La empresa criminal del DAS y la Casa de Nariño: el Estado de derecho asediado

 

Carlos Rodríguez Mejía
Consultor en derechos humanos, profesor Universitario

Las revelaciones hechas por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra varios ex directivos del DAS del período del presidente Uribe, que tuvo lugar entre el 10 y el 11 de abril, más que descubrir un secreto, corresponden a la segunda acepción de esta palabra: “Proporcionar indicios o certidumbre de algo”. La presentación del Fiscal encargado del caso fue prolija en hechos y circunstancias de lo que el mismo denominó “empresa criminal”.

Se aportaron documentos y testimonios para demostrar las actividades ilícitas del DAS en contra de magistrados de la Corte Suprema, periodistas y dirigentes políticos. Se invocó como pretexto  la realización de un homenaje al magistrado Yesid Ramírez, en el cual aparecía como organizador un ciudadano de nombre Ascencio Reyes, de quien se dijo podría tener vínculos con el narcotráfico. A partir de allí se hicieron seguimientos, se elaboraron perfiles de los magistrados, se examinaron sus movimientos financieros y operaciones cambiarias, movimientos migratorios y actos notariales realizados por algunos de ellos; otras personas relacionadas. Todo ello, como lo reiteró a lo largo de su exposición el Fiscal, sin autorización judicial.

Por si lo anterior fuera poco y no generara la indignación de los demócratas, la Fiscalía señaló que muchas de la atareas, cuando eran asignadas por la entonces Directora del DAS, ésta advertía que eran urgentes pues debían entregarse a la Casa de Nariño. Incluso, dio cuenta de reuniones en la sede presidencial con la participación de siniestros personajes como José Obdulio Gaviria, Edmundo del Castillo y Mario Eastman, todos ellos cercanos asesores del presidente Uribe.

Estos hechos, que provienen de fuente oficial, y aunque deben pasar por el tamiz judicial, que incluye oír las explicaciones de los imputados para poder calificarlos como “hechos probados”, constituyen no obstante hechos cuya ocurrencia no están en duda, pues eso lo constató la Fiscalía. Lo que se pretende establecer es el grado de participación y de responsabilidad de los imputados y de otros personajes que puedan ser vinculados al proceso.

Desde que se conocieron las actividades ilícitas del DAS, el Gobierno ha eludido sistemáticamente asumir sus responsabilidades políticas –las penales corresponde establecerla a los jueces- y ha dicho que va a reformar el DAS y que “rechaza y condena cualquier tipo de actividad de servidores públicos que violen derechos y obstaculicen el ejercicio de libertades de personas u organizaciones y espera una pronta conclusión de las investigaciones y la individualización de los responsables” (Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, 13 de agosto de 2009).

Que podrá decir ahora, cuando la Fiscalía, después de varios meses de investigación concluyó que  los funcionarios del DAS y todos los que participaron, incluidos los cercanos colaboradores del presidente Uribe, conformaron una “empresa criminal, pues todos realizan una parte del delito”.

Acoso y derribo del Estado de Derecho

Sabido es que uno de los pilares del Estado de derecho es “la separación e independencia de los poderes públicos” (Carta Democrática Interamericana Art. 3) y que para preservarla, el Ejecutivo no puede interferir las actividades de la judicatura. Pero lo que se ha puesto de presente es todo lo contrario: una serie sucesiva y concatenada de actos de interferencia por parte del Ejecutivo contra los jueces y magistrados, comenzando por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Estos ataques, que los medios denominan impropiamente enfrentamiento, cuando la Rama Judicial sólo cumple sus funciones y es el Ejecutivo, comenzando por el propio Presidente, quien ataca y trata de intimidar a los jueces, se iniciaron precisamente cuando la Sala Penal acometió la investigación de altos funcionarios de la administración central por sus actividades delictivas con los grupos paramilitares y de los nexos entre los estos grupos y dirigentes políticos perteneciente en su mayoría a los partidos de la coalición de Gobierno.

No hay que olvidar que el 26 de junio de 2008, luego de que la Corte condenara a Yidis Medina por haber recibido “canonjías impúdicas” ofrecidas por ministros y otros altos funcionarios para que apoyara la reforma constitucional que habilitaba al presidente Uribe a presentarse a las elecciones para un segundo mandato –como en efecto ocurrió-, el Presidente, con evidente abuso de su posición privilegiada, leyó por todas la emisoras de televisión, un comunicado en el que acusó a los magistrados de haber caído en la “trampa del poder del  terrorismo agónico”.

En todo este tiempo se han dado muchos hechos, denuncias penales del Presidente contra un expresidente de la Corte, que aparece como centro de las investigaciones del DAS denunciadas ahora por la Fiscalía, acciones judiciales de un Ministro contra los magistrados de la Corte, reuniones de altos funcionarios de la sede presidencial con delincuentes confesos y sus abogados para recibir informaciones de presuntas conspiraciones de jueces y magistrados contra el Presidente, maniobras de abogados y parientes del Presidente para que un paramilitar apodado “Tasmania” declarara mentirosamente, como luego se demostró en un proceso judicial, que era objeto de ofertas de beneficios y prebendas por parte del Magistrado coordinador de la parapolítica en la Corte Suprema si implicaba en delitos al Presidente.

Han realizado pues, toda clase de ataques para impedir que la Corte lleve a término su trabajo de esclarecer las relaciones y alianzas criminales de muchos políticos que apoyaban al Presidente y de altos funcionarios del Gobierno. La interferencia tiene pues una clara motivación y se desarrolla conforme a la vieja táctica de la mejor defensa es el ataque.

Pero las consecuencias de deterioro institucional del Estado de derecho y de la democracia  son graves. La Comisión Interamericana, que acaba de presentar su informe anual, ha incluido el caso de Colombia como una de las cinco situaciones más graves del hemisferio en materia de derechos humanos y sin haber conocido las acusaciones de la Fiscalía a que hemos hecho referencia en este escrito, concluyó sobre este tema, lo siguiente: “Un tema de especial preocupación para la Comisión es el empleo de mecanismos de inteligencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos de cooperación internacional y organizaciones internacionales”.

¿Podemos las colombianas y los colombianos, aprobar estos métodos que ha utilizado el Gobierno para defenderse de las investigaciones judiciales y de los debates de la oposición política y los periodistas independientes? En las elecciones tenemos la palabra.

 
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