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“Las cuentas no son tan alegres”. Informe anual de la Corporación Arco Iris 2011

  Maureén Maya S.
  Periodista e investigadora social
   
 

El informe presentado por el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco iris, en el que se analizan las dinámicas de los actores armados y las cifras del conflicto tanto oficiales como de organizaciones sociales, regionales y nacionales, permite entender que Colombia se enfrenta a un nuevo ciclo de violencias donde se evidencia el poder y control territorial que vienen consolidando los nuevos grupos paramilitares y el surgimiento de una nueva estrategia de lucha y resistencia por parte de los grupos guerrilleros.

El nuevo informe de la Corporación Arco Iris, más allá de revelar la gravedad de la persistencia del conflicto armado y sus nuevas dinámicas,  advierte sobre las estrategias de saboteo que se vienen implementado para impedir la implementación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras.

Preocupa principalmente el fortalecimiento operativo y el control territorial que ejercen las nuevas generaciones de paramilitares (denominados en el Informe, autoridades militares y por el Gobierno Nacional como Bacrim) así como la incapacidad del Estado para contenerlas, frenar el reclutamiento forzado y develar las complicidades con las que cuentan tanto al interior de los poderes políticos regionales como en sectores empresariales y de la Fuerza Pública. También es alarmante el fortalecimiento del narcotráfico y de las “nuevas economías ilegales” [1] y el incremento en los asesinatos de líderes sociales reclamantes de tierras y defensores de los Derechos Humanos.

Además, el aumento en un 10% de las acciones de guerra por parte de las FARC tras la muerte de su máximo líder, ‘Alfonso Cano’ durante el 2011; el fortalecimiento del ELN  tras el acuerdo suscrito con las FARC dos años atrás; el asesinado de 26 líderes de organizaciones reclamantes de tierra durante los dos últimos años revelan que contrario a lo que se cree, Colombia aún está lejos de vivir un proceso de post conflicto.

Persiste el narcoparamilitarismo

Los hechos que se vienen registrando durante los últimos años e inicios de éste, demuestran que se ha configurado un nuevo modelo de guerra, al que el Estado no ha sabido como responderle con eficacia. El paro armado convocado por el grupo paramilitar  de “Los Urabeños” en enero del presente año (en retaliación por la muerte de Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanni’) [2],  con el cual se provocó el colapso comercial y de transporte en 26 municipios de seis departamentos del país, evidencia el poder armado, territorial y financiero de esta organización, el sometimiento bajo el cual se encuentra la población civil y su capacidad para penetrar el ámbito local y  también regional.

“Según el general José David Guzmán, comandante de la Policía, "el poder intimidatorio de Los Urabeños es altísimo, el antecedente que hay de ellos atemoriza”. Es aún más grave el hecho que en estos municipios la presencia de la Policía y el Ejército no es garantía de seguridad. “El éxito del paro se debe al trabajo que hicieron estas estructuras en el pasado, generan tanto pánico que las personas prefieren quedarse encerradas en la casa”, narró una de las personas entrevistadas.

Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y de Desarrollo Social (Corpades), explicó que “el significado de esta situación es mostrar el poder militar de Los Urabeños y la injerencia que tienen sobre la población que debido al miedo o a otros factores reconoce su capacidad intimidatoria. Lo que sirve para cuestionar la premisa institucional que Los Urabeños no tienen poder, son pocos y están opacados”. [3]

El Gobierno de Santos ha reconocido públicamente que la existencia de las “bacrim” es la principal amenaza para la seguridad nacional. El director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo que estos grupos son una amenaza  para la Ley de Víctimas “Lo que llaman acá 'bacrim', son grupos sucesores del paramilitarismo que operan en las mismas regiones” y son los enemigos de esa ley”[4]. No obstante, pese a que el general Naranjo reportó la captura de 13.000 integrantes de estas bandas, entre los que se cuentan 70 cabecillas de primer y segundo nivel, entre ellos el narcotraficante Maximiliano Bonilla Orozco, alias 'Valenciano' -cabecilla de la banda criminal la ‘Oficina de Envigado', y de una organización de sicarios que desde Barranquilla coordinaba homicidios especialmente perpetrados en Cesar, Bolívar, Magdalena y Atlántico-[5]  y la muerte de 37 de sus miembros por acción de la fuerza pública; aún con estos resultados, “las bacrim continúan asediando a la población civil y permanecen en libertad relevantes cabecillas, como los hermanos Calle Serna, alias ´Comba’ [...] líderes de los ‘Rastrojos’ y Daniel  Barrera alias ‘el loco Barrera’[6]

Según las revelaciones dadas a conocer por León Valencia, director ejecutivo de la Corporación Nuevo Arco Iris, las bandas criminales (bacrim) -que registran más acciones violentas y criminales que las mismas guerrillas- se han consolidado en 209 municipios del país. “Herederos de los paramilitares que protagonizaron las negociaciones de Santa Fe de Ralito no olvidan la importancia crucial que tienen las alianzas con políticos, empresarios ya gentes del Estado”, lo cual se constata tras el paro armado del mes pasado.  Valencia también advierte que estas agrupaciones buscan obtener un mayor control sobre los mercados legales e ilegales y las rentas públicas y privadas. Es claro también, que estas estructuras estarían buscando consolidar un pleno control político tanto a nivel regional como nacional, similar pero más discreto, al que lograron consolidar los grupos paramilitares en el pasado, adueñándose de presupuestos municipales y de más cerca del 40% del Congreso  de la República.

Se reconfigura el mapa operativo de las guerrillas

La barbarie de los actores en conflicto, de las guerrillas y de las Fuerzas Militares se ha intensificado en los últimos años, advierte Ariel Ávila, así como el tremendo hecho de que la misma sociedad colombiana parece estar acostumbrándose a dicha crueldad[7]

Al parecer el hecho que las confrontaciones con la guerrilla se estén desarrollando con especial énfasis en las zonas fronterizas, hace entender que la  contundente acción de las Fuerzas Militares ha provocado un reacomodamiento geográfico que, además de haber generado el desplazamiento territorial, también ha llevado a la consolidación de nuevas alianzas. La muerte de los principales cabecillas de las FARC,  acontecimiento de enorme impacto político, más que militar, como lo resalta León Valencia, no supone por consiguiente la derrota de la guerrilla o que ésta se encuentre relativamente cerca.

Las enormes bajas sufridas por las fuerzas armadas durante el 2001, las que se calculan en 2.235 bajas, entre muertos y heridos, confirman que la guerrilla, ahora disuelta en pequeñas unidades de combate, lejos de terminarse está aún su capacidad de causar daño y lesionar el espejismo de la seguridad que trató de imponerse bajo la anterior administración.

El informe revela que en año anterior se registraron 2.148 acciones armadas que involucraron a estructuras de las FARC, de las cuales 263 se desarrollaron en  Catatumbo, Norte de Santander. Esta región junto con el pacífico colombiano son los mayores teatros de confrontación con la guerrilla. “Si bien perseguir los objetivos de alto valor ha dado resultados importantes a la Fuerza Pública, a nivel local parece que no ha sido tan eficaz para afectar de forma significativa a las FARC. Por esta circunstancia y por el repliegue de la guerrilla hacia las fronteras en los últimos años, en el 2012 estos lugares registrarán una mayor actividad armada. En Arauca, Cesar y Guajira se han dado aumentos importantes de actividad militar, lo mismo que en las fronteras con Ecuador y Brasil[8]

El hecho más novedoso del accionar de la guerrilla, se refiere a la estratégica alianza entre las FARC y el ELN, que más allá de un acuerdo  de cooperación suscrito en el 2009, se desarrolla al compartir “dos escenarios claves de la guerra: El Catatumbo y los departamentos de Cauca y Nariño”[9]. Es la primera vez que al margen de la experiencia de la CSB, esto ocurre.

La investigación realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris durante el año 2011 viene a ratificar lo que ya veíamos en 2010: las acciones de las FARC están caracterizadas por los golpes de mano, por la movilidad y por eludir choques prolongados. Esta nueva estrategia ha traído consigo el uso masivo de minas antipersona, la utilización de francotiradores, y sobre todo, desde 2010, se observa un aumento acelerado de los hostigamientos como táctica militar.[10]

Las  acciones de guerra de las FARC, así como las operaciones defensivas de las Fuerza Pública, especialmente de carácter aéreo, que son relatadas en el Informe, no han sido de público conocimiento; los medios de comunicación no han dado cuenta de la contundencia con la que se vive el conflicto en algunas regiones del país, como Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Caquetá y el sur del Meta, y sólo se han limitado a informar acerca del presunto accionar terrorista que, la fuerza pública le atribuye a la guerrilla.  

Este silencio poco o nada contribuye a la construcción de un escenario de confianza donde sea posible creer que Colombia se encuentra ad portas de superar su histórico conflicto; al contrario, la falta de rigor en el manejo de la información, los falsos triunfalismos, que si bien pueden tener sustento en hechos demostrables como la muerte de algunos cabecillas o el incremento de recursos destinados a la fuerza  pública con el subsecuente repliegue de la guerrilla en algunas zonas del país, siguen siendo insuficientes para que alguno de los grupos en confrontación puedan declarar su inminente victoria.

El miedo a reclamar las tierras despojadas

Según este informe tanto los actores favorables a las ‘Bacrim’, como las mimas  bandas estarían interesadas en boicotear el proceso de restitución de tierras, en razón de los múltiples intereses económicos que se expresan en las distintas regiones.  “En los últimos cinco años han sido asesinados 126 líderes de Derechos Humanos, que se dividen entre vocero de desplazados, corporaciones de paz y desarrollo, asociaciones de mujeres y reclamantes de tierras.  Estos crímenes se concentran en regiones de mayor actividad neoparamilitar: Costa Caribe, Costa Pacífica y Antioquia. […] En el mismo periodo han sido asesinados 380 indígenas,  […] varios de ellos coinciden en las tres subregiones referidas” [11]

Un caso que merece especial atención es el que se registra en Córdoba, donde 21 mil familias fueron desplazadas, según registro de la UAPD, pero sólo 500 estarían reclamando sus tierras.  La razón es sin duda, la presencia de los actores armados, de sus estructuras de poder y su capacidad para seguir intimidando a la población. Es claro que muchas víctimas prefieren no entrar a pelear por sus legítimos derechos y mantenerse con vida.

Los procesos de restitución de tierra que deberían contribuir a saldar una deuda histórica con los campesinos despojados de sus tierras, en vez de generar esperanza y tranquilidad,  se han convertido en detonantes de nuevas violencias, que han llevado a un razonable incremento del miedo, la desconfianza y la incertidumbre ante el aumentó de las amenazas, los hostigamientos, los atentados, los nuevos desplazamientos forzados y los asesinatos selectivos.

Si el Gobierno no garantiza reales medidas para desarticular las mafias armadas y políticas que se resisten a este proceso y concreta medidas efectivas de seguridad para las víctimas, estaría creando un nuevo clima para la revictimización, la repetición de los crímenes y la legalización del despojo; pues es claro que para muchos campesinos será mejor entregar sus tierras restituidas a cualquier precio, antes que arriesgarse a vivir en ellas por corto tiempo.

Ni Justicia transicional ni pos conflicto

Ahora, si a todo ello se suma las intenciones del actual mandatario, y de un sector significativo del Congreso de la República, para lograr que se amplíe el Fuero Penal Militar, para garantizar impunidad a los militares incursos en procesos por violaciones a los derechos humanos; el panorama es aún más sombrío porque, como enseñan las experiencias de otros países que han atravesado por conflictos similares al colombiano o periodos de supresión de la democracia, la paz no se construye con leyes de impunidad. Un condicionante esencial para la paz es la verdad y la justicia; pues sin estos, será imposible apelar a una genuina reconciliación, superar los odios y sanar las heridas de la violencia padecida. El Estado no puede regular sus normas a partir de las presiones o chantajes de los criminales porque al hacerlo no sólo se desdibuja y lacera la institucionalidad del Estado, sino que además socava los principios esenciales de un genuino Estado democrático. 

La paz y la reconciliación en Colombia no se podrán imponer por decreto; no basta con que se enuncie la implementación de un modelo de justicia transicional cuando las características sociales, políticas y la realidad misma del país caminan en otra dirección.  Una política de transformación con el fin de restaurar la justicia, confrontar los abusos y violaciones a los derechos humanos del pasado en una sociedad -como la nuestra- fracturada a cusa de la violencia; y alcanzar la reconciliación y el mantenimiento de la paz, exige de mucho más que su simple enunciación. La justicia transicional se aplica en procesos de transición de una dictadura a una democracia o cuando un conflicto armado culmina y se abre un escenario para la construcción de una paz duradera. Colombia aún no se encuentra en esa situación y aunque se niegue la realidad, del conflicto allí está, con sus espeluznantes cifras, los rostros del dolor y el martirio de miles de colombianos, recordándonos que aún falta mucho camino por recorrer para alcanzar la tan anhelada paz.


[1] Tales como: la minería, que sirve tanto en la extorsión a empresarios como a mineros artesanales y en algunas ocasiones para “lavar dinero”, el contrabando de gasolina, el robo de autopartes, la extorsión a comerciantes y por supuesto el microtráfico o narcomenudeo que complementa al narcotráfico entre otras actividades”. Narcotráfico y ‘nuevas” economías ilegales’. Política y violencia en el 2011. “Las cuentas no son tan alegres”.  Informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris. 2012. Página 14
[2] Los panfletos distribuidos por los 'Urabeños'  durante al paro, exigían a toda la población el luto por la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovanni’, abatido en una operación realizada por la Policía Nacional, el pasado 1 de enero en el municipio de Acandí (Chocó).
[3] http://www.verdadabierta.com/component/content/article/50-rearmados/3773-urabenos-demuestran-su-poder-regional/
[4] http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-277671-bacrim-son-una-amenaza-ley-de-victimas
[5] Maximiliano Bonilla fue capturado en Venezuela y deportado a Estados Unidos. 'Valenciano' manejaba la mitad de las bandas de Medellín (unos 600 hombres) y tras burlar un acuerdo con la DEA, compró protección en Venezuela. En mayo del 2009, la DEA creyó tenerlo en sus manos luego de que él y su abogada de confianza se reunieran con dos de sus agentes. Incluso, -primero en Panamá y luego en el edifico de la DEA en Cartagena-, les prometió información para capturara a tres grandes capos. …Se arrepintió de entregarse a EE.UU., optó por fortalecer su aparato narcoparmilitar (de 1.200 hombres) y se tomó la estructura sicarial conocida como 'la oficina de Envigado'. Manejaba el narcotráfico que sale de Colombia rumbo a Jamaica, Guatemala, Honduras y México, inundando de droga las calles de EE.UU. y de Europa. Por su captura se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares. http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10844664.html
[6] Arias Ortiz, Angélica; “Las Bacrim retan a Santos”. Política y violencia en el 2011. “Las cuentas no son tan alegres”.  Informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris. Pág 7. Bogotá, 2012
[7] Ávila, Ariel;  “Las FARC: La guerra que el país no quiere ver”. Política y violencia en el 2011. “Las cuentas no son tan alegres”.  Informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris. PP 17-19 Bogotá, 2012
 [8] Ávila, Ariel; Op Cit; pág 17
[9] Valencia, León; “Los dilemas de Santos”. Política y violencia en el 2011. “Las cuentas no son tan alegres”.  Informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris. Resumen ejecutivo. Página 4. Bogotá, 2012.
[10] Ávila, Ariel; Op Cit; pág. 22.
[11] Política y violencia en el 2011. “Las cuentas no son tan alegres”.  Informe anual de la Corporación Nuevo Arco Iris. Resumen ejecutivo. “Los enemigos de la restitución de tierras”. Página 12. Bogotá, 2012.

Edición N° 00290 – Semana del 10 al 16 de Febrero de 2012

 
 
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