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El uribismo y el Estado democrático

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Las relaciones entre el uribismo y las instituciones de la democracia liberal han sido principalmente de negación de sus principios básicos. El Estado Liberal Democrático es profundamente respetuoso de las libertades civiles y políticas y dentro de ellas de las libertades individuales tales como la presunción de inocencia, la subordinación del poder institucional a las libertades ciudadanas y a la vigencia y respeto por los Derechos Humanos básicos; fundamentales así mismo un pilar del Estado Liberal  Democrático es el de la división de poderes, la sujeción a la ley y el respeto por la vigencia de las instituciones. Desde Voltaire pasando por Madison y Jefferson, se afirma que el principio que debe guiar  la acción de los ciudadanos está consignado en aquella máxima que señala que “me haría matar por el derecho que tienes a que tu puedas expresar tus opiniones así no esté de acuerdo con ellas”.

Durante los ocho años del Gobierno de Uribe todos estos principios de la democracia liberal fueron pisoteados. Contra las altas cortes se organizó un plan criminal que ya la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República han investigado y se produjo ya una primera sentencia contra el abogado Sergio González por orquestar junto con los paramilitares como recientemente lo afirmó Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, un plan criminal destinado a desprestigiar a la Corte Suprema principalmente a los magistrados de la Sala Penal tratando de ligarlos con el narcotráfico. Las interceptaciones ilegales, los seguimientos y amenazas que fueron objeto algunos de ellos como Yesid Ramírez o María del Rosario González. Todo ello fue realizado desde las más altas esferas oficiales con la participación como ya se sabe, no sólo por las afirmaciones de “Don Berna” sino por otras pruebas materiales que ha venido reuniendo la Fiscalía, de varios directores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Agencia presidencial de policía política dependiente directamente del entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, dos de estos ex directores están siendo investigados María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera Cotes. La primera prófuga en Panamá protegida por el Gobierno de dicho país a quien se sigue juicio en Colombia y el segundo condenado a más de 25 años de cárcel por varios ilícitos. Alias “Don Berna” implica no sólo a Jorge Noguera y a María del Pilar Hurtado sino también a Bernardo Moreno ex secretario General de la Presidencia de la República bajo el Gobierno de Uribe.

Así pues el respeto por la división de poderes fue pisoteado, desconocido y burdamente violado en reiteradas ocasiones por el Gobierno de Uribe. Un segundo episodio que aún no tiene desenlace es el que tiene que ver con la aprobación fraudulenta del Acto Legislativo que permitió la primera reelección de Uribe por la cual ya fueron condenados Yidis Medina y Teodolindo Avendaño por vender su voto a cambio de recursos que afectaron el erario público y se investiga por esos mismos hechos al ministro del Interior de la época Sabas Pretelt de la Vega, así como a otros parlamentarios en lo que popularmente se conoce como el  carrusel de las notarias. Esta reelección y luego el intento de recurrir a un referendo en que se violaron los topes económicos, y se apoyó a la captadora ilegal DMG quien giró recursos y sustentó con infraestructura para la consecución y el traslado de las firmas, muestran que esa reforma constitucional fue comprada y pasará a la historia del país como una reforma fraudulenta, por decir lo menos.

Sobre las libertades individuales sólo basta con recordar dos episodios burdos como las detenciones “preventivas” en las que cayeron cientos de ciudadanos inocentes como lo ha venido a ratificar la justicia en el caso de las decenas de personas detenidas en el municipio de Quinchía en el Departamento de Risaralda, y sobre las violaciones a los Derechos Humanos y la arbitrariedad institucional basta con recordar los asesinatos perpetrados por las Fuerzas Armadas que suman más de dos mil y que la prensa eufemísticamente ha nombrado como “falsos positivos”. No se podía esperar cosa distinta de alguien que proclamó desde la llegada al solio presidencial que se pondría en marcha el llamado “Estado Comunitario” cuyas raíces filosóficas y políticas están más relacionadas con las tesis fascistas que con las tesis del liberalismo como lo planteamos en el debate político en aquellos años (Santana Pedro: La propuesta de un Estado Comunitario: una falacia en la Teoría del Estado. Revista Foro No 48, septiembre de 2003).

Hay otros episodios más preocupantes aún sobre el período de Uribe que están relacionados con lo que Luís Jorge Garay ha dado en llamar “La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia” para referirse a la penetración masiva de la institucionalidad por parte de los poderes mafiosos. (Garay, Luís Jorge: Método, AVINA, TRANSPARENCIA POR COLOMBIA, Bogotá septiembre de 2008). En las elecciones fraudulentas para el Congreso de la República en el año 2002 los parapolíticos conquistaron el 35% del Congreso según confesión hecha por el comandante paramilitar Salvatore  Mancusso, que dio pie con cuatro años de retraso a la investigación que ha venido adelantando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y que hasta ahora ha condenado a cerca de 35 parlamentarios y ha proseguido la investigación sobre otros setenta que aún tienen abiertos procesos en la Corte Suprema de Justicia. Se ventilaron los pactos entre políticos y paramilitares como el Pacto de Santafé de Ralito de alcance nacional o los pactos de alcances territoriales como los de Chivolo o San Pedro Antioquia, en que estos grupos realizaron alianzas para tomar el Congreso de la República y en los niveles regionales tomar gobernaciones y alcaldías, asambleas y concejos municipales.

En esta toma de la institucionalidad fue clave la presencia del proyecto político de Uribe Vélez, con su elección estos poderes mafiosos llegaron a lo más alto de la cúpula del poder estatal y político en Colombia. Y aquí es donde entra a jugar nuestro personaje de hoy, Luis Carlos Restrepo. Venido de los sectores progresistas este médico siquiatra de Filandia, Quindío, quien había sido vocero e impulsor de la papeleta por la Paz y de los 10 millones de votos que esta propuesta obtuvo en las urnas en el año de 1998, caía como anillo al dedo para encargarse del proyecto de “negociación” con los grupos paramilitares que se habían convertido en los principales cabecillas del narcotráfico desde finales de los años noventa del siglo XX. Restrepo condujo el proceso mediante el cual Uribe pretendió convertir en proyecto político legal a las mafias. Fue el artífice del proceso de impunidad que bajo la figura de ley de alternatividad penal trataron de imponer en el año de 2003 en el Congreso de la República cuya pena más severa era la prohibición de los paramilitares de acercarse a 300 metros de las víctimas y que les confería carácter político para preparar una amnistía o indulto, que era en realidad lo que habían acordado en la campaña electoral con el uribismo. Restrepo condujo las negociaciones secretas que se realizaron en Santafé de Ralito, Córdoba y que culminaron con la presentación al Congreso de la República del proyecto de lo que en 2005 el Congreso aprobó como Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005. Esta en realidad era una ley que les garantizaba la impunidad a los mayores criminales que ha tenido el país en su existencia como nación. Como escribió por aquellos años Claudia López el problema es que el Gobierno y el Congreso cumplieron con los pactos secretos, pero el Estado no les cumplió puesto que la Corte Constitucional en fallo de mayo del año 2006 corrigió la ley a favor de las víctimas. Allí comienza una destorcida del proceso que culmina en mayo del año 2008 con la extradición de 14 de los jefes paramilitares en un intento de Uribe por evitar que siguieran declarando sobre los nexos de militares y policías, empresarios, ganaderos, multinacionales, políticos, alcaldes, gobernadores y altos funcionarios de su Gobierno comprometidos en este escándalo y que produjo más de 2 millones de desplazados bajo su Administración, miles de muertos en falsos positivos, decenas de miles de asesinatos políticos desde los años ochenta del siglo XX, en fin, como dijo alguien: había que evitar que los comandantes paramilitares levantaran la alfombra pues la podredumbre de las clases dominantes de este país quedaría al desnudo y daría pie a miles de investigaciones que se han aplazado, pero, que por fortuna no han precluído aún y sobre las cuales está pendiente la Justicia Internacional.

Restrepo fue pieza clave del uribismo en todo este intento de lograr la impunidad para decenas de miles de crímenes de lesa humanidad, para la legalización del despojo de más de 6.5 millones de hectáreas, y en general, para intentar la legalización de los mayores narcotraficantes de la historia contemporánea de Colombia. Su prepotencia lo llevó a cometer demasiados errores. Avaló falsas desmovilizaciones como la del llamado Bloque Cacique Nutibara en Medellín y sobre el cual la Fiscalía aún no investiga pese a los cientos de denuncias y al reconocimiento de  jefes paramilitares que han señalado que dicha desmovilización fue una farsa montada por los paramilitares  y permitida por Restrepo como Alto Consejero  de Paz. Y la del autoproclamado frente Cacique Gaitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es la que lo llevó a huir del país y a que un juez de la República, el juez 68 de Control de Garantías, le dictara orden de captura. Restrepo es acusado por la Fiscalía General de la Nación por lo delitos de concierto para delinquir,  fraude procesal, tráfico y porte de armas así como peculado.

La paradoja es que estos funcionarios autoritarios, despectivos con las libertades y los derechos de millones de colombianos como los desplazados a quienes llegaron a llamar migrantes internos para negar los delitos de desplazamiento forzado, usurpación de propiedad, violaciones a las mujeres, masacres, etc. Estos funcionarios prepotentes ante los llamados de la justicia huyen despavoridos y su pretendida valentía los muestra como cobardes para enfrentar las acciones de una justicia que les da plenas garantías para su defensa. Ver para creer.

Edición N° 00290 – Semana del 10 al 16 de Febrero de 2012
 
 
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