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  El despojo de tierras y la infiltración en los organismos del Estado
  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
 

Uno de los principales problemas derivados del peso de la mafia y del narcotráfico así como del conflicto armado interno que padece Colombia desde mediados del siglo XX, y que aún nos acompaña en lo que va de este siglo, es el de la infiltración y penetración por parte de estos actores en el aparato del Estado. Este problema es mayúsculo en aquellas zonas de economía campesina o de reciente colonización en que las instituciones del Estado apenas están en construcción.

Recientemente la Comisión de Seguimiento a la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado dio a conocer el resultado de su Tercera Encuesta Nacional que se realizó en el segundo semestre del año 2010 y fue dirigida por Luís Jorge Garay. En ella llega a la espeluznante cifra según la encuesta, que la tierra despojada desde el año de 1980 hasta mediados del año de 2010 era de 6.6 millones de hectáreas, la mayoría de las cuales es tierra de buena calidad y de la cual más o menos cerca de 2 millones estaba en plena producción. La pregunta obligada ahora es la siguiente: ¿cómo se hizo para despojar a más de 4.5 millones de desplazados de dichas tierras? ¿Dónde estaban las autoridades civiles, de Policía y militares que no enfrentaron el despojo de estos millones de personas? ¿Dónde estaban los jueces, los representantes del Ministerio Público y los Notarios que permitieron este despojo? ¿Todos los funcionarios del Estado en qué estaban?

Ahora con las investigaciones que valientemente emprendió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y por la presión que ella ha ejercido sobre la Fiscalía General de la Nación, comienza a saberse algo acerca de la pregunta de dónde estaban todos estos funcionarios. Se calcula que en Urabá el despojo está próximo a las 150 mil hectáreas y en el Oriente de Antioquia serían aproximadamente 30 mil hectáreas. Las investigaciones preliminares de la  Fiscalía General de la Nación han encontrado que en el despojo se encuentran comprometidos una buena cantidad de notarios, funcionarios del Incoder, quienes directamente participaron del despojo legalizando títulos y en algunas ocasiones como en el Urabá chocoano financiando a los palmicultores despojadores de las tierras de las comunidades negras de esta región del país. Precisamente el reto que enfrenta la Fiscalía General de la Nación frente al despojo es avanzar en las investigaciones sobre los despojadores de los millones de familias desplazadas que tuvieron que abandonar sus tierras. Pero, éste también es el reto que enfrentará el Gobierno en el futuro con la llamada “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”. Esta ley enfrentará, a no dudarlo, la oposición férrea de los terratenientes y de las bandas criminales que se apoderaron de éstas 6.6 millones de hectáreas, al mismo tiempo enfrentarán el reto de proteger a las familias que reclaman y de aquellas que se proponen retornar a sus propiedades.

Por ello en el proyecto que actualmente se discute en el Congreso de la República no ayuda mucho a este propósito que se plantee que se pueda dar derecho a poseedores para que mantengan el dominio sobre estas propiedades, cuando ellas estén cultivadas o algunas industrias mineras que ya se encuentran explotando dichas propiedades a cambio deberían dar una renta a los despojados. No nos parece y así lo hemos planteado desde la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Nos parece peligroso que en la ley se hagan excepciones a favor de terceros. Lo lógico es que la ley garantice los derechos de los despojados y que se respete su decisión aún en el caso que no quieran retornar y terminen vendiendo sus propiedades o decidan acuerdos con quienes actualmente cultivan sus propiedades. La lógica de la ley es que ella debe garantizar esos derechos y al mismo tiempo garantizar las decisiones que los despojados quieran dar a sus propiedades.

Finalmente el Gobierno también enfrenta un inmenso reto, como lo plantea el reciente informe sobre Colombia de la Alta Consejera para Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien de manera clara sostiene que el reto del proyecto de restitución de tierras pasa primordialmente por crear un sistema real de garantías para las víctimas. Es precisamente la batalla que se está librando en la región de Urabá  donde los grupos criminales han asesinado hasta ahora a siete líderes de los despojados que valientemente han enfrentado a los despojadores y han reclamado la restitución de sus propiedades. Aquí el reto es inmenso. Mientras el Estado no enfrente la infiltración en sus propias entidades como lo ha señalado el informe de Naciones Unidas y mientras no brinde garantías a las víctimas para su retorno los proyectos o las leyes no serán más que declaraciones de buenas intenciones. Este es el reto que enfrentará en el futuro la puesta en práctica de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. La Fiscalía tiene la palabra.

Edición N° 00246 - Semana del 11 al 17 de Marzo de 2011
 
 
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