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Liberaciones: bienvenidas más allá de los debates colaterales

  Alejo Vargas Velásquez
  Profesor Titular Universidad Nacional, Coordinador Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
   
 

El anuncio hecho por Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, de los nombres de los otros tres miembros de la Fuerza Pública secuestrados o privados de la libertad –ellos los denominan prisioneros de guerra-, que van a ser liberados unilateralmente por esta guerrilla como un gesto de respuesta a la solicitud hecha por un grupo destacado de mujeres latinoamericanas, encabezado por la ex senadora Piedad Córdoba, generó tres tipos de dinámicas, la gran alegría y esperanza de las familias de los seis posibles liberados, la controversia acerca de algunos temas históricos reiterados en el comunicado de las FARC, el proceso de definir los procedimientos y garantías para las liberaciones.

En relación con lo primero, sólo nos queda sumarnos a la alegría de las familias que habiendo padecido el secuestro de sus seres queridos por tanto tiempo, encuentran finalmente una noticia esperanzadora y desear que el proceso de las liberaciones culmine exitosamente. Lamentablemente, otro grupo de familiares siguen esperando la liberación de sus seres queridos, los del sargento Luis Arturo Arcia, el intendente Wilson Rojas Medina, el sargento Luis Alfredo Moreno, el sargento Robinson Salcedo Guarín, el cabo Héctor Velásquez C. –considerado el secuestrado más antiguo- y el caso del intendente Luis Hernando Peña sobre el cual existe incertidumbre acerca de su sobrevivencia.

En relación con lo segundo, debemos recordar que se trata de miembros de la Fuerza Pública que son parte de las instituciones del Estado y que actúan en el marco de un conflicto interno armado contra uno de los grupos alzados en armas, el más activo y numeroso, las FARC. Esto para recordar que se trata de unas liberaciones hechas en el marco de dicho conflicto interno armado y que por consiguiente están cargadas de las prevenciones, desconfianzas y reiteraciones de posiciones políticas de estos actores. Por lo tanto no podemos dejar de precisar que si bien se trata de un acto unilateral de carácter humanitario, igualmente tiene una simbología política innegable y que en este caso las FARC tratarán de derivar los mayores beneficios político-propagandísticos (recordemos, como lo reiteran todos los manuales de contrainsurgencia, que estos conflictos internos armados se libran no solamente en el campo militar, sino igualmente en el de la propaganda, la información, etc.). Por ello declaraciones como las formuladas por el Ministro de Defensa y del Interior, que no se debe hacer shows con las liberaciones o buscar beneficios políticos, si bien se pueden compartir, difícilmente van a impedir que los miembros de las FARC intenten sacar el mayor impacto político positivo para ellos.

Claro que hay que exigirle igualmente a las FARC la liberación unilateral de los demás  miembros de la Fuerza Pública que mantienen forzosamente en su poder y la terminación del secuestro como arma de guerra. Ahora bien, esto plantea, por lo menos como posibilidad, la idea que las FARC no están propiamente liberando a estas personas secuestradas como un gesto de paz en la perspectiva de un proceso de diálogo y negociación del conflicto interno armado, sino como respuesta a la solicitud de un grupo respetable de mujeres que han venido haciendo importantes gestiones humanitarias. Pero, todo indica que la liberación de los miembros de la Fuerza Pública restantes será producto de otra operación, que por supuesto también tendrá sus características político-humanitarias. Estas liberaciones, más allá de los deseos de muchos que aspiramos a un pronto proceso de paz, difícilmente se pueden situar en esa perspectiva, independiente de que a lo mejor terminen teniendo efectos colaterales en esa dirección.

A propósito de lo tercero, hay que decir que probablemente tenga razón el Ministro de Defensa cuando afirma "nosotros estamos dispuestos. Si nos llaman podemos ir hoy mismo por los secuestrados", pero la experiencia, nacional e internacional, de este tipo de liberaciones muestra que se requieren una serie de protocolos y garantías para que las mismas den buen resultado. No sólo porque se trata de acuerdos procedimentales para viabilizar la liberación entre enemigos, que por razones obvias tienen profundas desconfianzas mutuas, sino porque ambas partes desconfían que eventualmente haya interés en la contraparte de que las cosas fracasen. Por ello instituciones como el CICR con su amplia tradición de neutralidad e imparcialidad siempre son convocadas a jugar un papel importante en las mismas. Pero, adicionalmente en el caso colombiano existen antecedentes como la ‘Operación Jaque’ que con seguridad generan profundas desconfianzas en los miembros de las FARC. Esto es lo que ha llevado a que se requiera y creo que va a ser difícil que en esta ocasión no sea igual, de la logística de un tercer país en cuanto al transporte de las personas que van a recibir a los liberados y luego de todo el grupo; en los últimos casos este rol lo cumplió con mucho profesionalismo un país amigo de Colombia como lo es Brasil. Por ello no tiene sentido lo señalado por el Ministro del Interior cuando dice que no es necesario y que el Ministerio de Defensa tienen todo preparado porque realmente creemos es un problema de confianza, que no se soluciona totalmente con la participación del CICR. Sin embargo, esperamos que esto no se vuelva un obstáculo que impida la conclusión de las liberaciones y el propio Ministro del Interior deja abierta la opción cuando señala, "no es que nos opongamos, si fuera necesario, por alguna circunstancia particular de logística, no habría inconveniente en la participación de Brasil". Y con seguridad que va a ser necesario…

Algunos han considerado como extraño que haya sido Iván Márquez y no el comandante en jefe de las FARC, Timoleón Jiménez, quien haya asumido la vocería pública del tema de las liberaciones, pero no hay que olvidar que las FARC desde la época del Caguán diferenció el tratamiento del tema de las liberaciones de secuestrados y de sus presos, que llamaron el canje, del tema de las conversaciones de paz; en el Caguán fue el propio Manuel Marulanda quién asumió este tema, al margen de la Mea de Conversaciones. Aclarado esto, considero que se ha hecho, a mi juicio, demasiado alboroto acerca de la reafirmación de unas ideas que las FARC siempre han planteado, pero que no significan, si se lee adecuadamente el conjunto del comunicado, ni precondiciones ni requerimientos para futuras liberaciones. Cuando dicen en el comunicado que “no cesaremos en nuestro empeño de lograr la repatriación de los comandantes guerrilleros Simón Trinidad, Iván Vargas y Sonia, prisioneros en cárceles de los Estados Unidos por la arbitrariedad del régimen” están reafirmando una intencionalidad que han mencionado de liberar a sus colegas detenidos, pero eso no debería dársele un significado más allá; igual cuando dicen que “mientras persista la confrontación el canje de prisioneros de guerra debe elevarse a norma constitucional que obligue al Estado”, la interpretación no es otra que reiterar la vieja aspiración de Marulanda que se expidiera una ley de canje permanente, pero obviamente ningún Gobierno colombiano va a estar dispuesto a caer en esto, que significaría formalizar el conflicto armado por tiempo indefinido y en darle justificación al uso del secuestro como un arma de lucha política.

Considero que el Estado colombiano, sí debería tomar nota de lo planteado en el comunicado de las FARC acerca de la situación de sus presos –sería un gesto importante del Estado, además de ser su responsabilidad constitucional y legal- y crear una  comisión institucional por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y podría invitarse  a ser parte de esta comisión a una ONG defensora de los Derechos Humanos, para que hiciera en un término breve un balance de la situación humanitaria de la población carcelaria en general y de los presos de los grupos guerrilleros en particular, y proponer alternativas para mejorar sus condiciones de reclusión, acorde con el respeto de sus derechos que como ciudadanos tienen, a pesar de estar privados de libertad, pero no están despojados de todos sus derechos.

Por último, los ciudadanos que creemos en que la culminación de este conflicto interno armado, pasa por una vía negociada, debemos hacer nuestra contribución, nuestros gestos de paz, en el sentido de ayudar a crear climas de opinión favorables a apoyar esta solución negociada y a exigirles al Estado y a los alzados en armas contra él, que no se va a permitir un nuevo intento frustrado, que cuando se vuelvan a sentar debe ser para negociar la terminación de esta confrontación armada, sin sentido a estas alturas de la historia.

Edición N° 00288 – Semana del 26 de Enero al 2 de Febrero de 2012
 
 
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