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  La batalla por la tierra en Colombia
  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
 

En menos de 24 horas fueron asesinados tres líderes de asociaciones de víctimas que reclaman la devolución de sus tierras despojadas por grupos paramilitares. Estos asesinatos ocurrieron en Antioquia y Sucre. David Góez Rodríguez, un líder de la región de Urabá que estaba viviendo en Medellín y que tenía 70 años fue asesinado en dicha ciudad en un centro comercial del sur de la ciudad. Bernardo Ríos Londoño, miembro de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue asesinado el día jueves 24 de marzo en dicho municipio de la región del Urabá antioqueño y finalmente también fue asesinado Eder Verbel Rocha, en el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre.

Durante los últimos meses en Colombia, después del 7 de agosto de 2010 fecha en que tomó posesión en la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos, fueron asesinados 11 líderes campesinos, víctimas de desplazamiento forzado y del despojo de sus tierras. Todos ellos estaban vinculados a procesos de restitución de sus propiedades. Los asesinatos ocurren como un desafío de las bandas paramilitares a la política anunciada por el Gobierno de restitución de 2 millones de hectáreas en los próximos 4 años de los 6.6 millones de hectáreas que les fueron arrebatadas a más de 600 mil familias (4.5 millones de desplazados) desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio del año 2010. Este desafío lanzado por las bandas criminales ha ocurrido en aquellas regiones del país en que se produjo el mayor despojo de la propiedad agraria de los campesinos desplazados, que contó y sigue contando con la complicidad de miembros de las autoridades. En la región de Urabá, por ejemplo, se calcula que un 10% del total de la tierra cultivada, unas 150 mil hectáreas según la Superintendencia de Notariado y Registro que lleva oficialmente los registros de la propiedad inmobiliaria en Colombia fueron despojadas con la complicidad de jueces, notarios y por supuesto de integrantes de las Fuerzas Armadas Gubernamentales y de las autoridades civiles y políticas. ¿Cómo es posible que en el Urabá antioqueño y chocoano se hayan robado cerca del 10% del total de la propiedad agraria sin que las autoridades hicieran nada para proteger a los campesinos y a los afrodescendientes que viven allí y que han cultivado su tierra durante decenas de años?

Según la Comisión de Seguimiento de la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado, en estas dos regiones del país se produjo el despojo en la siguiente proporción. En Antioquia y Chocó desde el año de 1980 y hasta el 30 de junio de 2010 había en esta región 117.171 familias desplazadas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada, las cuales habían sido despojadas de 1.652.261 hectáreas de tierra lo que corresponde al 27% del total de la tierra arrebatada a las familias desplazadas en todo el país. Estos dos departamentos concentran la región con mayor despojo y esto es lo que explica la virulencia de la confrontación en torno a las reclamaciones sobre la propiedad de la tierra. Entretanto en la región constituida por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba que ocupa el cuarto lugar en el tamaño del despojo detrás de la región sur del país habían sido desplazadas en este mismo período 58.727 familias lo que representa el 13.5% del total de familias desplazadas en el país y les habían sido arrebatadas 749.968 hectáreas en estos mismos años.

En el Urabá Antioqueño,  el 17 de septiembre de 2010, asesinaron a Hernando Pérez un campesino que ese mismo día había asistido a la entrega de títulos de tierra a sus legítimos dueños, que había presidido el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. Pérez reclamaba la restitución de tierras para 25 familias en la vereda La Ceibita, del municipio de Necocli, Antioquia. Las familias que él representaba forman parte de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asoviresti). En la región de Urabá en los últimos dos años asesinaron a 8 líderes de los campesinos que reclaman la devolución de sus tierras.

El asesinato de Eder Verbel Rocha muestra en un caso concreto la permisividad de las autoridades locales y de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano con los victimarios. Eder se desplazaba con su hijo, menor de edad, y su hermano Orlando cerca de su finca a las 6:15 de la tarde del 23 de marzo en una motocicleta. Dos hombres armados dispararon contra los tres miembros de la familia, hiriendo de gravedad a Eder, su hijo permanece con él y al final Eder lo convence de que escape y es el niño quien informa a los infantes de Marina sobre el asesinato de su padre. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, responsabilizan de este asesinato a José Manuel Rivera de Ávila, alias el “Begueta” y a Eder Antonio Arroyo Hernández, alias “Pólvora” quienes fueron detenidos poco después del asesinato y puestos en libertad posteriormente sin que se conozcan las razones para ello.

El pronunciamiento del MOVICE, del Departamento de Sucre señala que “La espiral de violencia contra este movimiento obedece a un patrón sistemático contra nuestra organización, la cual, fue duramente golpeada, el día 18 de mayo de 2010, cuando llegando a su finca La Alemania, ubicada en San Onofre, fue asesinado Rogelio Martínez Mercado miembro del Movice-Sucre” además denuncian la detención de “Nuestro secretario técnico Carmelo Agamez, víctima de un montaje judicial, así como las amenazas y hostigamientos permanentes contra los miembros de este capítulo”.

Los desafíos al Gobierno de Santos

Meses atrás el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, había lanzado la advertencia a las bandas criminales que no permitiría que uno de sus programas bandera fuera torpedeado, con el uso de la violencia,  contra de los campesinos despojados. Una vez ocurrió el anunció las  bandas criminales lanzaron un verdadero reto al presidente Santos y ya son 11 los líderes asesinados por reclamar sus tierras.

Como respuesta el presidente Santos conformó el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras del cual hacen parte los ministros de Defensa, Agricultura, Interior, Fuerzas Militares, la Policía y los organismos de Seguridad del Estado. El Ministro de Agricultura frente a los 3 asesinatos convocó de manera extraordinaria a dicho Centro de Inteligencia para estudiar medidas concretas.

Ahora bien, el problema central y fundamental consiste en que como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en una reciente actuación judicial, que busca llevar a juicio al ex parlamentario César Pérez García, presunto autor intelectual de la masacre de Segovia ocurrida en el año de 1988 en dicho municipio del departamento de Antioquia, en esa providencia judicial, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pone el dedo en la llaga del problema, señalando que lo que se presentó en aquellos años fue una connivencia entre mandos de las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares que actuaron con los mismos propósitos y se colaboraban mutuamente. Se trataba dice el alto Tribunal de oponerse al proceso de negociación y de paz que se adelantaba a nivel nacional al tiempo que se trataba de limitar el crecimiento de fuerzas políticas ligadas a estos procesos de Paz. Lo cual, agregamos nosotros, llevó al exterminio de la Unión Patriótica surgida de los pactos de paz y de negociación con las FARC en el año de 1984.

Si el presidente Santos quiere realmente doblegar a la criminalidad que se opone a la devolución de las tierras de los despojados deberá primero combatir sin tregua la infiltración de la criminalidad en la estructuras del Estado, valga decir, en las próximas elecciones deberá combatir a los candidatos de los grupos paramilitares que actualmente controlan más de 250 alcaldías en el país y 12 de las 32 gobernaciones departamentales; deberá perseguir a cientos de notarios que legalizaron el despojo de las familias campesinas; deberá depurar a las Fuerzas Armadas y de Policía no sólo en el Urabá, una de las zonas más militarizadas del país y en donde se asesina en la más completa impunidad; deberá depurar con el concurso de la fiscal General Viviane Morales, a la Fiscalía General de la Nación y con la Rama Judicial depurar también el aparato de justicia y los organismos de  control. Sólo si el Estado actúa con el criterio de reparar a las víctimas, de actuar siempre protegiendo los derechos humanos y con la intención de buscar la verdad, sólo entonces, el Presidente podrá hacer realidad su promesa de devolver 500 mil hectáreas de tierra en cada uno de los próximos cuatro años a las familias despojadas.

Este es el tamaño del reto que afronta el Gobierno para que la ley de víctimas y restitución de tierras que se está discutiendo en el Congreso de la República no quede como letra muerta sino que realmente abra un camino para la paz y la convivencia en el país.

Edición N° 00248 – Semana del 25 al 31 de Marzo de 2011
 
 
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