Candidatos presidenciales y la reparación de las víctimas del conflicto armado

 

Bárbara González
Asesora jurídico política Corporación Viva la Ciudadanía

La degradación del conflicto armado colombiano ha generado y genera una violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Realidad que no puede ser obviada por los candidatos presidenciales, sus programas de Gobierno deben tener propuestas al respecto. Es importante saber qué piensan y proponen sobre la crisis humanitaria en la que están millones de desplazados y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.

Vale la pena indagar sobre su conformidad o no con la reparación administrativa del decreto 1290, de la ley de justicia y paz, o sobre sus posiciones frente al apoyo o no en la promulgación de políticas públicas que sean garantes de los derechos de las víctimas. Y evidenciar su nivel de compromiso con un tema tan importante para la realidad colombiana como es la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición que las revictimice e incremente las víctimas.

En consecuencia, observar si esperan o no que los derechos de las víctimas se reconozcan sólo como expectativas, como valores consignados parcialmente en normas, dejando a un lado dos graves problemas, uno concerniente al contenido de los derechos, y otro a las garantías para su ejercicio.

En este sentido, es muy importante traer a colación lo que la Mesa Nacional de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales ha denominado como “los irrenunciables”, y es el no renunciar a derechos que hoy aún no son reconocidos y garantizados, entre los que se puede mencionar:

  • El respeto del principio de igualdad de las víctimas. Es el derecho a no ser discriminados por razón de su victimario, significando que se debe incluir a todas las víctimas de los grupos armados (guerrilla, paramilitares, y también las víctimas de agentes de Estado)
  • Igualmente la inclusión de víctimas individuales y colectivas, a las víctimas familiares, y a las víctimas del mismo sexo.
  • El reconocimiento que el Estado debe garantizar la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario con base en el principio de responsabilidad (por acción u omisión) y no de solidaridad, con el que se excluye la obligación a reparar.
  • La no exclusión de la reparación por vía administrativa y la reparación judicial para obtener el desagravio, para  que la reparación decidida por los jueces no sea limitada por la reparación administrativa.
  • Diferenciar claramente las medidas de asistencia, ayuda humanitaria y de reparación. Reconociendo específicamente en la reparación colectiva a los pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
  • La restitución de tierras usurpadas y del patrimonio, mediante procesos ágiles y efectivos.
  • La adopción de medidas diferenciales en la reparación,  en los procedimientos y valoración de las pruebas, tomando en consideración por ejemplo: la edad, el género y la etnia.
  • El reconocimiento al derecho a la verdad judicial e histórica, que permita evidenciar los autores no sólo materiales, también los intelectuales.
  • La instalación efectiva de un sistema de monitoreo que permita verificar el ejercicio de los derechos.

En últimas, es la exigencia ética al Estado y a sus gobernantes que reconozcan las expectativas éticas de dignidad humana de las víctimas, y que ofrezcan garantías para el ejercicio de sus derechos fundamentales. Lo que implica el no seguir permitiendo la continuación de la impunidad jurídica, histórica y social a la que lamentablemente están sometidas. Siendo necesario que el Estado actúe positivamente para que las víctimas del conflicto armado lleven, realicen, un plan de vida en dignidad.

 
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