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Sobre Carachos y otras hierbas en perspectivas de construcción de Estado Social de derechos y ampliación de la democracia

  Luis Eduardo Celis
  Coordinador de incidencia política, Corporación Nuevo Arco Iris
   
 

En reciente entrevista a la Revista Semana, José López, conocido en la región como Caracho, quien funge como comandante del ERPAC – Ejército revolucionario anticomunista de Colombia, manifestó de manera contundente el propósito de someterse a la justicia, junto con los quinientos integrantes de esta organización, según sus palabras: “porque me cansé de la guerra y porque me di cuenta de que este es un conflicto que no tiene vencedores ni vencidos”, si estas son las razones verdaderas estaríamos ante razones muy importantes, y deberíamos dar el beneficio de la duda, pero la realidad es más complicada y es bueno mantener una prudente distancia y seguir con mucho cuidado el curso de estos acontecimientos.

El Erpac, fundado por Pedro Oliverio Guerrero, conocido como Cuchillo, muerto en una acción de la policía a finales de 2010, es la continuidad de una larga historia de grupos que han ejercido violencia de manera organizada y sistemática, en Guaviare, Vichada, Casanare y Meta, grupos que han privilegiado sus alianzas con la gran propiedad agraria latifundista, que se han articulado a la economía cocalera y desde esta acumulación saltaron al control de rentas legales, a los recursos públicos de las administraciones municipales y a configurarse como grandes reguladores de grandes inversiones en megaproyectos, en pocas palabras fueron estado, desde una acción de violencia sistemática y regulada.

El Erpac, es una de las múltiples estructuras que se configuraron luego de la atomización de las AUC, continuación de una saga de dinámicas de control de territorios y poblaciones tan característico en la historia contemporánea Colombiana, donde la soberanía del estado es cuestionada por organizaciones que desde la violencia, se erigen en estados de facto, en este caso sin pretensiones de cuestionar la autoridad del estado nacional, ni mucho menos en ser fuerzas contra hegemónicas como lo son las guerrillas, pero si teniendo una autoridad y un ejercicio de poder tolerado y en muchas ocasiones auspiciado por agentes estatales que faltando a sus responsabilidades y deberes, han sido permisivos con estas organizaciones.

Colombia está en mora de tener un estado social de derecho que garantice los derechos de ciudadanía en todo el territorio nacional, es una vergüenza que esto no sea realidad en medio país, donde la soberanía y el control, o no están en autoridades legítimas o estas se alían con ilegales, por codicia o afinidades de intereses más estructurales, verbigracia, la consolidación de un modelo rural de concentración de la propiedad como lo ha sido el latifundio ganadero o el ser regulador de nuevos ciclos económicos, verbigracia la expansión minera que estamos viviendo, en últimas estamos ante el enorme reto de lograr que el estado sea una realidad, ejerciendo una autoridad legítima, promoviendo desarrollo y democracia en asocio con comunidades organizadas, logrando un orden de convivencia y democracia.

Estructuras como el Erpac, campean en 330 municipios, según el último informe de Indepaz sobre presencia territorial de los grupos post desmovilización de las AUC, neoparamilitares como los ha denominado la Comisión Colombiana de juristas, o bandas criminales como las bautizo la Policía Nacional, lo cierto es que estas estructuras se siguen ampliando, son redes de organizaciones que más se asemejan a mafias, por su capacidad de actuación, ligazón con la política y la economía, su actuar sofisticado y el ser estructurantes de una acción de envergadura que moldea temas de gran calado para la vida en sociedad.

Si el Erpac, se plantea el sometimiento a la justicia, es bueno peguntarse por las razones que lo llevan a ello, quizás han logrado consolidar un orden y sienten que ha llegado la hora de tramitar una legalización, así eso les implique un peaje de sanciones judiciales, quizás el equilibrio de la confrontación les es desfavorable y sientan una acción de la fuerza legítima del estado y calculan que pueden ir camino a la derrota o el duro corazón forjado en la guerra ha sido tocado por el sentimiento de las rectificaciones, son cuestionamientos pertinentes y se requiere de mayor observación y seguimiento para dilucidar  lo que pasa con uno de los pesos pesados de la acción con armas en la Orinoquía colombiana.

Si el estado logra el sometimiento del Erpac, debe garantizar que sus crímenes no queden en la impunidad, que se adelanten investigaciones y sanciones judiciales, desmontar sus nexos con la política y la economía regional, reparar a las víctimas, tener claridad de sus motivaciones y actuaciones y sobre todo garantizar que en estos territorios exista una autoridad estatal legitima y respetada por las comunidades, son temas centrales sobre los cuales hay que mantener veeduría ciudadana y acción social propositiva.

Edición N° 00282 – Semana del 25 de Nov. al 1 de Dic. de 2011
 
 
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