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  La culpa es de las víctimas
  Francisco Taborda Ocampo
  Abogado y consultor en derechos humanos
 

Como muchas personas en el país, me he sentido profundamente conmovido por el vil asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona. Cada muerto duele, pero las circunstancias absurdas de inermidad en que fue asesinada esta mujer, duelen más. Y ante tamaña perplejidad, quizá lo único que nos dejan en este país es la posibilidad de exorcizarla en palabras que a alguien interesen.

Llama la atención las declaraciones de algunas agencias estatales como la Defensoría del Pueblo, que indicaban que la jueza “no había denunciado amenazas”, como si una situación de riesgo tan evidente como la que vivía la jueza en ese municipio, no constituyera suficiente título para brindarle protección. He conversado sobre el tema con un amigo médico que se dedica a la salud pública y me hizo una reflexión muy sencilla, pero muy valiosa: y es que ¿si a uno no lo amenazan entonces no merece protección?, entonces si uno pide esa protección le dicen vaya traiga la amenaza y se la damos. No todos los asesinos amenazan, pues el amedrantamiento es apenas una de tantas modalidades de terror que hay en este país.

Suficiente título es el riesgo evidente vivido por la funcionaria tomando en cuenta los procesos que manejaba y en especial el último que había asumido por la violación de una niña y el asesinato de ella y sus hermanitos, producidos también en unas circunstancias de inermidad extremas y dolorosas.

Lo sucedido con la jueza me recuerda la afirmación de Héctor Abad Faciolince cuando entrevistó a Ingrid Betancur: en este país, la culpa de lo que le suceda la tiene la víctima. En ese sentido, hay un desplazamiento horrendo de la responsabilidad: si la víctima no recibe o no denuncia amenazas, pues peor para ella, ya que merece su suerte. Triste deformación de las garantías en un Estado que, algunas veces sólo en la Constitución, se precia de ser un Estado de Derecho.

Y como si fuera poco, para acabar de confirmar que la justicia en este país tiene varias categorías, el mismo Ministro del Interior (y todavía de la Justicia), ha solicitado el traslado de los procesos a Bogotá. Y uno se pregunta si es que las regiones no tienen derecho a una justicia administrada en condiciones seguras y dignas. Renunciar a administrar justicia directamente en los territorios, no sólo se lleva de calle principios importantes como el de la inmediación de la prueba (las pruebas están en las regiones donde suceden los hechos y su valoración a veces implica el hecho de hacerla “en contexto”), sino que demuestra una vez más que nuestra seguridad está lejos de ser “democrática”, porque si lo fuera, no se establecerían estas categorías en las que unos lugares tienen acceso a la justicia y otros tienen que remitirse al virreinato de Bogotá.

Todo mundo reconoce que durante las dos larguísimas administraciones de Uribe se ganó mucho terreno en seguridad. Sin embargo, tal parece que lo que más se ha ganado es apenas una “sensación de seguridad”, más no el derecho a la seguridad personal en condiciones de igualdad para todos los colombianos. ¿Cuál es la diferencia entre renunciar a la soberanía en el Caguán y renunciar a la soberanía de la justicia en los municipios de Arauca?, ¿se resuelven las  cosas trasladando los procesos a Bogotá? Ciertamente se resuelven sólo algunas, como el hecho de una sensación de amenaza latente contra quienes manejen en esas zonas procesos tan delicados como el de la muerte de los tres niños a manos, presuntamente, de militares, o el de quienes llevan procesos por rebelión o por paramilitarismo. Empero, también se contribuye a la congestión (causa a su vez de impunidad) pues los fiscales de derechos humanos en Bogotá están tan atiborrados de procesos que la misma Fiscal General ha reconocido que, por sólo mencionar un delito, los miles de procesos por desaparición forzada, han dado al traste con la capacidad investigativa y juzgadora de un puñado de fiscales dedicados a ellos. Y ello en parte ha sucedido porque ante los riesgos de injerencias indebidas de los actores violentos, los procesos se los han traído a Bogotá. Eso ha sido reclamado hasta por las ONG más prestigiosas de derechos humanos en el país, pero creo que ha sido un arma de doble filo, en la medida en que aceptar que las regiones no merecen condiciones de seguridad para adelantar los procesos, también es reconocer que la seguridad en este país no es para todos, y mucho menos que el acceso a la justicia es general. Por eso, entre muchos factores, nuestra seguridad está lejos de ser “democrática”. No soy ingenuo sin embargo pues ha de considerarse que los funcionarios en las regiones no sólo son más vulnerables (por la fuerza), sino más influenciables (por la plata, o por las amistades).

Todos nos ponemos muy contentos cuando podemos salir en un puente festivo a cualquier ciudad fuera de Bogotá y vemos la carretera atestada de soldados que nos saludan levantando el dedo pulgar, contrario al temor que había antes de Uribe de salir y que le echaran a uno mano en cualquier lugar por concurrido que fuera. Pero yo estaría más contento si además de eso, no se estuvieran produciendo asesinatos como el de la jueza, en una zona protegida como “anillo de seguridad”, y en un municipio que cuenta con fuerza pública suficiente, circunstancias que tornan aún más absurdo y más infame su asesinato. Si además de soldados en las carreteras, no estuvieran siendo asesinados vilmente los líderes que reivindican tierras, si no fueran abusadas más niñas y niños, por los actores del conflicto (incluido el Ejército, tristemente), si los procesos no se tuvieran que trasladar a Bogotá.

En qué condiciones queda la gente en municipios como Saravena en los que el mensaje es: nos llevamos el juzgado porque aquí no podemos garantizarle la vida a los jueces ni podemos adelantar los procesos en condiciones seguras y de imparcialidad.

Si yo fuera hijo o padre de la jueza asesinada no dudaría un minuto en demandar al Estado, no sólo porque tienen derecho a una reparación integral, sino para lanzar un mensaje ante el país, una voz distinta: la del reclamo de seguridad para todos, sin distingos de región ni de cargo, ni basadas en la existencia o no de una amenaza. Y demandaría muy a riesgo de ser estigmatizado, pues independientemente de quién la haya asesinado, la jueza perdió la vida por el cumplimiento de sus funciones, ante la mirada indiferente de muchos, triste crónica, como tantas en este país, de otra muerte anunciada, ante la cual se rasgan ahora las vestiduras diciendo que no había denunciado amenazas.

Ese argumento de la inexistencia de amenazas (sin tomar en cuenta el alto riesgo que enfrentaba la jueza) termina por convertirse en algo perverso, pues algunos asesinos no amenazan, y los que tengan la “consideración” de hacerlo antes de jalar del gatillo, lo pensarán dos veces ahora, porque si una persona no está amenazada, pues no gozará de un mínimo esquema de seguridad, lo cual les hará más fácil el trabajo. Eso sin contar los innumerables casos en este país en que a pesar de fuertes esquemas de seguridad, la maldad extrema de nuestros asesinos, ha podido producir de todas maneras la muerte de tantos: Galán, Bernardo Jaramillo, tantos líderes de derechos humanos, y últimamente más de 50 líderes que reivindican tierras.

El país debe moverse entonces a una reflexión profunda: El Estado declara que sólo puede administrar justicia en Bogotá, o asume el reto de imponer una justicia eficaz en las regiones. De no ser así, veo un futuro aciago para los procesos de la parapolítica que tocan actores regionales (y que por efecto de las pruebas y lo que significa investigar y juzgar lejos de donde se produjeron los hechos, pueden quedar en la impunidad), para los procesos penales que involucran en las regiones a agentes del Estado, para los procesos que vinculan a la guerrilla, en fin, para todos aquellos procesos que surgieron en un contexto generalizado de violaciones de los derechos humanos, producida la mayoría de las veces, en las regiones, pues si algo ha caracterizado a la seguridad democrática en nuestro país, es que se quedó en las carreteras principales y en las ciudades grandes, y abandonó esos otros territorios que también forman parte de Colombia y que tienen derecho, como los que vivimos en Bogotá, a la justicia y a la seguridad.

Un concepto amplio de seguridad, no sólo se queda en contener a la guerrilla, o en desmovilizar (sin tomar en cuenta las simulaciones que ahora se denuncian) a los paramilitares o a la misma guerrilla, sino que contempla el hecho de brindarle condiciones de dignidad a quienes éticamente piensan que todavía pueden hacer algo en medio de tanto horror, como son los jueces de la República, que además de no ganar ni siquiera la mitad de lo que gana un magistrado en capitales o la cuarta parte de los magistrados de las altas cortes, deben desarrollar su trabajo como en el antiguo oeste, con la sensación de un revólver que permanentemente te apunta a la cabeza.

Edición N° 00248 – Semana del 25 al 31 de Marzo de 2011
 
 
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