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La violencia se ensaña con el Cauca

  Gabriel Bustamante Peña
  Asesor Jurídico-Político – Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

En el Departamento del Cauca no ha pasado un día del 2012 sin que alguna estructura de las FARC, el ELN, o las BACRIM, no haya realizado un acto de violencia. Decenas de asesinatos, centenares de heridos, casas en ruinas y zozobra generalizada es el ambiente que viven los pobladores de municipios: Toribío, Caloto, Guapi, Timbiquí, Villa Rica, Argelia, Miranda o Jambaló.

Las FARC, con dieciséis frentes y la columna móvil Jacobo Arenas, son las que más daño causan a la población caucana seguidas por el ELN con cuatro compañías y por los paramilitares, hoy llamados genéricamente BACRIM, que despliegan su accionar fratricida bajo grupos como Los Rastrojos, Nueva Generación, Águilas Negras, o el Bloque Central Cauca.

Bajo esta circunstancia, las comunidades del Cauca atraviesan una grave situación humanitaria, precariamente atendida por un Estado que concentra sus esfuerzos en las acciones militares, en una evidente contradicción con el discurso de la ley de víctimas.

Por eso, no es fortuito que el Cauca sea hoy la región del país más golpeada por los ataques y acciones terroristas de las FARC, situación que, como menciona un líder comunitario de Toribío: “no es nueva, durante todo el Gobierno de Uribe fuimos golpeados por la guerrilla, la diferencia es que ahora si sale por la televisión”. Guerrilla que extiende una mano para hablar de paz y con la otra dispara indiscriminadamente contra la población inerme en un juego de demostración de poder que está costando muchas vidas, aumentando el sufrimiento de miles de familias y frenando las pocas posibilidades de desarrollo que tiene esta región.

Si a lo anterior sumamos el creciente auge minero y la llegada de transnacionales al Departamento, el aumento de cultivos ilícitos, la concentración de laboratorios y el uso de su agreste geografía como corredor estratégico del narcotráfico, el panorama parece ser nada alentador. Más aún, cuando la clase dirigente ni siquiera ha sido capaz de solucionar el conflicto feudal de la concentración de la tierra, germen histórico de la pesadumbre rural que alimenta la violencia y la pobreza.

Ahora, en medio de la guerra desatada entre la guerrilla y la Fuerza Pública y las acciones criminales de las Bacrim, se esconden los verdaderos alicientes que mueven está situación de extrema violencia: el control territorial de una zona clave para los intereses económicos, legales e ilegales. Nada más puede explicar la degradación de este conflicto que ha llevado a que por encima de los conflictos políticos, ideológicos, históricos e incluso de sangre, en algunas partes del Departamento se hallan unidas estructuras de la guerrilla con paramilitares, con el único fin de controlar más contundentemente las rutas y la producción del narcotráfico con la anuencia, incluso, de algunos miembros corruptos de la Fuerza Pública.

En este marco de atrocidad bélica son las comunidades indígenas y afro-descendientes, las que más sufren los embates del conflicto y la ambición de los intereses que se agazapan tras la guerra. Por esto, no es coincidencia que, tanto para los vetustos terratenientes, dueños de los emporios económicos que apetecen las riquezas naturales de la región como para los grupos armados, incluida la Fuerza Pública, una figura de organización y protección propia como la Guardia Indígena sea vista con desconfianza, acusada y atacada constantemente desde los flancos de las Bacrim, la guerrilla y el Ejército, a lo que se suman despectivos y xenófobos discursos políticos y empresariales en su contra.

Es fácil concluir que por algo el Departamento del Cauca es el centro del conflicto armado ya que su suelo encierra una mayúscula riqueza. Riqueza que, paradójicamente, es la causa de la pobreza y desgracia de sus comunidades. Ya que, en éste Departamento, como en ningún otro, se evidencia claramente la aplicación de un modelo de “desarrollo” injusto, excluyente y basado en la explotación del campesinado que contrario a la tendencia urbana del resto del país representa el 64% de sus habitantes, distribuidos precariamente en su vasta geografía rural.

Esta población rural se ve inmersa y desprotegida, ante la sevicia del conflicto armado y ante la codicia del empresariado terrateniente que concentra la mayor parte de las tierras productivas del departamento. Lo que ha derivado en que cerca de la mitad de los caucanos presente necesidades básicas insatisfechas (NBI), lo que se ve agudizado en las zonas rurales (62.5%) y en los 24 municipios que según el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, se encuentran bajo niveles altos de pobreza.

Según este informe del PNUD, el Cauca se encuentra entre las cinco regiones más críticas del país con niveles de desnutrición del 36.6%, retrasos de crecimiento en los niños de el 15%, anemia infantil del 28.9%. Tiene al 33% de la población en edad escolar por fuera del sistema educativo, una tasa de analfabetismo del 12.1% y que en los municipios de la Costa Pacífica llega a 39%.

Por lo anterior, es necesario replantear el modelo de intervención marcadamente militar que vive el Departamento del Cauca ya que sólo podremos superar el ciclo de violencia y pobreza a través de una apertura hacia modelos de democracia económica que implican, por supuesto, nuevas relaciones de inclusión sobre la propiedad y en especial sobre el derecho a la tierra.

Si de los billones que se gastan en la guerra invertimos en el campo caucano, estaremos construyendo el camino para no sólo poner fin al conflicto armado, sino para el crecimiento económico, el desarrollo y la modernización del Departamento y Colombia.

El Gobierno del presidente Santos debe entender que no es suficiente con entregar o restituir predios, la asistencia técnica constante, la garantía del mercadeo, la capacitación y la inversión en infraestructura rural son fundamentales para un verdadero proceso de desarrollo en el Cauca. Debe ser consciente que los años de abandono fueron los que hicieron posible que surgieran otros tipos de poder (armado, mafioso, hacendatario, etc.) a los cuales debe ahora reemplazar enviando recursos para el desarrollo y un importante número de funcionarios públicos para fortalecer su presencia.

Mejor dicho, el Cauca necesita que los ofrecimientos del presidente Santos se hagan realidad en su suelo cuando en su discurso de posesión prometió: “Vamos a defender al campesino colombiano, vamos a convertirlo en empresario, a apoyarlo con tecnología y créditos, para hacer de cada campesino un próspero Juan Valdez. Porque ese campesino es la persona capaz de alimentar a Colombia y de ayudar a sustentar a un mundo ávido de alimentos. Colombia puede ser una despensa productiva para el planeta y trabajaremos con empeño para que así sea”.1

Edición N° 00294 – Semana del 9 al 15 de Marzo de 2012

1 “Le llegó la hora a Colombia”, discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos Calderón, 7 de agosto de 2010 (www.presidencia.gov.co).

 
 
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