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¿Y qué con el escándalo del desfalco de las finanzas públicas de la salud?

  Mauricio Torres Tovar
  Médico salubrista - Miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
   
 

Ya casi se completa un año desde el anuncio que hizo el Gobierno Nacional de informar que las EPS privadas habían realizado un gran desfalco a las finanzas públicas del sistema de salud y que hubo contubernio desde el Ministerio de la Protección Social para este desfalco.

Esta situación fue ratificada a finales del año pasado por la Contraloría General de la República que expresó que “el flujo de recursos no es claro, ni bien regulado, ni oportuno, ni el giro directo tiene las suficientes salvaguardas que garanticen su destinación adecuada; y tampoco hay transparencia en la relación de entes territoriales, EPS, IPS y entes gubernamentales, Fosyga, etc. En este marco, el modus operandi de la corrupción es múltiple”1.

De este desfalco la EPS más involucrada fue SaludCoop, que es la EPS más grande del país. Esta por la desviación de recursos y sobrecostos en medicamentos generó una perdida a las finanzas del sector salud por más de un billón de pesos, es decir aproximadamente el 15% del presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga.

Lo cierto es que a la fecha a pesar de tenerse la información precisa del desfalco y de las entidades que lo cometieron, no ha pasado nada relevante; hay unos pobres resultados en la búsqueda de los responsables del este desfalco y nadie ha sido condenado por estos delitos2. Igualmente, la estructura de la intermediación no ha sido tocada por que realmente el Gobierno no se va a dar la pela de acabar las EPS, sólo ha propuesto reducir su número, lo que en el fondo es un reflejo del gran poder económico y político que estas instituciones tienen en el país.

El modus operandi

Las diversas investigaciones hechas por universidades, algunas ONG, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Contraloría General de la Nación permiten concluir que el modus operandi de las EPS para incrementar sus ganancias se ha basado en un conjunto de estrategias entre las que destacan3:

  1. Falseamiento de información: favorecido por el débil sistema de información de salud en Colombia, que además las EPS han estimulado se mantenga de esta manera, establecieron varias estrategias:
  • Presentación de cuentas a nombre de personas inexistentes, con cédulas falsas, o incluso de personas ya fallecidas;
  • Cifras exagerada del costo de medicamentos y procedimientos NO POS;
  • Duplicación de facturas, a nombre de un mismo paciente;
  • Recobros por medicamentos e insumos que nunca se utilizaron o que nunca les fueron entregaron a los usuarios;
  • Pagos por servicios y medicamentos NO POS, obtenidos supuestamente por tutelas, que en realidad nunca se interpusieron.
  1. Negación de servicios: medida que les da réditos a las EPS por punta y punta. De un lado instaurar barreras de acceso a los servicios de salud les garantiza no tocar los recursos de la Unidad de Pago por Capitación - UPC, porque esta la reciben atiendan o no a las personas. Y de otro lado, obligan a las personas a recurrir bien a los Comités Técnico Científicos de las EPS o la tutela, vía por la cual las EPS reciben por recobro al Fosyga sin hacer uso de los recursos de la UPC.
  • Utilización de los recursos en asuntos diferentes a la salud: la EPS utilizaron los recursos del POS para financiar adquisiciones de activos diferentes a los necesarios para el carácter de su labor, invertir en obras de infraestructura, abrir otros frentes de la empresa en escenarios internacionales y para fortalecer el patrimonio de otras empresas de su propio grupo económico.
  1. Cambios legislativos a su favor: es evidente la gran capacidad de incidencia de las EPS sobre las decisiones del Congreso de la República y del Gobierno Nacional, que les ha posibilitado que las dos reformas de la Ley 100 no afecte el tema de la integración vertical manteniéndolo, han buscado incidir en la reducción del contenido del POS y aumentar el monto de UPC.
  1. Alianzas entre políticos, actores gubernamentales y actores paramilitares: esta alianza se expresa en acciones con un claro carácter de corrupción y mafia, como por ejemplo:
  • Cobro de comisiones para levantar glosas, es decir, eliminar reparos para gestionar los recobros ante el FOSYGA;
  • Recobro de medicamentos e insumos de contrabando, que fueron obtenidos a más bajo precio;
  • Vínculos entre grupos paramilitares y jefes políticos para desviar los recursos de la salud, como es el caso del ex senador Dieb Maloof, a través de cooperativas de trabajo que monopolizaban la contratación de la ESE José Prudencio Padilla, entidad que fue liquidada en el 20064.

Los y las usuarias siguen llevando la peor parte 

De la situación de los y las usuarias de los servicios de salud no se habla mucho. Lo concreto es que las EPS siguen recibiendo mensualmente los dineros de la compensación, pero no sólo siguen incrementando las deudas con los prestadores, sino que a juicio de todas las organizaciones de pacientes del país, sus servicios carecen de la calidad y oportunidad que deberían tener como lo ha expresado recientemente la Academia Nacional de Medicina.

En este sentido se puede decir que la corrupción afecta a los usuarios por doble punta, de un lado porque sus dineros no son usados en el mantenimiento y mejoramiento de su salud y de otro lado por que cuando estas instituciones se intervienen los procesos asistenciales se ven entorpecidos, como el caso de SaludCoop en donde hubo un retiro amplio del cuerpo médico

Bogotá, ¿otra cara del desfalco?

Recientemente se empezó a hablar de otra situación relacionada con la contratación en el sector público de la salud. Se empieza a investigar la posibilidad de un proceso de corrupción en la contratación hecha por algunas Empresas Sociales del Estado-ESE, en un modo de operación parecido al carrusel de la contratación en las obras civiles de la ciudad.

De comprobarse esto, será otro hecho adicional para lamentar y ratificar que el sector salud sigue estando preso en manos de quienes siempre buscan sacarle un lucro particular.

Y los responsables ¿dónde están?

¿Por qué hay pobres resultados en la búsqueda de los responsables de este desfalco? ¿Por qué solo han sido juzgado mandos intermedios, como en el caso del Ministerio de la Protección Social?

Estos desfalcos tienen cabezas en las direcciones de las EPS, del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de la Salud), en el Congreso de la República, en las gerencias de las instituciones prestadoras de servicios de salud, en los gobernantes, y en los propios entes de control. ¿Será que unos a otros se acusarán y juzgarán?, asunto difícil que se dé, es más posible que todos se tapen con la misma sabana.

El toro por los cuernos

Esta situación tanto de las EPS como desde el Ministerios de la Protección Social y los Entes Territoriales, no es más que la expresión clara del dominio de la lógica de ganancia y lucro que ha dominado al sistema de salud colombiano con el desarrollo de la Ley 100 y que a su vez ha evitado el desarrollo de procesos de vigilancia, control y regulación estatal y de control social ciudadano como se requiere para colocar cortapisas a los procesos de corrupción.

En este sentido, hasta que de un lado en Colombia no se elimine la intermediación de las EPS (asunto que va a ser muy difícil por el poder que han logrado), no se desarrolle una estructura sólida de regulación y vigilancia estatal y no se desarrollen reales procesos de participación y control social, vamos a seguir de alharaca en alharaca denunciando, pero sin coger el toro por los cuernos.

Edición N° 00288 – Semana del 26 de Enero al 2 de Febrero de 2012

1 Que se pare el desangre. Editorial. Periódico El Pulso. Edición No. 120. Enero de 2012.

2 Academia Nacional de Medicina. Carta enviada al presidente Santos. Enero 23 de 2012.

3 Torres-Tovar M. El cartel de la salud. La Ley 100 es un negocio, no un sistema de garantía del derecho a la salud. Periódico Desde Abajo. Edición  No. 169. Mayo de 2011.

4 Romero, Mauricio (Editor). La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Corporación Nuevo Arco Iris, Bogotá, 2011.

 
 
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