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  Las elecciones en curso y los riesgos que afrontan
  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

El próximo domingo 30 de octubre se realizarán las elecciones regionales en Colombia. En éstas elecciones se elegirán 1.102 alcaldes municipales, se elegirán así mismo 418 diputados a las Asambleas Departamentales, 12.203 concejales municipales y 32 gobernadores departamentales además de más de mil ediles de las Juntas Administradoras Locales. Estas elecciones se dan en medio de un gran debate sobre el estado actual del proceso de la descentralización puesto en marcha en Colombia desde los años ochenta del siglo XX y que ha sido calificado como uno de los procesos descentralizadores más radicales que se haya operado en país alguno de América Latina.

 Hay que recordar ahora que la reforma tenía como propósitos fundamentales el desmonte del excesivo centralismo, la relegitimación del régimen político sobre la base del reconocimiento de la soberanía popular a los ciudadanos para que de forma autónoma eligieran a sus autoridades municipales, principio que fue extendido por la Constitución de 1991, a la elección de los gobernadores departamentales, así mismo se contempló un fortalecimiento de las finanzas municipales por la vía de la cesión de una parte de los impuestos recaudados nacionalmente, lo que ahora se llama un sistema nacional de participaciones en el presupuesto nacional –después de las reformas constitucionales del año 2001 y 2006- y también contempló una cesión importante de competencias y atribuciones a los departamentos y municipios, pero sobre todo a éstos últimos. Una buena parte de los propósitos se han cumplido hoy en términos generales, han mejorado las coberturas de los servicios públicos, han mejorado la prestación de los servicios de educación y salud, las coberturas de servicios de agua potable así como de infraestructura urbana y rural han mejorado ostensiblemente aunque con notorias disparidades regionales. En donde las poblaciones se han sacudido el yugo de los clientelistas y corruptos todos estos servicios y las coberturas han mejorado, pero no así en aquellas regiones en las cuáles el clientelismo y el poder de los grupos armados ilegales interfiere con gobiernos transparentes y honestos. Este atraso tiene que ver con problemas de cultura política y con las consecuencias del conflicto armado interno no resuelto.

No obstante y como lo hemos señalado en otras ocasiones la descentralización y la democracia local afrontan tres problemas cruciales que tendrá que encarar so pena de deslizarse a una crisis aún más profunda. El primer problema tiene que ver con la infiltración de grupos armados ilegales en las administraciones departamentales y municipales. El segundo problema tiene que ver con los fenómenos de corrupción y un tercer problema tiene que ver con detener el proceso recentralizador que se viene operando desde la presidencia de Andrés Pastrana y que se profundizó bajo los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Aquí sólo nos vamos a ocupar del fenómeno  de los riesgos electorales a los que nos enfrentamos de cara a las elecciones regionales del mes de octubre.

En las elecciones de 2007 diversos analistas señalaron que al menos 251 alcaldías habían sido conquistadas por gobiernos afines a los grupos paramilitares; 12 gobernaciones fueron señaladas también de dicha infiltración. (Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arco Iris, 2007). Esta situación lejos de disminuir se ha profundizado y hoy constituye el mayor riesgo junto con otros dos factores que examinaremos con detalle más adelante. Nos referimos a los problemas del propio sistema electoral que lo hace permeable a los fenómenos de fraude electoral bajo distintas modalidades y a la penetración de intereses de grandes empresarios sobre todo de importantes empresas mineras; de explotación de hidrocarburos que quieren “invertir” en las elecciones para garantizar administraciones municipales y departamentales proclives a la defensa de sus particulares intereses.

Las amenazas de infiltración son altamente preocupantes. La Misión de Observación Electoral señala que las llamadas Bacrim o grupos neoparamilitares son un riesgo realmente importante así como la presencia perturbadora de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según su informe sobre los riesgos electorales para las próximas elecciones de octubre 447 municipios están en riesgo por factores de violencia, de ellos 116 están en riesgo extremo, 71 en riesgo alto y 260 en riesgo medio. Este número es menor a los municipios que estaban en riego por violencia en el año 2007 que fueron 576.

Catorce (14) departamentos tienen más de la mitad de sus municipios en riesgo por violencia, de cara al proceso electoral de 2011 destacándose por su número el departamento de Antioquia, pero porcentualmente es más grave en departamentos como: Caquetá, Guainía, Guaviare en donde todos sus municipios se encuentran en riesgo por factores de violencia. Las zonas más críticas detectadas por la MOE son: en primer lugar la región del sur de Nariño que tiene como epicentro central al municipio de Tumaco. Este es un territorio de cultivo de coca, tráfico de insumos para la fabricación del clorhidrato de Cocaína, contrabando de armas, puertos de salida de la droga y lugar en que se encuentran asentados los grupos paramilitares  y los grupos guerrilleros.

La segunda zona está ubicada en el occidente del Valle del Cauca que tiene dos epicentros fundamentales a Yumbo y Buenaventura, allí se han presentado de tiempo atrás alianzas entre dirigentes políticos y grupos armados ligados con el narcotráfico al tiempo que se presentan hechos reiterados de violencia política que llevó en éstas elecciones al asesinato de un candidato a la Alcaldía de Yumbo.

La tercera zona es el llamado Nudo de Paramillo en donde se encuentra geográfica y políticamente el sur del departamento de Córdoba y el Bajo Cauca de Antioquia. Allí se libra una batalla en que el dominio de los paramilitares es casi absoluto en la parte que corresponde al departamento de Córdoba y una guerra frontal entre los destacamentos de las FARC y los grupos paramilitares en el Bajo Cauca Antioqueño. La disputa es por los cultivos de coca y los laboratorios  así como por las rutas que van hacia el golfo de Morrosquillo.

La cuarta zona de riesgo está ubicada en el sur del Meta, Caquetá y Putumayo es decir en la Macarena y allí se enfrentan los reductos de las FARC con grupos de las llamadas bandas criminales que en algunos territorios son aliados de las FARC como con la presencia de las Fuerzas Armadas Gubernamentales. Lo paradójico como lo señala el informe de la MOE es que después de la anunciada derrota de las FARC no se hayan consolidados las instituciones democráticas del Estado y por el contrario persista un altísimo riesgo de infiltración  por parte de los neoparamilitares y de boicot por parte de las guerrillas sobre todo de las FARC.

La quinta zona está ubicada en el Sur de Bolívar y en el Magdalena Medio la cuál además ha presentado recientemente problemas de inundaciones como consecuencia del invierno reciente. La presencia predomínate es de las llamadas Bandas Criminales y de los grupos guerrilleros principalmente del ELN.

La sexta zona se encuentra en la frontera venezolana y presenta tres epicentros muy claros. Por un lado el piedemonte araucano con presencia del ELN y las FARC, por otra parte la zona del Catatumbo en el Norte de Santander en donde hay una disputa entre cinco actores armados del conflicto que buscan controlar el territorio (FARC, ELN, BACRIM, EPL y Fuerzas Armadas Gubernamentales), y la séptima zona se encuentra localizada el norte de la Guajira (Uribia y Maicao) en donde el contrabando de gasolina y la disputa entre los grupos de las Bacrim, convierten a esta zona en la de mayor riesgo electoral para los comicios de octubre de 2011. (Felipe Jiménez Ángel: Misión de Observación Electoral, septiembre de 2011).

Como se sabe los riesgos electorales por parte de los grupos armados tiene una naturaleza diferente como claramente lo advierte el Informe de la  Defensoría del  Pueblo en sus mapas de riesgo electoral por factores de violencia que elabora con base en  su sistema de Alertas tempranas. “Según estableció el Sistema de Alertas Tempranas, 199 municipios fueron clasificados en riesgo alto, que corresponde al 18% del total de municipios del país y 157 municipios del país fueron clasificados en riesgo medio, que corresponde al 14% del total de municipios. En conjunto se identifican 356 municipios con algún nivel de riesgo que corresponde al 32% del total de municipios del país”. “Al clasificar los departamentos según la proporción de municipios que registran algún nivel de riesgo, se muestra que los más afectados son los departamentos de Arauca y Guaviare que registran riesgo en el total de sus municipios. Le siguen los departamentos de  Caquetá y Vichada con una afectación del 75% respectivamente, el departamento del Meta con el 69%, Vaupés con el  67%, la Guajira con una afectación del 60% de sus municipios, el Casanare en un 58% y el departamento del Chocó con afectación del 52% de sus municipios” (Informe especial de riesgo electoral –elecciones regionales de 2011- Julio de 2011, Bogotá, Colombia. Defensoría del Pueblo).

Este informe destaca que los objetivos de las Bandas Criminales son distintos a los de las guerrillas- En el primer caso estas estructuras armadas ilegales brindan seguridad a intereses económicos dedicados a la explotación del territorio con fines particulares, al mismo tiempo que aplican mecanismos de contención violenta de expresiones de protesta social y oposición política, en el plano político, al interferir y cooptar la institucionalidad, consiguen el doble propósito de asegurar que los administradores de la cosa pública les facilite la estrategia de control y expoliación del territorio, predisponiendo a su favor sectores de la justicia o de los organismos de seguridad, al mismo tiempo que se aprovechan de los recursos públicos como soporte de su estrategia militar de dominación”.

En este sentido, las guerrillas de las FARC y del ELN, y en menor medida del EPL, vienen actuando en orden a interferir y obstaculizar el proceso electoral, principalmente en los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Norte de Santander y Arauca. La Defensoría no descarta también acciones de saboteo que afectarán a la población civil en regiones de Chocó, Antioquia, Sur del Tolima, Meta y Guaviare. (Informe  Defensoría. P.p. 10-11).

Así pues lo que queremos destacar aquí es que sobre las elecciones de octubre se ciernen riesgos electorales ligados a la violencia que en el informe de la MOE compromete a 447 municipios del país y en el de la Defensoría a 356. Estamos hablando de un riesgo muy amplio. Hay que anotar que en estos cuatro años a pesar de la leve disminución, el riesgo sigue siendo extremadamente alto. A ello ha contribuido el relativo fracaso de la Fiscalía General de la Nación que no actuó de manera acelerada y certera  en contra sobre todo de las bandas de neoparamilitares. Este es el resultado de la inacción de la Fiscalía y de su lentitud para desvelar y castigar los pactos que se hicieron en muchas regiones del país entre los grupos paramilitares y jefes políticos locales y regionales para refundar la patria. A ello es a lo que nos referimos cuando decimos que la Reforma a la Justicia propuesta por Santos es inocua pues no va al fondo del desmantelamiento de la alianza siniestra entre terratenientes, paramilitares, sectores de las Fuerzas Armadas y de Justicia y grupos y dirigentes políticos locales y regionales.

Riesgo de Fraude Electoral

Un segundo factor de riesgo electoral muy bien detallado por la Misión de Observación Electoral, MOE, es el que tiene que ver con factores de riesgo que se presentan dentro del propio sistema electoral. Lo que la MOE llama riesgos por anomalías indicativas de fraude electoral. Mientras que en los mapas de riesgo de las elecciones locales de 2007 la MOE identificó 328 municipios en riesgo por anomalías indicativas de fraude electoral, en las de 2011 se identificaron 544 municipios con ese tipo de riesgo; un incremento del 66%. Las variables que tuvo en cuenta el equipo de la MOE para identificar y cuantifica este riesgo fueron: atipicidad en el nivel de participación electoral y cambios bruscos en la participación entre elecciones (análisis elaborado por investigadores de la Universidad del Rosario), atipicidades en el nivel de votos nulos, blancos y tarjetones no marcados, e indicadores de limitaciones a la competencia como candidatos únicos, reducido número de candidatos o excesiva concentración de votos a favor del candidato ganador ( análisis elaborado por investigadores de la Universidad de los Andes).

Estos son asuntos relacionados con aquella vieja máxima repetida por el padre guerrillero Camilo Torres Restrepo “El que escruta, elige”. Es una vergüenza que Colombia que se precia de tener una de las democracias más viejas del continente americano no haya logrado conformar un aparato electoral independiente que preserve la independencia del poder electoral para que se respete la decisión de los ciudadanos en las urnas. Ello supone cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional que reiteradamente han llamado a la necesidad de conformar un poder electoral independiente de los partidos y adscrito a la rama judicial del poder público. Contrario a ello la Registraduría sigue nombrado registradores ligados a los partidos tradicionales que influyen para favorecer a sus partidos, no existe el huellero para que los ciudadanos se identifiquen plenamente al votar, los jurados en muchas ocasiones son de un mismo partido y los testigos electorales no cumplen a cabalidad con su papel en los escrutinios de mesa o en los escrutinios departamentales y municipales. El llamado trasteo de votos se sigue presentando sin que el Consejo Nacional Electoral tome medidas administrativas simples que consiste en invalidar todas aquellas inscripciones fraudulentas comprobadas. Apenas ahora la Corte Suprema, con evidente atraso, ha condenado al gobernador de Guainía Iván Vargas Silva, por compra de votos.

La cabeza del poder electoral está pésimamente conformada por un Conejo Nacional Electoral que es una sucursal de la dirección de los distintos partidos políticos que los eligen en el Congreso por el sistema de cuotas partidistas. ¡Con semejante autoridad electoral que podemos esperar!

Por ello urge una verdadera reforma electoral que nos dote de un  poder electoral independiente de los partidos, transparente y comprometido en la lucha contra la presencia de criminales, delincuentes y corruptos en los cargos de elección popular.  Pero, no se ve mucho ambiente para tal reforma.

Edición N° 00271 – Semana del 9 al 15 de Septiembre de 2011
 
 
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