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  Asonadas y resultados electorales
  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Uno de los nuevos fenómenos relacionados con las elecciones municipales y departamentales en Colombia tiene que ver con la práctica de protestas en contra de los resultados electorales que llega hasta la realización de asonadas en contra de las sedes de la Registraduría, que es el organismo encargado en Colombia de las elecciones en todo lo relacionado con su organización y realización. Este fenómeno comenzó a registrarse desde las elecciones para alcaldes y gobernadores, realizada en el mes de octubre del año 2007. Ahora en el 2011, se volvió a repetir la historia, se registraron asonadas y movilizaciones que han incluido algún tipo de violencia en contra de las sedes en donde se realizan los escrutinios municipales y departamentales.

Diversos organismos advirtieron al Gobierno Nacional y éste asumió que había peligro de asonadas en dos municipios del departamento de la Guajira (Riohacha y Maicao), 9 municipios en el departamento de Córdoba (Moñitos, Ciénaga de Oro, Sahagún, Tierralta, Buenavista, Momil, Planeta Rica, Chinú y Bolívar), 5 municipios en el departamento del Atlántico (Piojo, Campo de la Cruz, Tubará, Galapa y Juan de Acosta), 1 municipio en el departamento de Cundinamarca (Puli), 1 municipio en el departamento de Sucre (Majagual), 2 municipios en los departamentos de Magdalena (Chivolo) y Meta (Castillo). Así pues estaba advertido el Gobierno Nacional de la posible perturbación del orden público en municipios que hasta hace muy poco, en su mayoría, eran controlados férreamente por los grupos paramilitares.

Realizadas las elecciones este 30 de octubre cabe resaltar dos fenómenos que están relacionados directamente con la violencia y con el conflicto armado en Colombia. El primero, la infiltración de gobernaciones y alcaldías por la mafia ligada con el narcotráfico y las llamadas Bandas Criminales, BACRIM, y la violencia que se presenta en la disputa por los resultados electorales. Sobre el primer fenómeno existe el señalamiento por parte de diversos organismos que hacen seguimiento a los procesos electorales en Colombia que los parapolíticos mantienen nexos con los gobernadores electos en 9 departamentos: Arauca, Bolívar, Casanare, Magdalena, La Guajira, Santander, Cesar, Sucre y Valle del Cauca. Tanto la Misión de Observación Electoral como la Corporación Nuevo Arco Iris, han señalado que los gobernadores electos en estos departamentos fueron respaldados durante sus campañas por ex funcionarios vinculados con el paramilitarismo y el narcotráfico. Si se comparan los resultados electorales con los mapas de riesgo electoral presentados por la Misión de Observación Electoral, MOE, para las pasadas elecciones se comprueba que los resultados finales corroboran las alertas que éstas organizaciones de la sociedad civil habían señalado en éstas regiones, principalmente en la región Caribe en donde se sigue presentando una alta presencia de paramilitares ahora llamados por el Gobierno Nacional como Bandas Criminales, BACRIM. Los analistas aún no han presentado oficialmente los resultados para los 1.102 municipios, pero nos tememos que la disminución de la presencia de estos actores armados se mantenga alta como lo fue en las elecciones del año 2007.

Recordemos que para aquel año (2007) estos mismos organismos señalaron que los grupos paramilitares habían infiltrado 12 gobernaciones y 252 municipios. Los hechos posteriores ratificaron la veracidad de éstos datos y muchos de los señalados fueron despojados de su investidura por diversas irregularidades, pero principalmente por sus nexos comprobados con los grupos ilegales. Dada la lentitud de la justicia en Colombia algunos otros están siendo investigados en la actualidad cuando ya están a punto de terminar sus mandatos.

Como se ha señalado los principales riesgos en las elecciones que acaban de concluir estuvieron relacionados con riesgos en los organismos electorales (fraude, alteración de resultados, etc.) que se presentaba en 544 municipios y en 477 había riesgos asociados a factores de violencia. También como los hemos señalado éstos niveles altos de riesgo electoral están relacionados con la impunidad y la tardanza en la actuación de los organismos punitivos del Estado. Es inaudito, por ejemplo, que el ex gobernador del departamento de Santander Hugo Aguilar haya ejercido la Gobernación de este departamento durante los cuatro años de su período en los que creó su propia coalición política que ahora le garantizó la elección de su hijo, Richard Aguilar. Apenas ahora, la Fiscalía lo ha llamado a juicio y pronto se iniciará en la Corte Suprema de Justicia. El mensaje en este caso es que el crimen si paga así sea temporalmente. Como hemos dicho la impunidad favorece que se practiquen y cometan todo tipo de delitos electorales.

Al mismo tiempo se presentaron evidentes retrocesos de fuerzas ligadas con la parapolítica y quizás los más notables son los resultados en el departamento de Antioquia en donde el candidato del Partido Verde, Sergio Fajardo Valderrama con cerca de un millón de votos derrotó al candidato del gobernador Luís Alfredo Ramos quien como se sabe afronta diverso tipo de investigaciones una de las cuales le sigue la Corte Suprema de Justicia por aparentes nexos cuando fue senador de la República con grupos paramilitares de Antioquia. Pero estas fuerzas avanzaron como ya se señaló en el departamento de Santander donde el gran derrotado para la Gobernación fue el candidato apoyado por el gobernador actual Horacio Serpa Uribe, y mantuvieron la Gobernación del Valle del Cauca con el candidato Useche que era el candidato de Juan Carlos Martínez Sinisterra condenado por nexos con el paramilitarismo. En las ciudades capitales fueron resonantes los triunfos de Carlos Caicedo Omar en la Alcaldía de Santa Marta y el triunfo de Aníbal Gaviria por escasos 17 mil votos en la Alcaldía de Medellín. Y por supuesto que hay que destacar el triunfo del Voto en Blanco en el municipio de Bello en Antioquia en donde se tendrán que repetir las elecciones sin el candidato único el conservador Germán Londoño que representaba los intereses de sectores ligados con la parapolítica y que están siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

Sobre el segundo hecho significativo que se presentó en éstas elecciones y sobre todo en la fase postelectoral hay que destacar la realización de protestas en 55 municipios del país que incluyeron asonadas y diverso tipo de acciones ligadas con la violencia. En el departamento de Boyacá se presentaron hechos de reclamación violenta en 8 municipios, 7 municipios en el departamento de Bolívar, 6 en el departamento de Cundinamarca y cuatro municipios en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena y el Valle del Cauca. En el Cesar se presentaron 3 protestas violentas y de a 2 en los departamentos de Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander y una asonada en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Casanare, Chocó y Risaralda.

Los factores asociados a la mayor parte de las asonadas tienen que ver con las fuertes sospechas de fraude electoral en dichos municipios y la reacción es entonces tratar de influir mediante la protesta, pero en algunos municipios estas asonadas son promovidas por candidatos perdedores que representan fuerzas cuestionadas y que ahora al no tener a su lado a los actores armados ilegales que les garanticen su fraude recurren a la violencia con la intención de destruir el material electoral para obligar a la convocatoria de nuevas elecciones. Como lo señaló la Misión de Observación Electoral, MOE, es inaudito que los partidos que avalaron a esos candidatos que están tras las asonadas guarden silencio. Como se ha señalado muchos de estos municipios vieron secuestrada la democracia por largos años de dominio férreo de los paramilitares y al no tener una cultura de la reclamación por las vías institucionales recurren a la violencia. Es parte de la nefasta herencia que nos dejó el maridaje del narcotráfico, los paramilitares y la clase política en muchas regiones del país.

El Resonante triunfo de Gustavo Petro Urrego en la Alcaldía de Bogotá

No podríamos dejar de reseñar el significado de la victoria electoral de Gustavo Petro Urrego en la Alcaldía de Bogotá al frente del Movimiento Progresistas. Este triunfo es significativo por dos razones. La primera porque la democracia le pagó a Gustavo Petro y fue un reconocimiento a su lealtad con el cumplimiento de los acuerdos desprendidos de las negociaciones de Paz que se realizaron a comienzos de los años 90 entre el Estado y las guerrillas de izquierda, y en su caso concreto, en las negociaciones con el M-19. La prensa internacional tituló ex guerrillero elegido como alcalde de Bogotá lo cual es absolutamente cierto y Petro nunca lo ha negado. En este sentido es el reconocimiento de los ciudadanos y del régimen democrático a un líder que proviene de la guerrilla y de los acuerdos de paz. Él orgullosamente se ha declarado además hijo del proceso constituyente de 1991. Un segundo hecho a destacar es que también es un premio democrático a su lucha contra el paramilitarismo y en la última fase contra la corrupción que se había manifestado en la contratación bajo la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, en representación del Polo Democrático Alternativo.

Ahora bien, a Gustavo Petro le espera un inmenso reto al frente de los destinos de la ciudad de Bogotá no sólo debe derrotar la corrupción sino materializar su ambicioso programa de Gobierno habiendo sido elegido apenas por el 32% de los bogotanos. Este es el tamaño del primer reto que enfrenta. Y un segundo reto es el de entregar la antorcha, la tarea para la reconstrucción de un partido de la izquierda democrática a los amigos del progresismo a nivel nacional y en primer término a Antonio Navarro Wolff que en nuestra opinión debería echarse al hombro una vez termine su exitosa Gobernación en el departamento de Nariño la construcción de dicho partido sin el lastre de acompañantes de la izquierda tradicional que hicieron inviable el proyecto del Polo Democrático Alternativo. Y sobre éste último, nos parecen un tanto tardías medidas como congresos extraordinarios, cambios en la dirección, etc. que debieron haberse hecho hace por lo menos un año y medio, cuando todavía era posible rectificar el rumbo. La debacle y derrota del PDA debe llevarlos a una profunda reflexión de la cual ojalá saliera un partido de izquierda que también hace falta en Colombia.

Edición N° 00279 – Semana del 4 al 10 de Noviembre de 2011
 
 
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