Impunidad soberana

 

José Hilario López Rincón
Abogado Corporación por la Dignidad Humana

“No hay soberbio ni arrogante, que deje de ser cobarde”.
Proverbio castellano

Por estos días el Patrón se ha encargado de recordarle a sus vasallos que él, a pesar de que no esté sentado en el trono, piensa que aún sigue siendo el soberano. No de otra manera se entiende la petición formulada por el Gobierno de Colombia a una Corte Federal de los Estados Unidos, de solicitar “inmunidad soberana” para Álvaro Uribe Vélez. El ex ministro de Defensa de Uribe Vélez y actual embajador en los Estados Unidos, Gabriel Silva, informó “que el Gobierno de Colombia ha decidido retener y ejercer todas las inmunidades aplicables al presidente Uribe y, especialmente se ha pedido inmunidad como jefe de Estado”.

La desvergüenza de la solicitud obedece a que la banda que gobernó el país siente que el cerco se les cierra cada día más. Con cientos de ex funcionarios en la cárcel, incluidos los ex congresistas; con otro tanto de ellos investigados por la Fiscalía, incluidos los ex ministros Diego Palacios, Sabas Pretelt de la Vega, Andrés Felipe Arias y por supuesto el propio Patrón, entonces el panorama no les resulta nada placentero, acostumbrados como estaban a la arrogancia.

El pasado 22 de noviembre, el Patrón estaba citado por la Corte Federal del Distrito de Columbia a declarar como testigo dentro del caso de la Drummond. A pesar de que la citación era como testigo, ya cunde el miedo. Una cosa es la “Comisión de Acusaciones” de la Cámara de Representantes de Colombia y otra la Corte Federal del Distrito de Columbia.

El asunto de la Drummond está relacionado con los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, dirigentes sindicales de la compañía transnacional que explota yacimientos de carbón en el departamento del Cesar. La investigación trata de establecer los vínculos entre los paramilitares y la transnacional, según los cuales los primeros, apoyados por la compañía minera estadounidense, sembraron el terror en la región con el objeto de debilitar y acabar el sindicato; para tal fin empezaron con el asesinato del presidente y vicepresidente el 12 de marzo de 2001, si bien se dice que los muertos pasan de setenta.

Por los crímenes de los líderes, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, fue condenado el ex paramilitar Alcides Manuel Mattos Tabares, alias “Samario”, quien se ha abstenido de dar detalles aduciendo falta de garantías de seguridad para su familia.

También fueron condenados Jairo de Jesús Charris, alias “Viejo Charris”; Oscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”; José Aristides Peinado Martínez, alias “Guache” y Óscar David Pérez Bertel, alias “Yuca”.

Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, extraditado a los Estados Unidos la madrugada del 13 de mayo de 2008 por Uribe Vélez, también vinculado con estos asesinatos aceptó que los detalles tienen que ver con la intervención de empleados de la Drummond y agentes del Estado colombiano en los crímenes.

La figura de la inmunidad soberana corresponde a un concepto jurídico que proviene de la Edad Media, según el cual como el soberano era quien hacía la ley no podía someterse a la misma en tanto era imposible que cometiera errores en su aplicación u obedecimiento, con el objeto de evitar ser juzgados. El rey estaba por encima de la ley, tal y cual pretendieron los uribistas durante su reinado.

Y de esa figura es que ha ahora ha echado mano el Patrón, a través de su palaciego Santos Calderón. Solo que si aceptáramos, en gracia de discusión, la vigencia del arcaico concepto, operaría para los “soberanos” en funciones pero no para los Fujimori, los Pinochet y demás pléyade de sátrapas que surcan el mundo. La inmunidad soberana no es otra cosa que la impunidad del soberano, y esa impunidad ya se la otorgaron mientras estuvo en el poder.

La petición del Gobierno de Colombia además de ser una vergüenza implica complicidad a la vez que impropiedad en tanto reclama “todas las inmunidades aplicables al presidente Uribe y, especialmente, se ha pedido inmunidad como jefe de Estado”.

Independientemente de la decisión que se tome con relación a la solicitud del Gobierno de Colombia, los abogados que representan a las víctimas ya han pedido que dicte una “moción de fuerza” con el fin de obligarlo a rendir el testimonio.

El desespero conduce a despropósitos como éste, como el del “asilo territorial” de la prófuga María del Pilar Hurtado Afanador y el de la “Causa Justa” con el cual los uribistas pretenden saltarse la justicia.

El sinnúmero de maniobras, todo este afán de encubrirse los unos a los otros, de asilarse unos, de declararse inmunes otros obedece simple y llanamente al ejercicio que hacen del principio denominado por Platón como la ética de la banda de ladrones, según el cual hasta entre los pillos existen unas normas mínimas que impiden que unos roben a los otros, unos asesinen a los otros y por supuesto, que unos avienten a los otros.

Claro que tal principio también empezó a desmoronársele a los uribistas. Con la revelación de información por parte del portal WikiLeaks, hemos visto cómo los unos han empezado a mostrarles los colmillos a los otros; unos que hablan de “sospechas” y otros que reclaman por “traiciones”.

 
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