, otros lo harán  por nosotros, pero no necesariamente a favor de nosotros.

Las maquinarias electorales, las prácticas de clientelismo y corrupción, la influencia de actores ilegales sobre procesos políticos podrían modificarse notablemente si más y mas ciudadanas y ciudadanos entendiéramos el poder que tiene el voto y la importancia que lo ejerzamos en la actual coyuntura. De hecho cada decisión de voto tomada libremente es un voto ganado a aquellos actores criminales, quienes a toda costa quieren mantener el poder político en Colombia.

1 Una ampliación de las ideas planteadas en este artículo puede encontrarse en  la cartilla “Colombia elige un Congreso decente: Cinco Claves para que no bote su voto”. www.foro.org.co

 
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