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  Riesgos electorales en Santander y el Magdalena Medio
  Eliécer Soto Ardila, Pbro.
  Misión de Observación Electoral – Magdalena Medio
   
 

Hablar de elecciones en un país suficientemente coherente con su denominación de “democrático” implica empezar por presentar las propuestas de los candidatos y a continuación asumir los pronósticos a partir de las tendencias que marcan los sondeos de opinión, y sólo en un tercer momento se abordan los posibles riesgos y amenazas al limpio juego  electoral; en tal sentido causa tristeza la ironía y/o paradoja que en Colombia, el país Suramericano con la más larga y continúa presencia de democracia formal y procesos electorales, el primer tema y punto de atención en la agenda electoral sea el tema de los riesgos electorales.

Democratizar la democracia en Colombia, es decir, recuperar la democracia en nuestro país  pasa por reconstituir las instituciones y funciones del Estado en los niveles local y regional (o departamental) y esto a su vez implica elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados con reales perfiles de servidores públicos, de garantes del bienestar y los derechos de todos los pobladores, de actores del desarrollo de los pueblos que los han elegido.

Fortalecer el Estado, no se puede limitar a garantizar procesos electorales para los cargos de nivel nacional (Presidencia de la República y Congreso) pulcros y transparentes, debe también posibilitar que los poderes regionales y locales sean asumidos y ejercidos por  líderes (los y las) aptos e idóneos en la línea del Estado social de derecho. Por tanto, hablar de riesgos electorales hoy, para la jornada electoral del 30 de octubre próximo, nos exige ver diversos factores desde los cuales se presentan los riesgos más decisivos para que las elecciones sean mecanismos de fortalecimiento de la democracia para el desarrollo integral de los pueblos o del Pueblo Colombiano y no el medio para legalizar o posicionar en el poder a quienes están llevando al país a configurarse como un Estado Mafioso o mínimo como un Estado cooptado por la mafiocracia.

En consecuencia, los riesgos electorales más notorios en Barrancabermeja, Santander y el Magdalena Medio, desde diversos factores son los que a continuación referiré, sin hacer alusiones explicitas a partidos o actores con nombre propio, dado que mi participación en la MOE Magdalena Medio y en el Clero de la Diócesis  me cohíben éticamente para  hacerlo, sin embargo, cada riesgo referido es verificable y tiene suficiente soporte en  testimonios de las comunidades e incluso muchos de ellos en documentos de prensa y memorias de actuaciones públicas en las que se han procesado diversos fraudes que configuran los siguientes factores de riesgo electoral:

Desde el factor Sujeto social y político

Casi siempre ponemos el acento en la dinámica electoral, en los mecanismos y procedimientos, para cuidar la calidad del voto, pero no nos fijamos que la primera garantía electoral que se debe proteger es la del elector como sujeto libre, libertad que sólo se da cuando la persona obra con suficiente conocimiento y voluntad.

Un primer riesgo radica en la insuficiente formación e información de los electores de la región del Magdalena Medio: por un lado, las campañas de los candidatos no difunden los programas y propuestas de partido, promocionan las candidaturas como artículos de consumo, la gente vota por una imagen o imaginario que es lo que proyectan los medios y los demás espacios de difusión. Muchos electores terminan votando por un espejismo y no por lo que realmente representa la o el candidato que eligen.

Por otro lado, este riesgo tiene su nivel de peligrosidad para la democracia en el hecho que se maquillan las realidades de candidatos vinculados a prácticas corruptas, a grupos al margen de la ley como: paramilitarismo, guerrilla, mafias del narcotráfico y las hoy llamadas BACRIM que no son otra cosa que versiones recicladas del narcoparamiltarismo, es decir la gente no sólo vota por un personaje oscuro, sino que elige al movimiento o sector antidemocrático y antisocial que verdaderamente representa, por tanto el factor de riesgo se duplica: se posiciona a un (o una) delincuente  y se consolida el poder de un sector o bloque  delincuencial permitiendo así que se mantenga la región, el municipio y parte del país bajo el dominio de la parapolítica o de la farc-política o de la narco-política. A todo esto se suma que así como se visibiliza a los candidatos sobre los que se asientan  actores fraudulentos, también se invisibiliza a candidatos sin maquinarias ni juegos electoreros, y no se posibilita al pueblo conocer sus propuestas para confrontarlas con las de los candidatos más poderosos.

Bajo esta circunstancia el voto del ciudadano no es auténticamente libre, así el ciudadano sienta que nadie lo está coaccionando  u obligando a votar y lo que no sabe es que lo están alineando sutilmente.

Desde el factor cultura social y política

Se dice que la cultura se expresa, se construye y transforma a través de los usos y costumbres, también que la costumbre hace norma, pues bien, en Santander y el Magdalena Medio vienen ganando espacio a fuerza de costumbre, prácticas ilícitas, ilegitimas y antiéticas que constituyen riesgos para el proceso electoral que se avecina:

El riesgo de la trashumancia electoral que se mezcla con el de la compra de votos o soborno al elector. En uno de los municipios del Magdalena Medio, en el departamento de Antioquia, seis de los siete candidatos y candidatas han expresado su preocupación por el notorio incremento del censo electoral, que supera el potencial electoral del citado municipio en un porcentaje cercano al 20% suficiente para definir una elección de Alcalde, de varios concejales  e incidir en la elección de diputados departamentales y Gobernador. Algunos de esos candidatos y otros ciudadanos ya presentaron al CNE La respectiva demanda y/o petición para que se investigue esta situación. Pero este no es el único caso, en Santander en la vereda la Putana, jurisdicción del municipio de  Betulia, en cuyos terrenos se construye el mesoproyecto energético de Hidrosogamoso, se presentó un incremento tan notorio de inscritos de otras partes que prácticamente triplicó el censo poblacional del municipio en ese sector, al punto que los pobladores tanto de la cabecera municipal de Betulia como de la zona rural ya señalada han pedido la presencia de la MOE en sus respectivos puestos de votación.

El ya citado soborno o compra de votos, tiene muchas variables o modalidades, dentro de las más comunes y que se están ya señalando entre los pobladores del MM para esta justa electoral encontramos el de la mochila, se comenta entre los mismos responsables de campañas municipales que algunos candidatos contratan a líderes barriales, comunales y sectoriales para que con una mochila llena de billetes, vaya comprando votos por familias. Es triste verificar que ya se habla de la compra de votos en términos de mercado, oferta y demanda, hay pobladores que no se comprometen con un candidato hasta no recibir ofertas y tomar la más jugosa. El agravante de este fraude radica en que por esta vía quienes más consiguen votos son los que manejan dineros de narcoparamilitarismo, mafias  y recursos del Estado.

Otra variable es la del ya famoso “TLC”, es decir Tejas Ladrillos y Cemento, aquí también caben las ayudas del Estado para los damnificados del invierno o los subsidios, dado que los candidatos que no ofrecen el TLC, ofrecen privilegiar al elector con subsidios de vivienda o con el sisben o con las ayudas a damnificados del invierno. Este fenómeno es generalizado y se da en todos los municipios, en unos desde una modalidad o variable y en otros desde otra.

Desde el factor Funcionamiento del Estado

Muy a pesar del esfuerzo de los servidores públicos que tienen sentido de pertenencia, de patria y de responsabilidad política, las debilidades funcionales de los órganos y  organismos del Estado posibilitan la consumación de diversos tipos de riesgos electorales, parece que de nada sirve contar con un CNE cuyos magistrados han mostrado mayoritariamente su independencia institucional a pesar de venir del juego político, contar con un Registrador Nacional y registradores regionales o municipales autónomos, independientes y serios, sólo por hablar de los órganos electorales, si desde las mismas registradurías municipales, desde algunas alcaldías, u órganos descentralizados del Estado, funcionarios de diverso rango se prestan para concretar los diversos estilos o modalidades de fraude electoral. Por ejemplo, la trashumancia electoral no sería viable si no hubiese funcionarios de las registradurías que actúan en complicidad con las campañas que apelan a esta práctica, en algunos casos cabe reconocer que aún sin mala fe, la deficiente cualificación de algunos funcionarios supernumerarios contratados coyunturalmente para el período de inscripciones o para el día de las elecciones, también posibilitan, por su ineficiencia la consumación de diversas formas de fraudes.

Es tan recurrente el riesgo electoral por la incidencia de funcionarios públicos en el proceso electoral que ya se acuñó la máxima que el que cuenta o escruta elige, para referir las prácticas fraudulentas en el momento del  pre-conteo de votos por parte de los jurados electorales. Igual se puede decir de la conformación de los jurados de votación, que por lo regular no cuentan con la suficiente capacitación ni se  nombran  con los suficientes filtros que garanticen su independencia y que en la medida de lo posible sean jurados con pluralidad política. Personalmente, en mi labor de Observador en el proceso de octubre del 2007 pude ver cómo, al volver a escrutar una mesa  de un puesto de Barrancabermeja, se verificó que los jurados de la mesa habían sumado tres votos de un partido a favor de otro candidato, incluso metiendo los tres tarjetones en el paquete del partido que querían beneficiar y los sacaron del paquete de votos del partido por el cual los electores habían votado, esto no es posible si no lo hacen los jurados de mesa.

Causa grima escuchar como se ha vuelto del lenguaje cotidiano la expresión, “el candidato del alcalde”, “el candidato del director de tal Organismo Estatal” y peor “el candidato del alcalde y los paracos” y esas frases se escuchan aún en algunos municipios del Magdalena Medio y de Santander.

Mientras no se fortalezca la institucionalidad de los órganos Estatales, mientras no se renueve el liderazgo político desde los electores no podremos tener un Estado fuerte capaz de autocontrolarse, para evitar que los funcionarios o servidores del Estado constituyan en sí un riesgo electoral.

Desde el factor estructural y funcional socioeconómico

Las condiciones de inequidad y exclusión socioeconómica, unida al hecho que en Colombia, los sectores que históricamente han venido acumulando el ingreso y los bienes de capital del país, consideran que tienen derecho a apropiarse de la renta pública y darle manejo propio o privado, utilizan su poder empresarial y/o económico para definir o decidir el poder político, desde el manejo mediático, desde la presión ejercida a sus empleados, son muchos los empresarios y contratistas que apoyan candidaturas para luego cobrar a sus pupilos electos los favores electorales con la acumulación de contratos para ejecución de obras y programas municipales y departamentales.

El riesgo de montar empresas electorales para luego apoderarse de la contratación es real en zonas de economías de enclave como la del Magdalena Medio, los contratistas de empresas petroleras, contratistas de proyectos como el de hidrosogamoso o los proyectos petroleros  y mineros en municipios como El Carmen de Chucurí, Betulia, Barrancabermeja y  Yondó, ponen buena parte de su capital para apoyar las campañas de actores a los que manejan como “sus fichas”, de ahí que se den situaciones atípicas como la de candidatos que, a simple vista, se nota superan el tope de recursos permitidos por la ley para las campañas electorales, o prometen a los pobladores contratos y favores a futuro si son elegidos por ellos, este factor de riesgo se agudiza o refuerza por el hecho socioeconómico que un 55% de la PEA sobrevive en el subempleo, en la economía informal o en el acceso a contratos temporales y los promotores de estas empresas electorales aprovechan esta circunstancias para persuadir a este sector excluido y empobrecido socioeconómicamente a votar con el estómago por el candidato que se les presenta como el mesías o redentor.

Desde el factor estructural y funcional sociopolítico

A pesar de las últimas legislaciones en torno a la política, aún son muchos los vacíos funcionales de las políticas públicas sobre el ejercicio de lo político en el país. Concretamente el riesgo más notorio en este factor, radica en la danza de los avales, no hay que extenderse en este punto, basta repasar las noticias de los últimos días de agosto y los primeros de septiembre del presente año, en torno a la revisión que han tenido que hacer los llamados partidos tradicionales y los hoy fuertes, sobre los avales dados a  algunos personajes con una no muy clara hoja de vida.

Lo curioso es que de este riesgo no se salvan ningún tipo de partido, ni los fuertes y tradicionales ni los llamados de alternativa, fácilmente un candidato que ya ha sido Alcalde por un movimiento o partido resulta inscrito hoy por otro partido, muy a pesar de conocerse los prontuarios abiertos, las sentencias dictadas o las investigaciones en curso, muchos candidatos que éticamente deberían estar inhabilitados han podido inscribirse apoyados en las rendijas que el manejo y modo de construir nuestras leyes o de interpretarlas les posibilita.

Pero no podemos cerrar este reporte con un sello apocalíptico o caótico, porque “donde abundó el pecado sobreabundó la gracia”  nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento y en el caso del proceso electoral colombiano, existe en nuestra región y en el resto del país una población y unos funcionarios estatales que son la reserva moral social y política, que desde la MOE, los entes de control y los mismos movimientos sociales y políticos, nos dejan un aire de esperanza en torno a un futuro crecimiento de la cultura de la legalidad y la democracia participativa, las TICs con nuevas y alternativas formas de comunicación nos abren la expectativa de una opinión pública más informada y formada para elegir sensata y asertivamente  los servidores públicos más adecuados para jalonar democracia creciente, desarrollo local y regional y equidad e inclusión social y política.

Edición N° 00271 – Semana del 9 al 15 de Septiembre de 2011
 
 
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