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Pedir perdón a los victimarios

  Francisco Taborda Ocampo
  Abogado y consultor en derechos humanos
   
 

El viernes 3 de febrero, se celebró un plantón al frente de las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá, en rechazo a la actitud del Gobierno asumida después del fallo de segunda instancia contra Luis Alfonso Plazas Vega por las desapariciones forzadas, en lo que se ha llamado la “retoma” al Palacio de Justicia.

El lema de dicho plantón es “pedirle perdón a las víctimas, no a los victimarios”.

La salida del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Santos, deja mucho qué desear y qué temer. Con la petición de perdón a Belisario Betancur y a los militares, el Presidente no sólo ha invertido los factores, sino que ha propiciado en los militares, como subalternos suyos, una insubordinación al fallo judicial y los ha puesto en un falso dilema impropio de un estado de derecho, según el cual cumplir el fallo los ubica en una posición de desobediencia al Presidente.

Los programas radiales no han contribuido mucho a dilucidar las implicaciones y las órdenes del fallo. Desde el mismo momento en que se anunció, varios programas, como “Hora 20”, han trivializado el fallo sin siquiera conocer y difundir sus aspectos más relevantes.

Es cierto que se trata de un fallo de un poco más de 600 páginas, y de un salvamento de voto de casi 400, realizado por el Magistrado que fue derrotado al presentar la ponencia inicial. Sin embargo, aunque debo confesar que no lo he leído en su integridad, he ido a los aspectos más polémicos, como la exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue al Presidente de entonces, Belisario Betancur.

En relación con este punto, el fallo manifiesta:

“Ante la inexistencia de pronunciamientos por parte de autoridades judiciales que determinen la posible responsabilidad que en estos delitos pueda tener el ciudadano BELISARIO BETANCOURT CUARTAS1, Presidente de la República para la época de los hechos, y atendiendo lo inane que resulta la compulsa de copias dispuesta por la a quo, se dispone exhortar a don LUIS MORENO OCAMPO o quien haga las veces de Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional (en adelante CPI), para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al ex presidente de la República en el ámbito interno colombiano”2. (Paréntesis fuera del texto original).

La gran polvareda que ha levantado el fallo consiste, entre otros aspectos, en si fue desmedida y salida del derecho, dicha exhortación a la CPI. Me temo que no. No sólo por razones de fondo, ya que no cabe la menor duda de que la desaparición forzada es un delito continuo e imprescriptible, que activaría la competencia de la CPI por hechos ocurridos antes de entrar en vigor en Colombia el Estatuto de Roma, sino porque el mismo Estatuto establece que ante casos de justicia ficta o de falta de voluntad de los estados en aplicar justicia, se puede reclamar competencia a ese tribunal internacional, y en eso estriba precisamente el llamado que hace el Tribunal Superior, al constatar que la Cámara de Acusaciones no ha juzgado en debida forma al entonces presidente.

Existen incluso casos en que los mismos estados, al constatar la incapacidad de su sistema de justicia, recurren a la CPI. Tal fue la situación presentada con la República Centroafricana, la cual, hace ya varios años, pidió a la CPI intervenir en su país3.

Rodolfo Arango lo ha señalado con claridad en su última columna de El Espectador4, en la cual también ha afirmado que aunque es muy poco probable que la CPI intervenga efectivamente, el debate vale la pena y la razón está ahí, justamente en la imprescriptibilidad del delito por el que se condenó a Plazas Vega, dado su carácter continuo, según el cual, la comisión de dicho crimen no cesa sino hasta que son hallados vivos los desaparecidos o aparecen sus cadáveres, y es claro que ninguna de las dos situaciones ha ocurrido en el caso del Palacio de Justicia.

Ahora bien, el fallo reconoce reiteradamente la ferocidad con la que actuó el M-19 en la toma que dio origen a la reacción del Ejército, resaltando que ese grupo guerrillero actuó violando de manera grave las más elementales normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Creo que, más allá de que se cuestione la legitimidad y apego a los instrumentos internacionales en materia de crímenes de lesa humanidad de las amnistías concedidas al M-19, el Tribunal no puede hacerse cargo ni afrontar los cuestionamientos que llueven sobre dichas amnistías pues se trata de decisiones políticas.

En relación con la ferocidad con que respondió la Fuerza Pública de aquel entonces, es bueno señalar que, como lo dice el jurista alemán Rudolph Laun, el Estado debe diferenciarse no sólo cuantitativa, sino cualitativamente de los criminales que persigue, por tanto no puede recurrir a sus métodos. Cuando un Estado recurre a ellos, deja de ser “de Derecho”, y pasa a perder legitimidad. Sino, recordemos las interceptaciones telefónicas orquestadas en el anterior mandato presidencial. La retoma al Palacio de Justicia no tenía por qué traer como consecuencia la desaparición forzada de personas que claramente salieron vivas del Palacio, ni siquiera la de la guerrillera del M-19, pues el Estado tenía el deber de juzgarla con arreglo a las leyes.

La acción militar adelantada en la retoma al Palacio de Justicia, obedeció al perverso cálculo político  propuesto por el Secretario de Defensa de EEUU durante la guerra de Vietnam, Robert McNamara, cifrado en la famosa pregunta: ¿Cuánto mal es necesario hacer para producir un bien?, máxime si se tiene en cuenta que la brutalidad de dicha retoma alejaba las posibilidades de rescatar ilesos a los rehenes e incluso ponía en serio riesgo sus vidas.

Veintiséis años después de la cruenta toma nadie duda que más que una operación a sangre y fuego, caracterizada por el uso intenso de artillería, lo que se requería (al margen de la discusión sobre si era dable negociar con el M-19) era una operación planificada, con un mando responsable y que evitara en la mayor medida posible, dañar la  vida o la integridad física de los rehenes, y garantizara posteriormente una labor transparente de evacuación y un juicio justo a los insurgentes que fueran capturados vivos.

Lo que ocurrió, que todos conocemos, concretó el temor de Laun: el Estado, a través de Plazas Vega, quien ejerció realmente el mando de la operación en terreno, se comportó como los criminales que pretendía neutralizar, y el Presidente de aquel entonces, a pesar de sus calidades humanas de hombre de letras, eximio lector de las Memorias de Adriano (quizá una de las más altas reflexiones sobre el poder en el siglo XX), y humanista reconocido, no hizo nada eficaz para evitarlo. Ese es el juicio de reproche del que Betancur, nunca podrá desprenderse, aunque haya anunciado que su testamento incluye un libro que sólo podrá ser conocido, con autorización de notario, con posterioridad a su muerte, como si el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación de los familiares de las víctimas de la desaparición, tuviera que depender de un testamento.

La insubordinación contra el fallo, promovida ahora desde la Presidencia de Santos, soslaya el hecho de que la fuerza pública, en lo relativo al carácter desmedido y brutal de su reacción y a las desapariciones forzadas posteriores, actuó por fuera de cualquier marco legal (no sólo a nivel nacional sino internacional). Creo que nadie cuestiona el hecho de que la Fuerza Pública haya intentado rescatar a los magistrados y demás personal víctima de la toma, pues ciertamente era su deber, lo que se cuestiona son precisamente los métodos y las consecuencias, y además el hecho de que actuó por fuera de cualquier control civil, sumado al hecho constatado en el fallo, de que Plazas Vega era yerno del General Vega, entonces Ministro de Defensa, lo que parece haber dejado con las manos libres al primero y con gran libertad de decisión para “defender la democracia”.

Adicionalmente es lamentable que el mismo Vicepresidente, en campaña para dirigir uno de los organismos más representativos de los derechos humanos en el mundo, salga también a cuestionar el fallo. Al comenzar el mandato del Presidente Santos, muchos constatamos un cambio de tono. Al pedir un perdón más genuino obedeciendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda Vargas, muchos confiamos en que durante el presente mandato no se repitieran las voces desafiantes de Uribe, el cual, antes que pedir perdón se reafirmaba en afirmaciones revictimizantes, pero después de la reacción de Santos, parece que no hay mucha diferencia en el talante, al menos frente a los hechos del Palacio de Justicia.

Edición N° 00289 – Semana del 3 al 9 de Febrero de 2012

1 En este punto, y también a pie de página, el fallo indica: “En la Comisión de Investigación y acusación se han tramitado dos procesos contra el Presidente BELISARIO BETANCOURT CUARTAS, los cuales fueron archivados por la plenaria de la Cámara de Representantes en sesión de 15 de julio de 1986 y por la misma comisión el 18 de julio de 1990”.

2 REPÚBLICA DE COLOMBIA, RAMA JUDICIAL, TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, SALA PENAL. Fallo de segunda instancia contra Luis Alfonso Plazas Vega, confirmatorio de la sentencia de primera instancia.  Acápite 7.5 “Otras consideraciones”,  págs. 603 y 604.

3 Al respecto puede consultarse en la página oficial de la CPI: “Prosecutor receives referral concerning Central African Republic”, disponible en: http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/2005/otp%20prosecutor%20recei-
ves%20referral%20concerning%20central%20african%20republic?lan=en-GB consultada el 3 de febrero de 2012.

4 “Desaparición Forzada: delito continuado”, columna disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-324280-desaparicion-forzada-delito-continuado visitada el 3 de febrero de 2012.

 
 
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