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  Paro educativo nacional, contra la reforma a la Ley 30
  Isaac Cárdenas
  Administrador público
   
 

¡Soy estudiante, soy! ¡Yo quiero estudiar… para cambiar la sociedad! ¡Soy estudiante, soy! ¡Vi-va-la-u-ni-ver-si-dad!. Esta fue la consigna que retumbó por toda Colombia el pasado 12 de octubre, durante las manifestaciones ocurridas con motivo del rechazo generado en torno a la propuesta del Gobierno frente a la reforma del sistema educativo nacional., cuyos propósitos afectan principalmente la estructura de la educación superior.

En 23 de los 32 departamentos del país se movilizaron cerca de 90.000 afectados, entre estudiantes, profesores y sectores sindicales que expresaron su apoyo incondicional a la movilización estudiantil. El objetivo general fue iniciar un paro educativo nacional, de carácter indefinido, como conclusión de las negociaciones fallidas con el Gobierno Nacional frente a la reforma que éste radicó ante el Congreso de la República, el 3 de octubre.

Según la ministra de educación María Fernanda Campo, la reforma busca dos “avances fundamentales”: mejorar la calidad de la educación a todo nivel, y ampliar el acceso a más cupos de estudio. No obstante la indignación de los estudiantes es mayúscula, por cuanto el ministerio realizó 28 foros para la concertación de la reforma, pero ninguna de las críticas y sugerencias expuestas por los afectados fueron tenidas en cuenta. Y ahora el Gobierno sale a decir que los estudiantes movilizados no leyeron la propuesta, como si las críticas y sugerencias fueran caprichos infundados.

En fin, la realidad  de la reforma es bien distinta, pues se funda en propósitos contrarios a los de la declaración internacional de los derechos humanos y estos son los puntos centrales y los artículos de la carta de D.H. que son afectados: estimula el ánimo de lucro de las instituciones educativas, contrariando los propósitos humanos de la educación, contenidos en el artículo 26; supedita la administración de los planes académicos a los requerimientos empresariales del mercado, despreciando la libertad de pensamiento y expresión respaldada en los artículos 18 y 19; prácticamente elimina las actividades de bienestar universitario, que se venían debilitando paulatinamente, en contra del mismo artículo 18 y degrada la calidad educativa, en detrimento del conjunto de artículos mencionados.

El escenario de movilización que dio inicio el paro indefinido, que en esta ocasión tiene la particularidad de reunir bajo una misma inconformidad a los estudiantes de universidades tanto públicas como privadas, es el proceso de mercantilización de la educación, expresado en el artículo 81 del plan de desarrollo del presidente Santos como la urgencia de modificar los lineamientos vigentes sobre educación superior. Resulta que de manera preliminar los estudiantes habían expresado su rechazo frente al “ánimo de lucro” propuesto en la reforma –con base en el Plan de Desarrollo-, y lo único que hizo el Gobierno fue retirar la “mención textual”, sin modificar de ninguna manera el espíritu de la reforma.

“La decisión del paro fue tomada por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE), la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) y otras organizaciones”1, y su operación ha sido apoyada por la mayoría de organizaciones estudiantiles de carácter local en cada ciudad. Este proceso de movilización ha sido complementado con actividades de difusión en medios impresos y virtuales, además de pronunciamientos realizados en los sitios de reunión, y diversas actividades culturales y académicas para la promoción del rechazo a la reforma.

No obstante, debe llamar la atención sobre el abuso de la fuerza perpetrado por la Fuerza Pública del escuadrón anti-disturbios (¿en una movilización pacífica?). Por lo menos en Bogotá hubo 42 estudiantes detenidos de manera arbitraria, todos inocentes que fueron liberados en cuestión de horas y entre estos había  6 menores de edad. Pero también la infiltración de elementos beligerantes entre los manifestantes, lo que resultó en choques con la Fuerza Pública, y el lamentable deceso de un estudiante en la ciudad de Cali, en extrañas circunstancias que son materia de investigación judicial. La cuestión es que así como los manifestantes pacíficos se adhieren por una noble causa, el resguardo de los Derechos Humanos, las infiltraciones violentas ensombrecen la demanda legítima basada en la libre reunión y asociación pacíficas. En verdad, la violencia debe considerarse como último recurso y su legitimidad será representada eventualmente en una apropiación masiva de la misma.

Una pancarta levantada en Cali resume la grave situación social que esta reforma profundiza: “Hay poca educación y muchos cartuchos, cuando se lee poco se dispara mucho”. Por tanto y como invitación a continuar con el paro de manera indefinida, se expresan a continuación los puntos críticos identificados en el marco de trabajo de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil –MANE- como elementos para la reflexión y apreciación de alternativas: financiación de la educación,  democracia y autonomía universitaria, bienestar universitario, calidad de los programas académicos, libertades democráticas y universidad en la estructura de la sociedad.

Edición N° 00276 – Semana del 14 al 20 de Octubre de 2011
 
 
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