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  Fuero militar: presunción de legalidad o certeza de impunidad
  José Hilario López Rincón
  Abogado-Corporación por la Dignidad Humana
   
 

No es un secreto que el uribisantismo se ha esforzado en gobernar con y para los militares. Uribe Vélez, presidente, y Santos Calderón, su ministro de Defensa, colmaron de prebendas y de elogios a la casta militar y policial. Uribe Vélez graduó de “diplomáticos” a militares de la finura del ex general Mario Montoya Uribe, acusado de vínculos con los paramilitares y comandante del Ejército en la época en que se conoció el horror de los asesinatos masivos y sistemáticos de más de tres mil jóvenes, a manos del Ejército de Colombia. Por tales asesinatos, los militares que participaron en esas Operaciones fueron premiados con semanas de descanso -a cuenta del erario público-, felicitaciones, condecoraciones, cursos en el exterior y ascensos.

Mientras el vicepresidente Angelino Garzón propone “perdón” para los policías y militares que han incurrido en violaciones de Derechos Humanos, el senador del partido de la U Juan Lozano, pide al Gobierno que se nivelen los salarios de policías y militares de acuerdo a “doce mil fallos” en los que supuestamente el Estado ha sido condenado. Ahora, Santos Calderón busca evitar que los “héroes” paguen por sus crímenes, pasados y futuros, con la reforma del fuero militar.

La noche anterior al inicio del “debate” del proyecto de Reforma a la Justicia, el Gobierno introdujo, extrañamente, un nuevo artículo que busca modificar la figura del fuero militar, consagrada en el artículo 221 de la Constitución Política. Dicha norma dispone que “De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro”. (Negrilla fuera de texto)

La pretensión del Gobierno, es adicionarle un parágrafo al anterior artículo en el siguiente sentido: “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”. (Negrilla fuera de texto)

En la madrugada del jueves 6 de octubre de 2011, esa modificación fue aprobada junto con la Reforma de la Justicia, pero nuevamente de manera extraña el Gobierno a través del ministro del Interior Germán Vargas Lleras, anunció que retirará ése artículo para incluirlo en un “proyecto integral” que busca reformar el juzgamiento de los militares.

A pesar del anuncio de Vargas Lleras, la decisión de retirar el artículo de la reforma no depende del Gobierno, sino del Congreso. El Gobierno debe presentarles una solicitud en ese sentido y los congresistas deberán someterla a votación.

Sea cual fuere la suerte del artículo, lo que busca el Gobierno de Santos Calderón es darle rango constitucional a la impunidad de los delitos que cometen los militares y policías, en las operaciones militares y procedimientos policiales. Que los mal llamados “falsos positivos”, por ejemplo, sean considerados como operaciones militares relacionadas con el servicio y en el hipotético caso que llegaran a investigarse, sean juzgados por los militares y absueltos por los militares.

No es casualidad la preocupación por el fuero militar. Se da en la coyuntura de las condenas por los hechos del Palacio de Justicia y en el avance de las investigaciones y primeras sentencias por las ejecuciones de los más de tres mil jóvenes. El Gobierno y los militares nos quieren hacer creer que los militares, pobrecitos, son unos perseguidos de la justicia civil, “ignorante” e “injusta”.

El general Alejandro Navas Ramos, recién nombrado comandante de las Fuerzas Militares, lo primero que dijo fue que Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por la desaparición forzada agravada de once personas en desarrollo de la operación militar de retoma del Palacio de Justicia, ejecutada por las Fuerzas Militares y de Policía del Estado colombiano, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, es “inocente” y un “héroe nacional”. Dijo que algunos fallos de la justicia son “injustos” y exigió la reforma y reivindicación de la justicia penal militar.

El ex coronel Edilberto Sánchez Rubiano, investigado por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y Rito Alejo del Rio, investigado por vínculos con los paramilitares y por su presunta responsabilidad en el asesinato del líder campesino Marino López, ocurrido en Bijao (Chocó) el 27 de febrero de 1997, han hablado a favor de la reforma, no se sabe si como ex militares o como presuntos delincuentes. El primero señala que “el Congreso y las Cortes “deben tener en cuenta que los militares cumplen funciones institucionales y constitucionales”. ¿Cuál será el artículo de la Constitución que faculta al Ejército para cometer asesinatos fuera de combate, desapariciones forzadas y torturas? Por su parte, el “héroe” de Urabá argumenta que “sin el respeto al fuero no se pueden exigir más resultados en las operaciones militares” y que a él lo quieren condenar por ser amigo de su homenajeador, Álvaro Uribe Vélez. Einstein tenía razón: la estupidez humana no tiene límites. Fuero no es sinónimo de desafuero.

El parlanchín vicepresidente Angelino Garzón, también ha metido la mano en el asunto, la lengua para ser exactos. Según él, las víctimas del conflicto también son “de las Fuerzas Militares y de Policía”. El Vicepresidente confunde víctima con victimario. Si los militares delincuentes son víctimas, aplicando la lógica del absurdo Garzoniana, los paramilitares también serían víctimas. Y entonces, ¿qué vienen a ser las víctimas?

Para justificar la reforma del fuero militar, el senador Roy Barreras argumenta que los militares son condenados porque la Justicia de los civiles “desconocen el lenguaje de la guerra” y tildó la condena por el asesinato de 17 civiles en diciembre de 1998, en un bombardeo de la Fuerza Aérea en Arauca como un “falso positivo judicial”. Los militares no son condenados por bombardear a la población civil - incluidos niños -, o por homicidios de personas protegidas, o por homicidios de civiles en estado de indefensión, o por desaparición forzada. ¡Qué Justicia tan ignorante!, ¿cómo desconoce que el lenguaje de la guerra permite el asesinato fuera de combate, la desaparición forzada y hasta la tortura?

El Senador ignora, que en el lenguaje de la guerra, también hay unas palabras mínimas que se deben respetar. En el vocabulario del Derecho Internacional Humanitario los “falsos positivos” se llaman homicidios en persona protegida y son crímenes de lesa humanidad, en tanto crímenes generalizados, sistemáticos, perpetrados por agentes del Estado y dirigidos contra la población civil. Por encima de la discusión jurídica está la discusión ética, que es la que debe hacerse.

Y justamente durante esta semana, se han conocido dos hechos que no pueden pasar inadvertidos en el debate sobre el fuero militar en tanto reflejan conductas criminales que jamás podrán ser vistas desde la óptica que plantea el Gobierno: toda operación militar se presume relacionada con el servicio.

El ex capitán del ejército Antonio Rozo Valbuena, en confesión a la Fiscalía contó los pormenores de su accionar como oficial del Gaula en Córdoba durante los años 2006 y 2007 y la manera como “legalizaban” los crímenes que cometían. Dijo que si no daban resultados, es decir bajas, eran relevados de sus cargos y que los altos oficiales están pasando de agache, que en la región de El Bagre (Antioquia) un oficial reportó 54 “bajas en combate”. El ex oficial Rozo Valbuena hizo curso de especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en los Estados Unidos, por lo que fue instructor de esa materia.

El Instituto de Medicina Legal dictaminó que el magistrado Carlos Horacio Urán, muerto en los hechos del Palacio de Justicia, recibió dos tiros de gracia: uno en la nuca y otro en la frente y encontró además vestigios de lesiones en sus brazos, manos y piernas que podrían indicar que fue torturado. El magistrado Urán salió con vida del Palacio, según las evidencias fue torturado, asesinado y su cuerpo puesto entre los escombros del primer piso. Al reabrirse la investigación en 2007, la Fiscalía halló la billetera y otros elementos personales del Magistrado en una caja de seguridad en el Cantón Norte del Ejército.

Si lo que desea el Gobierno es que hechos como los narrados sean cobijados por la nueva concepción del fuero militar que impulsa, entonces lo que quiere es darle vía libre al crimen, sin el estorbo de la “ignorante” justicia civil.

Edición N° 00276 – Semana del 14 al 20 de Octubre de 2011
 
 
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