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El asilo político: ¿de vuelta a la edad media?

  Carlos Rodríguez Mejía*
  Profesor de la Facultad de Derecho Universidad Santo Tomas de Bogotá, Defensor de Derechos Humanos
   
 

El derecho de asilo, está reconocido en diversos instrumentos internacionales y hace parte del derecho internacional general, tal como lo reconoce la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Art. 14 reconoce este derecho a todas las personas perseguidas por motivos distintos a los delitos comunes o a conductas contrarias los propósitos y principios de las Naciones Unidas, vale decir, crímenes internacionales como los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra1.

Se trata de una institución que aunque tiene una larga tradición nace, en su forma moderna cuando se reconoce la libertad como un derecho de todas las personas. Antes, en la edad media, cobijaba a los delincuentes comunes, pero reconocidas las libertades de expresión, de opinión y de su divulgación y el derecho a combatir la tiranía, se erigió como una defensa de los luchadores por la libertad y contra la opresión.

En el siglo XX, muchos perseguidos por los fascistas en Europa y por las dictaduras en América Latina, salvaron sus vidas y preservaron su capacidad de lucha gracias a esta institución tan cara a la democracia.

Sin embargo, el espectáculo montado por dos antiguos integrantes del Gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República y el anterior Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien tuvo a su cargo el proceso de “desmovilización” de los grupos paramilitares durante ese período y que salió de su cargo a dirigir el Partido de Gobierno (Partido de la U), dejan al descubierto que también las instituciones de nobles propósitos pueden ser utilizadas en detrimento de la justicia y los derechos fundamentales de las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Quiénes tienen derecho al asilo

Tal como queda dicho, el asilo sólo procede frente a la persecución que sufren quienes son acusados o condenados por delitos políticos y los conexos con ellos, con exclusión de aquellos crímenes internacionales y los que atenten contra los propósitos de las Naciones Unidas, así esto hayan sido perpetrados con la excusa o el ropaje de la lucha política.

La jurisprudencia y las normas distinguen entre el asilo diplomático, que se otorga en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares y el asilo territorial, aquel que se concede a quienes entran en el territorio de otro Estado y declaran ser perseguidos.

La Convención de Montevideo (1933) que modificó la Convención de la Habana (1928) establece:

Artículo 1.- Substitúyase el Artículo 1 de la Convención de La Habana sobre Derecho de Asilo, de 20 de febrero de 1928, por el siguiente: " No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar. Las personas mencionadas en el párrafo precedente, que se refugiaren en algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan pronto lo requiera el Gobierno local".

Por su parte, el Asilo Territorial en la Convención adoptada en caracas en 1954, en la 10ª. Conferencia Interamericana:

Artículo II. El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos.

Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado.

En los casos que son objeto de comentario, está claro que se trata, para Hurtado, de un asilo territorial concedido en la República de Panamá2 y en el caso de Restrepo, aunque aún no se ha concretado, los medios de comunicación dan por seguro que se encuentra buscando asilo en algún país para eludir sus obligaciones frente a la justicia colombiana, pero que en todo caso, de concretarse, sería también un asilo territorial.

Hurtado se encuentra acusada por la Fiscalía de concertarse para perseguir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas y dirigentes de oposición. Es decir, por haber abusado de su poder como Directora de la agencia de inteligencia del Estado. Y a Restrepo se le imputa haber promovido una falsa desmovilización de supuestos guerrilleros de las FARC.

Las obligaciones de los Estados frente al asilo territorial y el derecho a la justicia

Por un lado, las normas internacionales son claras en que quien califica si la persona es perseguida por razones políticas es el Estado que concede al asilo, pues se trata de un corolario de la soberanía. Pero también el derecho internacional ha clarificado que no se trata de una facultad discrecional, sino sujeta al derecho. Por un lado, no puede amparar delincuentes comunes, lo que significa, que no debe obstruir el deber de justicia que tienen los Estados y el derecho a que esta se realice que tienen las víctimas y la comunidad en su conjunto.

En el sonado caso de Víctor Raúl Hay de la Torre, entre Perú y Colombia, que aunque se refiere a la concesión del asilo diplomático, la CIJ3 dejo sentada la primacía de la justicia:

En principio, por lo tanto, el asilo no puede oponerse a la operación de la justicia. Una excepción a esta regla sólo puede ocurrir si, bajo la apariencia de la justicia, la arbitrariedad sustituye el imperio de la ley. Tal sería el caso si la administración de justicia fuera corrupta por medidas claramente motivada por fines políticos.

Y más adelante agregó:

(…) el efecto específico del asilo concedido a los delincuentes políticos, significa que el refugiado está protegido contra una acción arbitraria del gobierno, y que disfruta de los beneficios de la ley. Por otro lado, la seguridad que surge de asilo no puede interpretarse como una protección contra la aplicación regular de las leyes y en contra de la jurisdicción de los tribunales legalmente constituidos.

El Gobierno de Panamá4 invoca, como razones para no conceder la extradición de Hurtado el derecho de asilo reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Asilo Territorial de 1954. El lector podrá juzgar, si la Sra. Hurtado o el Sr. Restrepo son perseguidos políticos o, por el contrario fueron ellos los autores de persecución contra otros.

No existe ningún hecho que haya sido alegado por Panamá o por algún analista serio, que conduzca siquiera a sospechar que la Sra. Hurtado carece de las mismas garantías que cualquiera de las personas sometidas a los tribunales colombianos.
Y si Luis Carlos Restrepo es beneficiado por el asilo en cualquier país, también se estará cometiendo un atropello contra el derecho a la justicia y amparando a un acusado de delitos comunes que no es perseguido en Colombia, pues tampoco existen elementos que permitan pensar en una persecución contra él.

La Interpol y la circular roja

Esta agencia policial, se negó a tramitar la orden de captura internacional contra la Sra. Hurtado, por sus aparentes implicaciones políticas. Lo grave, además de lo arbitrario del proceder de esta asociación, ha sido la conducta del Gobierno de Colombia, que con total despreció por sus obligaciones internacionales y nacionales, que lo  comprometen a respetar y garantizar el derecho a la justicia para las víctimas, no emprendió ninguna acción para que la Interpol revocara su decisión y tampoco ha emprendido ninguna acción para que Panamá cese su comportamiento contrario al derecho internacional.

Algunas voces de la Cancillería colombiana han dicho que Colombia respeta el derecho de asilo. Y así debe ser y así esperamos las y los colombianos de bien que proceda en defensa de una institución libertaria y protectora de la democracia como esta. Pero también exigimos que no permita que Panamá, con su conducta, burle el derecho internacional y regrese al asilo que se concedía en la edad media a los delincuentes comunes. Y tampoco que admita que la Interpol u otro organismo declare perseguidos políticos a uno de estos dos personajes, involucrados en delitos comunes.

Edición N° 00291 – Semana del 17 al 23 de Febrero de 2012

* Las opiniones expresadas en este artículo son de su exclusiva responsabilidad de su autor y no expresan el punto de vista de la Universidad.

1 En el mismo sentido reconocen este derecho la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XXVII) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 27.7).

2 Panamá es parte de la Convención sobre Asilo Territorial desde 19 de marzo de 1958.

3 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Reports of judgments, advisory opinions and orders, Asylum case (Colombia/Peru) judgment of November 20th, 1950 (traducción no oficial).

4 Comunicado del Ministerio de Relaciones exteriores de Panamá, transcrito en el boletín del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” del martes 7 de febrero de 2012 (www.colectivodeabogados.org/)

 
 
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