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La democracia municipal no despega

  Héctor Alfonso Torres Rojas
  Sociólogo
   
 

Se necesitan no sólo alcaldes exitosos sino también ciudadanía siempre exitosa, para que “Otro tipo de municipio sea posible”. 1

Tres hechos deberían llevar a una reflexión de fondo, a lo largo de este año, con relación a la democracia municipal. El primero, el inicio del nuevo mandato 2011-2015, de alcaldes y concejales. El segundo, el debate sobre el nuevo Estatuto de la Participación Ciudadana, que ya surtió su primer debate y aprobación en la Cámara de Representantes, a finales del año 2011. El tercero, las elecciones, en el mes de abril, de las Juntas de Acción Comunal (JAC), única organización que atraviesa toda la geografía nacional, desde la más remota vereda hasta los barrios céntricos de las ciudades capitales. Las JAC se podrían convertir en uno de los fundamentos de la democracia de participación ciudadana, si las sacamos de la politiquería. La Ley 743 y otras normas dan para lograr tal utopía.

Es positivo recordar que durante el primer semestre del año pasado se realizaron diálogos y debates en algunas ciudades, que a petición del Ministerio del Interior, coordinó la ONG, Foro Nacional por Colombia. Esta ONG convocó a diferentes organizaciones y personas. El Ministerio recibió un texto borrador.

Las anotaciones siguientes tienen que ver ante todo con los municipios de la tercera a la sexta categoría, que son la inmensa mayoría de los mil cien municipios que tiene el país. Son fruto de una experiencia de trabajo para impulsar el imperativo de la participación ciudadana y la creación de veedurías ciudadanas,  durante varios años y en diferentes municipios. Y de la consulta permanente a ciudadanos y ciudadanas de un número significativo de municipios, en viajes, reuniones y foros.

Este debate es de primera urgencia por varias razones:

La democracia local o municipal, con genuina y continua participación ciudadana, formada, informada, organizada y en acción permanente, no despega, salvo en algunas pocas ciudades y raros municipios. Pero con un porcentaje todavía muy bajo de ciudadanas y de ciudadanos.

En una reciente asamblea, convocada por el Consejo Territorial de Planeación, la Acción Comunal y la Secretaría de Participación del Distrito Capital, se afirmó que ¡¡ en Bogotá participa solamente el dos por ciento (2%) de la ciudadanía!!

El desarrollo sostenido y sostenible, con visión de los Derechos Humanos y de progreso integral, tampoco despega. Un alto número de municipios de la quinta y de la sexta categoría son prácticamente inviables.

Aún más, hay municipios que caminan hacia atrás como los cangrejos. Esto sucede porque los planes de desarrollo no han contemplado las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y carecen de políticas públicas municipales. El objetivo central de los alcaldes no es el desarrollo sostenido y sostenible y el progreso integral.  Los candidatos se presentan a la contienda electoral sin conocer a fondo sus municipios y lo básico de la legislación sobre la administración municipal.

A la mayor parte de los alcaldes no les interesa, de verdad, el desarrollo del municipio. Muchos, sí muchos, buscan detentar poder “político” y poder económico porque el presupuesto municipal es manejado como su caja menor. Léase, un manejo corrupto. Y para otros, un peldaño para ascender en la escala política, politiquera o burocrática del departamento, o inclusive del país.

Los llamados planes de desarrollo se elaboran  para cumplir incumpliendo la Ley. Son elaborados por “expertos” que no conocen los  municipios, pero sí cobran caro. Los nuevos mandatarios les dan esa “irresponsabilidad” para pagar  favores electorales.

Los  fabricantes de planes de desarrollo, en una alta cantidad de casos, no sólo carecen de conocimiento del municipio y de metodología,  sino que son “copietas”. Utilizan conceptos, explicaciones y propuestas de planes anteriores del mismo municipio o de otros  municipios.  Eso acaba de pasar en la contienda electoral de 2011, con varios candidatos, para elaborar los programas de gobierno. Alguno fue lejos y se inspiró, inclusive, en textos de candidatos presidenciales de Bolivia.

Por lo tanto, no son elaborados con rigor, se hacen a la carrera, se burla la participación del Consejo Territorial de Planeación (CTP), que no reciben el texto sino una presentación oral de parte del Alcalde o del Secretario de Planeación, para “arrancar” el visto bueno y poder presentar el texto a los concejos municipales.  Los  concejos municipales, salvo contadas excepciones, los aprueban sin estudio de fondo. Su aprobación hace parte de los acuerdos politiqueros entre alcalde y concejales.

Una vez “aprobados” por el Honorable Concejo Municipal, quedan guardados en algún cajón de escritorio. No se ponen en práctica y no se tienen en cuenta para entregar el informe de gestión o rendición de cuentas, cuando se hace, cada año. Afirman unas cuantas generalidades y no pasó nada. Esto lo puedo afirmar, con total certeza, de quince municipios, de cuatro departamentos, durante dos administraciones.

Un ex alcalde  (2006-2007), de Rovira, Tolima, con un buen grado de cinismo, le dijo a un grupo de ciudadanos, en diálogo-debate, en el Parque Central: “Sí, ustedes me eligieron, ¿pero quién les dijo que a mí me interesa el municipio?”. Ese alcalde malgastó 1.315 millones de pesos, en la “construcción” de una línea de conducción de agua que no solamente quedó mal hecha sino inservible.  Mil quince millones de pesos llegaron del Fondo Nacional de Regalías (FNR), conseguidos por el alcalde saliente. A pesar de múltiples acciones ante los entes de control, por parte de la veeduría ciudadana, desde 2008, no se le ha aplicado castigo legal.

Está por hacer una profunda investigación para conocer cuántos alcaldes tienen procesos en los organismos de control, desde que se inició la elección popular de alcaldes. Se debe defender la elección popular de alcaldes, pero se necesitan muchos correctivos o talanqueras para frenar la ineficacia y la corrupción, que sí se disparó.

Cuando los alcaldes eran nombrados por los gobernadores, prontamente eran despedidos por las denuncias de corrupción, de sus enemigos políticos.

Hoy, los alcaldes de los pequeños municipios saben que las denuncias de la ciudadanía son prácticamente inexistentes porque no hay veedurías ciudadanas, que si las hay, el seguimiento de las denuncias puede durar varios años y posiblemente serán absueltos, por la intervención de su altos padrinos políticos.

Además, porque las investigaciones por parte de las contralorías departamentales no llegan por razones de politiquería, por ineficiencia, por falta de interés, por escasez de personal idóneo y recto. ¿Cuántos contralores departamentales o personeros municipales que se la juegan contra la corrupción?

Se hace necesario pensar y debatir la conveniencia y la necesidad de la elección popular de contralores y personeros. Dejar en manos de los gobernadores y de los alcaldes, el nombramiento de los contralores y de los personeros de su confianza, por una votación amañada y amarrada, en las  asambleas  y en los concejos, no tiene ningún sentido político y ético. Eso es alimentar la cadena de la corrupción.

Caben unas preguntas de fondo: ¿A la mayor parte de alcaldes  que empezaron a gobernar, sí les interesa el municipio?  ¿Han tenido o tienen  proyecto de municipio en su cabeza? ¿Han investigado, estudiado y analizado el municipio?

Si no es así, ¿Por qué se hacen elegir? Para muchos, por dos razones: obtener prestigio-poder y el negocio-corrupción.

Y a propósito, ¿Cómo es posible que la Ley permita la candidatura de personas que no sólo no han investigado el municipio, sino que carecen del conocimiento de la legislación pertinente para gobernar, administrar y gestionar? Es decir, están en un alto grado de analfabetismo. Cuando ganan, entran a improvisar. Aquí no cabría el que todo ciudadano tiene derecho a ser elegido, cuando de por medio está el derecho al bienestar y el derecho a la vida de miles de ciudadanos y de ciudadanas. Vender, por ejemplo, agua de pésima calidad, “agua inviable”, aguas contaminadas, es un atentado permanente contra la vida de la población de más de quinientos municipios.

Los alcaldes exitosos son muy pocos. Pero con frecuencia, a un alcalde exitoso suele suceder un alcalde que no busca el bien del municipio sino el propio y el de sus amigotes, y destruye los logros positivos del anterior. Esto sucede porque no hay ciudadanía con suficiente formación, con información continua, con organización fuerte y con un plan de acción. Las alcaldías carecen de  un sistema de formación y de información para la ciudadanía.

 En esa categoría de municipios la ciudadanía desconoce las cuestiones públicas municipales y las autoridades no propician el conocimiento del plan de desarrollo y del presupuesto anual. Entre otras razones porque a los alcaldes no les interesa la participación ciudadana. Se encuentran ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad que ven algunos errores, se quejan ante el alcalde que poca atención presta y hasta denuncian ante los organismos de control.

Si se quiere el despegue de esos municipios se necesita una participación ciudadana cualificada, es decir, formada, informada, organizada y actuante. La Constitución y la legislación vigentes proponen la conformación de una cantidad de espacios o formas (juntas, consejos, asociaciones o comités) para que la ciudadanía participe “todos” los días en los destinos del municipio. Sin exagerar son más de 30, que cubren todos los aspectos de la vida municipal. Pero a los alcaldes que  juran cumplir la Constitución  y la Ley, no les interesa promover la capacitación y la organización de la ciudadanía, salvo excepciones. ¡Eso es un estorbo y un peligro!

Se puede afirmar, sin riesgo de equivocación, que la Constitución y la Ley  exigen a la ciudadanía co-gobernar, co-administrar y co-gestionar.

Las alcaldías y los concejos municipales adolecen de un sistema de información constante y permanente para la ciudadanía. Aún más, con frecuencia se les niega so pretexto que la información solicitada es  de “uso interno” o “información reservada”. La experiencia lleva a aconsejar a la ciudadanía el uso continuo y permanente de la figura constitucional del Derecho de Petición, para obligar a las autoridades a entregar la información. Y aún así, no siempre lo hacen. En mi experiencia, fue preciso aplicar varias veces la Tutela, para exigir el cumplimiento de un Derecho de Petición. Las cartas respetuosas quedan sin respuesta.

A los temas enumerados hay que añadir la enfermedad de la corrupción, que es un verdadero cáncer y un sida mortal. El crónico mal gasto, despilfarro, desvío o robo del presupuesto y de los recursos económicos que recibe cada municipio, es muy alto. Se puede afirmar que este fenómeno, con varias caras, está entre el 25 y 30% del presupuesto anual. Sí, del presupuesto anual de cada municipio.

Un ciudadano decía, en este contexto: “Fue mejor el tiempo en que solamente  robaban los ladrones verdaderos”.

La corrupción bajo sus múltiples manifestaciones (no solamente la del malgasto y/o robo del presupuesto) se impone porque no existen veedurías o porque la justicia y el accionar de los entes de control operan de manera muy lenta, no operan o no se les deja operar, por el tráfico de influencias de los “padrinos” y “politiqueros”, cuando se colocan denuncias. La mayor parte de las denuncias duermen largos años en los cajones de los escritorios de los contralores, procuradores, fiscales y jueces.

Una de las formas de corrupción es el ausentismo cuasi permanente de los alcaldes. ¿Y al alcalde quién lo ronda? Viajan, en principio, por una razón absolutamente necesaria. Deben gestionar propuestas, proyectos y recursos. Pero no lo hacen o lo hacen a medias. Pero ese ausentismo sí les permite unos descansos frecuentes, además de colocarse un sobre sueldo por la vía de los viáticos.

La enumeración de los temas anteriores podrá suscitar otras reflexiones para alimentar el debate sobre el Proyecto de Ley, que apenas comienza.

Edición N° 00290 – Semana del 10 al 16 de Febrero de 2012

1 El autor ha impulsado un Proyecto de Participación Ciudadana, en varios pequeños municipios de Tolima y Boyacá. Las reflexiones son fruto del acompañamiento muy concreto a grupos de ciudadan@s y a veedurías. Además, ha indagado con ciudadanos y ciudadanas de un alto número de municipios.
En el pasado dirigió dos revistas: Solidaridad, Aportes Cristianos para la Liberación (1979-1991) y Utopías, Presencia Cristiana por la Vida (1992-2003), amén de su militancia en la coordinación de ONGs por la defensa de los Derechos Humanos.

 
 
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