Justicia e impunidad

 

Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Durante los ocho largos años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez una constante fue el irrespeto por las decisiones judiciales y la invasión desde la órbita del Ejecutivo de las funciones judiciales. Muchos decretos reglamentarios de leyes claves en materia de derechos humanos y a favor de los victimarios fueron promulgados por el Gobierno de Uribe contando para ello con la morosidad que caracteriza al Consejo de Estado. Ahora todas esas chambonadas jurídicas se vienen al suelo. Para muestra un botón. Era imposible que se pensara desde un Gobierno serio y responsable que más de 17 mil paramilitares fueran cobijados por una figura como el principio de oportunidad medida discrecional de la Fiscalía General de la Nación. Pues bien, este entuerto jurídico acaba de ser declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. El Gobierno de Santos tiene que encontrar alternativas que no pueden ser otras que la comparecencia ante los organismos judiciales para que confiesen sus crímenes y se acojan a la ley de justicia y paz. El castillo de naipes de la impunidad se está desmoronando. Bienvenido ese desmoronamiento para que se conozca toda la verdad y se aplique justicia.

Que Uribe gobernaba con instrumentos de la ilegalidad, que fue apoyado por fuerzas criminales como los grupos paramilitares que ordenaron votar por él, es verdad sabida sobre todo en las regiones y ahora en las versiones de los jefes paramilitares. A propósito, un Gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos como el Gobierno del presidente de los Estados Unidos Barack Obama debería conceder protección a los familiares de los 14 jefes paramilitares extraditados para que ellos confiesen toda la verdad y que sus familiares en Colombia no sean asesinados como está ocurriendo. Los jefes paramilitares están siendo chantajeados por personeros muy importantes del establecimiento político y económico del país que no quieren que confiesen todas las verdades. Es urgente que los Estados Unidos respondan al clamor de las víctimas colombianas que piden que los familiares de los jefes paramilitares puedan vivir fuera de Colombia de tal manera que se avanece realmente en extirpar el cáncer de la cooptación de los organismos del Estado por parte de las mafias y el narcotráfico.

Roberto Saviano en su extraordinaria obra “Gomorra” sobre la mafia en Nápoles, República Italiana, señala que cuando los sectores mafiosos logran cooptar organismos del Estado se exponen a una mayor visibilidad que los muestra más fácilmente al escrutinio público. Fue lo que ocurrió durante los dos gobiernos de Uribe Vélez. Fueron tan notorios los logros de la mafia en su infiltración de organismos como el Congreso de la República, la penetración en la rama ejecutiva del poder como el Ministerio de Agricultura, el Incoder, el programa Agro Ingreso Seguro, y en la Fiscalía General de la Nación que quedaron expósitos, a la luz pública. Ello llevó a organismos como la Corte Suprema de Justicia tan pasiva en el pasado a que intervinieran sobre esta criminalidad con los resultados ya conocidos. Muchos organismos fueron utilizados en labores ilegales de persecución a quiénes denunciaron o se opusieron. Con la arrogancia que les daban los medios de comunicación y las encuestas encarcelaron personas como decenas de campesinos de Quinchia, departamento de Risaralda, de quienes ya casi nadie se acuerda; fueron señalados como criminales, como fueron también asesinados más de 2.300 jóvenes presentados como guerrilleros o paramilitares dados de baja por parte de las Fuerzas Armadas, lo que coloquialmente los medios bautizaron como falsos positivos. A propósito los medios deben, y sobre todo los medios televisivos, una explicación por tanto silencio y complicidad con la impunidad reinante durante los ocho años del Gobierno de Uribe. Esa visibilidad de la criminalidad movió finalmente a la comunidad internacional, a la sociedad civil colombiana y a los organismos de justicia a actuar. Ahí quedaron enredados funcionarios públicos del círculo más cercano del Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Es por ello que muchos de los funcionarios más cercanos de Uribe están ahora enredados en procesos judiciales. Recordemos sólo algunos de los más sonados y que comprometen al propio ex presidente de la República. El primero y más sonado fue el de las interceptaciones ilegales realizadas sin orden judicial sobre parlamentarios y líderes de la oposición, defensores de derechos humanos, jueces de las altas cortes de justicia y principalmente de la Corte Suprema y también contra periodistas. Pero a la vez que se espiaba a éstos sectores desde el propio Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, oficina directamente dependiente del Presidente de la República, desde allí mismo se orquestaban amenazas contra niños y niñas, hijas e hijos de los interceptados y se realizaban amenazas directas contra sus padres, se amenazaba a magistrados de las altas cortes y se escuchaban las sesiones al tiempo que se obtenían ilegalmente los expedientes judiciales.

Todo ello ha venido quedando claro en el proceso de investigación que viene realizando la Fiscalía General de la Nación. Por estos delitos vienen siendo investigados todos los directores del DAS de la era del Gobierno de Uribe: Jorge Luís Noguera, el buen muchacho, actualmente detenido y en juicio en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María del Pilar Hurtado a quien el derechistas Gobierno del presidente Martinelli de Panamá le concedió en la presente semana asilo territorial, contra toda evidencia, puesto que la señora Hurtado está siendo investigada por delitos que presuntamente cometió en contra de jueces, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Este asilo territorial es a todas luces infundado. También se investiga al actual director del DAS Felipe Muñoz y al anterior director, Andrés Peñate. Frente al asilo de la señora Hurtado el Gobierno colombiano debe reaccionar más enérgicamente señalando además que a la luz de los tratados internacionales proyecta pedirla en extradición.

También están enredados en investigaciones judiciales los familiares del ex presidente Uribe. Su primo investigado por la Sala Penal de la Corte por nexos con los grupos paramilitares, su hermano Santiago Uribe por nexos con los paramilitares y sus hijos por el lío de las zonas francas. Ni hablar de las múltiples investigaciones que no avanzan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del propio ex presidente. Dos de sus ministros estrellas están siendo investigados por el delito de cohecho en que presuntamente incurrieron repartiendo notarias y puestos para lograr la primera reelección de Uribe. Sabas Pretelt de la Vega ya sabemos también pidió asilo en Costa Rica, asilo que correctamente le negó el Gobierno de dicho país. El ex ministro de Protección Social Diego Palacio, sigue en investigación en la Fiscalía General por éste mismo delito. El ex parlamentario Luís Guillermo Giraldo Hurtado está siendo investigado junto a los promotores del referendo para la segunda reelección de Uribe.  Diversos delitos se les imputan en las investigaciones que conduce la Fiscalía General de la Nación.

Funcionarios de la Casa de Nariño como Bernardo Moreno, Secretario General de la Presidencia de la República y sus asesores José Obdulio Gaviria, Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo son investigados por las interceptaciones ilegales. También lo son Mario Aranguren, quien dirigía una alta dependencia del Ministerio de Hacienda, actualmente detenido e investigado por entregar sin orden judicial información  de magistrados y defensores de estos magistrados. También  está investigado el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por haber concedido grandes recursos a empresarios y terratenientes del Programa Agro Ingreso Seguro. En fin el listado sigue.

Por ello Uribe de manera pública ha recomendado a todas estas personas acusadas e investigados por la justicia colombiana que tomen el camino del Asilo. En verdad lo que busca Uribe es que no lo incriminen. Lo nuevo es que ahora el 70% de los colombianos y colombianas, según las encuestas, no comparten esta orientación de Uribe a sus ex funcionarios. Es un nuevo irrespeto al Estado Democrático de Derecho que Uribe promueve, sólo que ahora sin el poder. Nosotros por el contrario debemos rodear a la justicia que viene actuando bien en estas investigaciones.

Bogotá, noviembre de 2010
 
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