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Envueltos en sus capas

  Henrik López
  Profesor universitario
   
 

Ya va para año y medio que el actual Gobierno propuso una reforma a la justicia. Va para año y medio que las Altas Cortes y el Congreso de la República debaten y debaten sobre el mismo tema. Los partidos no se han quedado atrás, al igual que la academia. Finalmente se ha tramitado la primera vuelta del proyecto de reforma constitucional.

Al leer esto, alguna persona desprevenida podría pensar: ¡oh! ¡Qué bien por Colombia! Allá parece que se toman en serio las reformas constitucionales y son producto de la deliberación pública y con la participación más amplia posible.

Qué idea más lejana de la realidad. La discusión va para año y medio y el resultado es lamentable. Podemos echarles agua sucia a todos. Si, a todos. Al Gobierno, por proponer un proyecto que no guarda relación alguna con la motivación: la idea de reforzar a la justicia, de blindarla, de lograr superar su letargo y descongestionarla, de lograr el acceso ciudadano, etc., no se asoman por la reforma. Antes bien, lo único claro es la pretensión de asignarle funciones jurisdiccionales “transitorias” a abogados, notarios, etcétera, y de modificar el Consejo Superior de la Judicatura. La asignación presupuestaria, que aparece en el texto aprobado en el Senado de la República, puede ser tan letra muerta como aquella disposición de la Constitución pasada. ¿Qué busca en realidad el Gobierno? ¿Será que tienen una concepción clara de la justicia o, simplemente, se busca acomodar el funcionamiento de la Rama a la idea de estabilidad fiscal introducida en las pasadas reformas constitucionales? ¿Será un proyecto del Gobierno en conjunto o de entera idea del Ministro del Interior? Lo cierto es que, antes que justicia para todos, el proyecto parece como tantos otros realizados a lo largo de la historia colombiana: reformemos todo, para que siga igual.

Pero bueno, la esperanza podría fincarse en el Congreso. Al fin y al cabo, escuchan a la gente (lo siento, no me resisto a olvidar las fábulas). El Congreso debería estar en capacidad de articular concepciones sobre el funcionamiento de la justicia. Los partidos, organizados en bancadas, deberían estar en capacidad de ofrecer alternativas pensadas sobre los problemas de la justicia. Al fin y al cabo, padecen de sus defectos. Pero no. Sus preocupaciones parecen dirigirse, no a la protección de los derechos de las personas, sino a la satisfacción de diversos intereses. Por una parte, la enorme preocupación por la reducción de las posibilidades de acceder al botín burocrático, debido a las restricciones por la estabilidad fiscal, les obliga a buscar nuevos campos: tomarse los órganos de control. La imposibilidad de tomarse a la justicia que, según algunos, ya está tomada por las altas cortes, les lleva a limitar las competencias nominadoras a las cortes. La falta de interés real por una depuración de las fuerzas armadas, por alcanzar el equilibrio entre la lógica militar y la lógica civil y por anteponer los derechos humanos, les han llevado a favorecer el aislamiento (no necesariamente impunidad, pero… uno nunca sabe) de la justicia militar. ¿El esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional por lograr que los excesos militares sean controlados no tiene acaso un valor central en la democracia colombiana? Al parecer no.

Es más importante el hecho simbólico que los militares se juzgarán a si mismos, sin atender a parámetros de los Derechos Humanos y, así, garantizar que se mantenga la “moral” de la tropa. Es comprensible dicha postura, pues la eficacia, así sea brutal, de la Fuerza Pública, parece ser el único norte (al igual que el eficientismo en materia penal). El mensaje para la sociedad colombiana es triste: los Derechos Humanos y los límites al uso de la fuerza, son un lastre. El costo de una política así lo tenemos a la vista, pero al parecer el Congreso, el mismo que, con todas las críticas que se le pueda hacer, aprobó una ley de víctimas y de tierras, borra con el codo lo que hace con la mano.

Pero bueno, este es un escollo superable, con una debida formación de los oficiales y de los integrantes de la justicia penal militar es posible lograr que sus decisiones sean respetuosas de los parámetros de Derechos Humanos. Pero, precisamente esto demuestra la no necesidad de la reforma constitucional.

La falta de claridad del proyecto político en torno a la justicia no acaba en el Congreso. Las altas Cortes –Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, particularmente-, se han mostrado reacios a las propuestas de reforma. En su parecer afectan la independencia de la justicia o, simplemente, no les gusta. Pero ¿qué es lo que no les gusta? ¿Qué propuesta, razonable, han expuesto? Nada. Ninguna respuesta clara. Si bien es claro que la participación del Ministro de Justicia en la administración de la rama puede implica una intromisión de un órgano en otro, no es claro qué tanto disgusta a las Altas Cortes. Éstas no han propuesto nada que busque enfrentar el choque de trenes, salvo algunas dirigidas a evitar que la Corte Constitucional pueda conocer de las tutelas contra sus sentencias. Aquí, volvemos sobre lo que ha acontecido en los últimos veinte años: al perder su postura suprema y verse sometidas al control constitucional, están resentidas contra la Constitución de 1991. Al igual que ocurre con la fuerza pública, desean inmunidad frente a la posibilidad de control de sus decisiones; pequeños reinos dentro de la administración de justicia. Pero de preocupación real por la administración de justicia, nada. Si bien, aducen que el proyecto no ataca los problemas principales de la administración de justicia, tampoco es claro que de ellas salga algo dirigido a enfrentar tales necesidades. De hecho, podría preguntarse si los propios magistrados son conscientes de ellas, al fin y al cabo, tampoco vienen de la judicatura.

La academia, finalmente, tampoco ha ofrecido nada. Hay debates sobre si este proyecto enfrenta o no las necesidades de la rama, si es producto de la financiación por USAID y es expresión de la americanización de la justicia, etc. Pero ¿cuáles propuestas? ¿Hay expresiones claras sobre las necesidades de la rama judicial (partiendo de los juzgados municipales hacia arriba y no al revés)? ¿Sobre las causas de la congestión judicial? ¿Sobre la inoperancia de la Fiscalía y, en general, del sistema acusatorio? Nuevamente, nada. La academia sigue debatiéndose en las razones políticas detrás de la reforma o sobre la influencia paramilitar en el Congreso, sin adentrarse en los puntos centrales, lo que en realidad tendría efectos positivos para el pueblo colombiano. Al parecer, al igual que los otros, están en sus islas.

En suma, todos, como bien lo dice Burro en la película Shrek, “estás tan envuelto en tus capas de cebolla” que no tienen contacto alguno con la población y los funcionarios de la rama. Para atender a sus necesidades no se requiere de una reforma constitucional, sino una reforma legal y educativa. Pero eso no es vistoso, no mueve recursos y no genera prestigio.

Edición N° 00289 – Semana del 3 al 9 de Febrero de 2012
 
 
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