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  Mapas de riesgo electoral, violencia y corrupción
  Rubén Sánchez David
  Docente Universidad del Rosario
   
 

En días pasados, a dos meses de las elecciones locales y regionales, el Presidente de la República pidió actuar con severidad frente a los que pretenden corromper los comicios. Esta petición se sustenta no solamente en las denuncias originadas por las amenazas a la integridad de los candidatos en ciertas regiones del país y en hechos ventilados por los medios de comunicación sino, también, en los estudios de riesgo electoral adelantados por el Gobierno, la Defensoría del Pueblo y, particularmente la MOE (Misión de Observación Electoral).

Obviamente, los estudios mencionados arrojan números distintos porque usan metodologías diferentes, pero llama la atención que coinciden en señalar las regiones más vulnerables: la Costa Atlántica, Cauca, Chocó, el Meta y Nariño. El Gobierno suma a esta área la Guajira, Norte de Santander, Arauca, Caquetá, parte del Meta y Casanare. De acuerdo con la MOE, los sitios con mayor riesgo electoral son la Costa Atlántica, la zona fronteriza con Venezuela, el Cesar y la Guajira así como Cauca y Nariño.

En todos los casos aparecen las guerrillas como factor de perturbación pero, sobre todos, grupos paramilitares ahora denominados BACRIM (bandas criminales) que ejercen control territorial en buena parte del país. En términos de violencia, la MOE considera que la influencia de los “Rastrojos”, los “Urabeños”, los “Paisas” y el “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista” son factores de riesgo muy alto. Sin embargo, la violencia física y el constreñimiento no son los únicos factores perturbadores de las elecciones; también son amenazas identificables la financiación de campañas, la trashumancia electoral (trasteo de votantes), la compra de votos y la presión sobre las autoridades públicas. En este sentido, los investigadores de la MOE consideran que el riesgo de fraude electoral está menos relacionado ahora con la presencia de grupos armados ilegales que en pasadas elecciones y que son los políticos los principales agentes de riesgo. De hecho, según los mapas de riesgo elaborados por un equipo académico, de los 429 municipios que estaban en situación de riesgo por anomalías de fraude electoral y violencia en las pasadas elecciones de 2007, esta vez sólo hay 241.

Sin embargo, la MOE también anota que en lo referente al fraude electoral, el riesgo que haya trampa se presenta en 544 municipios, esto es en la mitad del territorio nacional, cuando en 2007 se presentó en 328 municipios. Así mismo, que hay 41 municipios más en la lista de riesgo que en 2010.

Ante esta situación nada alentadora las respuestas difieren dependiendo de dónde provengan. Según el Gobierno, la causa mayor es el narcotráfico, financiador de la corrupción; según los analistas de la MOE, los responsables son los partidos políticos dado que el riesgo de fraude podría bajar si los partidos depuraran las listas de sus candidatos. De acuerdo con María Teresa Ronderos, directora de semana.com, “Lo más dañino es la moneda con la que los gobiernos nacionales siguen comprando la gobernabilidad y que consiste en estimular, proteger y transar con lo peor de los liderazgos locales. Con semejante respaldo desde arriba consiguen cuotas, contratos y concesiones que les dan el dinero y el poder para ganar elecciones, intimidar al que se les atraviese, comprar jueces, aliarse con los diablos de turno y aprovechar cualquier oportunidad para incrementar sus capitales financieros y políticos” (Semana, agosto 18 de 2011).

Escribir sobre corrupción en Colombia donde el descaro es total, es llover sobre mojado y el despliegue de Fuerzas Militares y de Policía en vísperas de elecciones  una tradición. El Ministro del Interior ya anunció que anticipará la puesta en marcha del Plan Democracia en los 72 municipios del país que están en mayor riesgo para las próximas elecciones e indicó que próximamente se expedirá la modificación del decreto que le permite asumir los esquemas de protección de los candidatos. Estas medidas buscan contrarrestar en parte los riesgos que corren los candidatos, pero poco contribuyen a limpiar la democracia colombiana y a fortalecerla.

Lo cierto es que de más de 2000 candidatos a las elecciones de octubre que han sido denunciados por tener investigaciones disciplinarias o penales, 477 lograron obtener el aval de los partidos para las elecciones o inscribirse por firmas. El caso fue trasladado por el Ministro del Interior al Consejo Nacional Electoral, pero el Presidente de dicho organismo ya declaró que “Tenemos un volumen de trabajo enorme, aproximadamente 900 mil cédulas impugnadas por trasteo de votos y con lo que nos han anunciado, daremos traslado de las listas que no cumplieron con la equidad de género, por lo que podríamos estar por arriba de 3000 candidatos cuyas inscripciones estarían en trámite de revocatoria”. En suma, se seguirá burlando la ley.

Para nadie es un secreto que en muchos lugares del país la influencia de los grupos al margen de la ley es evidente, debido al fortalecimiento de las milicias urbanas que condicionan la presencia de políticos en campaña, imponen candidatos o eliminan a los adversarios, pero buena parte de la responsabilidad recae también en los partidos políticos.

Lo que en Colombia se llaman partidos políticos no son sino maquinarias electorales que distribuyen avales conforme a cálculos relacionados con las elecciones. De acuerdo con la norma, los partidos son autónomos para conceder su aval a los que lo soliciten y corresponde a sus dirigentes evaluar la conveniencia política de expedirlo o negarlo. Así mismo, un individuo investigado penal o disciplinariamente puede ser avalado pues todos somos inocentes mientras no se pruebe lo contrario, pero el partido asume la responsabilidad política si luego dicho individuo resulta condenado.  Del mismo modo, el tener familiares condenados no inhabilita para ser candidato puesto que no existe inhabilidad sanguínea, pero la conveniencia política y la transparencia electoral sin criterios que van más allá de lo legal

La política gira en torno al ejercicio del poder y en un Estado de derecho la ley es el referente por excelencia, pero la legitimidad no es ajena a la ética. Parece que el problema político hoy, es llevar la ética al poder, tarea que no solamente compete a las autoridades sino a toda la ciudadanía. La ciudadanía tiene el deber cívico de ayudar a contrarrestar la corrupción. Las instituciones estatales no dan abasto y en algunos casos están permeadas por los amigos de la aquella.

Edición N° 00270 – Semana del 2 al 8 de Septiembre de 2011
 
 
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