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Real significado de “Los Urabeños” y grupos similares

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente de la Fundación Cultura Democrática
   
 

A raíz del llamado “paro armado” que inmovilizó el comercio y el transporte terrestre y fluvial y mantuvo en zozobra a los habitantes de una amplia región del norte y occidente del país, convocado por “Los Urabeños” como reacción a la baja ocasionada por la Policía a uno de sus principales jefes, “Giovanny”, se reactivó el debate sobre el significado de los grupos armados que reaparecieron tras las AUC tales como los propios Urabeños (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia), Los Rastrojos, Los Paisas, el ERPAC y Águilas Negras, junto con otros de alcance regional y local que subsisten bajo control o sometidos de estos. Estos grupos en medio de cruentos enfrentamientos y de alianzas han conseguido importante control territorial, coerción violenta que los hace los responsables del mayor volumen de violaciones a los derechos humanos y se revelan como expresión del entramado de intereses y alianzas establecidas con sectores de élites regionales, de gremios, fracciones políticas, mafias del narcotráfico y otras redes delincuenciales. De tal forma, resulta trascendental discutir su verdadero carácter y alcance para conseguir confrontarlos con eficacia, hecho no conseguido por el Gobierno nacional puesto que mantiene la equivocada convicción de que habría desaparecido el fenómeno narco-paramilitar y de que representan tan sólo un asunto de delincuencia organizada alrededor del narcotráfico, controlable por medios policiales.

Origen y despliegue de Los Urabeños

La desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas en 2006 al igual que sucedió con la mayoría de las estructuras paramilitares fue parcial de forma que parte de sus integrantes se mantuvo activo bajo el mando de Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario” (hermano de Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán”, ex jefe del Bloque Elmer Cárdenas). Por tanto, hubo continuidad en la actividad armada, los negocios ilícitos, las relaciones y alianzas con determinados sectores políticos y sociales de élites regionales y locales así como con determinados funcionarios e integrantes de la fuerza pública. Este estructura activa del paramilitarismo junto con otras había quedado bajo el mando general del reconocido jefe paramilitar Vicente Castaño, quien con otros se apartó del pacto de desmovilización en procura de mantener los dominios regionales de las AUC. Pero en medio de las cruentes disputas tras los poderes heredados que sostenían los sectores narco-paramilitares, fue asesinado Vicente Castaño, este grupo con epicentro de nuevo en Urabá y el sur de Córdoba fue conocido como “el grupo de Don Mario”, el cual se extendió desde allí al Chocó, Bajo Cauca, partes del Caribe, el Magdalena Medio y Los Llanos –región donde el mismo Don Mario había sido uno de los jefes del Bloque Centauros de las AUC.

El grupo de “Don Mario estableció acuerdos y subordinó la mayoría de las estructuras de Las Águilas Negras en varios departamentos, de forma que acrecentó su influencia también en el Caribe, Magdalena Medio y los santanderes, en medio de enfrentamientos con Los Paisas, quienes a la vez luego se aliaron con Los Rastrojos, quienes extendieron dominios ilegales desde el sur-occidente. Fue entonces cuando se produjo un operativo de la Policía del orden nacional, con efectivos procedentes desde Bogotá, única forma de evitar que estructuras locales y regionales de la fuerza pública infiltradas previnieran su efecto, capturó a Daniel Rendón Herrera (don Mario), el 15 de abril de 2009, por lo cual el grupo continuó bajo el mando de los hermanos Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanny’ y Darío Antonio Úsuga David, alias ‘Mauricio’ u ‘Otoniel’, quienes en los 80 habían sido guerrilleros del EPL y a partir de los 90 integrantes de las AUC en Urabá. Consiguieron poder y confianza de los Castaño y los Rendón por sus condiciones militares, de forma que fueron trasladados al bloques Centauros y al Héroes de Los Llanos, en la guerra que sostuvo las AUC contra las ACC, en medio de las negociaciones. Pero si bien los hermanos Úsuga aparecían como cabezas visibles de los que ahora serían reconocidos como ‘Los Urabeños', versiones oficiales estiman sobre ellos estaban otros mando ex AUC importantes como son Henry de Jesús López alias 'Mi Sangre', muy ligado a 'Macaco', y Armando Alberto Pérez Betancourt, alias 'Camilo', ex mayor del Ejército y quien fue segundo de Salvatore Mancuso en la tenebrosa campaña del Catatumbo.

El extendido poder de Los Urabeños en las regiones

Se estima que Los Urabeños pueden tener al menos unos 1.500 integrantes. Se considera que su centro de operaciones financieras y de entrenamiento es Urabá pero tiene fuerte presencia territorial también en otros municipios de Antioquia y Córdoba, con nexos reconocidos en Medellín y varias de sus comunas. Tienen fuerte presencia en Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Montería, los Córdobas, Planeta Rica, Sahagún, pero comparten territorios en algunos de ellos con “Los Paisas”, especialmente en la zona rural de Puerto Libertador  y Montelíbano. Precisamente, denuncias y posteriores investigaciones ocasionaron traslados, destituciones y procesos judiciales que implicaron a funcionarios de instancias seccionales y locales por trabajar para este grupo, entre los cuales aparece personal del Ejército, la Fiscalía y administraciones locales en Córdoba, de la Policía y varias administraciones locales en Urabá y de la Fiscalía regional de Antioquia y la Policía Antioquia en Medellín1.

Según testimonios alias ‘Giovani’ se desplazaba por Urabá y regiones con relativa facilidad; en 2011 su sede principal era Bajirá pero indican varios lugares de ubicación de estructuras y rutas del grupo asociadas al narcotráfico, donde llegaba uniformado y armado para hablar con comerciantes y empresarios y, sus versiones conocidas por la CNRR al momento, “para callar a los campesinos  que le están calentando la zona", en referencia a las víctimas que exigían restitución de sus tierras y reparación. En los dos últimos años Los Rastrojos ocasionaron numerosas víctimas especialmente en Chigorodó, en la confrontación con Los Paisas, quienes intentaron apoderarse de dos 'disparaderos' –puntos de salida de la cocaína al mar-, de forma que reafirmaron su hegemonía como grupo armado ilegal en la región. Según versión de la población e informes de inteligencia oficiales “su economía se afianza en la comercialización y distribución de estupefacientes y cuidado de los cultivos ilícitos; portan armas de fuego de largo y corto alcance”2. Adicionalmente, información de la Policía de Antioquia confirma la presencia de este grupo en otras subregiones antioqueñas, especialmente Bajo Cauca, Valle de Aburrá y nordeste.

En Chocó este grupo se reactivó por El Atrato y se extendió hacia el sur, de forma que se enfrentó a los Rastrojos, otra reactivación narco-paramilitar de asociación entre la red mafiosa del Norte del Valle y parte del anterior Bloque Calima, en Carmen del Darién y en Riosucio. Aquí también buscó desde la ilegalidad cooptar economías ilegales y legales, extorsionar a quienes explotan recursos naturales, compraventas y almacenes y mantener en su red funcionarios. En varios departamentos del Caribe tras cruentas disputas con Los Paisas se impusieron en buena parte de los territorios. Según la CNRR en los últimos dos años hace presencia en todos los departamentos de esta región excepto en Atlántico, donde tras una vendetta local fue sometido por la alianza de Los Pisas y Los Rastrojos, de forma que tiene presencia en 64 municipios. El grupo se mantiene a pesar de operativos de persecución que le ocasionaron, especialmente en 2011, capturas de mandos e integrantes en Córdoba, Sucre, La Guajira, Cesar y Magdalena.

En el sur de Bolívar desde 2007 incursionan “Los Urabeños” en las regiones del Brazo de Loba, el Corcovado y la Serranía de San Lucas como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, buscaron el control de las zonas de cultivo ilícito de coca y distintas rutas para el tráfico de estupefacientes; pero también con presión sobre zonas mineras para usufructuarse del negocio del oro de manera directa o a través de extorsiones. Igual que en otras regiones vinculan también desmovilizados de las AUC con ofertas de dinero o ante su negativa con presiones y amenazas. La MAPP OEA se refirió a lo sucedido en sur de Bolívar en términos de “situaciones de rearme verificadas” y puso de presente la consiguiente realización de graves ataques contra los pobladores.

En los últimos años “Los Urabeños” llegaron al Magdalena Medio por el sur del Cesar, Puerto Berrío y Barrancabermeja, lo que ocasiona choques con “Los Rastrojos”, con numerosos muertos en estos dos últimos municipios desde 2009. Además de los asesinatos y amenazas constantes, “Los Urabeños” imponen pagos de hasta el 50% de la producción de las minas, patrullan de forma constante, ejercen coerción social, reclutan jóvenes e incluso menores de edad y realizan reuniones donde se anuncian las decisiones que imponen a la población. También habían cooptan o amenazan a candidatos a concejos municipales y alcaldías, según denuncias ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría. Así, “Los Urabeños” en medio de disputas territoriales con “Los Rastrojos” y “Las Águilas Negras” penetraron varios municipios de Santander3, con una táctica de buscar no hacer visible su presencia, pero establecer controles sobre rutas y zonas de cultivos ilegales, afectando especialmente Rionegro, cercanías a Puerto Wilches y Lebrija, lugares donde se denuncian desapariciones forzadas de campesinos desde finales de 2010, según informes del SAT de la Defensoría del Pueblo.

En Nariño desde 2010 se estima la incursión de Los Urabeños en busca de control de rutas para el narcotráfico, afectando zonas de Tumaco, departamento donde la hegemonía es de Los Rastrojos quienes se ubican principalmente en la zona de cordillera y la Costa Pacífica mientras las Águilas Negras actuaban entre Barbacoas y Tumaco. Versiones indican que ingresaron desde Cauca –en cierta convivencia en varias áreas con frentes de las FARC-, para incursionar en la Costa Pacífica, entre Güapí y Santa Bárbara de Iscuandé, surcar el río Iscuandé -ampliamente navegable-, y conectarse desde la cordillera hasta las partes bajas de Leiva, Rosario, Policarpa y Cumbitara. En el Valle en 2011 con la llegada de quien fuera uno de los principales capos del Cartel del Norte del Valle, Víctor Patiño Fómeque, tras cumplir una condena en Estados Unidos, existen versiones de acuerdos suyos con ‘Los Urabeños’ para recuperar poder y bienes perdidos y vengar la muerte de unos 40 familiares y amigos a raíz de sus delaciones durante la negociación de la pena. Esto ambienta un nuevo escenario de disputa con ‘Los Rastrojos’ en la región donde son más fuertes. A esta disputa se atribuye el reciente incremento de homicidios en Cali, Buenaventura y varios municipios del Norte y Centro del Valle.

En 2008 la Defensoría del Pueblo por medio del SAT advirtió sobre la presencia en Bogotá DC de nuevas estructuras que se denominaban Bloque Héroes de Carlos Castaño (rezagos del Bloque Cacique Nutibara BCN), Autodefensas Campesinas Nueva Generación, Bloque Metropolitano, Bloque Capital, Los Urabeños y Las Águilas Negras, algunos con importante asiento en Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá (Soacha). La Defensoría del Pueblo registra en la capital del país desde estos grupos reactivados del paramilitarismo homicidios selectivos, desplazamientos intra-urbanos y amenazas a organizaciones sociales, con énfasis en mujeres víctimas del desplazamiento. En 2011 fueron señalados de obstruir la participación política de partidos de izquierda.

El Gobierno: sin estrategia adecuada ante la pervivencia del narco-paramilitarismo

De manera alarmante los grupos que permanecieron del paramilitarismo y los que se han reconformado por iniciativa de paramilitares rearmados, ocupan en las estadísticas de violaciones de los derechos humanos sucedidas en los últimos años los mayores niveles de responsabilidad. Los habitantes locales en muchas regiones -indígenas, campesinos y afros- conciben que las cosas siguen igual en términos del conflicto armado con las guerrillas y de permanencia del paramilitarismo. En algunas zonas las herencias del paramilitarismo aún controlan poderes públicos locales e incluso seccionales, mientras que en las grandes ciudades –excepto Medellín- tiende a percibirse como más lejano o disminuido el fenómeno de la permanencia y reactivación de estructuras paramilitares articuladas de manera más profusa con redes mafiosas y delincuenciales, siendo expresión de ellas los nuevos clanes del narcotráfico, en medio de cruentas disputas y alianzas.

En resumen, no se trata de asumirlas como simples "bandas" delincuenciales sino entender que son grupos armados per vivientes del narco-paramilitarismo, tras rearmes posteriores a la desmovilización parcial y plagada de irregularidades de las AUC. En su dinámica se han concentrando en cuatro grupos más representativos: con alto peso desde Antioquia, Córdoba y despliegues hacia la Costa Caribe, Chocó y el Magdalena Medio, tanto Urabeños como los Paisas (reconformados desde la Oficina de Envigado, rezagos del BCN y otros), en medio de dura disputa. De otra parte Los Rastrojos que predomina y subordina otros grupos en Valle, Chocó, Cauca y Nariño y se extiende a Putumayo, Magdalena Medio, Santanderes y partes de la Costa, en las últimas tres regiones en alianza con Los Paisas contra los Urabeños. Y el ERPAC que tiene amplio poder especialmente en Meta, Casanare y otros departamentos del Llano y la Orinoquía, de manera que su reciente supuesta desmovilización parcial no tuvo más que críticas por su inconsistencia. Según el III Informe Nacional de la CNRR sobre DDR, mientras las guerrillas tienen impacto en los municipios de esta forma: FARC: en 308, ELN: 117 y el rezago de la disidencia del EPL: 5; los grupos sucesores de las AUC los tienen: Rastrojos: en 166, Urabeños: 176, ERPAC: 28, Paisas: 61, Águilas Negras: 44 y Expresiones Locales: 39, lo cual resulta ser un dato realmente alarmante4.

Mantienen vigentes alianzas con sectores políticos, sociales -gremiales- y de funcionarios o entes institucionales, de forma que lo más grave no es el grupo armado como tal sino tal entramado de relaciones en torno a un proyecto ajeno al estado constitucional vigente y clara prolongación del fenómeno paramilitar. Así mismo presionan población, atacan líderes sociales y  de las víctimas y mantienen control del narcotráfico y otras economías legales, informales e ilegales, desde luego la minería, explotación maderera, etc. De otra parte, en las nuevas circunstancias de no permisividad y colaboración tan generalizada que antes se presentó desde la fuerza pública con los paramilitares de las AUC sino de acción nacional más decidida de combatirlos, entonces en la ilegalidad se encuentran situaciones de neutralidad o alianzas entre estos grupos ilegales, incluidos los frentes guerrilleros; pero de forma que en unas partes combaten y en otras se alían, en este caso sobre todo por intereses compartidos en torno al narcotráfico y otras rentas ilegales.

De tal forma, el llamado "paro armado" decretado la segunda semana de enero por "Los Urabeños" puso de presente de forma alarmante el poder de este grupo, como rezago paramilitar activo, con más clara composición mafiosa y narcotraficante, obrando en las nuevas circunstancias del conflicto armado que ya no les brinda el tan amplio y generalizado nivel de impunidad referido. Sin embargo, mostró que posee alta capacidad de interferencia en amplias regiones, a partir de la amenaza y la intimidación armada contra la población. Por ello resulta contradictorio que se pretenda enfrentar tal fenómeno sólo con medios policivos, cuando incluso utilizan armas bélicas, controles territoriales, uniformes y formas de coerción social y captura o interferencia del estado en ciertos territorios de manera similar a las AUC. También lo sucedido con Los Urabeños pone de presente que es equivocado reducir el asunto a una expresión de la delincuencia común, pues si bien también son eso, a la vez tienen control y relación con peligrosas y extendidas redes mafiosas y hacen parte de manifestaciones del fenómeno paramilitar no superado de manera integral, de forma que en las pasadas elecciones locales de 2011 mostraron activa intervención a través de sus agentes políticos –con ellos todos los llamados parapolíticos-, gremiales, de funcionarios corrompidos y de grupos armados activos.

Desafortunadamente las respuestas oficiales han sido más coyunturales que integrales y en busca de efectos inmediatos y no integrales. Resultó paradójico –incluso discriminatorio- que cuando en Córdoba se superaban los 500 homicidios el año pasado -en gran medida por responsabilidad de estos grupos sucesores del paramilitarismo-, sólo se produjo una fuerte reacción desde el Gobierno nacional tras el asesinato de dos estudiantes bogotanos de una universidad privada importante. De allí salió el Plan Troya, de aplicación regional entre Córdoba y Antioquia que luego se extendió principalmente hacia Sucre y en el Pacífico hacia Valle, Cauca y Nariño. Por supuesto que resulta positivo que la fuerza pública consiga capturas de sus integrantes entre quienes han aparecido ellos ex paramilitares de las AUC, funcionarios locales y miembros activos de la fuerza pública. Pero no se logra derrotar el fenómeno incluso en las regiones directamente intervenidas por este plan. Tampoco hay suficiente claridad y coherencia en la política del gobierno Santos llamada de las 6D: desarticular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir. Pues si bien se avanza en buscar una mejor coordinación entre instancias de Gobierno y de Estado, la judicialización de los responsables y una campaña más decidida desde la Fuerza Pública, aún faltan asuntos claves como reconocer la permanencia del fenómeno paramilitar y sus diversos efectos, tratar las redes de poder que están en su entramado, depurar las instituciones públicas que han estado y están aún compenetradas con sus expresiones y atender de manera estratégica la recuperación del Estado constitucional y la protección de las garantías de los ciudadanos y de las víctimas.

Edición N° 00287 – Semana del 20 al 26 de Enero de 2012

1 Entre los casos judiciales se destacó la condena a 15 años contra Guillermo León Valencia Cossio, director de la Fiscalía Regional de Antioquia, por parte de la Corte Suprema de Justicia por asociación para delinquir agravada, enriquecimiento ilícito y destrucción y ocultamiento de documentos públicos.

2 Respuesta del Brigadier General, Carlos Ramiro Mena, director de investigación criminal e Interpol a un oficio de la CBRR, 21 de noviembre de 2011.

3  Corporación Compromiso, Observatorio Nororiental de Desarrollo  y Derechos Humanos, Informe de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Primer Semestre 2011. Región Nororiental de Colombia. “Primer año de Santos. Entre la guerra y la Paz.”, Bucaramanga, septiembre de 2011.

4 III Informe Nacional de la CNRR en DDR, Bogotá DC, diciembre de 2011, en publicación.

 
 
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