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Fuero militar: paso atrás y salto al frente

  José Hilario López Rincón
  Abogado-Corporación por la Dignidad Humana
   
 

En la discusión sobre el fuero militar, lo primero que hay que dejar claro es que dicha figura ya está contemplada en el artículo 221 de la Constitución Política de 1991 y que antes, lo estaba en la Carta de 1886, casi en idénticos términos, en el artículo 170: “De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código penal militar”.

Recordemos que el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Defensa, sorpresivamente había incluido a principios de octubre de 2011, en el proyecto de reforma a la justicia, un parágrafo que pretendía adicionar el citado artículo 221. Buscaba darle rango constitucional a la presunción que todas las operaciones militares y procedimientos policiales están relacionadas con el servicio. Y en consecuencia en la eventualidad del ejercicio de la acción penal, ella debía ser adelantada por la Justicia Penal Militar y Policial.

Ahora, el propio presidente Santos Calderón, ha anunciado que retirará esa iniciativa, pero no por la controversia adversa que generó, ni por las voces que se alzaron en contra. No es que la propuesta haya sido derrotada o que les esté dando la espalda a los militares. Todo lo contrario: un paso atrás y salto al frente. Sencillamente, un articulito es muy poco para saciar el apetito del estamento militar.

El debate, léase reclamos planteados por los militares, azuzados por el uribismo y recogidos acuciosamente por el Gobierno de Santos Calderón, tiene que ver con la reforma integral de la llamada justicia penal militar. Para tal fin, el Gobierno conformó una Comisión integrada por tres abogados constitucionalistas, dos generales retirados del Ejército y la Policía y un conocedor del DIH.

Para los comisionados y por supuesto para los militares, no es suficiente reformar un artículo, es indispensable transformar integralmente la justicia penal militar, establecer con claridad los temas de competencia de la justicia civil y la denominada justicia militar. Y esa diferenciación, según ellos, debe estar enunciada en la Constitución. Manuel José Cepeda, presidente de la Comisión, plantea que en principio, la “justicia penal militar” no debe juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones, abusos sexuales, ataques indiscriminados contra la población civil, desplazamiento forzado. Y en segundo lugar, la Constitución debe señalar que todas las demás infracciones al DIH, cometidas por los militares sí serán juzgadas por los tribunales castrenses.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) o Derecho de la guerra, regula cuatro situaciones: los conflictos armados internacionales, los conflictos armados no internacionales, los disturbios internos y las tensiones internas. Para la situación que afronta actualmente Colombia, aplica el conflicto armado no internacional, regulado por el artículo 3º común a los Convenios de Ginebra, el cual obliga a las partes en conflicto, a aplicar mínimamente ciertas disposiciones relacionadas con (1) la protección de las personas que no participan en el combate y (2) las restricciones a los medios de guerra particularmente las armas, y los métodos de guerra.

Un paso fundamental, que hay que reconocerle a Santos Calderón, es la aceptación de la existencia del conflicto armado interno en Colombia y de ahí la aplicabilidad de las normas que rigen el DIH. Si se continuara negando el conflicto que vive Colombia, mal podría hablarse de aplicar el DIH. No obstante dicho reconocimiento no obedece al interés de solucionar el conflicto sino al afán de congraciarse con los militares.

Desde el punto de vista militar, se ha aceptado la existencia de una confrontación armada entre las tropas del Estado colombiano y diversas fuerzas insurgentes, a lo largo de los últimos 60 años. Sin embargo, políticamente, ningún Gobierno ha aceptado ese reconocimiento; para el anterior, por ejemplo, lo que existía era una “amenaza terrorista”, como si el asunto pudiera resolverse por la vía de la lingüística.

El general Alejandro Navas Ramos, comandante de las Fuerzas Militares, quien considera “un héroe” a Luis Alfonso Plazas Vega, condenado por dos de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, expresa fielmente los lamentos de los militares sobre la supuesta “inseguridad jurídica” en que deben enfrentar la guerra. En entrevista con Cecilia Orozco Tascón1, dice Navas: “Al respecto me gustaría decir que no se está haciendo nada a espaldas de nosotros. El retiro del artículo sobre fuero militar no significa que el gobierno cancele el tema. Esa es una mala interpretación. Al contrario, pretende reforzar y garantizar las bondades del fuero en el nuevo proyecto que se presentará (…) Queremos tener las garantías de un juicio equilibrado en el marco de las leyes que rigen las guerras (…) pedimos que no se nos condene antes de ser juzgados, como está ocurriendo”. (Negrilla fuera de texto)

Los militares diferencian entre “leyes de los civiles” y “leyes de los militares” y creen estar por encima de las primeras. El tema del fuero militar cobró especial significado con la condena en contra de Plazas Vega por cuenta de las “leyes de los civiles” y el considerable aumento de investigaciones de la justicia civil contra cientos de militares involucrados en homicidios de personas protegidas, común e infamemente conocidos como “falsos positivos”. Pero uno y otro caso, nada tienen que ver con el fuero militar, por el contrario, son ejemplos clásicos de desafuero militar.

Si el intento de adicionar el artículo 221 de la Constitución, generó inquietudes y alarmas, la propuesta que ahora formula la Comisión, deja entrever que estaremos ante un orangután. Los puntos básicos que plantea la Comisión, son los siguientes:

- Persiste en la presunción constitucional de que todas las operaciones militares y procedimientos policiales tienen relación con el servicio y en consecuencia toda conducta que pudiera ser objeto de investigación penal estaría a cargo de la “Justicia Penal Militar y Policial”.

- Crea una comisión “mixta” (CTI de la Fiscalía y policía judicial militar) que sería la encargada de decidir cuál jurisdicción (civil o militar) tiene competencia. Es decir que los militares tendrían la posibilidad de decidir quién los juzga. De antemano se sabe que los militares menosprecian y descalifican la justicia aplicada por civiles. Actualmente los conflictos de competencia los resuelve el Consejo Superior de la Judicatura.

- Una ley estatutaria definirá el marco de aplicación del DIH y su relación con el derecho penal colombiano. A juicio de la Comisión, el actual ordenamiento penal no valora de manera suficiente la conducta de los miembros de la fuerza pública en el conflicto armado interno.

- Crea un Tribunal de Garantías Penales, encargado de asegurar la “interpretación homogénea” del marco jurídico definido por la Ley Estatutaria. Dicho Tribunal estará conformado por magistrados nombrados por los presidentes de las altas Cortes, del cual pueden hacer parte militares retirados. Lo que buscan es una interpretación rígida, una interpretación que no admita interpretar. En palabras de Navas Ramos: “… como le digo, el actual marco jurídico permite diferentes interpretaciones y el resultado depende de los funcionarios a quienes les corresponda administrar justicia. Precisamente por eso deseamos que las reglas sean claras y taxativas”.

- Los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, actos de terrorismo contra la población civil, violencia y abuso sexual y reclutamiento de menores nunca irán a la justicia penal militar.

- Las demás infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los militares serán juzgadas por los militares.

Así las cosas, lo que se presentará a estudio del Congreso, no es una simple reforma a la figura del fuero militar. Es la transformación del marco jurídico para que los militares puedan, ahora en nombre del Derecho Internacional Humanitario, volver sus armas contra los ciudadanos y seguir sembrando de ejecuciones extrajudiciales las montañas colombianas.

Edición N° 00293 – Semana del 2 al 8 de Marzo de 2012

1 La entrevista de Cecilia Orozco, El Espectador, 25 de febrero de 2012.

 
 
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