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Riesgos de la reforma al Fuero Militar en Colombia

  Jahel Quiroga Carrillo
  Directora Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar
   
 

Ampliación del Fuero Militar y su afectación para las garantías de acceso a la justicia por parte de las víctimas y de los defensores/as de Derechos Humanos.

Los defensores de derechos humanos en el contexto colombiano viven en situación de riesgo a consecuencia de su actividad para promover la consecución efectiva de los derechos humanos. En el contexto del conflicto armado interno en Colombia, dicha situación se vería agravada en un escenario en el cual resultaría fortalecida la jurisdicción penal militar al ser ampliado el fuero militar mediante el Proyecto de Acto Legislativo No. 7 de 2011 en su artículo 15.

En el pasado histórico de nuestra nación se ha observado la impunidad generada por la aplicación de la jurisdicción penal militar bajo criterios de competencia erróneos. Por ello, la propuesta de ampliación del fuero militar en Colombia, va en contravía de los postulados estrictos de excepcionalidad que deben operar para que dicha jurisdicción asuma la competencia de investigar casos de violaciones a derechos humanos por parte de agentes militares, en particular porque la aplicación de dicha jurisdicción afectará la obligación que tiene el Estado para brindar protección a los defensores/as de derechos humanos para fortalecer el ejercicio de sus labores.

En las últimas dos décadas en Colombia, la jurisdicción penal militar ha estado bajo debate, y en especial, el análisis de los criterios de jurisdicción material y funcional o subjetiva. El Estado colombiano, a través de sus autoridades legislativas y judiciales modificó dichos criterios para ajustarlos a los estándares internacionales en la materia. Para cumplir tal objetivo, se ponderó que la jurisdicción militar obedecía a estrictos criterios en cuanto al fuero aplicable y a la competencia material en la cual esta jurisdicción debe asumir la competencia para juzgar actos o conductas acontecidas dentro del orden castrense. Todo este andamiaje normativo se estableció a la luz de lo señalado por la Constitución colombiana en el artículo 221. Hace dos años el Estado colombiano consolidó el proceso de ajuste modificó durante los últimos las normas legales que regulan la Jurisdicción Penal Militar con la expedición de la Ley 1407, Código Penal Militar, expedida el 17 de agosto de 2010.

Desde ese panorama, la reforma propuesta por el Gobierno actual es alarmante. En particular, por la proposición del Poder Ejecutivo para modificar la base constitucional del artículo 221, al agregar la expresión: En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública, la cual se propuso en el artículo 15 del Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011, texto que fue aprobado por la Comisión Primera del Senado de la República en sesiones del 15 y 16 de octubre de 2011.

Esta reforma va en contravía de las modificaciones legales hechas en el pasado, las objeciones presidenciales opuestas en el año 2007 a la reforma del código penal militar y la decantada jurisprudencia constitucional sobre la competencia material de la Justicia Penal Militar.

Con la pretendida reforma constitucional, las garantías para las víctimas de violaciones a derechos humanos y los defensores de los derechos humanos se verán menoscabadas. Concretamente el acceso a la justicia, puesto que la reforma constitucional planteada restringe el derecho al juez natural que tienen tanto víctimas como defensores de derechos humanos para que se investiguen violaciones a sus derechos, cuando el presunto responsable es un agente militar o policial. Esta posición no desconoce el hecho de que la existencia de una jurisdicción especial militar sea legítima, pues dicha jurisdicción debe administrar justicia única y exclusivamente respecto de las faltas militares, sino que cuestiona el hecho de la afectación que produce el escenario donde una investigación que no se relacione con faltas a los reglamentos militares en cuanto al acceso a la justicia de las víctimas de dichas faltas.

Por ejemplo, actos como interceptaciones a comunicaciones, allanamientos u operaciones coordinadas de inteligencia militar, hechos que este país ha conocido recientemente, podrían ser amparados por dicha presunción para convertirlos en parte de una “operación” o “procedimiento”, otorgando competencia a la JPM, con las limitaciones al acceso a la justicia que esto conlleva.

a. La restricción de los ámbitos de competencia de los tribunales militares: en el derecho internacional y el sistema interamericano

La modificación legislativa para restringir el fuero militar y la competencia material de dicha jurisdicción obedeció al cumplimiento de reiteradas recomendaciones hechas al Estado por diversos organismos internacionales de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas ONU (1989), el Comité de Derechos Humanos de la ONU (1992 y 1997), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los relatores Especiales sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales (1995), el Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados (1998), la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias (2010) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades, quienes instaron al Estado a impedir que la jurisdicción penal militar asuma el conocimiento de hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Por ello, la reciente propuesta del Gobierno para modificar la Constitución Política representa un desconocimiento de todas estas recomendaciones y requerimientos de carácter internacional.

b. Precedente Jurisprudencial de la Corte Interamericana respecto a Colombia sobre jurisdicción penal militar

Colombia ha sido condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 11 casos. En al menos 81 casos de los 11, el hecho generador de la responsabilidad internacional del Estado, fue que la justicia penal militar hubiera asumido la investigación de violaciones a derechos humanos, y en algunos casos los hechos se referían a “operaciones y procedimientos” (Caso Las Palmeras, Caso Gutiérrez Soler, Caso Escué Zapata). Adicionalmente, en dichos casos, la Corte ordenó como medida de reparación, investigar en la jurisdicción ordinaria los hechos violatorios a los derechos humanos que fueron objeto de análisis ante la Corte.

Vista así la abundante Jurisprudencia de la Corte IDH en contra del Estado Colombiano, se concluye que el hecho recurrente que generó la responsabilidad del Estado fue la violación del artículo 8.1 de la Convención (Garantías Judiciales). La cual se configuró al prevalecer la competencia de las autoridades jurisdiccionales en materia penal militar y su inefectiva administración de justicia, revelando un patrón sistemático de impunidad.

Cabe preguntarse, sí el Estado es consciente de que al proponer la reforma constitucional del artículo 221, lo que efectivamente acontecerá es la aplicación privilegiada del fuero militar para investigar cualquier acto de sus agentes. Presunción que privilegia el criterio subjetivo sobre el material, desacata las órdenes dadas por la Corte IDH y la coherente y constante jurisprudencia sobre el tema.

La Corte Interamericana ya ha ordenado en otros casos la reforma o modificación de normas constitucionales y su armonización con la Convención Americana2. Por tanto, la reforma propuesta por el Ejecutivo respecto al fuero militar, corre el riesgo de traer mayores condenas internacionales al Estado y la medida de reparación consecuente de ajustar la misma Constitución al orden internacional y a los tratados de los cuales Colombia es Estado Parte.

A su vez, es importante destacar, que en contravía de lo que el poder Ejecutivo pretende hacer en Colombia, en otros países como México se ha avanzado en un sentido diametralmente opuesto. Es decir, México, con un pasado histórico donde se privilegiaba el ejercicio del fuero militar y de la administración de justicia penal militar en casos en donde un agente militar estuviera involucrado, y se aplicaban criterios de competencia exclusivamente subjetivos, ha comenzado a modificar su práctica en cuanto a las investigaciones y los criterios de competencia del fuero militar.

La aplicación de la reforma constitucional propuesta tendría un perverso efecto, en materia de investigaciones contra agentes militares o de policía que, valiéndose de tareas de seguridad e inteligencia militar u operaciones y procedimientos, vulneran los derechos de defensores/as de derechos humanos. Dichos actos, serían sin lugar a dudas catalogados como actos del servicio acarreando la inmediata asignación de competencia a la justicia penal militar.

En efecto, tal como lo destacó Philip Alston, Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Extrajudiciales, “tradicionalmente entre las personas elegidas como blanco de homicidios por las fuerzas estatales y los grupos armados ilegales de Colombia figuran de manera prominente defensores de los derechos humanos”3. Además, el Relator señaló que “la tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%”.

Respecto a la jurisdicción penal militar, caben además otros reparos en cuanto a cuestiones prácticas. En primer lugar la limitación que representa para las víctimas y para los defensores de derechos humanos que actúan ante dicha jurisdicción, en relación al acceso a la justicia y al derecho a las garantías judiciales. Esto debido a que si bien la justicia penal militar, es una jurisdicción excepcional, su existencia restringe el derecho a acceder a la justicia que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos y quienes los representan, los defensores de derechos humanos.

Adicionalmente, constituirse en parte judicial ante la justicia penal militar es una odisea y se convierte en una ruta judicial engorrosa. En primer lugar, cuando la competencia es asumida por la jurisdicción penal militar, los defensores deben acudir ante ésta teniendo presente la estigmatización de la cual el defensor será objeto por defender a las víctimas. En segundo lugar, se debe solicitar y convencer al Fiscal delegado por la Fiscalía General de la Nación para que presente la colisión de competencia para que el proceso sea remitido a la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, si hay conflicto esto pasaría al Consejo Superior de la Judicatura4 para que dirima el conflicto de competencia. Todo ello agravado con la práctica judicial en la materia, donde por regla general el Consejo Superior de la Judicatura dirime la competencia favoreciendo en muchos de los casos a la justicia penal militar. Este tipo de obstáculos en su conjunto, representan impedimentos para el efectivo acceso a la justicia y constituyen actos de denegación de justicia que afectan a las víctimas y a sus defensores/as en sus labores.

Adicionalmente, la Política nacional anunciada por el presente Gobierno se ha visto orientada a garantizar la participación de las víctimas en mayor medida, dicha política tendría contradicciones intrínsecas con una ampliación irrestricta del fuero militar y la creación de la presunción de que todo acto realizado por un agente, se presume como acto del servicio.

Así las cosas, hay que dejar claro que el estado actual de la legislación en materia de justicia penal militar en Colombia fue el resultado de arduas reformas legislativas durante aproximadamente una década, la aplicación de múltiples e insistentes recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, la  valoración constitucional por la Corte Constitucional y la sanción de la Ley 1407 de 2010.

Reformar la Constitución en su artículo 221 para la inclusión de una presunción, con el fin de ampliar y convertir en regla general la asignación de la competencia a favor de la Justicia Penal Militar, es un retroceso y un desacato de las recomendaciones y órdenes dadas por Tribunales Internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como se mencionó, la experiencia de condenas internacionales en contra del Estado Colombiano ha sido recurrente, en particular, cuando ha habido investigaciones por parte de la jurisdicción penal militar; ya que esto socaba el principio de juez natural que las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen.

La existencia futura de la norma en comento y la aplicación de la misma limitará las garantías judiciales de víctimas y defensores/as de derechos humanos en Colombia.  Generando, temores infundados y altos riesgos de que las violaciones de derechos humanos de la cual podrían ser objeto por parte de fuerzas militares o de seguridad del Estado queden en absoluta impunidad.

La afectación de las garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Colombia tendrá nefastas consecuencias a nivel nacional e internacional. Primero, la existencia y la labor de los defensores/as de derechos humanos es esencial en el fortalecimiento los procesos democráticos. En cuanto a lo segundo, la imagen internacional del Estado en cuanto a las medidas adoptadas para mejorar la lucha contra la impunidad en materia de derechos humanos será impactada negativamente, pues este retroceso va en contravía del consenso internacional, en relación al carácter estricto y excepcional que caracteriza el funcionamiento de la justicia penal militar.

La solución a tal molestia sería que el Estado fuera sensato con las víctimas de violaciones a derechos humanos y la sociedad civil, retirando del Proyecto de Acto Legislativo 07 de 2011, el texto del artículo 15, pues la legislación colombiana como está en la actualidad es respetuosa de los deberes internacionales del Estado en la materia.

Ver ponencia completa en: www.reiniciar.org

Edición N° 00290 – Semana del 10 al 16 de Febrero de 2012

1 Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Philip Alston. Misión a Colombia. 31 de marzo de 2010. Disponible en http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/132/38/PDF/G1013238.pdf?OpenElement

2 En el año 2002 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, recibió un total de 54 expedientes para resolver conflictos de competencia entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal militar; en 2003 un total de 40, en 2004 un total de 54. Ha junio de 2006 la Sala se había pronunciado en 32 ocasiones. Ver: http://www.derechoshumanos.gov.co/LuchaImpunidad/Documents/2010/Guia_caracterizacion-violaciones_DDHH_infracciones_DIH.pdf

3 Caso Caballero Delgado y Santana (1995), Caso Las Palmeras (2001) Caso 19 Comerciantes (2004), Caso Masacre de Mapiripán (2005), Caso Gutiérrez Soler (2005) Caso Masacre de Pueblo Bello (2006), Caso Masacres de la Rochela (2007), y Caso Escué Zapata (2007).

4 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. En dicho caso, la Corte ordenó a Chile la adecuación legislativa y constitucional para garantizar adecuadamente la libertad de expresión y la exhibición cinematográfica.

 
 
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