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Las declaraciones de los paramilitares extraditados

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Durante las dos últimas semanas algunos de los paramilitares extraditados en mayo de 2008 por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez han comenzado a declarar ante la Fiscalía General de la Nación y a revelar datos sobre asesinatos que conmovieron al país y a señalar a algunos de los cómplices y determinadores de dichos asesinatos, así como a suministrar información sobre delitos como la interceptación de las comunicaciones y el complot que se orquestó desde el alto Gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia. El cubrimiento de los grandes medios de comunicación ha sido más bien escaso. Una buena parte de las declaraciones han sido publicadas por el portal Verdad Abierta y en menor medida por el diario El Espectador.

Las declaraciones que mayores datos han suministrado son las rendidas ante la Fiscalía por los jefes paramilitares Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna” y por Salvatore Mancuso. Las declaraciones aún incompletas que más datos aportan a las investigaciones judiciales y que deberán ser evaluadas por los fiscales y los jueces que llevan las investigaciones por los innumerables crímenes cometidos por las bandas paramilitares son las de alias “Don Berna” toda vez que éste paramilitar que se había negado a colaborar con la justicia ahora promete decir toda la verdad aunque hasta ahora se ha reservado aspectos muy importantes que permitan establecer los nexos existentes entre empresarios, sectores de las Fuerzas Armadas, sectores políticos y los grupos paramilitares. La construcción de la verdad histórica tiene en éstas declaraciones material importante y son los jueces de la República quienes tienen que comprobar la veracidad de las mismas así como su utilidad en los procesos judiciales que adelantan.

“Don Berna” señala en su primera declaración que “en cualquier acción urbana  siempre se contaba con el apoyo de la Fuerza Pública”, “los apoyos recibidos por parte de sectores de los organismos de seguridad obedecían a la identidad ideológica y política con el proyecto contrainsurgente que impulsaban las nacientes estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y eran coordinados directamente por Carlos Castaño”. Así mismo reiteró, que como lo había afirmado hace algunos años Carlos Castaño en su libro Mi Confesión, había una suerte de Junta Directiva de los paramilitares que Castaño había señalado que estaba integrada por seis personas, pero, que Diego Fernando Murillo señala que en realidad estaba integrada por 12 personas “hombres al nivel de la más alta sociedad colombiana. ¡La crema y nata!”.

Ante la insistencia de los fiscales por saber quienes integraban dicha junta o “Consejo Superior” como él dice que preferiría llamar a este macabro organismo, señala dos personas que han muerto y de quienes siempre se sospechó que tenían nexos al más alto nivel con estos grupos criminales, se trata de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Álvaro Uribe en la Gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997 muerto en un extraño accidente aéreo cuando se dirigía a Urabá en su campaña al Senado de la República el 24 de febrero del año 2005. Como se sabe las relaciones entre Pedro Juan Moreno y Álvaro Uribe se deterioran a raíz de la negativa de poner en marcha una propuesta de Moreno de conformar una Agencia de Inteligencia Nacional y las denuncias que desde su boletín periodístico “La Otra Verdad” hizo con relación a algunos funcionarios del Gobierno de Uribe. Así mismo señala a Rodrigo García Caicedo, líder regional en Córdoba del Partido Conservador y directivo del Fondo Ganadero de dicho departamento. Como se sabe ahora este Fondo Ganadero fue uno de los principales beneficiarios del despojo de tierras en Urabá en donde adquirieron de manera fraudulenta 46.000 hectáreas de las mejores tierras en dicha región. Por sus nexos con el paramilitarismo, García fue detenido el 23 de enero de 2009 en Montería y murió dos años después, el 24 de febrero de 2011. Murillo se niega a delatar a los restantes miembros de este Consejo Superior alegando que los restantes siguen vivos y realizan actividades en la vida pública nacional y que teme por la seguridad de sus familiares y por ello pide a la Fiscalía que le brinden garantías para poder contar quienes más integraban el organismo que los orientaba.

Para mostrar el peso de este Consejo Superior del paramilitarismo alias “Don Berna” relata que a mediados del año 2000 Carlos Castaño recibió en uno de sus campamentos del departamento de Córdoba a Carlos Alonso Lucio quien llegó allí con la idea de impulsar un acercamiento con el Comando Central del ELN, específicamente con Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino” para buscar salidas a la confrontación armada. Castaño, dice “Don Berna”, estaba de acuerdo con estos acercamientos, pero cuando Castaño consulta con Rodrigo García Caicedo y éste a su vez lo hace con otros de los integrantes del llamado Consejo Superior, éstos se muestran en contra y los proyectados diálogos no se realizan como prueba del peso que tenían los miembros de este organismo.

Así mismo señala como otro ejemplo del peso de estos “notables” en las acciones de los paramilitares el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en Medellín el 27 de febrero de 1998 cuando Valle se desempeñaba como presidente del Comité Departamental de los Derechos Humanos en Antioquia. Según alias “Don Berna” el asesinato de Valle fue la respuesta a sus denuncias por las acciones desplegadas por estructuras paramilitares en el municipio de Ituango, donde se perpetraron las masacres de El Aro y La Granja. La instigación de este crimen la habría hecho Pedro Juan Moreno.

Si realmente la Fiscalía General de la Nación quiere avanzar en el esclarecimiento de los crímenes que investiga y las alianzas que durante años tejieron los grupos paramilitares con empresarios, políticos, ganaderos e integrantes de la Fuerza Pública en Antioquia y otras regiones del país debería negociar con Alias “Don Berna” mecanismos de protección para sus familiares a cambio de entrega de pruebas y confesión plena de sus crímenes.

Un segundo gran bloque de las declaraciones de Diego Fernando Murillo tienen que ver con los responsables de asesinatos como el de los defensores de los Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, Jesús María Valle, Luis Felipe Vélez, del humorista Jaime Garzón así como de los investigadores del Cinep, Elsa Alvarado y Mario Calderón. La justicia deberá comprobar la veracidad de dichas declaraciones y las pruebas que haya entregado. Un asunto claro a destacar es que en todos estos crímenes Murillo señala la complicidad con la que contaron los paramilitares de parte de diversos estamentos de la Fuerza Pública en algunas ocasiones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como también de integrantes de las  Fuerzas Armadas y de Policía. Aquí nuevamente señala la participación de diversos miembros de estos organismos la mayoría ya muertos y vuelve a esgrimir la inseguridad en que se encuentran sus familiares y allegados para no señalar los apoyos que recibieron de personas que siguen en los organismos de seguridad del Estado.

Lo realmente importante es que se esclarezca la verdad de lo sucedido en todos estos crímenes, pero al mismo tiempo que se extraigan las lecciones de lo sucedido y aquí es donde precisamente se ve como un contrasentido que se avance en el Congreso de la República con la aprobación de un acto legislativo que busca ampliar la figura del fuero militar cuando lo que se aprecia en las declaraciones de los jefes paramilitares tanto en sus versiones ante la Corte Suprema de Justicia como ante la Fiscalía, es la profunda infiltración de los organismos de seguridad del Estado por estos grupos criminales. Por eso quienes mayor interés deberían manifestar sobre la importancia de una justicia que opere en la protección de los Derechos Humanos deberían ser los propios integrantes de las Fuerzas Armadas, pero lamentablemente no es así.

Edición N° 00291 – Semana del 17 al 23 de Febrero de 2012
 
 
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