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El acuerdo humanitario de liberaciones puede contribuir a retomar una política de paz

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Presidente de la Fundación Cultura Democrática
   
 

El presidente Santos si bien hasta inicio del presente mes sostuvo que para la liberación de los miembros de la Fuerza pública capturados por las FARC no eran necesarios nuevos apoyos internos o externos, aceptó recientemente la participación de Brasil, lo cual permite prever el desarrollo exitoso del operativo humanitario que podrá incidir en mejorar el ambiente hacia el tema de la paz. En las gestiones hacia este nuevo acuerdo humanitario específico el grupo Colombianos y Colombianas por la Paz que obra como facilitador, planteó que se requería del apoyo de otro país con logística de helicópteros y propuso vincular otras liderezas sociales de la comunidad internacional. Así el Gobierno luego de reiterar varias semanas que no se requería de ningún apoyo adicional, sorprendió el pasado fin de semana al anunciar que había autorizado con anticipación el apoyo de Brasil. Sin embargo, se evidenció que fue una decisión del momento, puesto que el canciller brasileño aclaró que su país no había recibido ninguna solicitud ni autorización de actuación del gobierno colombiano. No obstante, como lo asumió el grupo facilitador, esta situación destraba la tensión existente, por lo cual Colombianos y Colombianas por la Paz solicitó a las FARC pronunciarse sobre la logística dispuesta y les reiteró el deseo de que sean liberados todos los miembros de la fuerza pública en su poder. El CICR ya colaboró con la confección del protocolo de seguridad y brinda la intermediación y participación en el dispositivo humanitario requerido. Por tanto, resta ahora sí especificar las condiciones de tiempo, lugar y modo de actuación del operativo humanitario previsto.

De tal manera se conjuga en la coyuntura inmediata con la guerrilla de las FARC la posibilidad que este operativo humanitario de liberación, a partir de la decisión unilateral de los insurgentes, cree condiciones favorables para que la agenda existente supere el asunto de las retenciones y los secuestros y se perfile hacia la posibilidad de retomar conversaciones de paz. El Gobierno si bien ha sido confuso en las exigencias para tal posibilidad, de forma general insiste en el cese del uso de terrorismo y de ataques contra la población civil. Así las cosas, además de ellas son obligaciones humanitarias de cumplimiento unilateral e irrestricto, el que se produzcan a partir de las liberaciones pendientes de personal de la Fuerza Pública, comprometería al Gobierno de inmediato en adoptar términos hacia las conversaciones de paz. Por tanto, facilitaría también un ambiente hacia la retoma de una política de paz que además no sólo considere tal opción sino los compromisos integrales para la construcción integral de la paz, con el concurso necesario del Gobierno, el Estado y la sociedad.

Pero es preciso al respecto discutir el alcance de los compromisos de la paz y el sentido estratégico de tal participación de la sociedad civil a través de diversas posibilidades y manifestaciones. Esto porque el presidente Santos en discusión con las FARC dice que no permitirá “que nadie juegue con la llave de la paz”. Realmente con tal afirmación reitera su equivocación al confundir la función constitucional que le concede el control del orden público y los consiguientes desarrollos legales que lo facultan para liderar los procesos de paz y nombrar y autorizar, dado el momento, contactos, vocerías y apoyos para los diálogos con las guerrillas, con el derecho y el deber constitucional que le asiste en su ámbito a todas las instancias gubernamentales, estatales y al conjunto de la ciudadanía en el tema de la paz. En consecuencia no se puede confundir la autoridad y el liderazgo presidencial en estos asuntos con el propio derecho de la sociedad a la participación, expresado de múltiples posibilidades y formas, con un asunto distinto y específico cual es la discreción y la no interferencia negativa que alguien haga en los procesos de paz y en torno a acercamientos y conversaciones con la insurgencia.

La experiencia interna e internacional indica que en la resolución de los conflictos de distinto orden, incluidas las guerras como una de sus manifestaciones, el escenario ideal es cuando las partes directamente enfrentadas están en disposición de asumir directamente su resolución, con disposición a concertar acuerdos. Ellos les demandan reconocer causas, motivos, naturaleza, circunstancias y consecuencias del conflicto para poder explorar y adoptar decisiones coherentes con su superación. Ojalá los actores del conflicto consigan así transformar las problemáticas configuradas y emprender procesos de transición hacia la consolidación de la paz. Ejemplo particular de positiva resolución de un conflicto específico, asumiendo directamente por el presidente Santos, lo tenemos con el restablecimiento de unas positivas relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela y Ecuador, sin necesidad de intermediarios o facilitadores, lo que superó la ruptura de las relaciones, de tensiones militares, hechos de agresión contra países hermanos y circunstancias de aislamiento regional a que nos sometió el gobierno Uribe.

Sin embargo, el asunto de la paz interna trata un asunto de mayor complejidad y dimensión. Basta recordar que los últimos ocho presidentes colombianos, incluido el actual, han tenido que recurrir o aceptar distintas formas de facilitación, apoyo, asesoría e intermediación para el tratamiento de problemáticas humanitarias, en cuya acción han concurrido múltiples actores sociales, institucionales y de la comunidad internacional, siendo sobresaliente en muchas de tales situaciones la actuación del CICR. Así mismo, cuando se han desarrollado procesos de paz, exitosos, suspendidos, parciales o fracasados, han sido aún más prolíficas como convenientes y en determinadas circunstancias necesarias las actuaciones de incidencia, mediación y otras formas de apoyo desde la sociedad, donde se han conjugado dinámicas desde lo local, regional, nacional, social, institucional e internacional. Aún cuando el gobierno o las guerrillas hacían llamados y adoptaban medidas o actitudes para el acercamiento, con frecuencia se tornaban indispensables tal tipo de contribuciones.

La paz hecha con el M19, el EPL y otras guerrillas menores más allá de la disposición de las partes no es explicable sin reconocer dinámicas sociales y políticas que las influyeron decisivamente. Entre otras, en el caso del M19 los diálogos regionales en Cauca y Tolima y las mesas de concertación que dieron lugar al pacto político configurado. En el caso del EPL la ruptura con la militarización de los movimientos sociales en Urabá y otros lugares y la convergencia social y política tras la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como clave para la solución política del conflicto armado. Por tanto, mucho más que el tratamiento de mesa bilateral fue precisamente el escenario ante todo de esa Constituyente y la adopción concertada de la Constitución Política de 1991, lo que permitió consolidar los pactos de paz de inicio de los noventa. Por su parte, al margen de otras circunstancias y vicisitudes, los diálogos y negociaciones conseguidas con las FARC y el ELN en distintos momentos, se han realizado en medio de esfuerzos gubernamentales, estatales y sociales conjugados, con participación de diversos actores sociales, institucionales y de la comunidad internacional.

Por supuesto que las condiciones políticas, sociales y del conflicto armado han evolucionado y registran notorios cambios. En el curso de los 90 tuvo lugar un dinámico movimiento por la paz que demandó reiniciar conversaciones entre el gobierno y las guerrillas y el cese de las violaciones cometidas por las partes contra la población civil. Esto dio lugar, al finalizar esa década e iniciarse el nuevo siglo, a diálogos y negociaciones de paz, lamentablemente fracasados durante la administración Pastrana. Sobrevino entonces la decepción con las nuevas posibilidades de la paz negociada y se impuso la apuesta de la solución militar, experimentada de forma sostenida por el gobierno Uribe y aún vigente, que en su aplicación conllevó el cuestionamiento y persecución contra quienes siguieran pugnando por la solución política del conflicto armado e intervinieran con el propósito de conseguir soluciones humanitarias. Sin embargo, después de una década de ofensiva militar oficial sostenida -que se cumple exactamente este mes-, si bien se logró debilitar y aislar en buen grado a las guerrillas, no consiguió su derrota y, por el contrario, en especial las FARC registran adaptación y cierto grado de retoma de iniciativa en las hostilidades bajo las nuevas circunstancias.

En repetidas ocasiones el recordado líder emblemático del movimiento por la paz, Augusto Ramírez Ocampo, se refirió al movimiento pendular de nuestra historia del conflicto armado y las búsquedas de soluciones políticas y militares. De tal forma, ante la inviabilidad evidenciada de la salida militar corresponde ahora revisar en las nuevas condiciones la posibilidad de la salida política del conflicto armado con la insurgencia aún persistente. Al menos de manera inicial y formal así lo reconocen el propio gobierno, las FARC y el ELN y diversos sectores de la sociedad, a la vez que otra vez se tornan mayoritarias las posturas ciudadanas favorables al entendimiento y la solución política del conflicto armado y de otros conflictos.

Desde luego que el entorno político y del conflicto armado ha variado notoriamente. El propio conflicto armado ya no es un eje transversal determinante frente a múltiples dinámicas sociales y diversos conflictos. La construcción de la paz se impone como apuesta programática, política y social desde muchos ámbitos, sin necesariamente tener que contar con los actores armados. La guerra está cada vez más deslegitimada por sus efectos contra las posibilidades de los proyectos democráticos y contra la misma población. Los niveles de influjo social y político de las guerrillas persistentes se han reducido notoriamente. Y las dinámicas políticas, sociales y ciudadanas comprometidas con la demanda de la paz lo hacen progresivamente sobre posiciones de autonomía y expresan la no delegación de su representatividad ni el endosamiento de su plataforma y su protagonismo en la construcción de consensos y en el anhelado pacto nacional que podrá soportar siempre un auténtico proceso de paz. Además, sus aspiraciones no se sujetan a un eventual proceso de paz con la guerrilla sino que en todo caso avanzan por vía de la acción política, la participación en diversos espacios de incidencia y la movilización directa.

Esto hace prever que el logro definitivo de la paz, el cierre de las hostilidades con las guerrillas y la superación del complejo entramado de poderes regionales ajenos al Estado constitucional que mantiene el narco-paramilitarismo, no serán producto de una sola decisión ni de un acto único sino el logro de una agenda de diversos compromisos básicos, con el concurso del Gobierno, el Estado y la sociedad. En tal contexto se aspira por supuesto también a una negociación de paz con las insurgencias de las FARC y el ELN, pero no será su escenario ni su agenda  el epicentro que abarque todo el marco de los compromisos y soluciones a tratar. Por tanto, podemos prever con tales guerrillas una agenda más focalizada y acotada con respecto a temáticas políticas, sociales y del conflicto; reducida en pretensiones y posibilidades, por ejemplo con respecto a lo que fue la agenda del Caguán. Pero esta situación tampoco desconoce la necesidad e importancia histórica de tal negociación que alentamos, puesto que la paz pendiente conlleva también asuntos necesarios que se reducen a las propuestas de instrumento de justicia transicional y de reinserción que hasta ahora se escuchan desde el algo gobierno, que evidentemente carece de una política de paz.

Edición N° 00291 – Semana del 17 al 23 de Febrero de 2012
 
 
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