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Tumaco y Villarrica: ataques desproporcionados y con uso de terrorismo que debilitan los esfuerzos por la paz

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente de la Fundación Cultura Democrática
   
 

Los ataques realizados contra las estaciones de Policía de Tumaco y de Villarrica constituyen actos desproporcionados, de efectos indiscriminados y que implican el uso de terrorismo. Esta situación se hizo evidente por las consecuencias ocasionadas, de forma que comprometen en términos de diseño y conducción con este tipo de medios y métodos a sus autores. Además, en el contexto actual tales ataques conllevaron consecuencias negativas de distinto orden como son: aumentar el ya alto costo en víctimas por parte de la población civil ajena a las hostilidades militares; debilitar la difícil ambientación que se abre paso para que se retomen posibles diálogos de paz; obstaculizar el complicado entendimiento que se teje hacia la liberación de los integrantes de la fuerza pública en poder de las FARC; y alentar el proyecto político guerrerista, intolerante, autoritario y corrupto que gobernó al país en años recientes.

Distintas denuncias señalan a las FARC como sus presuntos responsables, organización guerrillera que no ha negado de forma expresa su presunta autoría de éstos hechos. Cosa distinta es que en reciente comunicado afirmaron con sentido general que no emprenden “una campaña terrorista” ni realizan “acciones indiscriminadas” contra la población civil sino que sus “únicos objetivos militares son las fuerzas armadas del Estado colombiano y las bandas criminales a su servicio”. Pero lo real es que no bastan las intenciones ni las declaraciones sino los efectos reales de las actuaciones materiales que se fraguan; de forma que si los autores reales de estos hechos -o de parte de ellos- son las FARC, resulta esta organización guerrillera comprometida en conductas desproporcionadas y en actos que conllevan características propias del terrorismo. De hecho, las guerrillas colombianas han hecho uso del terrorismo contrariando el derecho humanitario, lo cual a la vez no desconoce que las fuerzas insurgentes han desarrollado y desarrollan hostilidades miliares de carácter irregular frente a la fuerza pública, propias de la guerra irregular interna aún existente. Pero además, en la historia colombiana reciente, todas las partes comprometidas en el conflicto armado interno han realizado de manera frecuente o sistemática ataques desproporcionados, actos de terrorismo y otras conductas violatorias al derecho humanitario que han afectado gravemente a la población civil.

Recientemente las FARC han recuperado cierto nivel de hostilidad militar frente a la Fuerza Pública de manera que sostienen combates, emboscadas, hostigamientos y ataques a personal e instalaciones militares. Uno de tales hechos sucedió precisamente en días previos en Tambo, Cauca, cerro Santa Ana, cuando se registró un ataque guerrillero a este importante puesto policial y se produjo luego un combate de varias horas con tropas del Ejército. El comandante de la policía de tal puesto pereció en combate y un policial herido que fue retenido en el enfrentamiento fue luego liberado ante el CICR por los guerrilleros, en actitud humanitaria y sin que hubiera sufrido ataques injustificados. También las FARC han realizado actos de sabotaje al transporte público con hechos como los carro-bombas en Tibú y otros municipios de Norte de Santander, lo que conlleva riesgos a bienes y personas civiles, mediante el uso de explosivos no dirigidos contra objetivos militares, lo cual contraviene las disposiciones humanitarias.

El atentado con un explosivo encubierto en Tumaco contra la Estación de Policía tuvo efectos desproporcionados, de uso de terrorismo y de efectos indiscriminados, de forma que dejó 11 muertos, 75 heridos y afectó a 217 comerciantes y más de 300 residencias de personas civiles. Entre los 11 muertos tres son policías y los demás muertos y demás víctimas son personas de la población civil. Muchos pobladores tuvieron pérdida de familiares, de bienes, de mercancías y por lo regular quedaron en imposibilidad de responder económicamente ante créditos y obligaciones comprometidas. Por ello han anunciado la conformación de una asociación de damnificados y consideran la posibilidad de demandar al Estado por la falta de protección y los daños sufridos. En la misa por las exequias de las víctimas la falsa alarma sobre una bomba causó la huida de la multitud de asistentes a la iglesia, reflejo del terror generado en los pobladores, quienes en acto defensivo atropellaron los féretros de las víctimas mortales que rodaron por el piso y causaron destrozos en el lugar. Luego, en cabeza del gobernador Raúl Delgado la población salió en una justificada marcha de rechazo al atentado y sus consecuencias y en demanda de la paz y la defensa de la población civil.

En Villarrica el ataque contra la Estación de Policía con cilindros-bomba, a la manera de los que usa la guerrilla de las FARC, causó 7 muertos y 42 heridos, de ellos dos de los muertos eran policías y las demás víctimas son personas de la población civil. Este ataque también fue desproporcionado, con uso de terrorismo y efectos indiscriminados. También el gobernador del Cauca Temístocles Ortega lideró una marcha de rechazo al atentado, solidaridad con las víctimas y exigencia de la paz. Los dos atentados sumaron así 19 muertos y 114 heridos, de manera que entre las víctimas aparecen varios menores de edad y numerosas mujeres. Más de 305 viviendas y lugares comerciales destruidos o altamente afectados. En días posteriores se informó sobre la desactivación de otros dispositivos con explosivos encubiertos que podían causar atentados similares en los municipios de Cajibío, Miranda, Jambaló en Cauca y Pradera en Valle.

A la luz del Derecho Internacional Humanitario el principio de proporcionalidad establece que cuando una fuerza participante en las hostilidades militares realiza ataques contra objetivos militares, únicos ataques lícitos, debe establecer los métodos y medios adecuados en conformidad con la ventaja militar definida, de manera que se debe prever no causar daños en la población civil, los bienes civiles y en todo lo que no constituye objetivo militar, por cuanto no es ventaja militar contraria, de forma que no se producirán o en caso de producirse daños eventuales contra personas o bienes civiles serán excepcionales y mínimos. Por consiguiente, en tal caso, siempre notoriamente inferiores frente a lo que se supone constituyó el ataque contra el objetivo militar definido. En el debate internacional asumido durante las últimas décadas ha quedado en claro que en caso de que se prevea que puede haber daños significativos contra población y bienes civiles o incluso contra combatientes puestos fuera de combate, debe variarse radicalmente el diseño del operativo para evitarlo o de no lograrse esta condición no debe realizarse el ataque previsto. Esto indica claramente el principio humanitario de proporción que se traduce en términos de prevalencia del trato humanitario frente al principio de necesidad militar.

Así mismo, en la doctrina sentada por el CICR, a partir de la interpretación oficial de los textos del Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra, que en su artículo 4, inciso 2, prohíbe entre otras conductas “los actos de terrorismo”, se explica claramente que su alcance cubre no sólo los actos dirigidos contra las personas, sino también los actos contra instalaciones de los que se puedan provocar incidentalmente víctimas. A lo cual se agrega, con base en lo estipulado en el artículo 13 del mismo instrumento, que también están prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil, de manera que constituyen a juicio de éste organismo responsable de la doctrina humanitaria “una forma particular de terrorismo”1.

El presidente Santos calificó estos hechos de “demenciales ataques terroristas”, expresó que si pretendían ablandar al gobierno éste se “endurecerá” e impartió instrucción al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y a la cúpula militar, para diseñar medidas para combatir ese tipo de manifestaciones terroristas. Entre tanto, se debate en el país sobre si existe un retroceso en seguridad por responsabilidad del Gobierno Santos, en lo cual son muy activos los defensores de la anterior administración para presionar en aras que se retome la vía de tratamiento militar del conflicto y se cierre cualquier posibilidad para una solución política con las guerrillas de las FARC y el ELN. Por tanto, resulta coherente la lucha por la paz con la exigencia perentoria de respeto para con la población civil a todos los actores armados, de forma que cesen de inmediato todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos y al derecho humanitario, incluidos por supuesto los ataques indiscriminados, desproporcionados y con uso de terrorismo.

Edición N° 00290 – Semana del 10 al 16 de Febrero de 2012

1 CICR, Comentario del Protocolo II y del artículo 3 de estos convenios, CICR, Plaza y Janés editores, Bogotá, 1998, página 129.

 
 
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