La infiltración mafiosa en el Estado

 

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Esta semana que termina fue pródiga en hechos que ponen de manifiesto uno de los problemas que la elite no quiere reconocer, por supuesto que nos referimos a la profunda penetración de las mafias en el conjunto del aparato de Estado. Cuando por ejemplo, se lanza una política de seguridad ciudadana como ocurrió esta semana en el Distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali no se está frente a un hecho de menor importancia, por el contrario, se trata de enfrentar uno de los problemas más complejos de la vida cotidiana que los ciudadanos y ciudadanas identifican como uno de los principales problemas que aquejan a ciudades como: Bogotá, Medellín, Cali y otras del país. Echamos de menos que en el diagnóstico que se hace, falte uno de los elementos centrales y fundamentales que el Gobierno no quiere aceptar. Este problema tiene que ver con la infiltración mafiosa en el conjunto de la estructura del Estado, vale decir, en el poder Ejecutivo pero sobre todo en el poder Judicial, en la Fiscalía General de la Nación y en las Fuerzas Armadas gubernamentales y de Policía. Mientras que la fiebre se busca en las sábanas pretendiendo que con la extensión de los horarios de actuación de la justicia sean las 24 horas del día o que se penalice a los jóvenes que hayan cumplido los 16 años, pero, se ignora el cáncer que corrompe a las instituciones y no se quiera enfrentar el problema de la infiltración mafiosa en los organismos del Estado estaremos dando palos de ciego para enfrentar el problema de la criminalidad en nuestros principales centros urbanos.

Desde esta perspectiva las declaraciones de Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso Sierra” ante la Fiscalía en el proceso que se sigue contra el senador Mario Uribe primo del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, son una muestra fehaciente de lo que las autoridades se niegan a reconocer y a enfrentar. En efecto, el Tuso Sierra en su declaración ante una Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia muestra la profundidad de la infiltración de las mafias del narcotráfico no sólo en la política colombiana sino en el aparato de justicia y en las Fuerzas Armadas y de Policía. En su declaración no sólo implica a Mario Uribe Escobar en negociaciones con los grupos paramilitares en la compra de tierras, apartamentos y regalos sino en acciones que el entonces Senador realizó para favorecer a los grupos criminales. Pero también implica al gobernador de Antioquia Alberto Builes y al senador Oscar Arboleda Palacio, así como al concejal de Medellín Diego Arango y a la ex representante a la Cámara condenada por parapolítica Rocío Arias así como al ex viceministro del Trabajo Augusto Pineda. Sobre el tamaño de esta infiltración habla por si sola la cifra de 101 congresistas que son investigados actualmente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Quizás los hechos nuevos tienen que  ver con las revelaciones que comprometen en asuntos criminales al senador Mario Uribe Escobar.

Pero en la línea de la infiltración a los organismos del Estado las declaraciones de Juan Carlos Sierra alias “El Tuso Sierra”, que era uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, nos muestra la profundidad de dicha penetración. “Ser amigo de la “Oficina de Envigado” era estar in. Se trabajaba en llave con el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía. El contacto con la Policía era el mayor Francisco Rodríguez, quien fue asesinado en la guerra contra “La Terraza”. Había uno al que se le pagaban $28 millones, el coronel Luís Alberto Moore Perea. El general Mario Montoya era de la nómina de la Oficina. No me consta, pero oí hablar de $20 millones. En términos generales, la Oficina de Envigado trabajaba a sus anchas y en llave con las autoridades. En la nómina de la “Oficina” había desde coroneles hasta policías rasos. Entre ellos, dijo Sierra, el entonces coronel Luís Alberto Moore, quien alcanzó el grado de general y pasó a retiro hace poco. Así miso El Tuso relató que viajó a España con pasaporte diplomático al lado de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe”.

Al mismo tiempo en la diligencia judicial, realizada el 5 de octubre del presente año, Elkin Casarrubia Posada, alias “El Cura”, segundo comandante de los grupos de paramilitares en el Urabá antioqueño contó que los paramilitares de esta región del país agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia y que actuaban en los Llanos con el nombre de los “Urabeños” tenían alianzas con los batallones de la zona para combatir a las guerrillas. Señaló en concreto que los batallones 33, 35 y Vélez de Urabá apoyaban a los paramilitares en la zona y señaló al general Rito Alejo del Río como a uno de los colaboradores.

Estas dos declaraciones ponen sobre la mesa uno de los problemas más apremiantes y frente al cual los funcionarios del alto Gobierno guardan silencio. Se trata de la infiltración mafiosa en los organismos de seguridad del Estado y en la rama judicial del poder público. Mientras no se proceda a una limpieza a fondo de los organismos de seguridad y de la rama judicial así como de los poderes políticos la guerra contra las mafias y el crimen no tiene futuro cierto. Precisamente uno de los vacíos fundamentales de la política de Seguridad Ciudadana anunciado por el presidente Juan Manuel Santos en el Distrito de Agua Blanca, tiene como su vacío principal la ausencia de esta depuración que es absolutamente necesaria si se quiere derrotar la criminalidad y la delincuencia ligada a las mafias.

Reza, peca y empata

No podemos dejar de señalar las medidas recientemente tomadas por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez en torno a Piedad Córdoba y a Bernardo Moreno ex secretario general de la Presidencia de la República así como contra María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate y  Mario Aranguren así como contra otros altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

En el caso de Piedad Córdoba en primer término no creemos que la senadora Liberal sea colaboradora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En muchas ocasiones no hemos estado de acuerdo con sus declaraciones o posturas políticas, pero, nos parecen totalmente infundadas como lo señala Daniel Coronell en su columna de la Revista Semana las suposiciones y conclusiones a que llega Ordóñez en su falló que destituye a Piedad Córdoba y la inhabilita por 18 años para ocupar cargos públicos. Por ejemplo, no creemos que el Procurador tenga atribuciones para despojar de su curul a los congresistas. Ahora será el Consejo de Estado y la Corte Constitucional las que determinen las decisiones del procurador Ordóñez en este caso. Piedad Córdoba se convierte en una víctima de la tesis de Ordóñez que hay que encontrar culpables en la llamada Farcpolítica sin que sus argumentos jurídicos contra Piedad en éste caso sean sólidos.

En relación con los altos funcionarios del Gobierno de Uribe, la Fiscalía General de la Nación está próxima a tomar decisiones de fondo alrededor de las interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Suprema, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. El regreso de Uribe a la vida política, su anunciada oposición a los proyectos de tierras y víctimas, tiene que ver más, a mi juicio, con las investigaciones judiciales a funcionarios de su Gobierno a los cuales defenderá para tratar que no lo involucren en las investigaciones que van llegando muy cerca de su entorno cotidiano. No queda hoy la menor duda que el beneficiario de la empresa criminal como la ha llamado la Corte Suprema de Justicia era el propio Uribe que tarde que temprano tendrá que responder por lo que sucedió durante sus ocho años largos de Gobierno. La pregunta que nos hacemos es hasta qué grado llegarán las solidaridades de sus funcionarios. Las graves acusaciones del “Tuso Sierra” contra Mario Uribe son una manifestación de lo que nos espera en el futuro inmediato que no es más que la revelación de la profunda infiltración mafiosa en altos organismos del Estado bajo el mandato del ahora ex presidente Uribe.

Bogotá, octubre de 2010

 
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