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  ¿Hay un poder mafioso consolidado en Colombia? – A propósito de las elecciones de octubre de 2011
  Luis Eduardo Celis
  Asesor de la Corporación Nuevo Arco Iris
 

En las últimas semanas se viene hablando de “municipios en riesgo”, haciendo relación al proceso electoral y la acción que sobre ellas puedan ejercer organizaciones armadas, bien sea del proceso de los “Grupos post-desmovilización paramilitar” o de las guerrillas de FARC y ELN, o de otras redes organizadas con el fin de controlar ejercicios de la política y la administración pública y aprovechar en su beneficio las potencialidades económicas de un territorio; someter a la población a una reglamentación funcional a sus intereses.

Si bien es positivo que el tema esté en la agenda del Gobierno, que desde el Ministerio del Interior ha liderado una acción interinstitucional para prevenir la acción de ilegales en las alecciones de octubre, el asunto debe ir más allá de una acción puntual la cual por supuesto es importante y está por verse hasta donde “alertas tempranas”, acción policial, veeduría ciudadana puede limitar y contrarrestar las pretensiones de ilegales por influir y hacerse al poder local, o manteniéndolo y ampliándolo.

Esta por construir un detallado balance de hasta donde el poder de los ilegales, tanto del tronco paramilitar, como del tronco insurgente han permeado la institucionalidad pública, local, regional y nacional, si bien el proceso de la parapolítica en términos judiciales continua, es claro que la influencia construida por los paramilitares fue de una amplitud y profundidad enormes y que su capacidad de control en los ámbitos de la política, la economía y las dinámicas de sociedad, tuvieron tal envergadura que lograron configurar un poder de alcances nacionales y fueron plenamente participes del ejercicio de Gobierno durante los últimos ocho años.

Ahora, con el nuevo Gobierno que ha planteado una agenda de reformas importantes, cuyos alcances y desarrollos los veremos en los próximos tres años y cuyos propósitos de reformar el campo colombiano, dinámicas económicas regionales, el sistema de competencia política, el control y sanción a la corrupción, temas vitales en los que se ha insertado el poder de la mafia y sus expresiones paramilitares. De seguro que asistiremos a un pulso reformador, versus un poder que no mirará impávido la perdida de sus interés y posibilidades de reproducción e influencia en la sociedad colombiana, sin duda que podremos asistir a una tensión social de envergadura donde se jugará la ampliación de la democracia y el fortalecimiento de este precario estado social de derecho en detrimento del autoritarismo y la exclusión, con altas dosis de violencia y barbarie sobre la que se construyó este poder mafioso en los últimos cuarenta años.

Volviendo al tema electoral, coyuntura importante sin duda, hay que ampliar la mirada no solamente a los trescientos municipios en los que hacen presencia los neo-paramilitares, según informes actualizados, lo cual de por si ya es bastante grave, sino pensar en aquellos territorios donde hay una presencia silenciosa y sin aspavientos de ilegales armados deambulando por campos y cascos urbanos, pero existe un poder que poco a poco se fue consolidando sofisticando sus prácticas de coerción y aprovechamiento del poder local desde una perspectiva excluyente y autoritaria, que no duda en recurrir a la violencia cuando considera que es necesario, éste poder que se ejerce con prácticas mafiosas existe en dimensiones por establecer, no pequeño y sobre el cual hay que definir estrategias, políticas y acción institucional para su superación.

El poder mafioso existe en la política desde los años setenta, ha crecido y se ha sofisticado y la capacidad para contenerlo y combatirlo en estas cuatro décadas se ha mostrado ineficaz, quizás en este actual Gobierno que ha planteado un interés en las instituciones democráticas, el ejercicio de derechos y la transparencia sea posible avanzar en superar esta amplia distorsión de la vida en sociedad, que debe estar signada por la legalidad, la sanción a quienes contravienen el pacto de convivencia que representa la Constitución Nacional y cuyo poder es excluyente, violento y autoritario y alejado de un proyecto que permita la vida en sociedad y la convivencia pacífica, anhelo postergado en estas tierras.

Edición N° 00246 - Semana del 11 al 17 de Marzo de 2011
 
 
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